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viernes, 22 de mayo de 2015

EL TRISTE CASO DE UN GENERAL QUE QUISO SER PRESIDENTE

     Ganar una elección y ocupar la primera magistratura de una nación no equivale a obtener patente de corso.

     La legitimación de un funcionario se hace en el día a día y se puede medir de múltiples maneras; no es estática e inherente a un cargo sino producto de la capacidad de quien lo ocupa de fortalecer la institución a su cargo, de impulsar proyectos de bien; de comunicar la bondad o las razones de sus decisiones aunque estas no tengan resultados inmediatos sino en el largo plazo.

     Asumir que uno, como funcionario, puede hacer lo que quiera, es equivocado.  Las épocas de los reyes absolutos, de los procónsules y del feudalismo hace tiempo que quedaron atrás. Hasta las monarquías modernas se ajustan a normas y procedimientos constitucionales. ¡Y los respetan!

     Por otro lado, la responsabilidad política es proporcional a la importancia del cargo que se ocupa, y no al revés.  Lo decimos porque parece, a veces, que mientras más importantes se ven, más irresponsables se creen ante la ciudadanía que los eligió.  En este caso el Presidente de la República ha puesto la pauta de lo que es su gobierno y, por ende, es el mayor responsable de la crisis política y moral que vive el Estado guatemalteco.

     El caso del presidente Otto Pérez Molina es patético, pues desde que era candidato, dos cosas: 1) ya dio muestras de la liviandad de su escala de principios y valores al embolsarse parte de los fondos robados al Congreso de la República; y, 2) él, y únicamente él, es responsable de haber escogido a su compañera de fórmula, la hoy ex-vicepresidenta Roxana Baldetti y, consecuentemente, la responsabilidad política de los desfalcos y fraudes de esta señora son compartidos por ambos: por ella, que ya se vio obligada a renunciar, y por él, quien la llevó a ocupar ese puesto.

     Si agregamos que el hasta ahora presidente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, fue su Secretario Privado en la Presidencia de la República y fue nombrado en la institución mencionada por él, su jefe, como que ya viene teniendo responsabilidad en los dos grandes casos de mafias incrustadas en el Estado que hasta ahora han salido a la luz; y si la señora ex-vicepresidenta renunció porque su secretario privado estaba involucrado en los fraudes de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, no vemos argumento alguno por el cual no deba renunciar el presidente del país, tanto por un caso como por el otro, lo cual es más grave.

     Sumémosle la soledad en que está quedando con la salida de tres ministros con sendos cuestionamientos: el de Ambiente y Recursos Naturales por el tema del supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán con una compra de agua salada por un poco más de Q.137 millones; el de Energía y Minas, aunque los cuestionamientos provienen del partido político Líder, por lo que le brindamos algún grado de incredulidad a los mismos, por el momento; y por el de Gobernación, que deberá ser investigado por tanto negocio que apesta a perro muerto en esa dependencia, como los contratos de reparación de autopatrullas, la compra de combustible,  las plazas fantasmas, la sobrevaluación del precio de cámaras, cárceles, comida, armas y hasta equipo para controlar el ingreso y egreso de personas en puestos de migración. 

     Todo esto sin olvidar que él es el único responsable, no sólo del nombramiento de quien era su "Delfín", Alejandro Sinibaldi, como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde la peste a cadáver putrefacto persiste por donde pasó, sino de empujarlo, a trabas y rempujones, hacia una candidatura presidencial absurda, pagándole algunos favores que no nos constan pero que son del dominio público.

     Luego, por si no fuera suficiente su soledad, gran impedimento para gobernar, su responsabilidad directa en todas estas oficinas públicas cuestionadas (por no mencionar el Registro de la Propiedad, los puertos, el aeropuerto, los hospitales, las cárceles), y en gran parte por las componendas con el Congreso de la República en esas elecciones negociadas sin pensar en el país sino en su futuro en libertad e impunidad y en la repartición que hicieron su partido político con el que dice que "le toca", del presupuesto de la nación para el presente año; su responsabilidad, decimos, es innegable.

