URGE REVISIÓN DEL PACTO DE SAN JOSÉ

Dos médicos y una enfermera asesinados y enterrados clandestinamente por una banda de asesinos disfrazada de comisionistas en bienes raíces, en donde el móvil principal es apoderarse de valiosas propiedades pero demostrando el poco (no decimos nulo porque, dentro de todo, no eliminaron físicamente a la niña de tres años que acompañaba a la pareja) valor que tienen por la vida de seres humanos productivos, deben ser suficientes para ejemplificar el enorme malestar que la sociedad guatemalteca tiene con el sistema.

Ese sistema jurídico que contempla la pena de muerte para energúmenos sin remedio como estos, pero que por estupideces de algunos políticos, digamos, bienintencionados, por investigadores insustanciales o mayormente preocupados por cuestiones ideológicas, o por jueces banales o prevaricadores, nos tienen, como ciudadanía productiva, de rodillas frente a las hordas de hijos de puta (¡yo hablo en español de verdad!) que nos extorsionan, nos asaltan y nos ejecutan sin que poco o nada pase.

Es una vergüenza la reversión que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia viene haciendo de penas de muerte valientemente dictadas dentro de procesos legales que le han costado años de cargas impositivas a esta sociedad golpeada, con todas sus instancias, que ya no son dos, sino cuatro, por los argumentos que sean.

Ya lo hemos dejado por escrito en este espacio: el Pacto de San José se dio en un contexto de una América Latina totalmente distinta.

Las sociedades latinoamericanas de hoy, especialmente las sociedades como la nuestra que contemplan la pena de muerte, necesitan revisar ese tipo de compromisos, que no son de piedra.

Guatemala debiera liderar una revisión de ese Pacto que sólo favorece a los criminales.

No estamos en contra de que se respeten y se hagan respetar los Derechos Humanos, pero los asesinos deben ser ejecutados en un país cuyo andamiaje legal así lo contempla.

Queda demostrado, a través de las décadas de aplicabilidad de esa normativa supranacional, que somos la gente honrada, trabajadora y productiva del país quienes pagamos las consecuencias de que existan normas que permitan que se dé la sensación de que, hagan lo que hagan, no pasa nada.

LAS DOS MANOS QUE FALTAN

Guatemala es un país con muchas carencias. Probablemente son miles de manos que faltan, especialmente las de buena voluntad, las firmes, las de movimientos seguros y expertos que tanta falta parece que le hacen a las actuales autoridades, cuyos pasos en falso y resbalones nos han convertido en el hazmerreír de otros países.

Escribir hoy lo que tengo en mente no es cosa fácil. Lo hago asqueado e impresionado por la brutalidad que ayer manifestaron los delincuentes organizados para dejar cuatro cabezas y dos cuerpos humanos, sin éllas, en diferentes puntos de la ciudad, con mensajes dirigidos a las autoridades de gobernación y de presidios pero, curiosamente, una de ellas frente a la puerta principal de acceso al Congreso de la República.

Hace años, cuando me convertí en padre de familia, alguien me dijo que un padre debe tener sus dos manos siempre para sus hijos, con una de ellas los debe acariciar, pero la otra debe estar dispuesta a darles una nalgada cuando haga falta. Es, según quien me lo dijo, la única manera de hacer que los hijos lleven un buen rumbo y aprendan a convivir en sociedad, amando pero respetando.

Por eso se me ocurre que la primera mano a la cual me refiero debe ser esa mano cariñosa, cercana, que debe procurar que los hijos de esta Guatemala, especialmente quienes están en situación más vulnerable, se sientan acogidos en esta sociedad.

Los programas lúdicos para la niñez y juventud deben fortalecerse e ir acompañados de programas de educación formal y no formal, especialmente para aquellos jóvenes que se han ido quedando, para capacitarlos en algunas habilidades que permitan que no caigan o, en algunos casos, para coadjuvar en su rescate de actividades delictivas en las que, poco a poco, han ido cayendo.

La manera como esa niñez y juventud desvalida viene creciendo en el país debe ser preocupación del Estado, quien debe brindar la mayor parte de la infraestructura, pero también de la ciudadanía tradicionalmente apática frente a este tipo de problemas sociales que, ahora, desbordados, ya han venido afectando a todos.

