EL SÍNDROME DEL CHUCHO DE LA CALLE Y LA PENA DE MUERTE

Imagino que ha de haber alguna o varias instituciones serias haciéndo análisis, ya sea sociológico o antropológico, acerca del fenómeno de los linchamientos públicos, acerca de cuyos orígenes me he atrevido a decir algo en entregas anteriores.

El último del cual tenemos noticia, porque fue publicada en página 12 de Prensa Libre el jueves 8 de abril de 2010, llama la atención, dado que no fue un solo impulso de un conglomerado humano ante un hecho, sino una concatenación de actos de los pobladores de una comunidad que, primero logran la captura del presunto jefe de una gavilla de extorsionistas y asaltantes, lo obligan a denunciar a sus cómplices, lo linchan; luego, al día siguiente, y esto es lo curioso del caso, capturan a los otros dos presuntos integrantes de la banda, que resultan ser los hermanos del primero, les rocían gasolina y les prenden fuego.

Esos son los hechos. Bárbaros, incivilizados, cavernarios, usemos el calificativo que querramos, pero es la realidad. Por otro lado, tales hechos de sangre, de fuego y de muerte, son respuestas, no provocaciones. Las comunidades vienen siendo hostigadas durante años por la delincuencia y, ante la nula actuación de las autoridades, la desesperanza viene ganando terreno y, en un "si no son ellos seremos nosotros", deciden actuar en conjunto y librarse de las personas que han venido actuando en su contra, según su saber y entender.

Yo no apoyo los linchamientos de delincuentes. Como profesional del Derecho (sí, con mayúscula), entiendo que la ley debe estar para fortalecer instituciones y procesos que defiendan los derechos humanos y las actividades humanas lícitas, en general. Pero, como estudioso de los fenómenos sociales, también me pongo en la situación de los pobladores trabajadores, productivos, indefensos, que tienen años de acudir a pedir justicia y no hay modo de que haya una señal de esperanza para ellos.

Recordemos que los casos de alto impacto social en donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha efectuado investigaciones y aportado pruebas científicamente sostenibles y creíbles, nada tienen que ver con la vida de las personas en el interior del país, que es donde más se dan este tipo de actos de defensa de la sociedad.

La pregunta, ahora, es la siguiente: ¿habrá algún otro delincuente, a menos que sea idiota, que se atreva a irse a meter a extorsionar, a asaltar o a secuestrar en estas comunidades que ya han demostrado la manera en que se pueden defender?

De la pregunta anterior deriva la siguiente: ¿funciona la muerte de un delincuente como disuasor del delincuente que viene detrás, aunque no sea una pena jurídica y procesalmente decretada?

Ya he expresado anteriormente que soy de las personas que sí creen que la pena de muerte es un disuasivo para delinquir, pero no estoy de acuerdo con las reformas "humanitarias" que se le introdujeron en los últimos años de su aplicación, ya que Guatemala no es un país acostumbrado al "módulo letal" donde, con inyecciones, se priva al delincuente de la posibilidad de seguir existiendo en una sociedad que lo juzgó con todas las de ley y lo condenó. Guatemala es un país de tradición de fusilamiento y así debió permanecer el sistema.

Siguiendo con el hilo del presente ensayo, sí creo que ningún delincuente, por muchos años, pensará tratar de fastidiar a estas comunidades bravas que demuestran un nivel de decisión sin precedentes para librarse de los malhechores. Por lo menos, eso espero, que suficiente espectáculo ha sido, para toda la niñez y juventud de esos lugares, la manera como, públicamente, se han librado de estas supuestas alimañas sociales.

Digo supuestas porque les doy totalmente el beneficio de la duda, toda vez que no tuvieron la oportunidad de demostrar su inocencia en un tribunal legalmente constituido.

Creo, además, que aunque estas tres muertes no hayan sido legalmente ordenadas en sentencia firme, sí son perfectas razones, por llamarlas de alguna manera, para que en la mente de potenciales o reales delincuentes exista la certeza de que, en esas comunidades, ya no podrá seguir o iniciar con la promoción de delito alguno, porque es claro que, en cualquier momento, puede correr la misma suerte.

Es algo así como el síndrome del perro callejero, que en Guatemala, en beneficio de quienes tienen la paciencia de leerme en el resto del mundo, denominamos "chuchos". No hay perro de mediana experiencia que no de la vuelta y salga en dirección contraria con tan solo agacharnos a hacer como que recogemos una piedra. Ya no digamos si hacemos como si fuésemos a lanzarle algo al animal. En los delincuentes sucede lo mismo a nivel mental, es como un reflejo que requiere, lo más, la inteligencia de un can. Si aquí matan por hacer esto o lo otro y yo vengo haciendo esto y lo otro, me tengo que ir a otro lugar o no seguir haciéndolo. Es algo así como un silogísmo con lógica perruna.

De la misma manera, si la pena de muerte ha sido decretada por las instancias que la Administración de Justicia de un país contempla en su andamiaje legal, y encima es apoyada por una mayoría de la opinión pública, la inducción mental para cambiar de propósitos, de vida o de país, si quiere seguir en las mismas, debe funcionar. ¡A mí que no me vengan con lo contrario!

LINCHAMIENTOS, ÁNGELES JUSTICIEROS... FENÓMENO SOCIAL PRODUCIDO DE BUENA FE.

En entregas anteriores he explicado que toda decisión política tiene una consecuencia política. Es la Ley de Causalidad o de Causa y Efecto. Eso es lo que veo cada vez que leo o escucho acerca de un nuevo linchamiento o de la acción "vigilante" del grupo de guardianes que han tomado la seguridad de las calles del mercado La Terminal como algo propio, seguramente pagado por los comerciantes del lugar.

