DE POR QUÉ HAY CUCARACHAS EN LOS TRAPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La historia tiene muchas cosas qué enseñarnos; es fascinante, por un lado, leer sobre hazañas antiguas, sobre cómo la suma de muchos eventos separados por las distancias y por el tiempo, fueron dándonos lo que hoy conocemos como "civilización"; pero por el otro, triste ver que muchas veces nos negamos a aprender del pasado, repitiendo nuestros errores una y otra vez, sin necesidad, pudiendo vivir mejor pero somentiéndonos a nosotros mismos, y arrastrando a la sociedad que depende de nuestras decisiones, en abismos, crisis de gobernabilidad y hasta asco por la cosa pública.

Dos casos preciosos de comparar son, el primero, el advenimiento de la cultura griega, con el énfasis en sus conquistas, tanto de territorios como intelectuales. Fue ahí donde nacieron algunas instituciones de hoy, como la democracia, la república, el sufragio.

Sin embargo, el segundo caso, la consolidación de Roma como una potencia mundial, es interesantísimo, pues no sólo aprende de los griegos, a quienes muchas veces desvaloriza y hasta desprecia, sino los supera en muchos campos, proveyéndole a la civilización occidental, por primera vez, la implantación de un poder estable y fuerte, fundado no ya por las aventura intrépidas de algún héroe sujeto a perecer, como sucedió con el vasto imperio de Alejandro de Macedonia, quien con todo y ser "Magno", no tenía instituciones que hicieran pervivir sus grandes conquistas.

El milagro romano que se acrecienta con el paso de varios siglos se debe, principalmente, a las tradiciones de sus ciudadanos, quienes fundaron sus instituciones sobre la base de la grandeza de su colectividad, más que sobre la genialidad de algún general.

Inspirado, quizás, en los siglos de historia de estos dos pueblos admirables, y teniendo en mente, principalmente, la fortaleza de las instituciones que nos legaron, pienso, ya no en la Institución, en sí, sino en la debalce que existe alrededor de alguna de éllas, principalmente porque nuestros legisladores, pensando hacer un bien, ocasionaron otra serie de efectos nada edificantes para la vida en sociedad, para el brillo de una eficaz administración de justicia y para que, sin esta última, nos sintamos muchas veces agobiados por la delincuencia, por los altos niveles de violencia, por la impunidad que impera, por la falta de justicia, por los retardos y situaciones incomprensibles.

Además, la defensa del orden constitucional y del Estado de Derecho es obligación de todo ciudadano, y se enfatiza en la medida que mayor cultura general y democrática se tiene, pero lo anterior no obsta a que, siendo los primeros en defender la legalidad y la jerarquía de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, también lo seamos al criticarlo, porque muchas veces el legislador carece de sentido común, elemento esencial para que una norma jurídica permanezca vigente en el andamiaje legal del país, y viviente en el imaginario popular.

Esa crítica se hace especialmente seria (no que exista otro tipo de crítica en este campo) cuando se trata de elegir magistrados, tanto para la Corte Suprema de Justicia CJS, como para la Corte de Constitucionalidad, CC, esta última con apenas veinticinco años de vigencia y que, de un modo o de otro, ha venido a dejar en entredicho lo "supremo" de la CSJ, que hoy se ve como una instancia intermedia, toda vez que suele llegarse, en última instancia, a ver qué decide la CC.

Sin pretender en este ensayo efectuar un análisis profundo y doctrinario, mucho menos exhaustivo de lo que debieran ser las reformas a la Constitución, sí nos atrevemos a comentar el tema indicado en el párrafo anterior.

Por ejemplo, para que no recayese el nombramiento de magistrados en una sola persona, porque no se puede confiar en nadie, y según se desprende de los mecanismos que se les ocurrieron a los legisladores constituyentes, mucho menos en los políticos, se procedió a politizar universidades y colegios profesionales, con tan buena fe, quizás, que no lo vieron venir y pensaron que al involucrar a la academia y a los gremios, estos iban a actuar de manera distinta a como venían actuando los políticos, pero la experiencia de un cuarto de siglo demuestra que sucedió exactamente al revés: ahora las universidades y los colegios profesionales están tan politizados como los partidos políticos o el Congreso de la República, especialmente en la época que antecede y durante la selección de magistrados a las dos cortes indicadas y a las salas de apelaciones del Organismo Judicial.

