ENTRE EL IDEALISMO DEL POLÍTICO Y EL REALISMO DEL ABOGADO FRENTE AL TEMA DE LAS POSTULADORAS

     Como abogados estamos entrenados para navegar dentro del mundo de la realidad, pues el entramado jurídico ordena y encausa nuestro comportamiento en sociedad; de ahí que hemos sostenido, anteriormente, que la Constitución no tiene interpretaciones sino se acata.

     Por otro lado, nuestra faceta de político, no sujeta al acatamiento simple, en blanco y negro, de la ley, sino obligada a pensar y repensar los fines últimos del Derecho, para imaginar lo mejor para la convivencia en paz y hasta para la búsqueda de la felicidad, potencializa nuestra vena idealista.

     La mezcla equilibrada de esos dos elementos, en el entramado de nuestro proceso de elaboración mental de ideas, categorías y aspiraciones, nos hace repensar que los políticos que, en su quehacer legislativo, le dieron vida a las Comisiones de Postulación, esos entes colegiados conformados para iniciar el proceso de selección de funcionarios, y el proceso mismo de selección de candidatos, si no está planteado de forma totalmente equivocada es, por lo menos, erróneo, cojo, incoherente y negativo para los fines últimos que persigue: la búsqueda y selección de las mejores personas para ocupar cargos tan importantes para la nación.

     En anteriores ensayos hemos dicho que los políticos que fallaron en años anteriores, para tratar de subsanar sus propios errores, su falta de compromiso o las componendas de sus pares o de ellos mismos (¡quién sabe!), en un intento por despolitizar los procesos de selección, politizaron universidades y colegios profesionales; es decir, taparon sus errores del pasado con un planteamiento nuevo plagado de nuevos errores que, en esa ley natural de causalidad, producen nuevos y nefastos efectos.

     Por ejemplo, ¿cómo pretenderemos que se acerque la mejor gente a optar por cargos tan importantes cuando los candidatos son expuestos, públicamente, a que se les califique con cero puntos en el componente académico, cuando son profesionales con una larga y honrosa carrera a la vista de todos? Eso, en nuestro caso personal, lo consideraríamos una deshonra pública y ni nos acercaríamos a correr ese riesgo.

     ¿A quién se le ocurrió que una maestría, que dura dos años, o un doctorado, que puede durar unos años más, tienen más valor, para efectos de ocupar un cargo, que 25 o 30 años de ejercicio profesional exitoso?  ¿Desde cuándo la obtención de un grado opcional se convirtió en un privilegio para optar a un puesto en la estructura del Estado?

     Desde fines de los años 1990's en que fungíamos como funcionarios en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, recibimos una carta de un asesor del Congreso de la República de Guatemala invitando a un concurso en donde se privilegiaba a los abogados quienes tenían una maestría o un doctorado, lo cual motivó una respuesta nuestra, por escrito también, manifestando nuestra inconformidad, pues en nuestro quehacer diario, dentro del Banco, teníamos que vernos confrontados por "Doctores en Derecho" y, a la fecha de esa respuesta, nuestros argumentos de simple licenciado prevalecieron, siempre, sobre los otros, precisamente porque estaban fundamentados en razones jurídicas poderosamente sustentadas, tanto en cuestiones de forma como de fondo.  

     ¿Si no valorizábamos nosotros el título académico que sacamos con esfuerzo personal, quién lo iba a hacer por nosotros?

     Por otro lado, no podemos estar de acuerdo, tampoco, con que la proyección social sea un componente integrante de una calificación para alguien que debiera llegar a hacer una labor técnica.  Son dos cosas que tienden a confundir sobre lo benigna de la norma positiva, pero para nuestros ojos entrenados y a la luz de nuestra experiencia, la ley está profundamente equivocada y, además, se presta a cometer injusticias con respetables profesionales, generando que otros profesionales de altísima calidad se abstengan de participar por consideraciones que no debieran tener qué ver con la función pública que se desea cubrir.

     El procedimiento establecido para nombrar funcionarios podrá estar fundamentado en ley, pero a la luz de la Teoría General del Estado y del estudio de la historia de nuestras instituciones políticas, es equivocada.  Habría que ver qué estudios tenían los legisladores que aprobaron dicha normativa legal. ¿Será que todos eran doctores o sacaron, al menos, una maestría? ¿Y su proyección social? ¡Por favor!

     En el caso del nombramiento del Fiscal General se trató de restarle injerencia al Presidente de la República y lo que se produjeron, siendo el Presidente quien nombra finalmente, fueron negociaciones bajo la mesa y una excusa fuerte para lavarse las manos si el funcionario nombrado no cumple con las expectativas de la población, pues se vio constreñido a nombrar de una lista escogida por otros de antemano. ¿Habrá mejor excusa?  ¿No sería más transparente que el Presidente nombre, bajo su responsabilidad, y que el Congreso confirme posteriormente, después de estudiar la hoja de vida de la persona, como es en otros países?

     Pertenecer al gremio de los abogados y haber sido funcionario en el Registro General de la Propiedad nos permite decir, con absoluta autoridad, que no todos los profesionales del Derecho somos iguales.  El gremio de abogados debe ser depurado de verdaderos delincuentes que andan por la vida traicionando los valores que juraron algún día defender, así como a los miembros más débiles de nuestra comunidad.  Son pocos, pero su comportamiento condenable y muchas veces punible hace un daño terrible a la sociedad y a la imagen del gremio en su conjunto.

     Por otro lado, también hay profesionales del Derecho que son excepcionales en su calidad humana, formación académica sin necesidad de tantos títulos y visión de país.  Estos son a quienes la norma que regula la selección debiera estimular para que participen.

     Con procesos de selección de la naturaleza del actual, ¿cómo hacemos para que este tipo de profesionales, la mejor gente del país, se involucre en el manejo, al más alto nivel, de las instituciones del Estado?

     Es curioso que se exija tanto título, que sólo la academia puede dar, para optar a un grado superior a la licenciatura, y que sean los Decanos de las Facultades que otorgan esos grados superiores quienes conformen las Comisiones para nombrar funcionarios.  Porque esos grados no son gratis, cuestan dinero, y desde el momento en que hay un componente pecuniario de por medio entre quien nombra y los requisitos que deben tener todos los candidatos para el puesto, pues ya se vio que a quienes somos simples licenciados no se nos reconoce un solo punto a favor y, así, no podemos más que pensar mal.  ¡El sistema es, por donde se vea, perverso!

     Pero este proceso, a la vez, lo que ha estimulado es la creación de Facultades de Derecho en las Universidades que, antes de existir la Ley de Comisiones de Postulación, que les da injerencia en la selección indicada, no existían.

     Osho, uno de nuestros autores favoritos, es un realista declarado.  Nosotros no perdemos el idealismo.  La disyuntiva, entonces, es acatar sin pensar, cayendo en el conformismo, o razonar para estar en condiciones de producir cambios hacia un sistema virtuoso e incluyente de los mejores profesionales del país.  

     No es cuestión de obediencia versus deliberancia; es un poco más profundo.  La obediencia implica un ente superior mientras el acatamiento, en los términos planteados, es una decisión personal, un acto de voluntad dentro del proceso mental de deliberación.

     Ahora que viene el nombramiento de Magistrados para integrar las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, pensamos lo mismo.

     Como el proceso de nombramiento está politizado, los administradores de justicia que aspiran a integrar dichas salas entienden el juego y se meten a hacer política.  ¿O no es un reflejo de esto el que casi 100 jueces se hayan excusado de conocer un solo y sonado caso, el de un ex-Jefe de Estado?

     Así las cosas, nuestra búsqueda de balance de toda la vida entre lo real y lo ideal se inclina hoy por la sangre política que llevamos dentro, y en ese amor inmenso a nuestra patria y por verla, en un futuro, menos cooptada y más proclive a tener procesos justos, transparentes y cargados de sentido común, nos inclinamos hoy por el "qué debiera ser", en un idealismo real, podríamos llamarlo, porque la ciudadanía sabe que las cosas están mal planteadas y es real el sentimiento de cambiarlas, y nosotros razonamos a su favor y estamos con aquélla.

     La política debiera ser manejada por políticos, y estos debieran dejar de ser pusilánimes y asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y frente a la historia, con transparencia, con honorabilidad, expresando las cosas como son y con la verdad.  

     Todo esto es de sentido común.