Es una espiral que, entre todos, con cariño, con amor, debemos estar dispuestos a revertir, a mejorar, a inculcar en nuestros propios hijos para transmitir sus bondades.

En ese orden de ideas debieran revisarse, inclusive, las leyes que regulan las posibilidades de que hogares de buenos guatemaltecos puedan acoger niños desvalidos y ayudar a su desarrollo, sin tanta burocracia y sin tanto riesgo de verse el benefactor involucrado en problemas legales.

El sistema que se ha creado para proteger a la niñez la ha dejado más desvalida que nunca, porque hoy día casi sólo las instituciones del Estado están para atender esas decenas de millares de niños abandonados, y no hay presupuesto ni voluntad colegiada para atenderlos y protegerlos. Para muestra, el desamparo en que quedaron millares de niños con la reforma de la Ley de Adopciones.

La frialdad de la atención de una institución no se puede comparar con el calor de una familia, aunque no sea la de uno y aunque en los hospicios y demás hogares del Estado haya gente de buena voluntad.

A la par, los programas de paternidad responsable deben revisarse, e incluirse en ellos el de la maternidad responsable. La otra cara de la moneda, la paternidad y la maternidad irresponsables, también deben tener un tratamiento distinto en Guatemala y, ¿por qué no? convertirlas en actividades punibles. No podemos seguir permitiendo que padres y madres irresponsables sigan llenando de niños abandonados el país, con el enorme riesgo, o con estadísticas que pueden comprobar acerca de la conversión de estos niños y jóvenes en riesgo, en gran mayoría, en los delincuentes de hoy y del mañana. Y digo que nos siguen llenando de niños y no de hijos porque muchos de esos padres borrachos o madres drogadicatas no los ven como hijos porque inmediatamente suelen abandonarlos.

En el tema de actividades lúdicas pueden ofrecer muchísimo, a la patria, los grupos de músicos, de artistas de la plástica, los actores de teatro, etcétera.

Los alcaldes y el gobierno central pueden apoyar con lugares para montar los programas y con algo de presupuesto.  Además, con tanta ONG, no dudamos que también habrá mucho apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Es decir, nuestra propia comunidad, gente común y corriente, iglesias, gobiernos locales, funcionarios del gobierno central, todos, debemos hacer labor de rescate, principalmente, ante ese enorme problema social.

Ahora bien, la otra mano está relacionada con el tema recurrente de este espacio cuando hablo del valor Justicia y de lo pronta y cumplida que debe ser.

Esa mano que corrige a los niños, llevada a este nivel, al nivel social, debe ser la mano de la justicia, la cual nos tiene como estamos por endeble, por debilucha, porque todos se pueden burlar de élla, y eso hay que cambiarlo.

Habrá de revisarse las leyes para facilitar la llevada a cabo de los procesos penales y, así, poder estar en condiciones de recabar la prueba, aportarla y llegar a obtener sentencias condenatorias, cuando así lo ameriten las circunstancias, en el menor tiempo posible.  Eso incluye el fortalecimiento de la fase de investigación.

Un juicio que llega 7 u 8 años después que el delito se cometió no cumple con su cometido frente a la sociedad. El conglomerado social exige que, media vez se capture un delincuente, que se le juzgue y se le condene, pero eso rara vez está sucediendo y, cuando llega a pasar, es por actos antijurídicos que nadie recuerda; y lo peor, los que sí recuerda la población, como no entran a discutirse en un tiempo prudencial, la gente siente como si no pasara nada, como si el brazo de la justicia fuese incapaz de perseguir y atrapar a nadie, lo que ha venido convirtiéndose en fiesta para la delincuencia, que ahora se atreve a llevar a las puertas del mismo Congreso las pruebas macabras de lo que estoy explicando.

La inversión en cámaras de seguridad, comenzando en las zonas rojas de la delincuencia pero extendiéndose a todos los ámbitos, deberá ser un enorme disuasor, valga el término, fortaleciendo esa prueba que tanta falta hace. Y si son cámaras infrarrojas, mejor, así funcionarán cual celosos guardianes las 24 horas del día. Esto es vital no sólo para aportar pruebas sino como parte de la política de prevención que es urgente implementar.

Cuando hablamos de condenas de los delincuentes nos referimos a que los jueces sean lo suficientemente valientes y honrados para juzgar a los sujetos procesales por los delitos que verdaderamente son, y no nos vengan con ese jueguito odioso de ponerles otro tipo de delitos que implican menores penas, sustituírselos por faltas que devienen en penas pecuniarias, pero no de cárcel, o llegar al colmo de soltarlos por falta de mérito cuando han sido aprehendidos in fraganti.

¡Que no les tiemble la mano, además, para firmar sentencias de muerte! Está visto, con los actos brutales a los cuales me refiero, que hay delincuentes que jamás aceptarán redimirse, y que la sociedad tiene el derecho de extirpar esa enfermedad en lugar de seguir manteniendo, con exiguos recursos, a ese tumor purulento que, en cualquier momento, se nos puede volver a revertir.

Hay que aceptar dos hechos: que Guatemala es un país en donde, tradicionalmente, se ha aplicado la pena de muerte; y otro, que hay gentes tan malas, que simplemente no pueden estar en las calles ni vivir en sociedad, y que hasta adentro de los presidios siguen asesinando en cualquier oportunidad que les den.

Ya debía haber un equipo de juristas preparando la denuncia del Pacto de San José, si eso es lo que se requiere para que la pena de muerte funcione en Guatemala, en donde, dicho sea de paso, la tradición ha sido a través del fusilamiento, y no por inyección letal.

El Pacto de San José ya cumplió su cometido, pero a estas alturas es más bien una de las causas de que haya tanta conmoción social en este bello país con mayoría de gente honrada y trabajadora.

Paralelamente a la denuncia de dicho Pacto, Guatemala debiera estar en la capacidad de proponer otro tipo de Tratado en donde se deje establecido el irrestricto respeto a los derechos humanos, como ha sido la tradición de nuestras mayorías también, pero en donde se prioricen los derechos humanos de la gente honrada, no los de la delincuencia que mata, viola, secuestra, extorsiona, viola y asesina a esa gente buena y honrada sin que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga nada porque son particulares afectando a particulares y, por lo tanto, no se consideran violaciones a los derechos humanos, pero de hecho son miles los muertos, violados y secuestrados que, si pudieran opinar, me darían la razón (es más, invito a las víctimas que están vivas a que se manifiesten al respecto).

Se necesita un Pacto Hemisférico de Derechos Humanos de segunda generación, que le permita a nuestras golpeadas sociedades defenderse adecuadamente y conforme a la tradición histórica, de los embates de la delincuencia y de la delincuencia organizada, dado que las condiciones sociales de la América Hispana, cuarenta años después, son totalmente distintas a las de antes.

Paralelamente, es urgente que vayamos revisando la legislación que hace de los menores de edad seres inimputables. Ahí no inventaríamos el agua azucarada, ya que hay varios países, casi muchos, que ya se han adelantado modificando sus leyes para poder procesar y condenar, como adultos, a delincuentes juveniles; de la misma manera, han abierto la posibilidad de condenar, bajo otros parámetros, pero sí juzgarlos y condenarlos, a niños delincuentes, que los hay.

Está visto que las maras se han venido aprovechando de la circunstancia de inimputabilidad del menor para reclutar niños sicarios, niños asaltantes; y ya vemos que algunos jóvenes que no han llegado a la mayoría de edad, habiendo comenzado a delinquir de niños, ya tienen su propia "clica" y son jefes de bandas de asesinos y de extorsionadores, aunque no tengan todavía la edad de votar.

Todo tiene que cambiar si queremos que nuestra calidad de vida mejore.

Entonces, con esas dos manos, una acogiendo a la niñez y juventud vulnerable, pero la otra poniendo orden, podremos ir viendo cómo se va venciendo esta situación de delincuencia que ya no se aguanta.