     La única salida que le queda es dejar el cargo lo antes posible.  Si se tarda más de lo debido pueda ser que sus propios compañeros de armas, porque los tiene que todavía creen en el honor y que han de despreciar lo que estos pocos militares metidos a mercaderes de la política han hecho, lo podrían sacar de donde está.  Entendemos que la mayoría de los miembros del Ejército no se identifica con todas estas actuaciones cuestionadas.

     Es preferible una renuncia a tiempo, con humildad, que patada en la parte donde la espalda deja de serlo.  O patadas, en plural.

     Piénselo, presidente.  Nuestra experiencia política, que es mayor que la suya, nos hace visualizar que no tiene otra salida.  ¡Su renuncia es inminente!  

lunes, 19 de mayo de 2014

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. PUNTA DE LANZA

     Hoy entró en vigencia el nuevo arancel, en materia de propiedad industrial, del Registro de la Propiedad Intelectual, RPI, en Guatemala.

     Esto se da en el marco de su modernización, pues dejan atrás el sistema de publicaciones en medios impresos, propio del siglo XIX, y entran a la era virtual, con publicaciones en línea, lo cual no parece ser señal de que bajarán los costos a los usuarios, pero es el primer paso, en la línea correcta, para bajar tiempos, reducir vueltas innecesarias que tienen que ver con gasto de combustible y estacionamientos, congestionamiento de tránsito y el estrés que se deriva de todo lo anterior.

     Facilitarle la vida al ciudadano debiera ser la labor de todo funcionario público, por eso abogamos por la conversión de la Administración Pública, de una de burócratas (es decir, la que ejerce el poder desde los escritorios), a una de tecnócratas (la que lo ejerce apoyado en la tecnología).

     Estamos seguros que en poco tiempo el Gobierno Electrónico será lo natural en la relación entre gobernantes y gobernados, y al fortalecer esta alternativa se fortalece, al bajar tiempos de inscripciones, de respuesta, de impugnaciones, y costos en general, el clima de negocios, en general, de nuestro país.

     En este mundo de malas noticias aprovechamos para felicitar a los funcionarios públicos involucrados en estos cambios e instamos a los responsables de otros registros públicos a emular este tipo de esfuerzos.  Nosotros, que hemos sido parte del proceso de rescate y de evolución del Registro General de la Propiedad, sabemos que la academia no prepara a los funcionarios con el tipo de perfil personal que estos retos requieren, por lo que valoramos con mayor razón su esfuerzo.

     Esperamos con ansias, como lo hemos dicho en algún ensayo anterior, que cualquier persona obtenga, en menos de media hora, un expediente completo de una empresa, con apertura de cuenta bancaria, número de identificación tributaria, NIT, sellos de hule y mandato legal para representarla, como sucede en otros países del mundo.

     La creación del Centro Nacional de Registros se dará algún día, y para ese momento el país habrá de montarse en la tecnología.  Se quiera o no se quiera.

lunes, 30 de abril de 2012

LA FIJACIÓN DE METAS DE PAÍS. EL BENCHMARKING

Hace unos diez días leí acerca de las loables intenciones del actual Ministro de Economía de Guatemala, mi buen amigo Sergio de la Torre, con relación a lograr la autorización del funcionamiento de empresas en 48 horas, lo cual mejoraría la competitividad del país.

Sin embargo, conociendo de más de algún lugar en el mundo en que dicha operación es efectuada en media hora, y de paso a la empresa fundada (de la cual prácticamente hay que solicitar el nombre) se le asigna, de una vez, una cuenta bancaria abierta previamente, y se le entregan los sellos de hule que, en el futuro, la identificarán, sólo puedo pensar que el "benchmarking" del Ministro, es decir, el ejemplo que se busca emular o mejorar, no es lo que mejor funciona en el mundo.

Todo parte de la idea de que el agua azucarada no hay que inventarla, pues prácticamente ya todo ha sido inventado (aunque en realidad no lo sea así).

En cuestiones de autorización de empresas para funcionar en los países, no hay mucho dónde perderse.  Existen algunos en donde las cosas funcionan de la manera que hemos narrado, de modo que Guatemala, al hacer los cambios necesarios para modernizarse, es a lo mejor que existe a lo que debiera aspirar, no a puntos intermedios.