No es restándole responsabilidad a los políticos, y delegándosela a otras instituciones, por pulcras que parezcan ser en ese momento, que llegamos a la situación ideal en que los rectores y los abogados activos tendrán alas de querubines al momento de elegir.

La realidad es que los niveles de corrupción que ha habido prácticamente ponen en bandeja de plata, a los grupos organizados para delinquir, el sistema de elección de los profesionales del Derecho que habrán de juzgarlos (o de absolverlos) después.

Tiene que ser muy lucrativo poner magistrados como para que se gasten la cantidad de dinero que, evidentemente, "invierten" en cursos pagados en el exterior, pasajes, hoteles, fiestas, convivios, centros de llamadas, campos pagados, "entrevistas espontáneas", etcétera.

Por eso tenemos mucho tiempo de sostener que la elección de magistrados, para cualquiera de las cortes, no debiera ser en grupo, sino puesto por puesto, para que haya suficiente tiempo y capacidad de atender a quién se está nombrando (así, con tilde, pues nos referimos a qué tipo de persona es, y no precisamente al hecho de quedar bien con ella, atendiéndola).

Los cargos deberían, a su vez, ser de carácter vitalicio, salvo que haya motivo suficiente como para abrir un proceso de destitución con sus mecanismos bien establecidos de antemano. ¿Es que no son ejemplares los comportamientos de este tipo de magistrados en otros países?

Es decir, debe haber una manera de cambiar la Constitución para establecer no sólo los pesos y contrapesos en el nombramiento original de toda una Corte, magistrado por magistrado, en carácter de vitalicio, que recaiga en los políticos pero con el acompañamiento de toda la ciudadanía mediante audiencias públicas, para que, una vez nombrada la persona, comience a trabajar independientemente, sin tener cada magistrado, en lo particular, que andar tratando de quedar bien con los grupos de presión en que se han convertido quienes los nombran.

Luego, cada vez que un magistrado renuncie porque no se siente ya en condiciones de continuar ejerciendo, o que fallezca, la autoridad política encargada de nombrar abriría de nuevo el proceso de nombramiento de una única plaza para que lo ocupe la persona que deba sustituir a quien la dejó vacante, lo cual acapararía la atención de toda la ciudadanía, caso por caso, como sucede en otros países en donde así se hace, lo cual evitaría, en gran medida, que se vayan colando, en calidad de nuestros máximos jueces, profesionales que hayan tenido algún registro de actividades reñidas con la moral o con la ética.

Es decir, media vez el enorme peso de la sociedad civil tiene enfocada su atención en las hojas de vida de los aspirantes, enfocándose en ellos uno por uno, el peso de moral de la autoridad nominadora o de cada uno de sus integrantes baja de valor relativamente, y se fortalece el de la ciudadanía que conforma la opinión pública del país y a quien, en última instancia, al ser nombrados, deberán llegar a servir.

No podemos seguir nuestra vida republicana con el tipo de tropiezos que nuestro actual texto constitucional contiene. Hasta la reforma que se hizo hace unos años, en lugar de despolitizar a la CSJ, terminó de arruinarla al establecer el mecanismo poco sensato, para una corte, de elegir presidente cada año. Es tan burda esa modificación que hasta se llega a pensar, a veces, que se hizo a propósito para enredar más las cosas y hacerlas más asquerosas ante los ojos de la ciudadanía, o más susceptibles a la manipulación.

La CSJ debe continuar siendo la Corte Suprema y no una instancia intermedia. La CC, por su lado, debe tener una jurisdicción especializada y eminentemente constitucional que le permita actuar y desenvolverse en ese campo sin interferir con la administración general de la Justicia en el Organismo Judicial, OJ, y en la CSJ.

