La primera fue hace años, porque algunos diputados, la mayoría, se pusieron de acuerdo para recetarse una indemnización de 5,000 dólares estadounidenses por período, nos pasaron encima con una resolución que estuvimos deteniendo más de año y medio y no quedó más que demandar, solicitando las medidas cautelares que garantizaran la inamovilidad de los recursos mientras venía una nueva legislatura que, al no estar de acuerdo, revocara lo resuelto, como efectivamente sucedió.
Esta segunda demanda la planteé por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a su Reglamento Interno, por varias razones, pero especialmente porque se permitió que, en la elección de Junta Directiva, votaran los Observadores Permanentes de República Dominicana, sin ser diputados electos y, por consiguiente, por carecer de la calidad necesaria para elegir y para ser electo para dichos cargos. Además, el mencionado Tratado Constitutivo permite la acreditación de 20 observadores y República Dominicana tiene 22.
Toda esta trama fue fraguada, en su oportunidad, por Juan Francisco Reyes López y algunos otros diputados centroamericanos, especialmente del grupo político de izquierda, y usufructuada por un grupo de directivos espurios encabezados por la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macotto, abogada a la que no doy más que un trato de Coordinadora de Debates que, o no entiende la ley o la interpreta siguiendo las enseñanzas del depuesto presidente de su mismo partido, Manuel Zelaya, con la misma prepotencia y autoritarismo que a ambos les caracterizan.
Desde que la demanda fue planteada, los corifeos de Daniel Ortega en la Corte Centroamericana de Justicia se dedicaron a entorpecer la misma, con descalificaciones, desde adentro, a su propio Presidente, un jurista hondureño denominado Darío Lobo, a quien no conozco, todo con el afán de mantener control sobre el curso de las trampas.
A estas alturas, mi experiencia y mi visión política me señalan que la farsa judicial la quieren mantener el suficiente tiempo como para que los irrespetuosos Observadores de República Dominicana, quienes votan todos obedeciendo instrucciones de quien los puede destituir, el presidente Leonel Fernández, vuelvan a votar en bloque (o en piara) y coloquen de Presidente del Parlamento Centroamericano a uno de los seguidores más cercanos de Daniel Ortega, con lo cual podemos asegurar que, si los tentáculos del poder de Managua, con el dinero que le brinda Petrocaribe, ya tienen control sobre el organismo que debe administrar la justicia, poco le falta para que lo mismo se pueda decir sobre el organismo deliberante y que recomienda, control que hasta el 29 de junio en que Zelaya fue depuesto, fue ejercido por éste, Daniel Ortega y Leonel Fernández y Álvaro Colom, quien puso, mediante estos acuerdos, a su correligionario Julio González Gamarra.
Al final encontrarán el escrito presentado este lunes 7 de julio de 2009 ante la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual debería servir de denuncia pública de lo que está sucediendo en las instituciones de la integración de la región, para que la prensa y el mundo no sean sorprendidos, después, por situaciones que debieran ser del interés de todos.
Si este grupo ideológico actuara dentro de las normas democráticas, sin trampas, probablemente sería yo uno de los que apoyaría sus candidaturas, pero es insoportable la actitud autoritaria, prepotente, violatoria de las normas que, en su desesperación por tener poder, irradian por todos lados. Más les valdría trabajar por la integración y no por destruir el andamiaje legal, la seguridad jurídica, los principios democráticos y lo que no me cansaré de repetir: el sentido común. Por favor, entérese y comparta.
"Referencia: expediente 9-12-11-2008
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
Finalizo repitiendo, luego de que se ha enterado: comparta antes de que sea tarde.
He leído lo escrito en su blog en relación a la CCJ. Yo laboré como asesor legal por parte de El Salvador y, durante la nueva administración, me retiré por cuestiones que consideré reñidas con la moralidad y las buenas costumbres.
ResponderEliminarNo fui liquidado laboralmente conforme mis a mis derechos y por ello, demandé a la CCJ ante el Juzgado Segundo de Trabajo en Managua y mi caso se ha “estancado”, por ciertos "cabildeos", por casi un año y medio.
Mi demanda se encuentra clasificada al número 000418-ORM-2008-LB
Si quiere más detalles para unir esfuerzos favor contactarme a la siguiente dirección rene.alberto.langlois@gmamil.com . Tengo muchos datos que podrían ser de su interés.
René Alberto Langlois.: