Para quienes hacemos política sanamente y aspiramos al desarrollo de nuestros pueblos, los temas de impuestos, endeudamiento y presupuesto son simples medios dentro de actuaciones éticas, bien encaminadas hacia la búsqueda de mejores medios productivos, de mayores índices de salud, seguridad y educación y, en general, para que el nivel de vida de los más necesitados mejore en todo sentido y, al tener mayores y mejores oportunidades, nos volvamos un país de personas más productivas y orgullosas del esfuerzo de nuestro trabajo individual, del trabajo en equipo, como sociedad, y de la visión y hombría de bien de nuestros líderes.
Por el contrario, para quienes la política es únicamente el medio para enriquecerse a cualquier costa, sin importar muertes por desnutrición, crecimiento de la ignorancia y de los conglomerados de pobres y pobres en extremo de nuestra patria, poner nuevos y mayores impuestos, endeudar sin fin específico al país y aprobar presupuestos que solamente sirven para gastar en proyectos faraónicos que enriquecen a viles corruptos, sus familias y sus compinches de la iniciativa privada, esto es un fin, no un medio.
Durante mucho tiempo hemos insistido, cuando algo decimos en relación al tema impositivo, que antes que nada hay que arreglar nuestro sistema de compras y contrataciones (http://politicaysentidocomun.blogspot.com/2010/02/reflexiones-alrededor-de-cualquier.html), elevar los niveles de transparencia para que, a su vez, crezca el nivel de confianza ciudadana en sus gobernantes, quienes son, por ende, los ejecutores de los recursos del Estado.
¡Que se oiga fuerte! ¡Que se oiga claro! No a la corrupción de unos funcionarios que no entienden la pobreza de nuestras mayorías. No a los políticos de turno que no aquilatan lo que vale el aporte de los contribuyentes al esfuerzo nacional y, sin vergüenza, prevarican una y otra vez. No al contubernio escandaloso y falto de moral de una oposición política prepotente, que cree que unas encuestar autofabricadas los hace ganadores del favor de las mayorías en el proceso electoral. ¡No y no a todos estos energúmenos viciados en un festín de miles de millones de quetzales o de dólares! ¡No al despilfarro de nuestros recursos!
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martes, 2 de diciembre de 2014
domingo, 18 de abril de 2010
EL CONGRESO IDENTIDAD Y DESARROLLO RURAL
Este espacio me ha servido desde que fuera creado, a finales de marzo de 2009, para señalar, invariablemente, los desatinos y sinsentidos que, funcionarios y políticos, suelen cometer, tanto en nuestro propio entorno como en el internacional.
Sin embargo, hoy me encuentro con la sorpresa que las noticias traen, acerca de la petición conjunta que 843 líderes comunitarios le plantearan al Gobierno de la República a través de su Presidente, Álvaro Colom (y no al gobierno de Álvaro Colom, como dice la cantaleta publicitaria), sorpresa a todas luces positiva porque, por fin, va en el rumbo que el país entero necesita para salir de ese subdesarrollo crónico en que se encuentra.
Primero, señala la nota (Prensa Libre, domingo 18 de abril de 2010, página 6), solicitaron programas de educación trilingüe, a manera de hablar inglés para negociar sus productos con otros países, lo que denota, aunque la nota periodística no lo dice, que están pensando en no abandonar su lengua materna indígena, en estudiar el español y, además, el inglés. Esta primera solicitud, digna de aplauso para mis compatriotas comunitarios.
Otra demanda comunitaria, dice el artículo de prensa, es el fortalecimiento y ampliación de los incentivos a la educación preprimaria y rural, así como la capacitación en tecnología. Lo primero todo el mundo lo entiende y es bueno saber que ya existe conciencia, en el interior del país, de la importancia de comenzar el proceso educativo a temprana edad. También lo aplaudo. Lo que no queda muy claro, por lo amplio, es lo que los líderes comunitarios requieren por capacitación en tecnología.
Por el final de la nota, que hace énfasis en la tecnología para la producción y se refiere a invernaderos y sistemas de riego, creemos entender que se refieren a la tecnología agroindustrial, lo cual también es plausible pero insuficiente.
Las comunidades del interior se merecen más que eso. El país tiene una ventaja comparativa que ha pasado desapercibida, y es la Gremial de Productores de Software, la cual puede ser de gran utilidad para elevar la capacidad tecnológica virtual de muchos niños y jóvenes del interior del país que pueden, con su esfuerzo personal pero con el acompañamiento de la infraestructura del Estado, lo cual sí puede traer beneficios inconmensurables, por el momento, en el desarrollo rural, así como una radical elevación del nivel de ingresos de muchos habitantes del interior del país.
