LA NEFASTA COSTUMBRE DE VIOLAR LOS TRATADOS Y LAS LEYES. EL CASO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

Cuando los Presidentes de Centroamérica se reunieron el 10 de diciembre de 1992, en el marco de la XIII Reunión de Presidentes, en la ciudad de Panamá, haciéndose acompañar de los Presidentes de las Cortes Supremas de los países de Centroamérica, quiero pensar que privaba la buena fe, el sentido de justicia y la responsabilidad por hacer las cosas del mejor modo posible, cuando le dieron vida al órgano jusrisdiccional de la región, estableciendo el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ.

En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).

Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.

Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).

La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).

El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.

¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?

Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.

Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.

Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!

Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.