Hoy entró en vigencia el nuevo arancel, en materia de propiedad industrial, del Registro de la Propiedad Intelectual, RPI, en Guatemala.
Esto se da en el marco de su modernización, pues dejan atrás el sistema de publicaciones en medios impresos, propio del siglo XIX, y entran a la era virtual, con publicaciones en línea, lo cual no parece ser señal de que bajarán los costos a los usuarios, pero es el primer paso, en la línea correcta, para bajar tiempos, reducir vueltas innecesarias que tienen que ver con gasto de combustible y estacionamientos, congestionamiento de tránsito y el estrés que se deriva de todo lo anterior.
Facilitarle la vida al ciudadano debiera ser la labor de todo funcionario público, por eso abogamos por la conversión de la Administración Pública, de una de burócratas (es decir, la que ejerce el poder desde los escritorios), a una de tecnócratas (la que lo ejerce apoyado en la tecnología).
Estamos seguros que en poco tiempo el Gobierno Electrónico será lo natural en la relación entre gobernantes y gobernados, y al fortalecer esta alternativa se fortalece, al bajar tiempos de inscripciones, de respuesta, de impugnaciones, y costos en general, el clima de negocios, en general, de nuestro país.
En este mundo de malas noticias aprovechamos para felicitar a los funcionarios públicos involucrados en estos cambios e instamos a los responsables de otros registros públicos a emular este tipo de esfuerzos. Nosotros, que hemos sido parte del proceso de rescate y de evolución del Registro General de la Propiedad, sabemos que la academia no prepara a los funcionarios con el tipo de perfil personal que estos retos requieren, por lo que valoramos con mayor razón su esfuerzo.
Esperamos con ansias, como lo hemos dicho en algún ensayo anterior, que cualquier persona obtenga, en menos de media hora, un expediente completo de una empresa, con apertura de cuenta bancaria, número de identificación tributaria, NIT, sellos de hule y mandato legal para representarla, como sucede en otros países del mundo.
La creación del Centro Nacional de Registros se dará algún día, y para ese momento el país habrá de montarse en la tecnología. Se quiera o no se quiera.
Mostrando entradas con la etiqueta Centro Nacional de Registros. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Centro Nacional de Registros. Mostrar todas las entradas
lunes, 19 de mayo de 2014
martes, 15 de noviembre de 2011
EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
De la competitividad del país y la confianza en sus autoridades depende, en gran medida, el acercamiento de las inversiones y su consecuente generación de empleo.
Para que un país compita con los demás, es indispensable que su sistema de Registros Públicos sea transparente, ágil, confiable, y produzca la certeza jurídica que todos los inversores buscan.
La captación de más impuestos no se logra tan sólo incrementando las tasas actuales, sino creando un clima general de negocios que fomente el crecimiento de la economía y la expansión de los sectores productivos.
El actual sistema de Registros, aunque informatizado en su mayoría, todavía está eminentemente centralizado, lo que no permite el acceso a los mismos sino viajando a la capital, con pocas excepciones, y disperso en diferentes instituciones, pero además está anclado, todavía, a muchas prácticas del siglo XX y hasta del siglo XIX que hacen los trámites lentos, engorrosos y caros, lo que pone al país entero en condición de desventaja, no sólo frente a sus vecinos, sino frente al resto del mundo, que es, finalmente, con quien se compite por los recursos.
Cambiar las cosas, para bien, en Guatemala, implica un cambio total de paradigmas, reformas legales y una combinación de visión con experiencia de los funcionarios que deban ocupar los cargos de Dirección en las Instituciones involucradas.
El péndulo de los políticos nefastos está por darle un respiro al país, ocasión que debe aprovecharse para sentar las bases de lo que podrá ser el sistema registral guatemalteco del siglo XXI.
Es por tales razones que nos atrevemos a proponer la conformación del Centro Nacional de Registros, que involucre:
1. Registro General de la Propiedad, RGP: encargado del registro de las propiedades muebles e inmuebles y de los derechos reales sobre las mismas;
2. Registro Mercantil General de la República: encargado del registro de las empresas comerciales, sociedades anónimas y cuestiones comerciales;
3. Registro de la Propiedad Intelectual: encargado del registro de patentes de invención, de industria, marcas, expresiones o señales de propaganda, etcétera;
4. Registro de Vehículos: que, como su nombre lo expresa, es donde se registran los
automotores, el cual no corresponde llevar a la Superintendencia de Administración Tributaria, que sólo lo lleva para efectos tributarios, y que debiera pasar al Registro General de la Propiedad, RGP, como corresponde.