Lo que sucede es que el conglomerado social tiene límites entendibles, y toda provocación por encima de tales fronteras, que no son exactas, que no son inmóviles pero que existen, produce, a su vez, otra reacción.

Es interesante observar cómo la delincuencia ataca, diariamente, a personas individuales, pero son los conglomerados humanos, en su conjunto, quienes toman dos caminos: uno, el de organizarse para defenderse; el otro, reaccionar espontánea pero colegiadamente.

Los dos caminos han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Muestras del primero son todas esas ciudades amuralladas que todavía, hoy, subsisten al paso del tiempo. Del segundo encontramos algunos ejemplos en La Biblia, como la lapidación, que es la muerte a pedradas.

En la medida que el Derecho y el Estado se desarrollaron, la administración de justicia atrajo, para sí, el deber y la obligación de juzgar los actos catalogados de antijurídicos, es decir, toda acción humana encaminada a hacerle daño a algún bien jurídico tutelado. En los países donde mejor se desarrolló el sistema judicial, más "civilizada" se tornó la población, en el sentido, por lo menos, de no tomar la ley por sus manos.

Uno de los ejemplos más cercanos de anarquía y de rescate del sistema civilizador fue, quizás, el Lejano Oeste en el siglo XIX, la porción occidental de Estados Unidos en donde los ahorcamientos por la turba o las balaceras en la cantina fueron, hace unas décadas, la delicia de la industria del cine, pero en la medida que lograron la aplicación de la ley y la instauración de jueces cercanos y confiables, el conglomerado humano no tuvo la necesidad de "sanear" sus partes enfermas por sí mismo, por llamarle de alguna manera.

En Guatemala, hace unos veinte años, era raro saber de un linchamiento. Los Ángeles Justicieros no se habían formado. Por supuesto que había problemas sociales, había delincuencia, pero había algo que hoy no existe que ayudaba a paliar el daño causado por los delincuentes y mantenía más o menos a raya a los mismos: los juzgados de paz.

Los Alcaldes eran, a su vez, Jueces de Paz, de modo que cualquier infracción a la ley contaba con un juez de la comunidad, cercano a la población, que instruía las primeras diligencias o dirimía, de una vez, el objeto del litigio. Si el asunto ameritaba el conocimiento de un tribunal de Primera Instancia, era el Juez de Paz quien remitía los asuntos que había conocido, inmediatamente, a dicho ente judicial.

Fue a través del financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID, que se elaboró el proyecto de ley que, finalmente, vino a sustituir los Juzgados de Paz por el Juicio Oral, que costó años y muchos millones de implementar.

El costo para el país no quedó en tiempo y dinero. Mi análisis indica que el vacío legal y práctico de esos años iniciales, el costo de pasar tanto tiempo sin la solución cercana e inmediata a los problemas de la comunidad, y esa sensación de que cualquier criminal puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, fue acercando esa frontera de paciencia a los niveles de explosión social que hoy vemos. La irritación de las personas está a flor de piel, y no encuentro justificación alguna para no darles la razón de sentirse así.

La solución a los problemas de delincuencia en Guatemala tiene que ser muy grave como para que los comerciantes se organicen, paguen una cuota (que es lo que más les ha de doler), mantengan un ejército privado de gente armada, los protejan y, encima, la autoridad no haga absolutamente nada al respecto. Todo esto no lo invento; tiene años de venir saliendo en las notas de prensa.

Ahora bien, ¿quién es uno para juzgar a los comerciantes que se organizan de esta manera, si sabemos que si no lo hacen, son ellos quienes pondrán los muertos y el dinero? No quiero ni imaginarme qué nivel de involucramiento tendría si fuese comerciante de La Terminal y mis hijos me ayudasen en las labores cotidianas, corriendo los riesgos que no son inherentes al trabajo honrado y que debían evitarse.

Pero por otro lado está la población en general que, agobiada por el flagelo de rateros, asaltantes, extorsionistas, secuestradores, sicarios y cuanto ente del mal es capaz de producir una sociedad, ante el fracaso del sistema, se vuelca vehementemente cuando alguien logra agarrar a una de estas personas, normalmente in fraganti, y acaban con élla irreflexivamente.

Desde el punto de vista social ha sido natural, a través de la historia, que la humanidad organizada encuentre mecanismos de defensa ante cualquier cosa que la amenace, y la amenaza que la población urbana y las comunidades rurales sienten es real, es diaria, es incesante, no da tregua en las calles, en los buses, en los comercios, ni siquiera en el seno de los hogares.

Parece como si todo el mundo estuviera esperando quién se las paga y no quién se las debe ante un sistema que, después de tantos años, ha demostrado su ineficiencia, generando inseguridad y frustración en la mayoría de personas que ya han nacido dentro de esta vorágine de violencia, inseguridad y falta de respeto.

Se hace necesario acercar la administración de justicia a las comunidades, a la población que sufre en carne propia todos los días a la delincuencia y sus embates. Se hace absolutamente necesaria una administración de justicia pronta y cumplida, no lírica y demagógica. La Justicia debe ser ciega, no manca.

Si queremos terminar con mujeres supuestas delincuentes golpeadas, supuestos mareros quemados por una turba, o con el fenómeno de la justicia a muerte pagada, tenemos que cambiar el enfoque y darle soluciones a la población.

Éste es un tema en que tienen que intervenir y ponerse de acuerdo los tres Organismos del Estado, porque no basta la decisión política de uno solo de éllos.