Amas de casa que han quedado viudas de la noche a la mañana, familiares de pilotos de autobuses, de camiones de transporte de carga, ayudantes, empleados bancarios, taxistas, trabajadores que tienen que usar el transporte público, todos, en general, habremos de agradecer cuando aparezca alguien dispuesto a liderar este proceso, que tenga las ideas claras y los pantalones bien puestos para contener los embates, seguramente, de una comunidad internacional que, en un principio, podría adversar algunos cambios, especialmente la denuncia del mencionado Pacto de San José, pero que poco a poco habría de aceptar el hecho de que los guatemalecos, en nuestra gran mayoría, no somos violadores de derechos humanos, pero debemos defendernos y hacer algo por el bien nuestro y de nuestros hijos.

LAS BODAS DE PLATA DE LA CONSTITUCIÓN

El 31 de mayo de 1985 nació a la vida jurídica la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un cuerpo de leyes que le ha dado estabilidad a la nación estos últimos 25 años.

Contiene algunos elementos nuevos para el constitucionalismo guatemalteco, como la Corte de Constitucionalidad, después que Costa Rica empezó, en la región, a especializarse en el estudio y resolución de casos de esta rama del Derecho a través de la Sala Cuarta, de modo que desde hace 25 años Guatemala se puso a la vanguardia en la región, creando toda una Corte para administrar la justicia constitucional, la cual ha tenido más logros que tumbos.

También es producto de nuestra última Constitución la Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual fue creada como respuesta a varias décadas de problemas con un Estado represor en medio de un conflicto armado interno, por lo cual esta Institución es otro avance significativo para el país.

Distingue particularmente nuestra Constitución a la Vicepresidencia de la República porque tres de los Presidentes Alternos de la Asamblea Nacional Constituyente, de donde emanó, se vislumbraban durante los debates como próximos vicepresidenciables dentro de sus propios partidos políticos: Héctor Aragón Quiñones, del Movimiento de Liberación Nacional, MLN; Ramiro de León Carpio, de la Unión del Centro Nacional, UCN; y Roberto Carpio Nicolle, de la Democracia Cristiana, DC. Estos tres personajes se turnaban, civilizadamente, la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y con el respaldo de sus respectivas bancadas se encargaron de que la Vicepresidencia de la República no fuese sólamente un puesto decorativo, y le dieron, constitucionalmente, facultades y atribuciones de coordinación de los distintos gabinetes que en otros países no tienen, indistintamente que unos vicepresidentes han cumplido con tales atribuciones y otros no tanto. Nosotros estimamos que eso fue sano para delimitar, por lo menos en parte, el enorme poder del Presidente de la República.

El Tribunal Supremo Electoral fue otra institución novedosa, producto de reiterados fraudes electorales cometidos especialmente por la cúpula militar gobernante de los años anteriores, el cual ha venido garantizando la credibilidad de los procesos de elección.

Llega la Constitución Política a sus bodas de plata con una modificación, efectuada en 1994, que no es de las más felices. Por un lado se redujo nuevamente el período presidencial a 4 años, como era antes, lo cual no es de gran trascendencia, pero por el otro se politizó la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo resultado ha quedado evidenciado con las pugnas de poder que impidieron, el año pasado, alcanzar mayoría durante la mayoría de los meses del año, desgastando innecesariamente a un ente eminentemente administrador de justicia que no necesita politizarse para hacer su trabajo, que en principalmente jurídico, el cual de alguna manera no pudo desarrollarse normalmente mientras la pugna se dio.

Este desgaste se ha venido dando todos los años desde que la reforma entró en vigencia, y no hay elemento de juicio que haga pensar que tal circunstancia habrá de finalizar, como no sea promoviendo y aprobando una enmienda constitucional.

Durante los últimos años se ha venido discutiendo la posibilidad de reformar la Constitución. Es obvio que algunas normas constitucionales que se dieron como respuesta a los abusos de antes, hoy se desea revertirlos porque tales garantías han sido utilizadas, principalmente, por delincuentes o por bandas de delincuentes, favoreciéndose de plazos para interrogarlos, de limitaciones para efectuar cateos o escuchas telefónicas, etcétera; de modo que es una reacción natural para muchas personas que quieren ver a los infractores de la ley tras las rejas, solicitar dichos cambios constitucionales.

El debate acerca de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente está planteado y hay varias propuestas de reformas; sin embargo, hay muchos juristas que piensan que es inconveniente y hasta peligroso convocar a una Asamblea de dicha naturaleza.