     

LA JUSTICIA EN CENTROAMERICA PUEDE SER FORTALECIDA

El proceso de fortalecimiento del Sector Justicia en Guatemala, ha comenzado. Apenas da sus primeros pasos con la Ley de Comisiones de Postulación que impulsara la diputada Nineth Montenegro, que fuera engavetada por el oscurantismo y que, si no fuera por la sangre inocente derramada por Rodrigo Rosemberg y su legado póstumo de exigir Justicia, no habría pasado, jamás, de ser otro proyecto bien intencionado.

El Congreso de la República no soportó la presión de la Sociedad Civil en este tema, especialmente de la juventud que se organizó y comenzó a reunirse y a exigir con determinación. El proyecto se convirtió en ley y hoy, en Guatemala, podemos decir que ya tenemos la experiencia de un proceso diferente de elección que, si bien no es perfecto y puede con facilidad señalarse varios errores, también lo es que ha iniciado algo que es irreversible, que es susceptible de mejorarse y que seguramente se mejorará, que la Sociedad Civil no va a dejar de tener impulso en este necesario tema de la agenda nacional, y que hoy podemos sentirnos, todos quienes venimos apoyando este tema, con una sensación de satisfacción e insatisfacción.

Por nuestra parte, al recordarle a las más de 50,000 personas que nos congregamos en la Plaza Italia a pedir justicia por tantas muertes e independencia en la investigación de los asesinatos de dos empresarios y un profesional, en donde estaban señalados funcionarios de alto nivel del actual gobierno, comenzando con el Presidente de la República, que como parte importante de la independencia en la Administración de Justicia había que apoyar a la mencionada diputada Nineth Montenegro para que sacaran del archivo su proyecto de ley. El resultado de haber tenido una ley y un proceso de elección más transpartente que el anterior, nos hace sentirnos satisfechos.

Pero no lo estamos porque observamos que, en Guatemala, todavía hay mucho por hacer al respecto. Una de las principales tareas pendientes es la de vigilar la escogencia de los verdaderos operadores de la Justicia; me refiero a los Jueces de Primera Instancia y a los Magistrados de las Salas de Apelaciones, por un lado; a los Fiscales del Ministerio Público y a la Policía, por otros. Por supuesto que es sano tener magistrados sin tacha en la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se logró totalmente, pero mi experiencia me dice que la CSJ tiene funciones bien limitadas en cuanto a la Administración de Justicia propiamente dicha. Lo bueno es que, según entiendo, se está trabajando en el tema y no se cejará hasta obtener, algún día, algo diferente a lo que hoy existe en el país.

Sin embargo, mi visión va más allá. Mi experiencia política regional me hace ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, soy de la creencia que Guatemala no puede avanzar sola en este tema. Es necesario que este proceso de transparencia en la elección de Magistrados y demás Operadores de Justicia se traslade al resto de países de la región.

Puedo poner el caso de Nicaragua como un ejemplo patético que necesita antención, revisarse y, finalmente, con el apoyo de toda la población, que será directamente la beneficiada, modificarse, transparentarse, dado que hoy, aunque se atenta frontalmente contra el sistema democrático sin que la OEA o la ONU o la denominada "Comunidad Internacional" digan absolutamente nada, el Presidente Daniel Ortega la ha convertido en un fundo de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Tradicionalmente, los partidos políticos nicaragüenses se han "repartido" los puestos de la Corte Suprema de Justicia, pero Daniel Ortega se las ha ingeniado para poner magistrados vinculados directamente con él o con su partido, rompiendo con el principio de Independencia de Poderes, en donde hasta la autorización de cualquier franquicia no es un derecho del funcionario como en otros países sino algo previo para que pasen con el Presidente de la República para que se las autorice (por cierto, estoy en contra de ese tipo de privilegios).

Luego, que no nos extrañe que los magistrados de Daniel Ortega elijan como magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a otros magistrados de Daniel Ortega, como he venido denunciando en entregas anteriores, de tal manera que la revisión del procedimiento de elección de magistrados de esta Corte también se hace necesaria, para modificarlo y, además, para que exista un mecanismo para que las tachas puedan ser hechas valer por los ciudadanos, de tal manera que las personas que integren las cortes tengan el perfil adecuado para el alto cargo al cual se les elije.