5. El Registro de Información Catastral: encargado de la elaboración del Catastro Nacional de carácter multifuncional que, primordialmente, podrá sentar la base para reanudar el tracto sucesivo de muchas fincas y regularizar la tenencia y propiedad de la tierra para cientos de miles de familias que hoy no tienen un título legítimo ni pueden ser sujetos de crédito con sus garantías reales.
La propuesta de crear un Centro Nacional de Registros comienza por pasar el Registro de Vehículos al RGP (proyecto que existe pero quedó inconcluso durante el gobierno de Oscar Berger); y por pasar el Registro de la Propiedad Intelectual a ser una dependencia del Registro Mercantil, como paso previo, y dejar funcionando únicamente 3 dependencias registrales con todas las funciones de las demás, bajo la dirección y coordinación del RGP.
Simultáneamente, es fundamental comenzar a trabajar en la propuesta de reformas legales para dejar, finalmente, una sola institución fuerte, autónoma y despolitizada, el Centro Nacional de Registros, CNR que, con el tiempo, al tener vigente la reforma legal necesaria, comience a funcionar como una sola Institución al servicio de la Nación.
La dirección a cargo del RGP facilitaría el que, mientras se da la reforma legal, se comience la ubicación de lugares idóneos, la planificación y construcción de las sedes departamentales del CNR, para facilitar el acceso de toda la población a todos los servicios de registro que le son necesarios, para no tener que acudir a la capital para efectuar cada uno de esos trámites, proyecto que puede comenzar a funcionar lo más pronto posible, antes aún de la aprobación de las reformas legales.
La coordinación a cargo del RGP también facilitaría el compartir y propugnar la visión de cambio de paradigmas, normas legales obsoletas, sistemas de publicidad y demás valladares en la constitución de nuevas empresas (puesto 165 dentro de 183 economías, según el documento Doing Business 2012, Banco Mundial); la revisión integrada de procesos, el aprovechamiento de sinergias con otros actores, como bancos, en la agilidad del sistema burocrático y la capacidad de respuesta y la protección a los inversores (puesto 133 entre 183 economías, Doing Business 2012, Banco Mundial).
Todo lo anterior ayudaría a mejorar la capacidad del país por generar más y mejores empleos, por abarcar campos del conocimiento hoy vedados por la maraña de trabas que constituye la Administración, por dar un verdadero "salto de rana" (leap frogging) en las opciones de países para invertir que las revistas especializadas pongan en los escritorios de quienes toman las decisiones de venir a colocar su capital en nuevas empresas.
Guatemala lo tiene todo para ser un gran competidor en el escenario mundial. Una prueba palpable es que los gobiernos desastrosos que hemos tenido no han llevado al país a una quiebra definitiva, pero es hora de que los guatemaltecos comencemos a hacer las cosas debidamente para que, desde afuera, se nos comience a ver como una opción seria para venir a trabajar.
Quedarnos encerrados en nuestro propio entorno tratando de vender artesanías solamente, sin repensar y cambiar, para bien, los procesos de formación de nuevas empresas y los actos que le den certeza jurídica a todos es, a la larga, un lento suicidio.
Esperemos que las nuevas autoridades del país, dentro de las cuales incluímos a los diputados electos, tengan el entendimiento y la voluntad política para coadyuvar a hacer los cambios que el país necesita para despegar de manera importante y fortalecer su economía y su capacidad de generación de nuevas fuentes de trabajo.
Para que un país compita con los demás, es indispensable que su sistema de Registros Públicos sea transparente, ágil, confiable, y produzca la certeza jurídica que todos los inversores buscan.
La captación de más impuestos no se logra tan sólo incrementando las tasas actuales, sino creando un clima general de negocios que fomente el crecimiento de la economía y la expansión de los sectores productivos.