Las declaraciones del Ministro incluían modificaciones en todos los aspectos actuales del proceso, incluyendo lo relativo a las publicaciones en el Diario Oficial, lo cual estimamos equivocado, pues en lugar de modernizar cada aspecto de un proceso obsoleto, lo que debiera repensarse y modificarse es el proceso mismo.

Hay muchísima gente que tiene interés en invertir en Guatemala, pero se hace necesario modificar procesos como el indicado en muchos aspectos, como las aduanas, los trámites en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, estudios de impacto ambiental, licencias sanitarias, etc.

En un país en donde hasta la Fe Pública del Notario se ha perdido y la burocracia ha ido ganando terreno a costa del empuje del empresariado que produce, de la competitividad del país y, por dos endes, de la capacidad de creación de empleo, hay mucho por hacer y por cambiar.

Ojalá nuestros actuales funcionarios busquen los mejores ejemplos en el mundo para modificar con excelencia lo que haya que cambiar, y no sólo maquillen los actuales y obsoletos procesos (como se hizo, en un principio, con la informatización del Registro General de la Propiedad).

Hemos sido prácticamente fundadores del Proyecto Nacional de Competitividad, PRONACOM (1996-2000), participamos activamente en el rescate del Registro General de la Propiedad (2004-2008) y nos hemos desenvuelto empresarial y políticamente, en un entorno globalizado, de manera que conocemos estos temas y sabemos de lo que estamos escribiendo.

martes, 15 de noviembre de 2011

EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

De la competitividad del país y la confianza en sus autoridades depende, en gran medida, el acercamiento de las inversiones y su consecuente generación de empleo.

Para que un país compita con los demás, es indispensable que su sistema de Registros Públicos sea transparente, ágil, confiable, y produzca la certeza jurídica que todos los inversores buscan.

La captación de más impuestos no se logra tan sólo incrementando las tasas actuales, sino creando un clima general de negocios que fomente el crecimiento de la economía y la expansión de los sectores productivos.

El actual sistema de Registros, aunque informatizado en su mayoría, todavía está eminentemente centralizado, lo que no permite el acceso a los mismos sino viajando a la capital, con pocas excepciones, y disperso en diferentes instituciones, pero además está anclado, todavía, a muchas prácticas del siglo XX y hasta del siglo XIX que hacen los trámites lentos, engorrosos y caros, lo que pone al país entero en condición de desventaja, no sólo frente a sus vecinos, sino frente al resto del mundo, que es, finalmente, con quien se compite por los recursos.

Cambiar las cosas, para bien, en Guatemala, implica un cambio total de paradigmas, reformas legales y una combinación de visión con experiencia de los funcionarios que deban ocupar los cargos de Dirección en las Instituciones involucradas.

El péndulo de los políticos nefastos está por darle un respiro al país, ocasión que debe aprovecharse para sentar las bases de lo que podrá ser el sistema registral guatemalteco del siglo XXI.

Es por tales razones que nos atrevemos a proponer la conformación del Centro Nacional de Registros, que involucre:

1. Registro General de la Propiedad, RGP: encargado del registro de las propiedades muebles e inmuebles y de los derechos reales sobre las mismas;

2. Registro Mercantil General de la República: encargado del registro de las empresas comerciales, sociedades anónimas y cuestiones comerciales;

3. Registro de la Propiedad Intelectual: encargado del registro de patentes de invención, de industria, marcas, expresiones o señales de propaganda, etcétera;

4. Registro de Vehículos: que, como su nombre lo expresa, es donde se registran los
automotores, el cual no corresponde llevar a la Superintendencia de Administración Tributaria, que sólo lo lleva para efectos tributarios, y que debiera pasar al Registro General de la Propiedad, RGP, como corresponde.

5. El Registro de Información Catastral: encargado de la elaboración del Catastro Nacional de carácter multifuncional que, primordialmente, podrá sentar la base para reanudar el tracto sucesivo de muchas fincas y regularizar la tenencia y propiedad de la tierra para cientos de miles de familias que hoy no tienen un título legítimo ni pueden ser sujetos de crédito con sus garantías reales.

