LA AUTOCRITICA

Preocupados por los eventos mundiales, que son más de orden económico y financiero, por los de la región centroamericana y, especialmente, por los de Guatemala, que son una combinación de lo anterior y de orden político, se nos ha metido en la cabeza que falta mucho de autocrítica.

Países industrializados tienen, por lo menos, un debate de altura, y estando los temas que afectan a todos, sean de índole económica, financiera, social o política, ligados entre sí, siempre finalizan, tanto en la academia, en la prensa como en los congresos, senados o asambleas legislativas, contenidos dentro del debate nacional, el cual conduce a rectificaciones, a reintentos o renovados impulsos en el quehacer de cada quien (persona) o de cada cual (institución).

No hablaremos del resto de Centroamérica, pero en Guatemala eso no existe. Simplemente no se da.

La academia, como los Colegios Profesionales, que podrían jugar un rol importante en el debate nacional, han sido politizados poco a poco por causa de leyes cada vez más numerosas que los involucran en temas políticos, perdiendo mucha de su capacidad de interlocución, de modo que la articulación de posiciones serias desde estos importantes sectores de la sociedad, los supuestamente más instruidos, se ha desvalorizado por su participación en procesos cuestionados o mal entendidos por la población, provocándoles un desgaste innecesario y haciéndoles perder peso específico.

Cosa parecida podríamos decir de los sectores religiosos en una sociedad en donde existe separación entre las cosas celestiales y las terrenales y, después de un tiempo en que se tuvo la tendencia a opinar de todo, muchas veces con fundamentos discutibles, se sufrió un desgaste institucional que, es nuestro sentir, todavía tiene consecuencias en aspectos de credibilidad en grandes sectores de población, aunque en otros suceda exactamente lo contrario.

La prensa, por su lado, que debiera jugar un papel de mayor peso en la formación seria de opinión, poco peso tiene en el resultado final en un país en donde no se lee, menos se escribe y los programas de debate se encuentran, en su gran mayoría, en canales que no son de la televisión abierta, que es la que es capaz de llegar a los grandes segmentos de población.

Es, la prensa, probablemente, y en ella incluyo los esfuerzos que se hacen en los nuevos programas de debate y discusión, la que tiene la voz cantante en lo que a crítica y proposición se refiere, aunque tiene la desventaja de que el mayor énfasis está en la primera. Lástima que la casta política nacional pareciera no verlos ni escucharlos (porque hay muy buenos en la radio).

Sin embargo, la clase política nacional a la que nos referimos, que tanta responsabilidad tiene en lo malo que le sucede al país y pocos puntos aporta en las cosas buenas que suelen acontecer, la que no acepta críticas, se mantiene criticando a sus opositores y, encima, no tiene capacidad de autocrítica.

La mala planificación tiene un origen político; la mala construcción también; la falta de supervisión en la ejecución de obras, el avance del flagelo de la delincuencia, la poca gobernabilidad, nuestra poca capacidad de elegir los mejores jueces y magistrados, la corrupción, casi toda la actividad cotidiana de los ciudadanos tiene un origen político. Ni siquiera esos cambios de partido de los diputados han podido detener ni explicar.

Visto a contrario sensu, todo acto político (incluyendo los administrativos) tiene consecuencia en la vida nacional, sea individualmente considerada o en función colectiva; de ahí la importancia de reflexionar, con conocimiento del pasado, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo que nuestras decisiones le están imprimiendo al país.

La oposición política, que debiera jugar un papel fundamentl orientando el debate hacia donde debe ser, construyendo país a la par de quienes ejercen el poder, no aparece por lado alguno, como no sea alguno que otro diputado o diputada que fiscaliza desde su posición del Congreso de la República.

No podemos decir que la oposición juega el papel que le corresponde cuando trata de impedir que avance la agenda legislativa, con cualquier pretexto que le den al público, pero trascendiendo que el interés deviene en que no se les ha dado su cuota presupuestaria, lo cual, encima, es una desfachatez.

En este país no existen líderes de la oposición, y los pocos liderzuelos que se ven por ahí no juegan un papel serio sino eminentemente electorero, demostrando, con esa actitud, que lo que les interesa es llegar a gobernar, no el país ni su gente, mucho menos la de esa Guatemala profunda que clama por justicia, por oportunidades, por igualdad, por que desaparezca la discriminación.

Ser opositor no es aparecer, de cuando en vez, con la camisa o la corbata del color del partido político al que se pertenece, o únicamente cuando hay una tragedia natural y se sabe que habrá cámaras.

Estamos seguros que nosotros contribuimos más al debate nacional, desde este blog, aportando las ocurrencias que salen de nuestro pensamiento, aunque no sean numerosos nuestros lectores, sin autoconsiderarnos líderes nacionales, que quienes han sido proclamados como tales.

Se hace necesario, entonces, que haya un proceso de autocrítica nacional de todas las instituciones y personas involucradas en parte de la agenda del país.