Lástima que hoy tenemos un gobierno encabezado por alguien cuya palabra de honor y niveles de compromiso están totalmente por los suelos, porque el final de esta nota estimulante, por el vigor que demuestran nuestros líderes comunitarios, es una promesa más de las múltiples a las cuales ya nos tiene acostumbrados Álvaro Colom; primero como candidato y luego como Presidente de la República, quien solamente tiene palabras para defender el programa Mi Familia Progresa, el cual sería excelente para las comunidades si se institucionalizara y transparentara, y no fuese, como es hoy, un instrumento político, discriminatorio y foco de corrupción.
¡Felicitaciones para esas comunidades que sí visualizan su porvenir de una manera sensata!
Sin embargo, hoy me encuentro con la sorpresa que las noticias traen, acerca de la petición conjunta que 843 líderes comunitarios le plantearan al Gobierno de la República a través de su Presidente, Álvaro Colom (y no al gobierno de Álvaro Colom, como dice la cantaleta publicitaria), sorpresa a todas luces positiva porque, por fin, va en el rumbo que el país entero necesita para salir de ese subdesarrollo crónico en que se encuentra.
Primero, señala la nota (Prensa Libre, domingo 18 de abril de 2010, página 6), solicitaron programas de educación trilingüe, a manera de hablar inglés para negociar sus productos con otros países, lo que denota, aunque la nota periodística no lo dice, que están pensando en no abandonar su lengua materna indígena, en estudiar el español y, además, el inglés. Esta primera solicitud, digna de aplauso para mis compatriotas comunitarios.
Otra demanda comunitaria, dice el artículo de prensa, es el fortalecimiento y ampliación de los incentivos a la educación preprimaria y rural, así como la capacitación en tecnología. Lo primero todo el mundo lo entiende y es bueno saber que ya existe conciencia, en el interior del país, de la importancia de comenzar el proceso educativo a temprana edad. También lo aplaudo. Lo que no queda muy claro, por lo amplio, es lo que los líderes comunitarios requieren por capacitación en tecnología.
Por el final de la nota, que hace énfasis en la tecnología para la producción y se refiere a invernaderos y sistemas de riego, creemos entender que se refieren a la tecnología agroindustrial, lo cual también es plausible pero insuficiente.
Las comunidades del interior se merecen más que eso. El país tiene una ventaja comparativa que ha pasado desapercibida, y es la Gremial de Productores de Software, la cual puede ser de gran utilidad para elevar la capacidad tecnológica virtual de muchos niños y jóvenes del interior del país que pueden, con su esfuerzo personal pero con el acompañamiento de la infraestructura del Estado, lo cual sí puede traer beneficios inconmensurables, por el momento, en el desarrollo rural, así como una radical elevación del nivel de ingresos de muchos habitantes del interior del país.
Lástima que hoy tenemos un gobierno encabezado por alguien cuya palabra de honor y niveles de compromiso están totalmente por los suelos, porque el final de esta nota estimulante, por el vigor que demuestran nuestros líderes comunitarios, es una promesa más de las múltiples a las cuales ya nos tiene acostumbrados Álvaro Colom; primero como candidato y luego como Presidente de la República, quien solamente tiene palabras para defender el programa Mi Familia Progresa, el cual sería excelente para las comunidades si se institucionalizara y transparentara, y no fuese, como es hoy, un instrumento político, discriminatorio y foco de corrupción.
¡Felicitaciones para esas comunidades que sí visualizan su porvenir de una manera sensata!
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Desarrollo Rural
lunes, 1 de febrero de 2010
LA LEY MARCO DE DESARROLLO RURAL, PROYECTO DE MÁS BUROCRACIA
Ha de haber sido en el año 2005 o a principios de 2006, antes de renunciar al Comité Ejecutivo del Partido de Avanzada Nacional, PAN, partido político del cual fui fundador, que llegué, representando a dicho partido, a las mesas de discusión del Plan Visión de País, específicamente para involucrarme en el tema que me apasiona, el desarrollo.
Lo que pude ahí observar es que, lejos de discutir los delegados acerca de lo conveniente para el país, toda intervención giraba alrededor del borrador de la Ley Marco de Desarrollo Rural que, para dichos efectos, fuera elaborada por técnicos de la Universidad Rafael Landívar.
Es más, dicho proyecto, que luego de discutirse ampliamente por los delegados de los partidos políticos, debía enviarse al Congreso de la República para servir de base a una discusión posterior y, por ende, a la promulgación de la ley respectiva, ni siquiera se terminó de discutir en el seno de las reuniones del Plan Visión de País y, así, fue remitido, quedándosenos en la boca aquel sabor a que los delegados sólo fuimos utilizados para darle legitimidad al proyecto de alguien más. Nunca entendimos las prisas y, ahora que se retoma el tema en el Congreso, varios años después, nos da la impresión que tuvimos muchísimo más tiempo para hacerle los cambios a dicho proyecto para que fuese más apegado a la realidad y no se sintiese, como creo, que es el producto de una pensada de escritorio.
Para pensar en desarrollo rural hay que conocer el campo, las comunidades, la gente, la burocracia, los problemas de transferencias, de pesos y contrapesos; en resúmen, hay que saber quién es quién en este país para poder proponer alguna ley que ayude a facilitar las cosas, no a entorpecerlas y a burocratizarlas.
Si pudiesen revisarse las actas de mi participación en la elaboración del proyecto de Ley Marco de Desarrollo Rural, podrá comprobarse cómo me opuse a tantas cosas que ahí se dicen.
Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio cree que el desarrollo rural podrá llevarse a cabo porque existe un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? ¿De veras se piensa que un gabinete de 14 personas, presidido por el Vicepresidente de la República y que integran prácticamente todos los Ministros de Estado, algunos Secretarios y otros Directores, va a funcionar si todos pueden presentarse a través de suplentes?
Luego se crea el tercer ente, el Verificador, que también integra el mismo Vicepresidente (o sea, él se verifica a sí mismo), y lo acompañan un representante de los rectores de las Universidades, otro de los partidos políticos, otro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y otro de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG's, que se dedican al desarrollo. ¿De veras se cree que los Ministros de Estado, que serán alrededor del doble en número, se dejarán verificar por este ente? Aquí la presidencia está planteada en forma rotativa.
Después, dicho proyecto de ley crea el Observatorio para el Desarrollo Rural, una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, concebida como la institución de carácter técnico asesor del Consejo Verificador. Curioso que, de una vez, el proyecto establece que se conformará con no más de cinco especialistas e igual número de asistentes y, de una vez, establecen algunos requisitos que dichas personas deben tener para poder integrarse a ese equipo selecto y, me imagino, bien pagado, aunque hacen la salvedad que dicho Observatorio contará con el personal administrativo indispensable que, en nuestros términos, ya sabemos cómo se interpreta eso.
El resto del proyecto se va en definiciones y en ver de qué manera se queda el Observatorio con los dividendos que produce la participación del Estado en el Banco de Desarrollo Rural, BANRURAL.
Como decía, si tuviesen oportunidad de ver las actas de dichas sesiones, si alguna vez se levantaron, podrán constatar cómo me opuse a una visión del desarrollo rural de mi país tan burocratizado.
Toda la parafernalia de instituciones en el enredo que se pretende aprobar está condenada a gastar y gastar para no producir, y eso no es lo que un político que quiere a su país pretende. Un político que sabe lo que podría suceder con tanto funcionario y tanto delegado, asistente, asesor y empleado público, debe alzar la voz por quienes esperan que la parte rural de Guatemala se desarrolle y no tienen los medios para señalar el camino incorrecto de una ley que, si no ha sido cambiada, no es la más conveniente para el país.
Se dice que dicho proyecto ya cuenta con dictámen favorable. Yo digo: ganó el clientelismo, y seguramente los diputados que aprobaron un proyecto de esta naturaleza, si éste es el proyecto que están por entrar a discutir en el pleno, estuvieron de acuerdo en aprobar porque estarán viendo otra institución a la cual enviar a sus recomendados, a sus segundos frentes, a sus hijos, entenados y sobrinos.
Guatemala se merece emprender su desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa Desarrollo Integral de Comunidades Rurales, DICOR, que en sus diferentes fases logró ayudar a muchísimas comunidades a salir del subdesarrollo en que se encontraban sin tanta burocracia.
El poco dinero del cual se dispone para desarrollo debe invertirse en proyectos de introducción y saneamiento de agua, en letrinización, en proyectos de riego y drenaje, en alfabetización, en renovación de cultivos que ayuden a las comunidades a volverse exportadoras, a la introducción de energía eléctrica en donde todavía no la hay. Cada quetzal invertido en más burocracia será un puñal incrustado en la espalda de la población más pobre y, por ende, más vulnerable.
Salir de la pobreza extrema requiere inversión, capacidad, creatividad, no más burocracia.
Lo que pude ahí observar es que, lejos de discutir los delegados acerca de lo conveniente para el país, toda intervención giraba alrededor del borrador de la Ley Marco de Desarrollo Rural que, para dichos efectos, fuera elaborada por técnicos de la Universidad Rafael Landívar.