La propuesta de crear un Centro Nacional de Registros comienza por pasar el Registro de Vehículos al RGP (proyecto que existe pero quedó inconcluso durante el gobierno de Oscar Berger); y por pasar el Registro de la Propiedad Intelectual a ser una dependencia del Registro Mercantil, como paso previo, y dejar funcionando únicamente 3 dependencias registrales con todas las funciones de las demás, bajo la dirección y coordinación del RGP.

Simultáneamente, es fundamental comenzar a trabajar en la propuesta de reformas legales para dejar, finalmente, una sola institución fuerte, autónoma y despolitizada, el Centro Nacional de Registros, CNR que, con el tiempo, al tener vigente la reforma legal necesaria, comience a funcionar como una sola Institución al servicio de la Nación.

La dirección a cargo del RGP facilitaría el que, mientras se da la reforma legal, se comience la ubicación de lugares idóneos, la planificación y construcción de las sedes departamentales del CNR, para facilitar el acceso de toda la población a todos los servicios de registro que le son necesarios, para no tener que acudir a la capital para efectuar cada uno de esos trámites, proyecto que puede comenzar a funcionar lo más pronto posible, antes aún de la aprobación de las reformas legales.

La coordinación a cargo del RGP también facilitaría el compartir y propugnar la visión de cambio de paradigmas, normas legales obsoletas, sistemas de publicidad y demás valladares en la constitución de nuevas empresas (puesto 165 dentro de 183 economías, según el documento Doing Business 2012, Banco Mundial); la revisión integrada de procesos, el aprovechamiento de sinergias con otros actores, como bancos, en la agilidad del sistema burocrático y la capacidad de respuesta y la protección a los inversores (puesto 133 entre 183 economías, Doing Business 2012, Banco Mundial).

Todo lo anterior ayudaría a mejorar la capacidad del país por generar más y mejores empleos, por abarcar campos del conocimiento hoy vedados por la maraña de trabas que constituye la Administración, por dar un verdadero "salto de rana" (leap frogging) en las opciones de países para invertir que las revistas especializadas pongan en los escritorios de quienes toman las decisiones de venir a colocar su capital en nuevas empresas.

Guatemala lo tiene todo para ser un gran competidor en el escenario mundial. Una prueba palpable es que los gobiernos desastrosos que hemos tenido no han llevado al país a una quiebra definitiva, pero es hora de que los guatemaltecos comencemos a hacer las cosas debidamente para que, desde afuera, se nos comience a ver como una opción seria para venir a trabajar.

Quedarnos encerrados en nuestro propio entorno tratando de vender artesanías solamente, sin repensar y cambiar, para bien, los procesos de formación de nuevas empresas y los actos que le den certeza jurídica a todos es, a la larga, un lento suicidio.

Esperemos que las nuevas autoridades del país, dentro de las cuales incluímos a los diputados electos, tengan el entendimiento y la voluntad política para coadyuvar a hacer los cambios que el país necesita para despegar de manera importante y fortalecer su economía y su capacidad de generación de nuevas fuentes de trabajo.

martes, 4 de enero de 2011

ALERTA POR UN CAMBIO IRREFLEXIVO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD

Ahora que comienza un nuevo año inicia, a la vez, la segunda década del siglo, lo cual hace reflexionar sobre su inexorable paso y, además, acerca de lo irrepetible de cada suceso, por pequeño que sea.

En mayo de 2003, por ejemplo, se dio la culminación de todo un proceso de luchas de poder entre diversas facciones dentro del Registro General de la Propiedad, RGP, que acarrearon grandes dosis de avaricia, circunstancias que dieron al traste con el sistema informático del mismo y, con él, también con la posibilidad de efectuar inscripciones, tanto de transmisiones de dominio de bienes inmuebles y muebles identificables, como de derechos reales, situación que derivó en la casi paralización del sistema financiero nacional, debido a que era imposible, bajo tales circunstancias, inscribir una garantía a favor de un banco.

