De un tiempo a acá, las pandillas, que en Guatemala denominamos "maras", han venido ensayando, poco a poco, con explosivos. Han sido vehículos estacionados el objeto de sus pruebas, pero esos tímidos intentos han pasado a otra fase, la del terrorismo que ha sido poco percibido con las voladuras de torres de transmisión de energía eléctrica, pero que ha quedado más que evidenciado con el acto salvaje de hacer explotar una mochila cargada de gasolina adentro de un autobús de transporte de personas, el cual ocasionó casi una decena de muertes y muchísimos heridos.
Afortunadamente, en este último caso, como lo dejé documentado en entrega anterior, las instituciones encargadas de la investigación actuaron diligentemente, lo cual dio con la casi inmediata captura de la mujer, joven y tatuada, que se encargó de llevar, activar y abandonar el artefacto explosivo en el autobús.
Sin embargo, la historia del actual gobierno es la de drenar los recursos destinados a brindar seguridad a la ciudadanía, tanto en prevención como en equipamiento, investigación, capacitación, contratación de más personal, etcétera. El colmo es que ahora se gradúan policías en la Academia diseñada para tal efecto, pero no hay recursos para darles un arma con la cual puedan salir a patrullar, o no hay vehículos porque están descompuestos, o simplemente no tienen gasolina para hacerlos funcionar. Patética, en este sentido, una fotografía reciente que publicó la prensa escrita, de varias motocicletas estacionadas, juntas, con una enorme capa de polvo o de tierra encima, como evidencia del tiempo transcurrido sin poderse utilizar.
Así las cosas, es fácil prever que, si le están pegando a las torres de transmisión de energía eléctrica en que confluyen grandes intereses económicos y sociales, sin que el Estado (ya no digamos este gobiernito) tenga la capacidad de investigar, de dar con los responsables, de capturarlos y de llevarlos a juicio con la finalidad de condenarlos y de retenerlos en prisión, alguna respuesta, de otra naturaleza, habrá de provocarse.
Es lo mismo que sucedió en Colombia cuando el Estado no tenía la capacidad de actuar en contra de las acciones hostiles de narcotraficantes en contra de la población.
Es cuestión de tiempo que se organice un ejército privado que supla esa investigación que debe ser institucional y que encuentre soluciones a los ataques terrotistas de las pandillas a la red de distribución eléctrica.
Lo malo es que, después de formados estos grupos, ¿qué otros males nos deparará el destino?
Es indispensable que los diputados del Congreso de la República dejen de jugar con la población, permitiéndole a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, irresponsables casi sin precedentes, que hagan las transferencias que les den la gana a los programas clientelares de la Primera Dama.
Esa falta de acción o de capacidad para actuar nos está costando sangre y vidas. Ya basta de jugar con la población. Hay que poner el dinero detrás de las instituciones que deben salvaguardar nuestra seguridad y poner orden en este caos de país en que vivimos por culpa de unos pocos políticos que sólo quieren untarse la mano.
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martes, 25 de enero de 2011
martes, 19 de enero de 2010
JUSTO BALANCE ENTRE LO RURAL Y LO URBANO
Históricamente, Guatemala ha sido un país rural. Habiendo albergado la capital del Reyno de Goathemala, al final de la colonia el mayor centro urbano, Santiago (fundada el 10 de marzo de 1543), quedo destruida por un terremoto cuyas huellas todavía podemos apreciar en esa ciudad que hoy se llama Antigua Guatemala, y se dio un fenómeno pocas veces visto: el abandono de una capital y la fundación de una nueva (la Real Cédula tiene fecha 21 de julio de 1775), lo cual se concretó finalmente el 2 de enero de 1776.
La ciudad de Guatemala actual apenas tiene poco más de 230 años; poco si lo comparamos con otras ciudades.
Mientras esto sucedía, otros centros urbanos crecían, como Quetzaltenango, cuya pujanza industrial (especialmente en el ramo textil) y comercial, en momentos es que había declinado Santiago y Guatemala estaba en franca construcción, dieron pie a la declaración de independencia, formando el sexto Estado dentro de la Federación de Centroamérica, el Estado de los Altos.
Desde entonces, todos los centros urbanos han cobrado mayor importancia, donde destacan Escuintla, Coatepeque, Santa Lucía Cotzumalguapa, Cobán.
Quien toma la ruta a occidente, por ejemplo, no puede dejar de notar el crecimiento que ha habido en El Tejar y Chimaltenango, por ejemplo. Todos los centros urbanos han crecido en cifras considerables, especialmente después del terremoto de 1976, corriente que se acentuó todavía más a raíz del conflicto armado interno, ocasionando ese fenómeno de migración del campo hacia las ciudades, en búsqueda no sólo de seguridad y amparo sino de oportunidades que el área rural no brinda.
Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas, las características de nuestra nación hacen imprescindible que la visión que se tenga de país tienda a crear una especie de balance entre lo urbano y lo rural.
Es innegable que las personas que viven en el campo enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, como el agua potable, los drenajes, la energía eléctrica, los servicios de salud, la educación de los niños y niñas, la seguridad social, el abastecimiento de productos diversos, de medicinas, de ropa, etcétera.
La bancarización, los programas de electrificación rural y la telefonía móvil son proyectos concretos que han ayudado a acercarse algunos servicios a los pobladores remotos, pero eso no es suficiente.
Si el Estado no cumple con un propósito firme de sacar del olvido a las comunidades del ambiente rural de Guatemala, nuestro lindo país seguirá condenado al subdesarrollo.
La visión de una ciudad capital cosmopolita no elevará los índices de desarrollo humano del país.