La revisión de los procedimientos internos de selección de Operadores de Justicia y el establecimiento con claridad de los requisitos para acceder al cargo, son dos cosas que no le pueden hacer daño a nadie, más que a las bandas organizadas de delincuentes, algunas de las cuales están enquistadas en el mismo lugar desde donde se ejerce el poder. Estas son cosas que todos los ciudadanos deberían apoyar.

LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA LE PONE MUESTRA A LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

Las maestras que enseñan a los niños a leer y escribir suelen poner muestra en los cuadernos de ejercicio, es decir, señalan al principio de cada página en blanco cómo debe irse conformando cada una de las letras, luego palabras, para comenzar el proceso intelectual de la escritura. Es algo por lo cual tuvieron que pasar Neruda, Borges, Cervantes, Shakespeare, Nietzsche, Freud.

Hoy podemos hacer una comparación parecida entre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, CCG, y la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ; la primera como maestra abnegada, la segunda como pupila caprichosa.

Quienes han seguido mi blog saben que desde el año pasado hubo una elección a todas luces ilegal en el seno del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, ilegalidades que fueron objeto de una demanda interpuesta por nuestra parte, desde hace casi 11 meses, ante la CCJ, sin que ésta haya puesto orden en el Parlamento.

Por otro lado, en Guatemala estamos en el proceso de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y de las Cortes de Apelaciones, CA, mediante un procedimiento nuevo y novedoso por el cual ha venido peleando incansablemente la diputada Nineth Montenegro, cuyo proyecto de ley había sido ya engavetado cuando asesinaron cobardemente al abogado Rodrigo Rosemberg Marzano, famoso en el mundo por el video que dejó grabado denunciando a quienes, según él, lo mandaron a matar. Rosemberg, en su alocución post mortem hace un llamado para que la sociedad guatemalteca ya no se deje y cambie las cosas, lo cual le dio un nuevo impulso al empolvado y "ninguneado" proyecto de ley, el cual se convirtió en ley ordinaria, propiciando un proceso de elección en donde su publicidad, que es lo más novedoso, permite la ingerencia de la sociedad civil con el peso de su opinión, con la presentación de denuncias públicas, con el análisis más cuidadoso de los candidatos, a quienes la constitución guatemalteca manda que deben ser personas sin tacha.

Durante la evaluación de currículos por parte de las Comisiones Postuladoras, surgieron los nombres de varios profesionales a quienes se les ha descubierto las más diversas "tachas". Además, el Congreso de la República, a quien corresponde finalmente elegir de la lista de aspirantes que la correspondiente Comisión Postuladora le envía, no discutió públicamente ni procedió a elegir a cada aspirante a Magistrado de la CSJ, sino procedió a elegir a los magistrados de la Corte, titulares y suplentes, mediante la elección de una planilla, presumiblemente "negociada" desde antes.

La sociedad civil, muy activa en el tema, considerado crucial en el futuro del país, presentó inmediatamente, a través de tres connotados abogados, un recurso de amparo ante la CC, al cual se han pretendido adherir innumerables personas; y aquí es donde puedo afirmar que la CC le está poniendo muestra a la CCJ: lejos de dejar dormir el expediente, la CC resolvió, en cuestión de horas, enmendarle la plana al "Honorable" Congreso Nacional, obligándolo a recibir las denuncias acerca de tachas de los aspirantes y, especialmente, a sustituir a los elegidos con tacha por otros que no la tengan, resolución que ahora el Congreso de la República tiene obligación de cumplir, dando al traste con las componendas que tienen meses de venir fraguando, como ha trascendido.

Por el contrario, la CCJ sigue dormida en sus laureles, esperando, quizás, que la elección de nueva Junta Directiva de este mes, programada para el 22 de octubre, pase desaprecibida, y así como los 22 votos de simples observadores favorecieron a la diputada hondureña Gloria Oquelí de Macoto, ahora vengan a favorecer al nicaragüense a quien le toque la Presidencia, presumiblemente un sandinista, seguidor de Daniel Ortega, el Presidente de ese país que controla la administración de justicia de su país y pretende controlar, a través de sus seguidores, por fidelidad o por compromiso adquirido a cambio de su impunidad, la administración centroamericana de justicia.

Bien haría la CCJ en voltear a ver cómo se hacen las cosas en la CC de Guatemala. Algunos ejercicios en su cuaderno no le vendían mal. Recuerden todos la premisa: justicia retardada o manipulada, no es justicia.