Es el sistema el que debiera designar al Presidente y no el acto de voluntad de las personas que conforman la CSJ, ya sea recayendo dicho cargo en la persona de mayor edad, ya en el colegiado activo más antiguo, da igual; la cuestión es que nuestros magistrados no debieran verse envueltos en dimes y diretes ni luchas que muchas veces se interpretan como de poder, pero que alguien avezado puede tener lecturas diferentes, pues también ha habido grupos de gente de bien cuyo único pecado ha sido tratar de que la CSJ no caiga en manos de las mafias.  Esas críticas a las personas de los magistrados supremos, son ingratas; se las merecen los malos o ingenuos legisladores que los metieron en un enredo cada año.

Otro error constitucional que hay que cambiar es que el Presidente de la CSJ, que lo es también del OJ, es quien maneja su inmenso presupuesto y dispone de nombramientos, permutas, traslados y toda esa parafernalia de actos que les dan algo de poder administrativo, cuando los magistrados deben estar, digamos, con la cabeza metida en los fallos que competen a la administración de la Justicia, que es un valor supremo que no debe mezclarse con negociaciones con sindicatos, autorizaciones de viajes, compras y todas esas cosas que tienden a corromper.

El manejo transparente de los recursos del OJ, a través de un Gerente nombrado independientemente de los magistrados, con sistemas integrados de administración financiera que permitan la vigilancia ciudadana de lo que con tales recursos de hace, deviene indispensable y es complementario de las ideas anteriores.

Con estos cambios constitucionales estaríamos devolviéndole su preponderancia original a las universidades en los temas académicos, y a los colegios profesionales en los ámbitos de su propia competencia; y tendríamos un Congreso de la República responsable por el nombramiento de un buen o un mal magistrado, electo mediante selección individual, contrario a lo que hoy sucede, con universidades y colegios profesionales politizados y un Congreso y un Presidente de la República totalmente irresponsables en público, pero muchas veces manipuladores del sistema, pues como todo se hace simultáneamente y son varios los actores, si algo sale mal es "el sistema" o, lo que es peor, porque las cosas son así y no pueden no ser así, lo cual no es exactamente cierto.

Un sistema constitucional en donde los roles de cada quien estén bien determinados se hace totalmente indispensable y hasta urgente.

Ojalá tengamos la oportunidad, los ciudadanos guatemaltecos, de hacer los cambios necesarios en nuestra Constitución, y los que en este ensayo trato son sólo una muestra, con la pretensiosa idea de que, quizás, algún día los antropólogos sociales, dentro de unos dos o tres mil años, volteen a ver nuestras instituciones políticas y jurídicas como símbolo de la sensatez de la ciudadanía y de los líderes políticos de nuestra época, tal como nosotros volteamos a ver la Grecia Clásica y la Roma Republicana y, luego, Imperial.

NECESARIA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Nos parece una aberración jurídica y, de paso, una nueva actitud antiética, que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se inhiba de participar en la Comisión de Postulación para nombrar a quien deba de ocupar el cargo de Fiscal General de la República, aduciendo razones de salud, pero que sí la tenga para continuar presidiendo la Corte Suprema de Justicia.

Por donde se vea, la actitud torcida de dicho Presidente de uno de los Organismos del Estado, no puede respaldarse sin fallar uno mismo a la legalidad, a la ética, al Derecho (que es distinto) y al sentido común.

La presión que ha tenido de parte de muchos sectores y por la cual el resto de la totalidad de Magistrados de dicha Corte Suprema, por unanimidad, le han solicitado que se inhiba de participar en la Comisión de Postulación, es porque una concatenación de actos que él mismo ha decidido llevar a cabo, lo descalifican, lo hacen una persona no idónea para hablar, no digamos juzgar sobre la idoneidad de los demás.

Luego, si el Presidente de la Corte es una persona no idónea para participar en la Comisión de Postulación mencionada, ¿cómo es posible que sí sea idóneo para ocupar el cargo de Presidente de un Organismo del Estado, y lo que es peor, para conocer y juzgar los asuntos sometidos a su competencia?