El actual sistema de Registros, aunque informatizado en su mayoría, todavía está eminentemente centralizado, lo que no permite el acceso a los mismos sino viajando a la capital, con pocas excepciones, y disperso en diferentes instituciones, pero además está anclado, todavía, a muchas prácticas del siglo XX y hasta del siglo XIX que hacen los trámites lentos, engorrosos y caros, lo que pone al país entero en condición de desventaja, no sólo frente a sus vecinos, sino frente al resto del mundo, que es, finalmente, con quien se compite por los recursos.
Cambiar las cosas, para bien, en Guatemala, implica un cambio total de paradigmas, reformas legales y una combinación de visión con experiencia de los funcionarios que deban ocupar los cargos de Dirección en las Instituciones involucradas.
El péndulo de los políticos nefastos está por darle un respiro al país, ocasión que debe aprovecharse para sentar las bases de lo que podrá ser el sistema registral guatemalteco del siglo XXI.
Es por tales razones que nos atrevemos a proponer la conformación del Centro Nacional de Registros, que involucre:
1. Registro General de la Propiedad, RGP: encargado del registro de las propiedades muebles e inmuebles y de los derechos reales sobre las mismas;
2. Registro Mercantil General de la República: encargado del registro de las empresas comerciales, sociedades anónimas y cuestiones comerciales;
3. Registro de la Propiedad Intelectual: encargado del registro de patentes de invención, de industria, marcas, expresiones o señales de propaganda, etcétera;
4. Registro de Vehículos: que, como su nombre lo expresa, es donde se registran los
automotores, el cual no corresponde llevar a la Superintendencia de Administración Tributaria, que sólo lo lleva para efectos tributarios, y que debiera pasar al Registro General de la Propiedad, RGP, como corresponde.
5. El Registro de Información Catastral: encargado de la elaboración del Catastro Nacional de carácter multifuncional que, primordialmente, podrá sentar la base para reanudar el tracto sucesivo de muchas fincas y regularizar la tenencia y propiedad de la tierra para cientos de miles de familias que hoy no tienen un título legítimo ni pueden ser sujetos de crédito con sus garantías reales.
La propuesta de crear un Centro Nacional de Registros comienza por pasar el Registro de Vehículos al RGP (proyecto que existe pero quedó inconcluso durante el gobierno de Oscar Berger); y por pasar el Registro de la Propiedad Intelectual a ser una dependencia del Registro Mercantil, como paso previo, y dejar funcionando únicamente 3 dependencias registrales con todas las funciones de las demás, bajo la dirección y coordinación del RGP.
Simultáneamente, es fundamental comenzar a trabajar en la propuesta de reformas legales para dejar, finalmente, una sola institución fuerte, autónoma y despolitizada, el Centro Nacional de Registros, CNR que, con el tiempo, al tener vigente la reforma legal necesaria, comience a funcionar como una sola Institución al servicio de la Nación.
La dirección a cargo del RGP facilitaría el que, mientras se da la reforma legal, se comience la ubicación de lugares idóneos, la planificación y construcción de las sedes departamentales del CNR, para facilitar el acceso de toda la población a todos los servicios de registro que le son necesarios, para no tener que acudir a la capital para efectuar cada uno de esos trámites, proyecto que puede comenzar a funcionar lo más pronto posible, antes aún de la aprobación de las reformas legales.
La coordinación a cargo del RGP también facilitaría el compartir y propugnar la visión de cambio de paradigmas, normas legales obsoletas, sistemas de publicidad y demás valladares en la constitución de nuevas empresas (puesto 165 dentro de 183 economías, según el documento Doing Business 2012, Banco Mundial); la revisión integrada de procesos, el aprovechamiento de sinergias con otros actores, como bancos, en la agilidad del sistema burocrático y la capacidad de respuesta y la protección a los inversores (puesto 133 entre 183 economías, Doing Business 2012, Banco Mundial).
Todo lo anterior ayudaría a mejorar la capacidad del país por generar más y mejores empleos, por abarcar campos del conocimiento hoy vedados por la maraña de trabas que constituye la Administración, por dar un verdadero "salto de rana" (leap frogging) en las opciones de países para invertir que las revistas especializadas pongan en los escritorios de quienes toman las decisiones de venir a colocar su capital en nuevas empresas.
