LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA SE JUEGA ESTE MES SU JUSTIFICACIÓN

Está por cumplirse un año de que se violó, flagrante y descaradamente, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, al permitir, algunos diputados maquiavélicos encabezados por Gloria Oquelí de Macoto, que los Observadores de República Dominicana emitieran un sufragio que no tienen derecho de emitir, porque no son diputados, y llevar a su grupo a una Junta Directiva que nosotros hemos calificado de espuria, ilegal e inmoral.

La Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, el día anterior a la elección truculenta a la cual nos referimos, había notificado una medida cautelar, ordenándole a la Asamblea Plenaria, AP, del PARLACEN se abstuviera de incluir en el padrón electoral a quienes no ostentaran el cargo de diputados electos popular y democrácticamente, pero en la borrachera mental que causan las ansias enfermizas por llegar al poder, se sometió esa ORDEN de la CCJ a votación, y una mayoría que incluía a los observadores dominicanos decidió no hacer caso de la orden e incluir en el padrón electoral a dichas personas sin capacidad jurídica para votar en una elección interna del PARLACEN.

Para que se entienda bien, reitero con otras palabras: una orden de la corte jamás puede someterse a votación; aún así, los observadores dominicanos, en lugar de tener la decencia de apartarse mientras los demás decidían una cuestión que a ellos concernía, siguieron manchando un proceso ya viciado, votando todos a favor de ellos mismos.

Desde mediados de noviembre de 2008 está planteada la demanda correspondiente en la CCJ y ésta no ha sido capaz, no digamos de hacer valer una orden anterior emanada de ella misma, como hubiese sido de toda lógica, sino de resolver, casi un año después, sobre el fondo de la cuestión planteada, especialmente conociendo que el 22 de octubre de este año se llevará a cabo una nueva elección, y sin una resolución definitiva sobre este asunto, la seguridad jurídica de uno de los órganos más importantes de la integración de Centroamérica se verá seriamente comprometida, ya no por "güizachadas" internas, sino directamente por su falta de responsabilidad en la resolución de este importante tema.

La CCJ se ha convertido, últimamente, en un instrumento de la política de "copar las instituciones" del sandinismo nicaragüense. Ya lo he denunciado en este blog. Pero el PARLACEN está en el proceso de ir adquiriendo algunas facultades vinculantes, y las actuaciones de la institución, cuando dejan de ser internas en que relamente no afectan a nadie, tiene por fuerza que estar debidamente enmarcadas dentro de la ley. Caso contrario, no se justifica la existencia misma del PARLACEN si sus actuaciones son ilegales y, encima, comienzan a afectar a los ciudadanos de los Estados parte. Por ende, las resoluciones apegadas a Derecho están en el mejor interés de Centroamérica; muy por incima de las aspiraciones personales de Daniel Ortega o las de los sandinistas.

Menciono lo anterior porque este año le toca la Presidencia del parlamento regional al Estado de Nicaragua. Es sumando este dos más dos que colegimos el interés de los poco experimentados y comprometidos magistrados nicaragüenses en la CCJ por apoyar a uno de sus correligionarios diputados centroamericanos. Luego, pensar que no es sólo un interés sino una orden de quien los promovió para tales cargos, es bien sencillo. Es como un silogismo o una regla de tres mental.

Pero en su afán por continuar retorciendo las cosas por conseguir un fin, puede ser que algunos integrantes de la CCJ no reflexionen y caigan en cuenta que se están jugando la misma razón de su existencia. ¿De qué le sirve a un país una Corte Suprema corrupta? ¿De qué le sirve a una región una Corte de Justicia ideologizada, que no vela por la supremacía del Derecho ni pone orden, oportunamente, en las demás instituciones?

No es que no hayan tenido tiempo de resolver. El PARLACEN, ante el anuncio de Panamá de salirse del mismo, elevó a la CCJ una consulta sobre el caso, hace pocos meses, y esta Corte, lentísima hasta para hacer valer una orden emanada de ella misma, ya resolvió esta consulta posterior en un documento de 13 páginas de fecha 28 de septiembre de 2009.

Si puede evacuar una consulta que contempla varias interrogantes, ¿por qué no es capaz de confirmar lo que dice el Tratado Constitutivo del PARLACEN, afirmar que la elección del año pasado fue ilegal y, de paso, asegurar la pureza del proceso para la elección de este mes, que ya está en marcha?

Confiamos, por el momento, en el sentido común y la decencia del resto de Magistrados que integran la CCJ. Ya veremos qué sucede, lo cual es importante que conozca la ciudadanía centroamericana. Ojalá no se sienten las bases, con la falta de apego al Derecho en este caso, del desprestigio de la CCJ ante los ciudadanos que sirve. No hay nada peor para un pueblo que no creer en quienes administran justicia.