No es necesario que sea un evento en donde nos reunamos todos a criticarnos, pero sí es indispensable, para la convivencia en armonía y el anhelado despegue económico, que cada quien vea, personal o institucionalmente, de qué manera lo lleva a cabo. Podríamos decir comenzando por el gobierno y el partido político oficial, pero no. De veras, un esfuerzo de todos, incluido gobierno y partido oficial.

Nosotros, desde este espacio, los convocamos para llevarlo a cabo a la brevedad.

EL MONOPOLIO DE LA POLÍTICA Y EL ABSURDO DE LOS TESTAFERROS EN LA GENERACIÓN DE DELITOS POLÍTICOS

Hace unos días escribí sobre el sinsentido de la ley electoral guatemalteca, pero omití señalar que ese sinsentido continúa dándose hasta en las recientes reformas que efectuó el Congreso de la República al Código Penal, al tipificar como delitos electorales y establecer penas contra los supuestos agresores.

Esa sinrazón de nuestros legisladores, no cabe duda, viene ligada a las órdenes superiores a las que también me refería hace unos días al escribir sobre el poder real de los Poderes del Estado, y sería fácil ponerle, bajo las actuales circunstancias del país, nombre de mujer. ¿O me equivoco? Una clara intromisión del caudillo de turno en la creciente desvaloración e independencia del Organismo Legislativo.

Notas de prensa, hoy, señalan que la Corte de Constitucionalidad ha dejado en suspenso tales reformas al Código Penal, amparándose en un artículo que la faculta a hacerlo cuando la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables.

Ahora le toca pronunciarse, dentro de dicho proceso incoado por el representante-propietario de un partido político, al Tribunal Supremo Electoral, TSE, al Congreso de la República y al Ministerio Público, MP. Yo, por mi parte, lo haré en este espacio porque es un tema de legalidad, de política y de sentido común, algo que tanta falta hace en nuestro país.

Lo primero que se me viene a la mente es la estulticia del género de políticos que están detrás del asunto, quienes, siendo políticos, pretenden satanizar la política.

Por mi parte, yo pertenezco a esa rara especie de políticos que pretenden, utopía todavía, que el proceso político de Guatemala tenga un curso natural en donde las familias enteras participen, en donde la juventud se involucre porque es la única manera de ir formando un criterio, que sea una fiesta cívica no penalizada. Esos espacios lúdicos alrededor de la política, y esos espacios políticos, hoy que escribo, en lugar de ser ocupados por gente de bien proveniente de todos los estratos sociales y enriqueciendo el debate de las ideas, tiende a ser ocupado por una limitada gama de personas, muchas de ellas ruines, que contagian a las instituciones políticas.

Como diría Martín Fierro (el famoso personaje argentino de José Hernández): ¡Entendámosló! Los partidos políticos son instituciones de Derecho Público y la política es una actividad humana que, girando alrededor o con aquéllos, no va a desaparecer. Es totalmente necesaria para escoger cada cierto tiempo a nuestras autoridades, de modo que es bueno que vayamos santificándola en lugar de satanizarla, que la vayamos valorizando y limpiando de gentes ruines, para que vayamos, cada día, teniendo la posibilidad de mejorar las instancias políticas, especialmente los vehículos electorales y, de esa manera, mejor gente pueda participar para optar a los puestos de elección popular.

El afán de limitar cada vez más la actividad política, cuando es evidente que el oficialismo llega a hacer campaña para perpetuarse en el ejercicio del poder desde el día en que toma posesión, y encima tipificar como delito cualquier cosa que vaya dirigida hacia los opositores, pero que no tiene aplicación práctica para quienes gobiernan, reparten y hacen publicidad política multimillonaria con recursos del Estado, es nefasto para el proceso de selección de autoridades que, bajo tales parámetros, habrá de darse.

Las reformas a las leyes electorales o penales, en torno al tema político, no debieran estar enfocadas en penalizar las actividades políticas sino encaminadas a propiciar la participación en los asuntos políticos de Guatemala, de los casi dos millones de guatemaltecos que viven fuera del país pero que, con el envío de sus remesas, ayudan a sostener la economía. De este tema que vengo defendiendo desde principios de los años 1990's, cuando fui Fiscal del Partido de Avanzada Nacional ante el TSE, ofrezco elaborar otro ensayo. Baste decir que tienen que estar enfermos quienes patrocinan encarcelar a unos pocos y se olvidan de las grandes mayorías.

Por eso, hoy, públicamente, le pido a la Corte de Constitucionalidad que declare la inconstitucionalidad de ese decreto que, más que reforma penal, es un monumento a la estupidez y a la intolerancia. Argumentos legales no faltan. Basta leer los artículos 1 y 2, en los cuales se establece que el fin supremo del Estado es el bien común y que es deber de este el desarrollo integral de la persona; o el 35 que garantiza la libre emisión del pensamiento; o el 44 que establece la nulidad ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restinjan o tergiversen cualquier derecho que la Constitución establece.