Por eso sostenemos que si la persona del Presidente de la Corte no tiene salud para una cosa, no debiera tenerla para la otra; y si no es idóneo para lo accesorio, tampoco lo es para lo principal.

Su renunicia a la Presidencia de la Corte, por el bien del país, es necesaria. No la pide el ciudadano Ricardo Flores Asturias; es un imperativo legal y moral.

NICARAGUA: EN MENOS DE UN MES, TERREMOTO POLÍTICO Y HURACÁN

Las desgracias de la querida Nicaragua han sido tan diversas, que su nivel actual de desarrollo tiene, forzosamente, que ser consecuencia de aquéllas.

La "Comunidad Internacional", por decirlo de alguna manera, se la ha disputado. Primero España, cuyos conquistadores, especialmente Pedro Arias de Ávila (Pedrarias Dávila), Francisco Hernández de Córdoba, fundador de las ciudades de León y Granada, y Cristóbal de Olid, brindaron a lo que ahora es ese país las primeras escaramuzas modernas; luego Inglaterra con aquella farsa que montó en la Mosquitia a principios del siglo XIX con la finalidad de apropiársela; posteriormente, a mediados de ese mismo siglo, el filibusterismo estadounidense al frente de William Walker (representante de los intereses económicos del multimillonario Vanderbilt), quien hasta se hizo proclamar Presidente para tener control del paso de caravanas de la costa este de Estados Unidos hacia la costa oeste, recién arrebatada a México, a través del Río San Juan y del Lago de Nicaragua y, de acuerdo con algunos estados esclavistas del sur de Estados Unidos, tomar control del resto de la región para convertir a todos los pequeños países en esclavistas, allegarlos a la Federación estadounidense y, con ellos, obtener la ansiada mayoría en el Congreso de ese país.

Ya en el siglo XX, las que serían las dos grandes potencias hegemónicas también se la disputaron: Estados Unidos, con la invasión de Corinto de 1912; o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, hoy desaparecida, que con el apoyo a los sandinistas desde antes del triunfo de la revolución que provocó el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, en 1979, y con el pretexto del apoyo al "Gobierno de Reconstrucción", prácticamente mantenía control militar durante la década de 1980, lo cual ocasionó, como contrapartida, la instalción de la base estadounidense de Palmerola en territorio hondureño. ¡Toda una guerra imperial en esta pequeña porción de América! La "Guerra Fría" mantenida por las dos potencias mundiales desde el final de la II Guerra Mundial en 1945, fue totalmente caliente en Centroamérica, y Nicaragua no fue la excepción. Ellos pusieron las armas, las balas, la plata, la ideología; Centroamérica puso los muertos.

En el aspecto político, Nicaragua también ha tenido fuertes problemas desde los inicios de su vida republicana. El primer personaje en ocupar la Presidencia de la República, Manuel Antonio de la Cerda Aguilar, fue fusilado en ejercicio del cargo en medio de una guerra civil que ya existía desde antes de ser nombrado Jefe del Estado de Nicaragua unos años antes. La misma ciudad de Managua se convirtió en capital de la República en 1852, en sustitución de Granada y León, las ciudades fundadas en 1524, dado que ambas estaban ligadas, la primera al bando conservador, la segunda al bando liberal, de tal manera que se requería que el gobierno estuviese instalado, fuese del bando que fuese, en territorio neutral y equidistante.

Luego, la historia nicaragüense del siglo XX fue, prácticamente, la de las oprobiosas dictaduras que no dejaron desarrollarse plenamente a su sociedad y provocaron, en el último cuarto de ese siglo, una revolución de los sectores sociales, apoyada en gran parte por la oligarquía incipiente, que dieron al traste con la última de aquéllas, la de Anastasio Somoza Debayle.

