La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, comenzó operaciones en el país, con la opinión en contra de la mayoría de guatemaltecos, por visualizarla como otro proyecto de injerencia de la mal llamada Comunidad Internacional en los asuntos internos.
Mi escepticismo lo he manifestado a través de este medio, más que todo porque la anterior misión de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Guatemala, los últimos años del conflicto armado interno, la MIUGUA, dejó un pésimo sabor de boca, con funcionarios que gustaban de lucir sus trajes de galas y medallas en reuniones de salón, y visitar nuestras bellezas naturales, pues se les veía muchísimo por Panajachel, pero no se miraba realmente qué le estaban aportando al país. Algo así como lo que también puede observar en El Salvador con la ONUSAL, cuyos funcionarios eran felices, porque los vi muchas veces, comiendo mariscos en La Libertad.
Sin embargo, he reconocido que el estilo personal del doctor Carlos Castresana, cuya experiencia al frente de la misión fue vital, fue haciendo que la CICIG, aunque permaneciera siendo el blanco de muchos que todavía la adversan, y no necesariamente miembros de la delincuencia organizada sino respetables ciudadanos, también es cierto que fue ganando terreno y haciéndose reconocer como una entidad que estaba (o está, quisiera pensar) por encima de las bandas delincuenciales o los grupos de poder que, cual zapadores, durante décadas han ido avanzando, paso a paso, en la tarea de copar las instituciones del Estado.
Será tema aparte, porque aquí no corresponde, la politización que se ha hecho de la Academia y de los Colegios Profesionales en ese intento por impedir la manipulación en los nombramientos. Baste decir, por el momento, que no escapa este elemento a mi análisis.
Carlos Castresana no vino solo a Guatemala. Trajo un equipo de profesionales, provenientes de diversos países, y su misión, muchas veces lo dijo, era formar guatemaltecos limpios de corazón, es decir, no cooptados, con una nueva escala de valores y principios diferentes, para ir creando equipos incorruptibles de investigadores que, al partir los expertos extranjeros y finalizar el mandato de la CICIG, estuvieran en capacidad de continuar limpiando de mafias y delincuentes no sólo las calles sino las instituciones en donde se han enquistado ladrones, estafadores y, especialmente, sicarios.
Todo iba bien hasta que el lado humano, la vida personal de Castresana, interfirió con su credibilidad pública.
Comenzó a ser un secreto a voces y a principios del presente mes, en un conocido programa radial, “Hablando Claro”, que presenta el doctor Mario David García, la ciudadanía supo de las aventuras extramaritales del Comisionado. Hasta un vocero de la esposa y de los niños fue entrevistado vía telefónica, hasta Monterrey, México, quien hizo ver lo golpeados que todos están por haber conocido, recientemente, de esas infidelidades.
Si hubiese sido un funcionario común y corriente, en nuestras latitudes, no habría pasado nada, pero resulta que Castresana ha sido la voz cantante con el tema de las tachas y la honorabilidad de los candidatos a ocupar importantes puestos dentro de las instituciones que tienen que ver con la justicia en el país, como la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, a la luz de la nueva Ley de Comisiones de Postulación, aprobada por presión de la sociedad civil a raíz del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
Exigir de los demás un pasado relativamente limpio para buscar al candidato más idóneo, que no tenga tachas, ha sido confundido por muchos como una mancha en la honorabilidad, lo cual es distinto, pero le abrió al ahora ex comisionado una amplia gama de enemigos gratuitos.
Su vida privada fue atrapada por la esfera del carácter público de su gestión, y entendemos que ha de haber sido parte importante para tomar la decisión de dimitir el hecho de verse atosigado, de ahora en adelante, por ese tema, de manera que se vería imposibilitado, en el futuro, para exigir algo que él no estaba ya en condiciones de mostrar.
Sin embargo, creemos que un fuerte peso en la balanza, a la hora de tomar la decisión de dejar el cargo, tuvo que haber sido la filtración de personas vinculadas con el crimen organizado en el seno de los equipos de investigación de la misma CICIG, todo a raíz del nombramiento del nuevo Fiscal General, Conrado Reyes, un hombre de la confianza del Presidente de la República, Álvaro Colom, pues hasta hace poco fungía como asesor en el Registro General de la Propiedad, llevado por la administración actual.
Bien dice el dicho que a dos puyas no hay toro valiente. Ver socavada su credibilidad, por un lado, y ver minado el esfuerzo de un par de años por formar equipos limpios de investigadores, más la manipulación de expedientes de alto impacto, ligados a las serias acusaciones en contra de un antiguo Fiscal de Delitos Contra la Vida, Álvaro Matus, o a casos de genocidio, masacres y violaciones de Derechos Humanos, tuvo que ser desconsolador.
En el lejano oriente hemos visto muchas veces la inmolación auto infligida en señal de protesta. Es la manifestación de desacuerdo más seria que pueda haber en el planeta. La renuncia de Castresana, por ese doble cariz que he señalado, no puede considerarse, intrínsecamente, un sacrificio para sellar su desacuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que sus últimas declaraciones, denunciado las interferencias del nuevo Fiscal del Ministerio Público, deben tomarse muy en serio.
Las declaraciones de Castresana, en ese sentido, debemos analizarlas en un doble contexto: las que se refieren al pasado del fiscal que ha tildado de corrupto, porque ha estado ligado a bufetes de abogados dedicados a las adopciones ilegales y a defender narcotraficantes, situaciones que debieron ventilarse en la Comisión de Postulación y que, en todo caso, debieron hacerse públicas con anterioridad, y las que se refieren a la actuación del abogado Conrado Reyes en su carácter de Fiscal General, es decir, con posterioridad a la discusión de las posibles tachas e inclusive de su nombramiento.
Es importante hacer esta dicotomía porque unas deben ser consideradas extemporáneas. No podemos permitir que los procedimientos sean revertidos cada vez que a alguien se le antoja agregar un nuevo elemento de juicio. Para eso están las instancias y los plazos legales. Pero, por otro lado, las malas actuaciones de un Fiscal General, así tenga 24 horas de haber sido nombrado, si son comprobables, son cusas justas para removerlo del cargo por el mismo Presidente de la República que recientemente lo nombró.
Es, por eso, importantísimo que pueda investigarse, imparcialmente, hasta la saciedad, todos esos cambios de personal que hizo el nuevo Fiscal General; investigar, a su vez, los vínculos que ese nuevo personal pueda tener con prófugos de la justicia, procesados y mafiosos; resguardar inmediatamente los expedientes a los cuales ha aludido Castresana y, a su vez, hacer una investigación imparcial acerca de lo que, con ellos, ha sucedido en el último mes, paso a paso.
Si de la investigación seria e independiente que se haga todo resulta un mal entendido o una falsedad, habría que darle al hombre de confianza del Presidente Colom el beneficio de la duda y que siga trabajando; pero si empiezan a salir esqueletos del closet, habrá que exigir, con toda la fuerza del caso, su remoción conforme a la ley.
El problema es que uno de los investigados es el mismo Presidente de la República. Habría que vigilar, además de lo señalado por Castresana, qué pasó con el expediente en donde el ciudadano Álvaro Colom sigue ligado a juicio por haberse determinado que 500 mil quetzales provenientes de fondos de la Contraloría General de Cuentas, en la época de Marco Tulio Abadío, fueron a parar a sus bolsillos de candidato a la Presidencia. ¿Qué fiscal tiene a su cargo el seguimiento del caso? ¿Qué se ha hecho del mismo? ¿Por qué no accionó la CICIG si se trata de un caso claro de impunidad en Guatemala?
En fin, es de agradecerle, además, al doctor Castresana, no sólo la entrega y el dinamismo con que se involucró frontalmente en una lucha difícil que ahora no tenemos claro cómo seguirá, aunque confiamos en que ha de seguir igual o mejor, pero el hecho mismo de su renuncia, tan al estilo europeo, demuestra un nivel de sensibilidad que en nuestros países es tan difícil ver.
“Esta mula es mi macho” suele ser la idiosincrasia del funcionario que, por situaciones mucho más cuestionables, se aferran a los puestos como si fueran de ellos. Tal vez por eso en nuestros países se le tiende a decir “hueso” a un puesto en la administración pública porque, como perros, solemos aferrarnos a él, por insignificante que sea.
Que le vaya bien, Castresana. No tuve el gusto de conversar con Ud. pero sí lo escuché en algún evento interesante. Le deseo todo el bien.
Al Fiscal General, por el bien de Guatemala, también le deseo todo el bien. Ojalá las denuncias no tengan fundamento y pueda continuarse trabajando bien.
Al Presidente de la República también le deseo todo el bien, por más que él mismo se empeñe en tomar tan malas decisiones y con su proyecto político esté llevando al país a una crisis, faltando a su juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, cuando no representa ni la unidad de la nación.
A quién tome las riendas de la CICIG también le deseo lo mejor.