Fue tal la necesidad de seguir operando, tanto de los bancos como del mismo público usuario, que mientras se lograban superar los problemas eminentemente técnicos en el RGP, se comenzaron a hacer desembolsos parciales y hasta totales, a favor de los clientes, sin que estuviesen debidamente inscritas las garantías a favor de los acreedores, dándole un "regresón" a la manera de hacer negocios como de 150 años.

El costo de volver a poner en operación el sistema colapsado es incalculable. Fueron centenas de miles de imágenes electrónicas que hubo de reponerse, tanto de los libros físicos, algunos con más de cien años de antigüedad, como de los asientos de cientos de miles de testimonios y documentos registrables presentados durante décadas anteriores.

Es decir, el costo monetario es incalculable, pero sí es calculable, en años, el costo de volver a funcionar normalmente y de darle, a nuestro sistema de Registro, la credibilidad que hoy goza no sólo a nivel nacional sino internacionalmente.

Comenzar de cero es más fácil que con un sistema quebrantado, pues se puede planificar e ir avanzando con algún método, por áreas, por partes (lo cual lastimosamente no sucedió con el Registro Nacional de las Personas, RENAP); pero cuando ya se tiene en funcionamiento un sistema informático y este se cae, si no se recupera en un par de horas la misma presión del usuario, que en este caso es interno (operadores, certificadores, Registradores Auxiliares) y externo (el público), hacen que el clima se vuelva sumamente difícil de controlar.

En el caso del RGP la recuperación del sistema tardó años en darse, pues no se contaba ni siquiera con las fuentes del programa que había colapsado.

Luego, después de haber vivido la experiencia de rescate de esta Institución que le sirve a todo el país y que es fundamental para el buen desenvolvimiento de la actividad económica y financiera, al ver señales peligrosas alrededor de lo que sea, posiblemente, el Centro de Cómputo más grande de Centroamérica, lanzo la voz de alarma.

Resulta que, hace poco, el Gobierno de la República (que no es el de la persona que la publicidad menciona, por más que desee ser recordado) efectuó el cambio de Registrador General de la Propiedad, poniendo en su lugar a un abogado que provenía del Ministerio de Trabajo, sin mayor experiencia o sin alguna experiencia que mostrar en el tema registral, el cual, a su vez, trae de dicho Ministerio a una persona, a quien nombra como Auditor de Sistemas y, recientemente, sustituye al Jefe del Departamento de Informática, poniendo en su lugar a alguien que viene del sector privado pero que, al igual que el Auditor de Sistemas, no conocen el delicado y, a la vez, complicado sistema informático del RGP.

El país entero tiene que tener los ojos puestos en un cambio de esta naturaleza, en virtud que un paso en falso puede dar pie a complicaciones que nunca podrían llegar al nivel del anterior, por los controles que se dejaron instaurados, pero que ahora también abarcaría a los ocho departamentos que sirve el Segundo Registro, con sede en Quetzaltenango, pues este último registro trabaja con el mismo sistema que el del RGP.

No pretendo cuestionar que el Registrador General pueda hacer los cambios que crea convenientes para mejorar el servicio que se presta, pero el RGP es tan complicado que estoy seguro que ni el mismo Registrador entiende a cabalidad el riesgo que él mismo corre por estos cambios poco meditados y, hasta cierto punto, irreflexivos de su parte, cuyo trasfondo no llegamos a entender, pues los ingenieros informáticos, según nuestra experiencia, son lo más alejados de cuestiones políticas, ideológicas o de cualquier manera problemáticas, que tienen una gran capacidad de centrarse en el desarrollo de su trabajo.

Los dos sindicatos de trabajadores del RGP, y el del Segundo Registro, deben estar vigilantes, especialmente tomando en cuenta la enorme cantidad de trabajadores que ganan a destajo, es decir, que sus ingresos dependen del volumen de trabajo que logren sacar adelante.

Los últimos pensamientos de este ensayo van encaminados, el primero, por que la buena fortuna acompañe en sus decisiones al Registrador General de la Propiedad, con el buen deseo por que la gente que ha enviado, en frío, a hacerse cargo de la Jefatura del Departamento de Informática, tengan la iluminación, la paciencia y la humildad para aprender; el segundo, por que las relaciones con la entidad contratista que tiene a su cargo del manejo del Centro de Cómputo sean de cordialidad y de mutuo entendimiento.

jueves, 14 de octubre de 2010

NOTAS SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. ¡ALERTAS FRENTE AL POSIBLE SAQUEO!

Cuando uno sale de una institución llevándose puesta la camiseta de la misma, es decir, habiendo demostrado con su trabajo el amor por el país y por aquélla, dejándole, con la partida, un evidente valor agregado, uno suele mantenerse recibiendo información acerca del curso en que se continúan desarrollando las actividades.

Con relación al Registro General de la Propiedad, institución en la cual laboré de febrero de 2004 a mayo de 2008, coadyuvando a rescatarla del caos en que se encontraba a partir de un colapso informático acaecido en mayo de 2003 y que después de su transformación, desde hace un par de años el Banco Mundial lo ha catalogado como el mejor Registro de Propiedad de América Latina y el Caribe, me han llegado, últimamente, tres noticias que vale la pena compartir con quienes suelen leer nuestros ensayos.

La primera tiene que ver con la condena, unos dicen de 24 años, otros de 20, otros de 12 años de prisión, de uno de los operadores del Registro, es decir, de las personas que, físicamente, llevan a cabo la operación de registro de las inscripciones que contienen los documentos públicos que le son presentados.

Explicar en este espacio el caso sería sumamente largo y complicado. Baste decir que, en resúmen, se utilizó el número que genera un documento legítimo debidamente presentado para hacer operaciones, creando fincas falsas, sin respaldo legal, sobre áreas de reserva de la Nación en Petén, en donde, ¡oh casualidad!, fueron trasladadas poblaciones enteras de otros lugares y es conocido, públicamente, que es territorio de narcotraficantes, con nombres y apellidos.

Todo esto se dio en la época en que se trataba de recuperar un sistema informático colapsado, aprovechándose, además, de procedimientos poco meditados frente a las posibilidades que el crimen organizado tratara de infiltrarse, producto, quizás, de la buena fe con que todo esto se trabajaba décadas atrás y en esa poca visión que permitió volver electrónicas aquellas partes del proceso de registro que antes se hacía manualmente, lo cual nos abrió los ojos, como autoridades, y procedimos a ver ese proceso de registro con ojos de maldad, como si fuésemos abogados del diablo, y a cerrar todas las posibilidades que encontramos para que se siguieran comentiendo este tipo de hechos ilícitos que atentan en contra de la seguridad jurídica, en contra de las áreas verdes del país y en contra de la sociedad entera.

Sin embargo, hay varias consideraciones alrededor de este caso que vale la pena resaltar: la primordial, quizás, es que tenemos varios años de venir propugnando por que el Organismo Judicial cree la Jurisdicción Privativa de las Cuestiones de la Tierra y sus Registros, para especializar a los jueces en este tema tan complejo, pero no se ha logrado, y el fallo pronunciado prácticamente avala nuestra posición al respecto.

Estas ideas nacieron de la necesidad que, por experiencia, veíamos durante nuestra gestión, con jueces que han de ser muy duchos en cualquier otra cosa, pero a quienes se les dificulta hasta saber leer e interpretar una certificación extendida por alguno de los Registros de Propiedad.

La sentencia, según sabemos, mandó certificar lo conducente en contra de otras personas que laboraban o todavía lo hacen en el Registro, algunas de las cuales hacían un trabajo eminentemente técnico y no tenían oportunidad de crear fincas falsas, y las otras, además, fueron bastión de nuestra administración en esa transformación, para bien, del Registro que hoy disfrutan, con su celeridad y absoluta transparencia, los ciudadanos, de modo que, si bien es cierto se obtiene algo de justicia al condenar a quien creó las fincas falsas, carece de justicia totalmente el otro aspecto.

Otra noticia interesante es que el Secretario General del Sindicato de Operadores del Registro General de la Propiedad, quien ya tenía una licenciatura en psicología, entendemos, ahora se ha graduado de abogado y notario también, lo cual es positivo no sólo por su labor de operador en donde el conocimiento sólido de los aspectos legales y jurídicos es indispensable, sino porque denota un espíritu de superación que debe ser imitado por todos los trabajadores del Registro y por todos los sindicalistas del país.