Ahora, en los albores del siglo XXI, las cosas no parecen mejorar. El antiguo líder revolucionario, ahora de casi 65 años, parece convertirse en el nuevo y primer dictador de este siglo, al movilizar sus serviles y suplentes magistrados de la Sala de Amparos de la Corte Suprema de Justicia para, en una sentencia totalmente controvertida que se extralimita también totalmente en sus funciones, declarar la inaplicabilidad de una norma constitucional para un grupo selecto de personas: el presidente Daniel Ortega y la "camorra" de alcaldes sandinistas.

Recalco: el término "totalmente" lo he empleado doblemente para enfatizar que esa sentencia siempre será discutida, no sólo desde el punto de vista del fondo sino de las irregularidades de forma para dejar sin conocer del caso a los magistrados titulares, así como que las funciones de los magistrados involucrados siempre serán consideradas fuera del ámbito de atribuciones que cualquier Constitución puede otorgar a un funcionario de ese rango.

Ya no son las armas las que dan los Golpes de Estado para montar militares en el trono del poder; ahora son las togas, ensuciadas por viles tinterillos que no debieran llamarse abogados, las que los dan para, luego de ejecutados, pretender montar en el mismo trono al Comandante y a sus comparsas.

Cuando pienso en mis hermanos nicaragüenses no dejo de reflexionar acerca de las cosas que, por sus mentes, estarán pasando. No es lo mismo aguantar las tonterías más grandes del gobierno de turno, como nos pasa a los guatemaltecos muchas veces, pero a sabiendas que hay una luz al final del tunel con la terminación del período para el cual fue electo el mandatario y la elección limpia, democrática y transparente de las nuevas autoridades, lo cual nos brinda un hálito de esperanza.

Sólo de pensar que lo que se les viene encima no serán sólo tonterías sino verdaderas maldades, no digamos en contra de las personas pero sí en contra del sistema democrático y de valores fundamentales para la convivencia pacífica, mis pensamientos vuelan hacia esos amigos nicaragüenses que tienen bien cimentados sus principios básicos para convivir en paz, que han de tener muchísimo pesar por su país e incertidumbre acerca del futuro de su patria en estos momentos.

Para ellos y para todas esas víctimas de los embates de la naturaleza de ayer, mis mejores deseos por que Dios ilumine sus pensamientos y los de quienes hoy detentan el poder y, en su soberbia, no se dan cuenta de dos cosas: del daño que le hacen a su país y que, en este mundo, nadie es indispensable.

Para esos abogados que se prestan a encender la mecha de la discordia en el suelo que los vio nacer, dándole prioridad a su ideología sobre los principios que, acerca del Derecho, tuvieron que haber aprendido en la Universidad, mi total desprecio por las ilegalidades que están cometiendo.

LA JUSTICIA EN CENTROAMERICA PUEDE SER FORTALECIDA

El proceso de fortalecimiento del Sector Justicia en Guatemala, ha comenzado. Apenas da sus primeros pasos con la Ley de Comisiones de Postulación que impulsara la diputada Nineth Montenegro, que fuera engavetada por el oscurantismo y que, si no fuera por la sangre inocente derramada por Rodrigo Rosemberg y su legado póstumo de exigir Justicia, no habría pasado, jamás, de ser otro proyecto bien intencionado.

El Congreso de la República no soportó la presión de la Sociedad Civil en este tema, especialmente de la juventud que se organizó y comenzó a reunirse y a exigir con determinación. El proyecto se convirtió en ley y hoy, en Guatemala, podemos decir que ya tenemos la experiencia de un proceso diferente de elección que, si bien no es perfecto y puede con facilidad señalarse varios errores, también lo es que ha iniciado algo que es irreversible, que es susceptible de mejorarse y que seguramente se mejorará, que la Sociedad Civil no va a dejar de tener impulso en este necesario tema de la agenda nacional, y que hoy podemos sentirnos, todos quienes venimos apoyando este tema, con una sensación de satisfacción e insatisfacción.

Por nuestra parte, al recordarle a las más de 50,000 personas que nos congregamos en la Plaza Italia a pedir justicia por tantas muertes e independencia en la investigación de los asesinatos de dos empresarios y un profesional, en donde estaban señalados funcionarios de alto nivel del actual gobierno, comenzando con el Presidente de la República, que como parte importante de la independencia en la Administración de Justicia había que apoyar a la mencionada diputada Nineth Montenegro para que sacaran del archivo su proyecto de ley. El resultado de haber tenido una ley y un proceso de elección más transpartente que el anterior, nos hace sentirnos satisfechos.

Pero no lo estamos porque observamos que, en Guatemala, todavía hay mucho por hacer al respecto. Una de las principales tareas pendientes es la de vigilar la escogencia de los verdaderos operadores de la Justicia; me refiero a los Jueces de Primera Instancia y a los Magistrados de las Salas de Apelaciones, por un lado; a los Fiscales del Ministerio Público y a la Policía, por otros. Por supuesto que es sano tener magistrados sin tacha en la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se logró totalmente, pero mi experiencia me dice que la CSJ tiene funciones bien limitadas en cuanto a la Administración de Justicia propiamente dicha. Lo bueno es que, según entiendo, se está trabajando en el tema y no se cejará hasta obtener, algún día, algo diferente a lo que hoy existe en el país.

Sin embargo, mi visión va más allá. Mi experiencia política regional me hace ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, soy de la creencia que Guatemala no puede avanzar sola en este tema. Es necesario que este proceso de transparencia en la elección de Magistrados y demás Operadores de Justicia se traslade al resto de países de la región.

Puedo poner el caso de Nicaragua como un ejemplo patético que necesita antención, revisarse y, finalmente, con el apoyo de toda la población, que será directamente la beneficiada, modificarse, transparentarse, dado que hoy, aunque se atenta frontalmente contra el sistema democrático sin que la OEA o la ONU o la denominada "Comunidad Internacional" digan absolutamente nada, el Presidente Daniel Ortega la ha convertido en un fundo de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Tradicionalmente, los partidos políticos nicaragüenses se han "repartido" los puestos de la Corte Suprema de Justicia, pero Daniel Ortega se las ha ingeniado para poner magistrados vinculados directamente con él o con su partido, rompiendo con el principio de Independencia de Poderes, en donde hasta la autorización de cualquier franquicia no es un derecho del funcionario como en otros países sino algo previo para que pasen con el Presidente de la República para que se las autorice (por cierto, estoy en contra de ese tipo de privilegios).

Luego, que no nos extrañe que los magistrados de Daniel Ortega elijan como magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a otros magistrados de Daniel Ortega, como he venido denunciando en entregas anteriores, de tal manera que la revisión del procedimiento de elección de magistrados de esta Corte también se hace necesaria, para modificarlo y, además, para que exista un mecanismo para que las tachas puedan ser hechas valer por los ciudadanos, de tal manera que las personas que integren las cortes tengan el perfil adecuado para el alto cargo al cual se les elije.

La revisión de los procedimientos internos de selección de Operadores de Justicia y el establecimiento con claridad de los requisitos para acceder al cargo, son dos cosas que no le pueden hacer daño a nadie, más que a las bandas organizadas de delincuentes, algunas de las cuales están enquistadas en el mismo lugar desde donde se ejerce el poder. Estas son cosas que todos los ciudadanos deberían apoyar.

LA NEFASTA COSTUMBRE DE VIOLAR LOS TRATADOS Y LAS LEYES. EL CASO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

Cuando los Presidentes de Centroamérica se reunieron el 10 de diciembre de 1992, en el marco de la XIII Reunión de Presidentes, en la ciudad de Panamá, haciéndose acompañar de los Presidentes de las Cortes Supremas de los países de Centroamérica, quiero pensar que privaba la buena fe, el sentido de justicia y la responsabilidad por hacer las cosas del mejor modo posible, cuando le dieron vida al órgano jusrisdiccional de la región, estableciendo el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ.

En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).

Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.

Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).

La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).

El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.

¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?

Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.

Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.

Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!

Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.