POLÍTICA BANANERA CONTRA LA DELINCUENCIA

Generalmente se utiliza el término "República Bananera" como algo peyorativo, para designar nuestro tercermundismo o destacar comportamientos aldeanos vistos desde un punto de vista superior o más "civilizado".

Yo jamás he compartido esa visión. Ser una república bananera, para mí, es motivo de orgullo, en primer lugar porque la agricultura es una actividad noble, pero especialmente porque, en julio de 1993, tuve la oportunidad de visitar uno de los centros de acopio de banano más modernos del mundo, a unos 40 kilómetros a las afueras de Londres, en donde, en cada cámara de maduración, tenían los embarques de diferentes países, muchos del Mar Caribe, algunos de toda Latinoamérica, y en todos, a excepción de los embarques provenientes de Guatemala, la fruta tenía que ser reclasificada, no sólo por la inconsistencia en el tamaño y grado de maduración, sino porque mucha de la fruta llegaba manchada por el latex que mana por donde se le hacen los cortes, situación que estaba perfectamente controlada, desde la plantación, por los productores y trabajadores guatemaltecos, de modo que la caja enviada desde los campos tropicales llegaba a los supermercados tal como había sido empacada acá.

De modo, pués, que para mí es un orgullo representar, donde sea y con quien sea, a esta profesional república bananera.

Sin embargo, me sirve lo conocida de tal expresión para desarrollar las ideas que quiero dejar plasmadas, hoy, en este ensayo.

Resulta que, aprovechando este domingo, a sabiendas que a raíz de la erupción del volcán de Pacaya y de la tormenta tropical Ágatha la salida del lago de Amatitlán, que es prácticamente el nacimiento del río Michatoya, ha estado interrumpida por el azolvamiento del cauce inicial, el cual se ha podido observar a la altura del famoso puente "La Gloria", en la población de Amatitlán, situación que mantiene en vilo a todos los pobladores alrededor de dicho lago, con enormes riesgos no sólo para sus bienes sino por las posibles epidemias que podrían darse de continaur la situación, más que todo porque todas las fosas sépticas se encuentran inundadas y rebalsadas, salí a darme una vuelta por ahí para platicar con la gente.

Siempre es útil conversar con los guardianes de las casas de descanso y con los pobladores de las aldeas, porque ahí se encuentra uno con la realidad del país en un área relativamente pequeña de territorio. Encuentra uno desde los propietarios que les han pagado a sus trabajadores el arrendamiento de otros lugares en lo que pasa la emergencia, hasta los indiferentes que ni se han aparecido ni han preguntado nada, pasando por quienes han llegado a ver en qué ayudan y colaboran, como es mi caso.

Resulta, entonces, que al recién terminar de bajar por la ruta que viene de la carretera a El Salvador, en la pequeña recta que hay al no más comenzar a darle la vuelta al lago, a lo lejos se veía la punta de uno de los pick ups de doble transmisión que hacen de patrullas, con la trompa negra y la característica raya amarilla, pero con la cola medio metida entre los matorrales.

Sobre la cinta asfáltica, dos individuos uniformados de la Policía Nacional Civil, parando los vehículos que podían, porque muchos simplemente pasaban a su vera, y el procedimiento típico de solicitar los papeles del vehículo y del conductor con la pregunta típica: "¿A dónde se dirige?".

Un simple "ando trabajando" que ni siquiera escuchó de regreso fue suficiente, porque el policía estaba más interesado en llevarle la tarjeta de circulación y mi licencia a su compañero, el cual tenía una hoja de papel en la que se afanaba por apuntar la matrícula del vehículo en que nos transportábamos mi esposa y yo.

Luego, a devolverme mis "papeles" que, en realidad, no lo son, ya que son tarjetas emplasticadas, como dando por cumplida su labor, ocasión que aproveché para preguntarle si les habían asignado una "cuota" de nombres y placas qué llenar en esa hoja, a lo que se me respondió afirmativamente.

Ante mi pregunta acerca de cuál sería la utilidad de dicho listado y si ésa es la manera de combatir la delincuencia, el señor agente me explicó que si más adelante, en la ruta, me roban el vehículo, pues ellos tendrían un listado de personas como para comenzar a investigar.