Guatemala lo tiene todo para ser un gran competidor en el escenario mundial. Una prueba palpable es que los gobiernos desastrosos que hemos tenido no han llevado al país a una quiebra definitiva, pero es hora de que los guatemaltecos comencemos a hacer las cosas debidamente para que, desde afuera, se nos comience a ver como una opción seria para venir a trabajar.
Quedarnos encerrados en nuestro propio entorno tratando de vender artesanías solamente, sin repensar y cambiar, para bien, los procesos de formación de nuevas empresas y los actos que le den certeza jurídica a todos es, a la larga, un lento suicidio.
Esperemos que las nuevas autoridades del país, dentro de las cuales incluímos a los diputados electos, tengan el entendimiento y la voluntad política para coadyuvar a hacer los cambios que el país necesita para despegar de manera importante y fortalecer su economía y su capacidad de generación de nuevas fuentes de trabajo.
miércoles, 20 de enero de 2010
EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
Mi experiencia de poco más de cuatro años en el Registro General de la Propiedad de Guatemala, RGP, como Registrador Sustituto, y de unos dos años en el Registro de Información Catastral, RIC, como miembro de su Consejo Directivo, me dio el conocimiento necesario no sólo para entender mejor las necesidades del usuario, que por lo menos en cuanto al primero ya las conocía desde finales de los años 1970's, sino las necesidades de cada institución, que son un tanto diferentes, el marco legal y, especialmente, las necesidades de la nación y de la población, especialmente la de carácter rural que tiene que viajar, muchas veces trasladando dinero en efectivo, para poder investigar o atender sus asuntos relacionados con los registros públicos.
A finales de esa gestión en el RGP, el presidente Oscar Berger había accedido, para que se pudiesen ampliar las instalaciones de esta más que centenaria e importante Institución, había accedido a cederle la adscripción del terreno que ocupa toda una manzana, adyacente a las actuales instalaciones del RGP, en donde desde los años 1930's ha funcionado, entiendo, la Dirección General de Sanidad, situación que finalmente revirtió el mismo presidente, pero mientras tanto pude dirigir alguna actividad con fines de preparar el proyecto de inversión en dicho predio, el cual tenía que ser aprobado por la Comisión Nacional Registral, CNR, de la cual también era parte.
Eso me dio la oportunidad de pensar que la dispersión de los registros públicos no abona, en nada, en beneficio del público usuario, fomenta la arbitrariedad y la incongruencia de políticas y de tiempos de respuesta y, a la vez, hace caro, para el Estado, acercarse a los usuarios del ámbito urbano-rural y rural-rural.
El proyecto que tenía en mente, que todavía pude discutir con los Lics. Fernando Quezada Toruño y Rodolfo Cárdenas, con quienes integrábamos la Sub Comisión de Infraestructura de la mencionada CNR, pocos días antes de enterarnos que el presidente Berger daba marcha atrás con lo del terreno que, dicho sea de paso, ni siquiera estaba registrado a favor de La Nación, como debería haberlo estado, y nosotros tuvimos que inscribirlo debidamente, consistía en preservar el edificio de casi siete décadas de antigüedad y de estilo Art Deco, que aunque infuncional para las necesidades actuales (fue diseñado hasta con cocheras donde guardaban los caballos para tirar los carruajes), es intocable por ley, pero en el predio de atrás se iba a hacer un enorme sótano, de 5 niveles de profundidad para albergar no sólo el archivo del RGP, que es inmenso, sino para darle cabida al mayor número de vehículos en esa área del centro de la ciudad en donde casi no se consigue parqueo.
Lo interesante y novedoso del proyecto es que se dejaba contemplado, adelantándonos a los tiempos que algún día vendrán, para colocar, en un solo sitio, todos los registros, de tal manera que hubiese un lugar en el centro de la ciudad, lugar a donde tienden a confluir las rutas de transporte de toda la periferia, en el cual se pudiese acudir a resolver cualquier tema relacionado con algún registro público. Ahí se podrían ver asuntos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de las Personas, del Registro de Información Catastral, de Garantías Mobiliarias, pero también se atenderían temas de licencias de conducir, de portación de armas, de extensión de pasaportes, de placas de vehículos, etc.
