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sábado, 23 de enero de 2010

LOS MIGRANTES Y LOS PROCEDIMIENTOS CONSULARES

Gracias a un excelente artículo de Carolina Escobar Sarti, en la edición de hoy de Prensa Libre, en donde se hace énfasis entre lo privado y lo público, nos enteramos de algunos pormenores alrededor del caso, que ya conocíamos, de violación de correspondencia en el ámbito interno de la empresa Fedex (ponerle FedEx es caer en la trampa de mercadeo de la misma), en donde se denotan, en esta trama, rasgos de racismo, de resabios de un estado policial ocasionados, quizás, por el trauma ocasionado por los actos de terrorismo de septiembre de 2001 que mantienen a esa nación en un estado de shock post traumático y paranoia que ha sido alimentado(a) por varios sucesos posteriores, como el de los explosivos en el calzoncillo de un terrorista, o el anterior de los tenis-bomba.

Creo que las autoridades consulares guatemaltecas tienen la oportunidad de entablar acciones legales en contra de la empresa privada de correo, demandando no sólo compensación económica para los guaemaltecos afectados, que podría ser de carácter millonario; pero otro aspecto importante del caso es que puede y debe entablar acciones penales en contra de quienes violaron la confianza en ellos depositada, especialmente porque la violación a la correspondencia, en territorio estadounidense, es una ofensa federal, es decir, un delito reconocido y protegido por el sistema legal del conjunto de Estados que conforman esa Federación, de manera que no debe desaprovechar la oportunidad de sentar claros precedentes para quien se meta con la correspondencia de un gobierno en ese país.

Por supuesto que, en el camino, deben ayudar de la manera que sea, a las personas detenidas mediante la utilización de subterfugios y actos no sólo no respaldados por orden de juez competente sino violatorios de las leyes y constitutivos de delitos, a reencausar sus vidas y a reintegrar esas familias hoy desintegradas. Cualquier corte federal estaría en posición de admitir que, por encima de la captura de un ilegal, existen derechos fudamentales y procedimientos legales que no pueden ni pasar inadvertidos ni burlarse de manera alguna.

Pero lo que deseo destacar, en este momento, es lo que hace unos doce años, conversara informalmente con el entonces Canciller de la República, doctor Eduardo Stein Barillas, con relación a la entonces ya creciente comunidad guatemalteca de West Palm Beach en el Estado de la Florida, constituida principalmente por connacionales oriundos de Huehuetenango de la etnia k'ajobal. La idea era que el Canciller hiciera una visita de trabajo a dicha comunidad, indagara sobre sus necesidades y se diera cuenta que el Consulado de Guatemala, con sede en Miami, bastante más al sur, no estaba, según mis noticias, sirviendo a los más elementales intereses de la comunidad.

Según recuerdo, los argumentos que respaldaban lo anterior y que yo conocía eran, principalmente, la distancia; en segundo lugar, los horarios, ya que el Consulado solía funcionar a las mismas horas que trabajaban los integrantes de dicha comunidad. Estos dos puntos, hace tanto tiempo, no sólo eran suficientes para hacer ineficiente o inoperante, para ellos, las facilidades consulares de su país, dando pie a que se repensara todo el esquema de servicios si se quería pensar en el público usuario y no sólo en la comodidad de los funcionarios, sino que me hace pensar que, doce años después, los problemas no sólo siguen siendo los mismos sino, agregados a las redadas alrededor de los sitios donde suelen llegar las personas que no han regularizado su situación migratoria, y la paranoia que anteriormente mencioné, sumado al problema que ahora hace evidente la manipulación de los envíos de documenación por correo, refuerzan la idea que todo el esquema debe volverse a pensar y a plantear.

Si la solución es romper el contrato con Fedex y contratar a otra empresa, será una solución desde el punto de vista burocrático, mas no desde el punto de vista del usuario, de manera tal que nosotros no podríamos calificarlo de "solución".

A nosotros que tenemos más de dos décadas de tratar de apoyar a nuestros connacionales viviendo en el extranjero (esas aventuras serán objeto de otros artículos), y que al hacer gobierno hemos producido cambios en favor del público, vemos y entendemos perfectamente que lo perverso, aquí, es el sistema lejano del usuario más que todo lo que pueda suceder en una agencia de correo.

El Servicio Consular de la Cancillería debe ingeniárselas, dentro del presupuesto con que cuentan, que no escapa de mi análisis, para encontrar en mecanismo diferente para que los pasaportes de nuestros connacionales lleguen a su destino a través de guatemaltecos. Si tienen que poner otro consulado en donde la comunidad es más numerosa, o una sucursal en donde puedan enviar, centralizadamente, todos esos documentos, para que los miembros de la comunidad acudan, en un lugar relativamente cercano, a recogerlos, o crear sus propias redes de comunicación, pues que lo hagan.

Por lo pronto, deseamos manifestar que estamos del lado de esa gente que, en las esferas de tomas de decisión, carecen generalmente de voz. Creemos que migrar no es un delito, pero entendiendo las necesidades del país en donde viven, que enfrenta circunstancias especiales de agresión terrorista, que han cambiado paradigmas, disposiciones legales y prácticas, debemos entender que, la mejor manera de apoyar a cualquier guatemalteco en el extranjero, es reuniéndose con las comunidades para escucharlos, tomar en cuenta sus sugerencias y, lo más importante, tomar las decisiones pensando en acercárseles, no en la comodidad de uno como funcionario.

Ojalá y estas palabras no vuelvan a quedar en el vacío. El sentido común las apoya y los hechos lo confirman.