En ese punto le agradecí la devolución de mis documentos y emprendí, de nuevo, mi curso, comentando con mi esposa, quien no está de acuerdo con que les saque conversación a desconocidos armados en medio de la carretera, que la culpa no es de los agentes; no son ellos quienes diseñan estas maravillosas operaciones para frenar la delincuencia. Son los jefes, los comisarios de policía los genios detrás de estas políticas tan eficaces para combatir asaltantes, extorsionadores, plagiarios, asesinos y cuanta lacra social comete hechos antijurídicos en niveles impensables.

Es por estos servidores públicos que dirigen nuestras fuerzas de seguridad que la delincuencia nos tiene de rodillas, aparte de que los funcionarios públicos de mayor nivel y los diputados no se ponen de acuerdo para invertir, realmente, en la seguridad que todo el mundo clama.

Con pocos recursos y poco seso a ningún lado llegamos, por mucho que ahora se haya anunciado que los señores y señoras agentes tendrán un aumento a su bono mensual de Q.700.00, lo cual, para nosotros, no producirá beneficio ni cambio positivo alguno.

DORMITORIO, TRES TIEMPOS DE COMIDA Y... ¿UNA PLAZA DE TRABAJO?

Las cárceles del país, lejos de ser el lugar en donde las personas que han sido condenadas en juicio penal cumplen sus condenas cuando la pena es de privación de libertad, se han convertido, de un tiempo para ahora, en una especie de centros de bajo astral de donde emanan todo tipo de malas vibras pero que, de la mano con la tecnología celular, irradian también órdenes de ejecución de personas, extorsiones y otro tipo de situaciones igual de nefastas para el desnvolvimiento de la vida en sociedad.

De todos es conocido que las granjas penales son un foco contaminado de actividades delictivas, y lo mismo está sucediendo con los centros de detención preventiva, en donde los sujetos a proceso pueden pasar años enteros antes de ser condenados y, por ende, trasladados al centro de cumplimiento de la pena.

Mientras tanto, gran parte de la población más vulnerable no tiene cómo hacer un buen tiempo de comida, pero los prisioneros que siguen en actividades ilícitas no sólo son alojados por cuenta del Estado sino que se les dan tres tiempos de comida al día. De comida caliente, por cierto.

Además, mientras muchas personas no tienen una habitación decente y centenas de millares de guatemaltecos tienen que pagar por acceder a una, los presos son alojados también por cuenta del Estado.

Los centros carcelarios de Guatemala, y con ellos los de la región Centroamericana, debieran dejar de ser centros en donde, al ingresar, los demás reclusos, más mañosos, les tienen plaza de trabajo a los demás, ocupándolos en hacer llamadas a incautos para ver quién cae y cómo los van extorsionando.

Desde aquí abogamos por que se terminen, definitivamente, las visitas y se creen centros de comunicacion virtual por medio del cual las familias pueden mantenerse comunicadas, mediante videoconferencia, a través de turnos preestablecidos, con sus seres queridos, pero cortando definitivamente con la posibilidad de que familiares y allegados ingresen drogas, chips, aparatos celulares, tarjetas de recarga de tiempo de aire, cigarrillos, armas, etcétera.

Los abogados mismos debieran tener limitado el acceso personal y garantizárseles la inviolabilidad de las comunicaciones virtuales con sus clientes, ya que tengo que reconocer que por unos pocos colegas que podrían prestarse a cualquier maniobra, hay que ser radicales en beneficio de las grandes mayorías que sufren los embates de la delincuencia organizada que proviene, especialmente, de esos antros de cumplimiento de la pena.

Recordemos que no son vacaciones pagadas las que se le han otorgado, mediante sentencia condenatoria, a estos delincuentes. Son penas que deben cumplir con la sociedad a la cual han ofendido y agredido, de modo que hay que repensar y rediseñar la manera como dichas personas, que lo continúan siendo, son resguardadas.

Podemos mantener reos en cumplimiento de su pena, pero no podemos seguir despilfarrando recursos públicos en centros de adiestramiento y de perfeccionamiento de técnicas delictivas y, encima, quedarnos callados y sin decir algo al respecto.