Personalmente creo que la Constitución necesita algunos cambios, pero que dichos cambios pueden irse dando paulatinamente, mediante consultas populares, de manera que podamos ir teniendo un instrumento jurídico más acorde con los nuevos tiempos y las nuevas necesidades del país, pero sin correr los riesgos de abrir las puertas a modificarla abiertamente, especialmente tomando en cuenta la incursión que, en los últimos años, ha hecho el narcotráfico en la política nacional y de algunos países vecinos, con su dinero sucio, con sus presiones y extorsiones, lo cual es presagio de cambios pero en contra de la sociedad, no a su favor.

Uno de los temas que más pronto debe solucionarse, constitucionalmente hablando, es el de la pena de muerte, de manera que el país cuente, como antes, con este mecanismo para, después de un proceso judicial llevado a cabo con todas las garantías de defensa, se pueda proceder a ejecutar las sentencias de este tipo sin dilación ni limitación alguna como la sociedad en su conjunto está esperando, y así dejar de mantener, por cuenta de los impuestos de todos, varias decenas de asesinos inescrupulosos que no tienen posibilidad de rehabilitarse frente a la sociedad a la cual han ofendido, y muchos de manera reiterada.

No es que la pena de muerte se haya abolido, sino se ha creado un aparente limbo legal entre la Constitución Política y la del Pacto de San José en materia de Derechos Humanos, en donde la mayoría de juristas concuerda en que está clara la primacía constitucional, pero la ejecución de algunas penas de muerte podría abrir las puertas a sanciones económicas en contra del Estado de Guatemala. Un tema que deberá resolver alguien con pantalones, apoyándose en la Constitución y denunciando el Pacto.

Comentario final: como jurista siento y entiendo que la Constitución es sagrada; por ende, no entiendo por qué el encargado de conmemorar su promulgación, todos los años, es el Congreso de la República, que como institución nada tuvo que ver en el asunto, más que quedar disuelto mientras sus instalaciones físicas eran utilizadas para los debates. Es más, la mayoría de diputados constituyentes era gente honorable, contrario a lo que sucede hoy con el Congreso de la República en el que estos últimos son una minoría.

LA PENA DE MUERTE. ELUCUBRACIONES DE UN CIUDADANO.

Ahora que el Congreso Nacional, en una de sus variadas mesas de discusión, la de Seguridad, retoma el tema de la pena de muerte, parece propicio hacer algunas reflexiones sobre el tema.



Guatemala ha sido, tradicionalmente, un país donde se ha aplicado la pena de muerte. Antes era por fusilamiento, pero alguna corriente "humanitaria", después que en alguna oportunidad la prensa volviera un circo la aplicación de una pena de éstas, consiguió modificar la ley e instalar un módulo letal para provocar la muerte por inyección. Personalmente creo que debiéramos volver al fusilamiento. No hay nada de humanitario en terminar con la vida de una persona, sea del modo que sea.



La pena de muerte, en Guatemala, no se aplicaba con frecuencia pero sí funcionaba. Sin embargo, en alguna oportunidad, hace alrededor de diez años, algunos "brillantes" legisladores pretendieron quitarle al Presidente de la República la responsabilidad de decidir los recursos de gracia, ese último recurso que un condenado a muerte tiene para impedir que se le aplique la pena después que ha sido condenado en primera, en segunda instancia y, finalmente, en casación (y últimamente, hasta en la Corte de Constitucionalidad). Es un perdón de la vida y, a la vez, una conmutación de esta pena irreversible por una de prisión.



Al quitarle a dicho funcionario público la potestad de decidir sobre esta circunstancia, los legisladores "olvidaron" atribuir dicha responsabilidad a alguien más, de modo que, al existir un vacío legal, es decir, al existir en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de la cual es parte Guatemala, la posibilidad de plantear dicho recurso, pero sin que exista autoridad que lo resuelva, ahora nos encontramos con las cárceles llenas de condenados a muerte esperando, ad aeternum, que alguien diga si se les concede o no dicha concesión (para aquellas personas acuciosas, es el inciso 6to. del artículo 4to. de dicha Convención, la cual para su facilidad pueden encontrar aquí: http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html).