Contaba, además, con instalaciones para que la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades vecinas de la capital, en donde muchas veces se necesita hacer trámites que se dificultan por las distancias a las cuales quedan, pudieran tener oficinas que las representaran en todo lo que se refiere a atender a sus vecinos y resolver los asuntos donde tuvieran interés.
Además, se pretendía que ese verdadero centro de servicios contara, además, con agencias de todas las compañías de cable, de teléfono, de energía eléctrica y de agua del entorno metropolitano, como de los mayores bancos del sistema, en un afán de facilitarle la vida al ciudadano.
Ese proyecto no pudo llevarse a cabo, pero el ciudadano sigue entrampado en los trámites de una numerosa burocracia y nadie piensa en él.
Hoy, desde esta trinchera virtual, pienso que el país debiera ir más allá y romper el esquema de lealtades de los diferentes registros públicos hacia tan diversas autoridades gubernativas, y llevar a cabo los cambios legales necesarios para crear el Centro Nacional de Registros, con una Comisión Nacional Registral que acompañe a un Registrador General de Guatemala que tenga el control sobre todos los registros públicos del país, y así comenzar una etapa que permita llevar esos Centros Nacionales de Registros, conectados en forma virtual, a todas las cabeceras departamentales del país.
Los ciudadanos del interior del país no son ciudadanos de segunda, pero el sistema actual de registros así los hace parecer, ya que todo, a excepción del Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango, en alguna medida el RIC y el Registro Nacional de las Personas, está actualmente centralizado, lo cual los obliga a hacer viajes y gastos adicionales a los ciudadanos de la capital, invirtiendo tiempo y corriendo riesgos también adicionales.
Crear un Centro Nacional de Registros no le haría mal a nadie. Por el contrario. Crearía las bases para que Guatemala sea más competitivo en todos los asuntos que, por su naturaleza, requieren la sanción de este tipo de instituciones.
La tecnología que hoy existe permite hacer muchísimas cosas pero por falta de imaginación, de decisión o de voluntad política, no las estamos haciendo en estos momentos.
Guatemala puede se un ejemplo para el mundo en materia de agilidad registral y certeza jurídica, lo cual atraería inversiones que hoy son inimaginables bajo el sistema actual en el que sólo el RGP ha logrado llamar la atención y convertirse, según el Banco Mundial, en el primer registro de América Latina y el Caribe, a pesar que colapsó su sistema informático en mayo de 2003, y cuando lo recibimos, a principios de 2004, continuaba totalmente colapsado y era casi imposible registrar cualquier operación, al colmo que sabemos que muchos bancos desembolsaron a la palabra porque no había manera de inscribir las hipotecas a su favor, creándole durante mucho tiempo un daño incalculable a la economía.
En fin, son ideas que, por venir cargadas de sentido común y tener que ver con cambios en la legalidad del país que, obligadamente, tienen que pasar por los operadores políticos, me atrevo a compartir con Uds. en este espacio.
A finales de esa gestión en el RGP, el presidente Oscar Berger había accedido, para que se pudiesen ampliar las instalaciones de esta más que centenaria e importante Institución, había accedido a cederle la adscripción del terreno que ocupa toda una manzana, adyacente a las actuales instalaciones del RGP, en donde desde los años 1930's ha funcionado, entiendo, la Dirección General de Sanidad, situación que finalmente revirtió el mismo presidente, pero mientras tanto pude dirigir alguna actividad con fines de preparar el proyecto de inversión en dicho predio, el cual tenía que ser aprobado por la Comisión Nacional Registral, CNR, de la cual también era parte.
Eso me dio la oportunidad de pensar que la dispersión de los registros públicos no abona, en nada, en beneficio del público usuario, fomenta la arbitrariedad y la incongruencia de políticas y de tiempos de respuesta y, a la vez, hace caro, para el Estado, acercarse a los usuarios del ámbito urbano-rural y rural-rural.