La última noticia que nos ha llegado sí es preocupante, y consiste en la renuncia del actual Registrador General de la Propiedad, el licenciado Sergio Romano, un abogado y notario jóven que tuvo la capacidad de entender, en su globalidad, el proyecto de transformación del Registro que estaba en marcha, y la humildad para montarse en el proyecto, lo cual ha redundado en la consecución de una mejor institución cada día, contrario a lo que, ante los ojos de todos y sin capacidad de que podamos hacer algo, sucede en tantas otras instituciones que, con "ocurrencias", las llegan a burocratizar y a entorpecer su funcionamiento.

En este momento no tenemos seguro si ha renunciado, si le han aceptado la renuncia o si ya se sabe quién llega a dicha Institución.

Lo que es importante que conozca la ciudadanía es que, en mayo de 2008, cuando le renuncié al Presidente de la República, Álvaro Colom, habíamos dejado en caja, para apoyar la transformación que faltaba, especialmente en el interior del país, unos Q.110 millones que, al ritmo de crecimiento, hoy debieran ser, quizás, unos Q.170 millones.

Si unos meses antes de que comience la campaña electoral, el Registrador de la Propiedad, que ha demostrado ser una persona honrada, está renunciando, todo esto huele a que está atado a la cantidad de dinero a la cual le podrían echar mano, desde Casa Presidencial, los tentáculos de ya saben quién que, en su sed de dinero, pueda estar moviendo sus piezas para caerle a través de muchas posibilidades que tienen a mano, desde contrataciones de plazas fantasmas, o de consultorías multimillonarias para descubrir el sexo de los ángeles, hasta las consabidas transferencias hacia otros programas en donde, una mancha más al tigre, ni se notaría.

Sería lamentable que, encima que no han logrado construir algo palpable para la posteridad, destruyan, por su conocida avaricia, una institución pública, la única quizás, que es capaz de producir admiración en el resto de América.

miércoles, 20 de enero de 2010

EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Mi experiencia de poco más de cuatro años en el Registro General de la Propiedad de Guatemala, RGP, como Registrador Sustituto, y de unos dos años en el Registro de Información Catastral, RIC, como miembro de su Consejo Directivo, me dio el conocimiento necesario no sólo para entender mejor las necesidades del usuario, que por lo menos en cuanto al primero ya las conocía desde finales de los años 1970's, sino las necesidades de cada institución, que son un tanto diferentes, el marco legal y, especialmente, las necesidades de la nación y de la población, especialmente la de carácter rural que tiene que viajar, muchas veces trasladando dinero en efectivo, para poder investigar o atender sus asuntos relacionados con los registros públicos.

A finales de esa gestión en el RGP, el presidente Oscar Berger había accedido, para que se pudiesen ampliar las instalaciones de esta más que centenaria e importante Institución, había accedido a cederle la adscripción del terreno que ocupa toda una manzana, adyacente a las actuales instalaciones del RGP, en donde desde los años 1930's ha funcionado, entiendo, la Dirección General de Sanidad, situación que finalmente revirtió el mismo presidente, pero mientras tanto pude dirigir alguna actividad con fines de preparar el proyecto de inversión en dicho predio, el cual tenía que ser aprobado por la Comisión Nacional Registral, CNR, de la cual también era parte.

Eso me dio la oportunidad de pensar que la dispersión de los registros públicos no abona, en nada, en beneficio del público usuario, fomenta la arbitrariedad y la incongruencia de políticas y de tiempos de respuesta y, a la vez, hace caro, para el Estado, acercarse a los usuarios del ámbito urbano-rural y rural-rural.