El recurso de gracia es un resabio del sistema monárquico, y proviene de aquellas sociedades que, en su evolución, no le quitaron totalmente la autoridad al rey, a quien se le concedía la gracia de perdonar delincuentes condenados a morir por sus fechorías. De ahí fue que pasó al sistema republicano, atribuyéndosele al jefe del Organismo Ejecutivo la facultad que tenían los reyes en otras latitudes del mundo y otras épocas y circunstancias.

La pena de muerte, en Guatemala, no está estipulada más que para delitos que, al cometerse, denotan de quien los comete un alto grado de violencia, de desprecio por sus semejantes y por la vida humana, y el Estado está en su derecho de prever la eliminación física de esta calaña de delincuentes.

Por otro lado, ninguno de los cientos de condenados a muerte que ha habido en este país, de los cuales hay, hoy, más de cincuenta pendientes de su ejecución, han sido juzgados a la ligera por los tribunales de justicia. Todos han gozado del derecho a defenderse, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la utilización de cuanto recurso ha estado a su alcance para evitar la condena, y si los tribunales los han condenado a perder la vida es porque, efectivamente, en la fase probatoria ha sido comprobada su participación en los diversos hechos delictivos que contemplan este tipo de pena.

Se puede sostener que en Guatemala no hay justicia porque muchos hechos antijurídicos quedan sin ligar a un responsable de los mismos, o porque algún personaje poderoso ha recurrido al arsenarl de recursos de los mejores abogados penalistas, pero al Estado de Guatemala jamás se le puede o ha podido juzgar porque se haya manipulado un juicio con el afán de condenar a un inocente a la pena máxima. Los juicios de carácter penal en donde un reo es condenado a muerte son totalmente serios y respetables.


Luego, resulta un ridículo la situación en que estos "brillantes" legisladores a quienes sin mencionarlos por su nombre, me he referido, han dejado al Estado de Guatemala. Una muestra más del principio de causalidad legal y de la importancia de que los diputados no sean tan ignorantes, por un lado, o tan arrogantes de creer que todo lo saben, como ha de haber sido en el presente caso, por el otro.

Recuerdo perfectamente uno de los últimos casos sonados de condena a muerte cuando todavía había posibilidad de ejecutar la pena. Fue el del tristemente famoso cabo del ejército, Nicolás Gutiérrez Cruz, quien en estado de ebriedad (que no es excusa sino agravante, según la ley), masacró con el fusil reglamentario a una familia, de la cual había logrado escapar, desppués de ver la muerte de su propia familia, un niño de unos 12 años, el cual gritaba, huyendo por la calle, implorando el perdón del delincuente, quien en total desprecio hasta por la vida de un infante, también lo ejecutó de varios balazos por la espalda, todo relatado por los vecinos que se constituyeron en testigos.

Después de un largo proceso judicial dentro del cual pudimos observar el "renacimiento" del asesino a la vida cristiana, fue finalmente condenado a morir, pero el entonces Presidente de la República a quien desde antes denominaban "huevos tibios", después de recibir la solicitud de gracia del criminal condenado, hizo la pantomima de meterse a una iglesia en la Sexta Avenida de la zona uno, a rezar, según dijo, y salió diciendo que se le conmutaba la pena por la de prisión.

¡Ése fue un error político garrafal! Es prácticamente, desde entonces, que en la sociedad guatemalteca se impregnó aquella sensación de que, haga lo que haga un criminal, "aquí no pasa nada". Posteriormente fue que la situación legal del recurso de gracia quedó en el limbo jurídico y esa situación de que en este país se puede hacer cualquier cosa sin recibir castigo, sólo ha ido impregnándose cada vez más en el subconsciente colectivo.

Durante años, especialmente en la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano y en comentarios a artículos de prensa, he sido defensor del derecho del Estado a aplicar la pena de muerte. Por supuesto que también creo que se debe invertir en programas sociales para revertir las posibilidades de que la juventud caiga en hechos delictivos, y generar mejores oportunidades para quienes, hoy, no alcanzan a ver más alternativa que la vida fuera de la ley, pero es innegable que la inmensa mayoría de delincuentes condenados a dicha pena ya no tienen manera de rehabilitarse, y tampoco es justo que, habiendo sido acreedores a dicha pena por la violencia comprobada de sus crímenes, el Estado tenga que cargar con su manutención para el resto de sus días.

Siempre he creído y sigo creyendo que las sociedades tienen el derecho de encontrar su propia solución para los problemas que le afligen, y si Guatemala tiene contemplado eliminar un miembro canceroso, que le hace daño al resto del tejido social, que mata, secuestra, viola sin escrúpulo alguno, como es el caso de un probado delincuente, está en su total derecho de hacerlo valer.

Corrientes favorables a la abolición de la pena de muerte sostienen que es inhumana, que es anticuada, que no está demostrado que ayude a bajar los índices de delincuencia, etcétera. Por el contrario, pienso que un castigo ejemplar establecido en la ley no tiene nada de inhumano; es hasta que alguien infringe la ley, con características peculiares que no ameritan una multa, ni una pena de prisión, sino que son actos tan graves que, por una ley anterior, se ha establecido que ésa es la manera de pagarle a la sociedad, son ellos mismos, los infractores, quienes se colocan en una situación que esta corriente puede denominar inhumana, no la sociedad en su conjunto que ha previsto no convivir con este tipo de delincuentes.

En cuanto a que es anticuada, todo lo relativo a modas, usos y costumbres es relativo. Anticuado se podría ver alguien utilizando uno de los primeros teléfonos celulares, o viendo una televisión en blanco y negro, pero para mí, formado académicamente en el ámbito del Derecho, no veo algo pasado de moda sino parte del entramado jurídico y de la historia de mi país que, especialmente bajo las actuales circunstancias, debe preservarse fortalecerse.

Los diputados del Congreso de la República están en la posición, me parece, de legislar de manera que Guatemala deje de hacer el ridículo condenando a muerte decenas de personas sin posibilidad legal, por el momento, de ejecutar las penas.

Sin embargo, también me parece inoportuno hacerlo durante el mandato de un Presidente de la República que no manda, que da muestras de faltarle los atributos necesarios para denegar 50 o 60 recursos de gracia y poner a funcionar el módulo letal las 24 horas del día hasta que el Estado de Guatemala se ponga al día con la tarea pendiente de hacer justicia en el país, tal como lo demanda la inmensa mayoría de la población.

Tampoco digo, sin estudiarlo a fondo, que Guatemala debiera denunciar el Pacto de San José, pero sí afirmo que se hace necesario que se revisen los delitos por los cuales se aplica actualmente la pena de muerte y los delitos que dicha Convención Interamericana de Derechos Humanos impide que se amplíe, aunque los tiempos señalan lo contrario. ¿O no es cierto que la mayoría de la violencia, en el país, es debido a fenómenos sociales y organizaciones criminales posteriores a 1969, fecha en que se aprobó dicha Convención?

Siempre he sido un defensor de los Derechos Humanos. Las primeras Comisiones a las cuales me integré a trabajar, por afinidad con los temas, cuando se fundó el Parlamento Centroamericano, fueron, en su orden, la de Derechos Humanos y la de Relaciones Internacionales. Creo en un Derecho Natural, pero me inclino por proteger, en primer lugar, los derechos humanos de las personas honradas, y con el paso de los años me he dado cuenta que mucha de la parafernalia creada para proteger esos derechos, ante realidades de otros tiempos, que justificaban esas medidas, han venido a atentar en contra de los derechos fundamentales de la población que no le hace daño a nadie, que está indefensa ante el embate de los delincuentes, quienes en el ejercicio de su libre albedrío se han colocado en una posición jurídica, moral y ética en donde ya no se puede hablar de sus derechos humanos sino de la consecuencia, frente a la sociedad, de la espontaneidad de sus actos malvados.

Me parece, insisto, que Guatemala debe darse la oportunidad de retomar el camino de las sanciones que sus leyes establecen, desbrozar de dicho camino los abrojos de tecnicismos que impiden el avance de la gente de bien y el desarrollo integral de las personas libres y honradas del país, a quienes bien les vendría que alguien comenzara a privilegiarlos por encima del trato de hotel de cinco estrellas que se les da a los convictos.