Es más, dicho proyecto, que luego de discutirse ampliamente por los delegados de los partidos políticos, debía enviarse al Congreso de la República para servir de base a una discusión posterior y, por ende, a la promulgación de la ley respectiva, ni siquiera se terminó de discutir en el seno de las reuniones del Plan Visión de País y, así, fue remitido, quedándosenos en la boca aquel sabor a que los delegados sólo fuimos utilizados para darle legitimidad al proyecto de alguien más. Nunca entendimos las prisas y, ahora que se retoma el tema en el Congreso, varios años después, nos da la impresión que tuvimos muchísimo más tiempo para hacerle los cambios a dicho proyecto para que fuese más apegado a la realidad y no se sintiese, como creo, que es el producto de una pensada de escritorio.
Para pensar en desarrollo rural hay que conocer el campo, las comunidades, la gente, la burocracia, los problemas de transferencias, de pesos y contrapesos; en resúmen, hay que saber quién es quién en este país para poder proponer alguna ley que ayude a facilitar las cosas, no a entorpecerlas y a burocratizarlas.
Si pudiesen revisarse las actas de mi participación en la elaboración del proyecto de Ley Marco de Desarrollo Rural, podrá comprobarse cómo me opuse a tantas cosas que ahí se dicen.
Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio cree que el desarrollo rural podrá llevarse a cabo porque existe un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? ¿De veras se piensa que un gabinete de 14 personas, presidido por el Vicepresidente de la República y que integran prácticamente todos los Ministros de Estado, algunos Secretarios y otros Directores, va a funcionar si todos pueden presentarse a través de suplentes?
Luego se crea el tercer ente, el Verificador, que también integra el mismo Vicepresidente (o sea, él se verifica a sí mismo), y lo acompañan un representante de los rectores de las Universidades, otro de los partidos políticos, otro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y otro de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG's, que se dedican al desarrollo. ¿De veras se cree que los Ministros de Estado, que serán alrededor del doble en número, se dejarán verificar por este ente? Aquí la presidencia está planteada en forma rotativa.
Después, dicho proyecto de ley crea el Observatorio para el Desarrollo Rural, una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, concebida como la institución de carácter técnico asesor del Consejo Verificador. Curioso que, de una vez, el proyecto establece que se conformará con no más de cinco especialistas e igual número de asistentes y, de una vez, establecen algunos requisitos que dichas personas deben tener para poder integrarse a ese equipo selecto y, me imagino, bien pagado, aunque hacen la salvedad que dicho Observatorio contará con el personal administrativo indispensable que, en nuestros términos, ya sabemos cómo se interpreta eso.
El resto del proyecto se va en definiciones y en ver de qué manera se queda el Observatorio con los dividendos que produce la participación del Estado en el Banco de Desarrollo Rural, BANRURAL.
Como decía, si tuviesen oportunidad de ver las actas de dichas sesiones, si alguna vez se levantaron, podrán constatar cómo me opuse a una visión del desarrollo rural de mi país tan burocratizado.
Toda la parafernalia de instituciones en el enredo que se pretende aprobar está condenada a gastar y gastar para no producir, y eso no es lo que un político que quiere a su país pretende. Un político que sabe lo que podría suceder con tanto funcionario y tanto delegado, asistente, asesor y empleado público, debe alzar la voz por quienes esperan que la parte rural de Guatemala se desarrolle y no tienen los medios para señalar el camino incorrecto de una ley que, si no ha sido cambiada, no es la más conveniente para el país.
Se dice que dicho proyecto ya cuenta con dictámen favorable. Yo digo: ganó el clientelismo, y seguramente los diputados que aprobaron un proyecto de esta naturaleza, si éste es el proyecto que están por entrar a discutir en el pleno, estuvieron de acuerdo en aprobar porque estarán viendo otra institución a la cual enviar a sus recomendados, a sus segundos frentes, a sus hijos, entenados y sobrinos.
Guatemala se merece emprender su desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa Desarrollo Integral de Comunidades Rurales, DICOR, que en sus diferentes fases logró ayudar a muchísimas comunidades a salir del subdesarrollo en que se encontraban sin tanta burocracia.
El poco dinero del cual se dispone para desarrollo debe invertirse en proyectos de introducción y saneamiento de agua, en letrinización, en proyectos de riego y drenaje, en alfabetización, en renovación de cultivos que ayuden a las comunidades a volverse exportadoras, a la introducción de energía eléctrica en donde todavía no la hay. Cada quetzal invertido en más burocracia será un puñal incrustado en la espalda de la población más pobre y, por ende, más vulnerable.
Salir de la pobreza extrema requiere inversión, capacidad, creatividad, no más burocracia.
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