Sin embargo, no puede olvidarse que los centros urbanos, en general (es decir, no sólo la capital), albergan, hoy, a las grandes mayorías. Es en los centros urbanos en donde existen grandes cinturones de pobreza que contrastan con las comodidades que la vida moderna pueden brindar a una clase media, por ejemplo, y esa gran cantidad de gente, jóvenes y niños especialmente, son el semillero de las pandillas organizadas para delinquir, de manera que no pueden dejar de atenderse si en el futuro queremos vivir en una sociedad sana.
Por eso debe haber un balance entre la atención que las políticas públicas le deben dar al desarrollo en el ambiente rural y en el ambiente urbano.
La justicia de las políticas públicas podemos decir que puede medirse en la medida que no olvidan a persona alguna, viva donde viva.
Pero las políticas públicas no proceden de internet. No hay un lugar dónde ir a escogerlas. Éstas se dan como un producto de la discusión y la toma de acuerdos de alguna diversidad de voluntades.
Quienes encarnan esas voluntades deben ser personas que hayan recorrido su país; que conozcan los problemas del área urbana; que hayan trabajado de la mano con las comunidades apartadas, que por el abandono del Estado son las mejores organizadas para atender sus propias necesidades y las más solidarias.
Sólo estando del lado de la gente puede uno darse cuenta de sus carencias, de sus necesidades ingentes, del anhelo de oportunidades, del engaño que generaciones de líderes políticos, tanto locales como nacionales, les han producido; de la frustración por ver pasar el tiempo y no lograr sus metas, que las tienen claras.
Es en parte por esa falta de atención que hoy tenemos el problema de las pandillas, las famosas maras. Otra cosa sería la historia si todos esos pandilleros, cuando eran niños, hubieran tenido la oportunidad de encausar sus sueños dentro de un sistema que les permitiera el mínimo desarrollo.
La ciudad de Guatemala actual apenas tiene poco más de 230 años; poco si lo comparamos con otras ciudades.
Mientras esto sucedía, otros centros urbanos crecían, como Quetzaltenango, cuya pujanza industrial (especialmente en el ramo textil) y comercial, en momentos es que había declinado Santiago y Guatemala estaba en franca construcción, dieron pie a la declaración de independencia, formando el sexto Estado dentro de la Federación de Centroamérica, el Estado de los Altos.
Desde entonces, todos los centros urbanos han cobrado mayor importancia, donde destacan Escuintla, Coatepeque, Santa Lucía Cotzumalguapa, Cobán.
Quien toma la ruta a occidente, por ejemplo, no puede dejar de notar el crecimiento que ha habido en El Tejar y Chimaltenango, por ejemplo. Todos los centros urbanos han crecido en cifras considerables, especialmente después del terremoto de 1976, corriente que se acentuó todavía más a raíz del conflicto armado interno, ocasionando ese fenómeno de migración del campo hacia las ciudades, en búsqueda no sólo de seguridad y amparo sino de oportunidades que el área rural no brinda.
Sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas, las características de nuestra nación hacen imprescindible que la visión que se tenga de país tienda a crear una especie de balance entre lo urbano y lo rural.
Es innegable que las personas que viven en el campo enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales, como el agua potable, los drenajes, la energía eléctrica, los servicios de salud, la educación de los niños y niñas, la seguridad social, el abastecimiento de productos diversos, de medicinas, de ropa, etcétera.
La bancarización, los programas de electrificación rural y la telefonía móvil son proyectos concretos que han ayudado a acercarse algunos servicios a los pobladores remotos, pero eso no es suficiente.
Si el Estado no cumple con un propósito firme de sacar del olvido a las comunidades del ambiente rural de Guatemala, nuestro lindo país seguirá condenado al subdesarrollo.
La visión de una ciudad capital cosmopolita no elevará los índices de desarrollo humano del país.
Sin embargo, no puede olvidarse que los centros urbanos, en general (es decir, no sólo la capital), albergan, hoy, a las grandes mayorías. Es en los centros urbanos en donde existen grandes cinturones de pobreza que contrastan con las comodidades que la vida moderna pueden brindar a una clase media, por ejemplo, y esa gran cantidad de gente, jóvenes y niños especialmente, son el semillero de las pandillas organizadas para delinquir, de manera que no pueden dejar de atenderse si en el futuro queremos vivir en una sociedad sana.
Por eso debe haber un balance entre la atención que las políticas públicas le deben dar al desarrollo en el ambiente rural y en el ambiente urbano.
La justicia de las políticas públicas podemos decir que puede medirse en la medida que no olvidan a persona alguna, viva donde viva.
Pero las políticas públicas no proceden de internet. No hay un lugar dónde ir a escogerlas. Éstas se dan como un producto de la discusión y la toma de acuerdos de alguna diversidad de voluntades.
Quienes encarnan esas voluntades deben ser personas que hayan recorrido su país; que conozcan los problemas del área urbana; que hayan trabajado de la mano con las comunidades apartadas, que por el abandono del Estado son las mejores organizadas para atender sus propias necesidades y las más solidarias.
Sólo estando del lado de la gente puede uno darse cuenta de sus carencias, de sus necesidades ingentes, del anhelo de oportunidades, del engaño que generaciones de líderes políticos, tanto locales como nacionales, les han producido; de la frustración por ver pasar el tiempo y no lograr sus metas, que las tienen claras.
Es en parte por esa falta de atención que hoy tenemos el problema de las pandillas, las famosas maras. Otra cosa sería la historia si todos esos pandilleros, cuando eran niños, hubieran tenido la oportunidad de encausar sus sueños dentro de un sistema que les permitiera el mínimo desarrollo.
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