El artículo 136 constitucional establece que son deberes y derechos de los ciudadanos, entre otros, participar en actividades políticas, lo cual merece un análisis más detenido: por un lado, participar en actividades políticas no sólo es un derecho inherente a la persona; desde elmomento en que la Constitución lo establece, además, como un deber, constituye una obligación de todos participar en la política nacional. Este artículo es intemporal, es decir, tan solo establece el deber y el derecho del ciudadano pero no lo restringe a determinada época ni lo condiciona a que el TSE o cualquier otra institución dé su banderazo de salida o indique cuándo sí o cuándo no se puede o se debe participar en política.

Desde este espacio le pido, tanto al TSE como al Congreso de la República y al MP, al primero y al último, que defiendan la Constitución y los derechos y deberes de todos los guatemaltecos y guatemaltecas; al segundo, que haga algo inédito en la historia política del país: que comparezca a evacuar la audiencia aceptando que se ha equivocado, de manera que allane el camino de la Corte de Constitucionalidad, en el presente caso, y regresemos todos a la cordura, a la legalidad, al sentido común que se ha perdido.

La actividad política la debemos rescatar todos del fango en donde pocos la han metido, primero porque es necesario limpiar el vehículo por donde los mejores hombres y mujeres del país deben montarse para gobernarse, caso contrario sólo se montarán quienes estén dispuestos a mancharse, y eso ya es limitar la participación de la mejor gente. Segundo, porque no lo hacemos por la legalidad, por nosotros o nuestro tiempo; todo lo que hoy hagamos por la patria y sus derroteros, todo es en beneficio de las generaciones futuras a quienes se suele mencionar pero no solemos involucrarnos en hacer algo concreto por dejarles un mejor país, y esto es un acto concreto en pro de construir una nación más fuerte, más digna, más acorde con el idealismo que nunca debemos perder. El lirismo de las típicas declamaciones de las fiestas de independencia con estos actos concretos dejan de serlo y se convierten, poco a poco, en beneficios tangibles.

La Corte de Constitucionalidad, en su corto historial, ha tenido de todo, pero generalmente, hay que reconocerlo, ha sido un instrumento de reserva moral, de reencausamiento de la dignidad y del Estado de Derecho. Hoy tenemos grandes esperanzas puestas en su actuación.

Finalizo diciendo que no es delito hacer política porque, involucrándose, haciéndola, hacemos patria. Son nuestros legisladores y los gobernantes de turno, entre otros, quienes con el tiempo han venido haciendo ver como que todo lo que no se haga de esta o de otra manera es ilegal o ilegítimo.

Considero que Guatemala se merece una total libertad de expresión en el ámbito político, y a excepción del tema de financiamiento, que con la incursión del narcotráfico y del crimen organizado es un problema real, no debería haber limitación alguna para que las personas o las instituciones políticas funcionen todos los días. La democracia se distorsiona si todos deben callar y solamente la primera dama o el delfin de turno se dedica a hacer campaña cuatro años antes de las elecciones siguientes. Si a eso sumamos que mediante argucias legales quieren, además, silenciar totalmente a los grupos opuestos a sus ideas e intereses políticos, resulta, entonces, que quienes violan la Constitución y estafan las aspiraciones del pueblo, son ellos y sus testaferros actuando desde los tres poderes y, a veces, desde los órganos descentralizados e independientes, como el TSE y la misma Corte de Constitucionalidad.

Por eso es hora que todos estemos vigilantes de lo que sucede en este entorno. En su defensa va en juego la calidad de nuestro futuro.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA GUATEMALTECA

Las noticias de hoy, en Guatemala, resaltan la tardía sesión del Congreso de la República, ayer, con el objeto de aprobar un paquete de bonos por 4,500 millones de quetzales en los que no se toma en cuenta las prioridades de la población: seguridad, salud, justicia.

Por el contrario, un análisis somero del uso que se le daría a esa enorme cantidad de dinero, nos advierte que, debajo de esa montaña de "pisto", lo que hay son componendas, ya no políticas sino electoreras. Tanto para el proyecto de la bancada Lider, tanto otro para el subsidio que le interesa a la Bancada Unionista.

Destacan las declaraciones incondicionales, hacia el gobierno de la UNE, del Jefe de Bancada de la GANA.

Bajo tales circunstancias, ¿quién dirá algo, siquiera, acerca de la utilización de 1,800 millones de quetzales tan sólo para el pago de intereses de deuda contraída con anterioridad?

El caso del Partido Patriota hay que analizarlo a la luz de otro contexto: con el gusto que le ha sentido su actual Secretaria General, Roxana Baldetti, a la luz de las cámaras, y el despliegue publicitario de otro miembro prominente del partido, en su programa de comunicador, ¿será que realmente ven en Otto Pérez Molina como su candidato presidencial el año entrante?

Los demás ni los menciono por su ausencia total, a excepción de la diputada Nineth Montenegro, quien ha venido realizando una labor profesional y digna de mi más serio respeto y apoyo.

Con una oposición política tan desarticulada y desacreditada frente a la población normal y corriente de Guatemala, mi vaticinio es que muchas cosas están por cambiar o por darse en el panorama preelectoral que vivimos.