El proyecto que tenía en mente, que todavía pude discutir con los Lics. Fernando Quezada Toruño y Rodolfo Cárdenas, con quienes integrábamos la Sub Comisión de Infraestructura de la mencionada CNR, pocos días antes de enterarnos que el presidente Berger daba marcha atrás con lo del terreno que, dicho sea de paso, ni siquiera estaba registrado a favor de La Nación, como debería haberlo estado, y nosotros tuvimos que inscribirlo debidamente, consistía en preservar el edificio de casi siete décadas de antigüedad y de estilo Art Deco, que aunque infuncional para las necesidades actuales (fue diseñado hasta con cocheras donde guardaban los caballos para tirar los carruajes), es intocable por ley, pero en el predio de atrás se iba a hacer un enorme sótano, de 5 niveles de profundidad para albergar no sólo el archivo del RGP, que es inmenso, sino para darle cabida al mayor número de vehículos en esa área del centro de la ciudad en donde casi no se consigue parqueo.

Lo interesante y novedoso del proyecto es que se dejaba contemplado, adelantándonos a los tiempos que algún día vendrán, para colocar, en un solo sitio, todos los registros, de tal manera que hubiese un lugar en el centro de la ciudad, lugar a donde tienden a confluir las rutas de transporte de toda la periferia, en el cual se pudiese acudir a resolver cualquier tema relacionado con algún registro público. Ahí se podrían ver asuntos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de las Personas, del Registro de Información Catastral, de Garantías Mobiliarias, pero también se atenderían temas de licencias de conducir, de portación de armas, de extensión de pasaportes, de placas de vehículos, etc.

Contaba, además, con instalaciones para que la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades vecinas de la capital, en donde muchas veces se necesita hacer trámites que se dificultan por las distancias a las cuales quedan, pudieran tener oficinas que las representaran en todo lo que se refiere a atender a sus vecinos y resolver los asuntos donde tuvieran interés.

Además, se pretendía que ese verdadero centro de servicios contara, además, con agencias de todas las compañías de cable, de teléfono, de energía eléctrica y de agua del entorno metropolitano, como de los mayores bancos del sistema, en un afán de facilitarle la vida al ciudadano.

Ese proyecto no pudo llevarse a cabo, pero el ciudadano sigue entrampado en los trámites de una numerosa burocracia y nadie piensa en él.

Hoy, desde esta trinchera virtual, pienso que el país debiera ir más allá y romper el esquema de lealtades de los diferentes registros públicos hacia tan diversas autoridades gubernativas, y llevar a cabo los cambios legales necesarios para crear el Centro Nacional de Registros, con una Comisión Nacional Registral que acompañe a un Registrador General de Guatemala que tenga el control sobre todos los registros públicos del país, y así comenzar una etapa que permita llevar esos Centros Nacionales de Registros, conectados en forma virtual, a todas las cabeceras departamentales del país.

Los ciudadanos del interior del país no son ciudadanos de segunda, pero el sistema actual de registros así los hace parecer, ya que todo, a excepción del Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango, en alguna medida el RIC y el Registro Nacional de las Personas, está actualmente centralizado, lo cual los obliga a hacer viajes y gastos adicionales a los ciudadanos de la capital, invirtiendo tiempo y corriendo riesgos también adicionales.

Crear un Centro Nacional de Registros no le haría mal a nadie. Por el contrario. Crearía las bases para que Guatemala sea más competitivo en todos los asuntos que, por su naturaleza, requieren la sanción de este tipo de instituciones.

La tecnología que hoy existe permite hacer muchísimas cosas pero por falta de imaginación, de decisión o de voluntad política, no las estamos haciendo en estos momentos.

Guatemala puede se un ejemplo para el mundo en materia de agilidad registral y certeza jurídica, lo cual atraería inversiones que hoy son inimaginables bajo el sistema actual en el que sólo el RGP ha logrado llamar la atención y convertirse, según el Banco Mundial, en el primer registro de América Latina y el Caribe, a pesar que colapsó su sistema informático en mayo de 2003, y cuando lo recibimos, a principios de 2004, continuaba totalmente colapsado y era casi imposible registrar cualquier operación, al colmo que sabemos que muchos bancos desembolsaron a la palabra porque no había manera de inscribir las hipotecas a su favor, creándole durante mucho tiempo un daño incalculable a la economía.

En fin, son ideas que, por venir cargadas de sentido común y tener que ver con cambios en la legalidad del país que, obligadamente, tienen que pasar por los operadores políticos, me atrevo a compartir con Uds. en este espacio.