El proyecto que tenía en mente, que todavía pude discutir con los Lics. Fernando Quezada Toruño y Rodolfo Cárdenas, con quienes integrábamos la Sub Comisión de Infraestructura de la mencionada CNR, pocos días antes de enterarnos que el presidente Berger daba marcha atrás con lo del terreno que, dicho sea de paso, ni siquiera estaba registrado a favor de La Nación, como debería haberlo estado, y nosotros tuvimos que inscribirlo debidamente, consistía en preservar el edificio de casi siete décadas de antigüedad y de estilo Art Deco, que aunque infuncional para las necesidades actuales (fue diseñado hasta con cocheras donde guardaban los caballos para tirar los carruajes), es intocable por ley, pero en el predio de atrás se iba a hacer un enorme sótano, de 5 niveles de profundidad para albergar no sólo el archivo del RGP, que es inmenso, sino para darle cabida al mayor número de vehículos en esa área del centro de la ciudad en donde casi no se consigue parqueo.
Lo interesante y novedoso del proyecto es que se dejaba contemplado, adelantándonos a los tiempos que algún día vendrán, para colocar, en un solo sitio, todos los registros, de tal manera que hubiese un lugar en el centro de la ciudad, lugar a donde tienden a confluir las rutas de transporte de toda la periferia, en el cual se pudiese acudir a resolver cualquier tema relacionado con algún registro público. Ahí se podrían ver asuntos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de las Personas, del Registro de Información Catastral, de Garantías Mobiliarias, pero también se atenderían temas de licencias de conducir, de portación de armas, de extensión de pasaportes, de placas de vehículos, etc.
Contaba, además, con instalaciones para que la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades vecinas de la capital, en donde muchas veces se necesita hacer trámites que se dificultan por las distancias a las cuales quedan, pudieran tener oficinas que las representaran en todo lo que se refiere a atender a sus vecinos y resolver los asuntos donde tuvieran interés.
Además, se pretendía que ese verdadero centro de servicios contara, además, con agencias de todas las compañías de cable, de teléfono, de energía eléctrica y de agua del entorno metropolitano, como de los mayores bancos del sistema, en un afán de facilitarle la vida al ciudadano.
Ese proyecto no pudo llevarse a cabo, pero el ciudadano sigue entrampado en los trámites de una numerosa burocracia y nadie piensa en él.
Hoy, desde esta trinchera virtual, pienso que el país debiera ir más allá y romper el esquema de lealtades de los diferentes registros públicos hacia tan diversas autoridades gubernativas, y llevar a cabo los cambios legales necesarios para crear el Centro Nacional de Registros, con una Comisión Nacional Registral que acompañe a un Registrador General de Guatemala que tenga el control sobre todos los registros públicos del país, y así comenzar una etapa que permita llevar esos Centros Nacionales de Registros, conectados en forma virtual, a todas las cabeceras departamentales del país.
Los ciudadanos del interior del país no son ciudadanos de segunda, pero el sistema actual de registros así los hace parecer, ya que todo, a excepción del Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango, en alguna medida el RIC y el Registro Nacional de las Personas, está actualmente centralizado, lo cual los obliga a hacer viajes y gastos adicionales a los ciudadanos de la capital, invirtiendo tiempo y corriendo riesgos también adicionales.
Crear un Centro Nacional de Registros no le haría mal a nadie. Por el contrario. Crearía las bases para que Guatemala sea más competitivo en todos los asuntos que, por su naturaleza, requieren la sanción de este tipo de instituciones.
La tecnología que hoy existe permite hacer muchísimas cosas pero por falta de imaginación, de decisión o de voluntad política, no las estamos haciendo en estos momentos.
Guatemala puede se un ejemplo para el mundo en materia de agilidad registral y certeza jurídica, lo cual atraería inversiones que hoy son inimaginables bajo el sistema actual en el que sólo el RGP ha logrado llamar la atención y convertirse, según el Banco Mundial, en el primer registro de América Latina y el Caribe, a pesar que colapsó su sistema informático en mayo de 2003, y cuando lo recibimos, a principios de 2004, continuaba totalmente colapsado y era casi imposible registrar cualquier operación, al colmo que sabemos que muchos bancos desembolsaron a la palabra porque no había manera de inscribir las hipotecas a su favor, creándole durante mucho tiempo un daño incalculable a la economía.
En fin, son ideas que, por venir cargadas de sentido común y tener que ver con cambios en la legalidad del país que, obligadamente, tienen que pasar por los operadores políticos, me atrevo a compartir con Uds. en este espacio.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
