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viernes, 16 de febrero de 2018

LA ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL TIENE LOS DADOS CARGADOS.

Hoy termina una fase más de la farsa que se ha montado para elegir Fiscal General, quien a su vez es Jefe del Ministerio Pública, con la finalización del plazo para la recepción de expedientes de quienes deseen participar.
Digo farsa porque los miembros de la Comisión Postuladora le pagan mal al país al inventarse puntuaciones de calificaciones y certificaciones, como el de una politizada Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, que nada tienen que ver con los requisitos que marca la Costitución Política de la República de Guatemala, CPRG, para ser Fiscal General.
Al darle los legisladores intervención a la Academia y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, CANG, en procesos de esta naturaleza, lejos de volver pulcro el proceso de selección, la politización de estos ha sido el efecto más notorio. Lo vemos en la proliferación de Facultades de Derecho (para tener derecho a un asiento en la Comisión Postuladora y, por supuesto, a voto) y en la graduación por "tendaladas" y la incursión de extensiones de las FFDD para graduar más abogados en lugares remotos, para tener más agremiados, más votos y, así, tomar, casi por asalto, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. CANG, por los votos de sus dos presidentes, el de Junta Directiva y el del Tribunal de Honor.
Los resultados:
1) Que los mejores candidatos para ocupar ese puesto ni siquiera participan, pues no se exponen a hacer el ridículo en un proceso de selección que, a todas luces, tiene los dados cargados;
2) Que en lugar de ser un nombramiento político con responsables claros, lo que hay son negociaciones de todos los involucrados, procedimiento que redundará en una pre selección de seis candidatos "com-pro-me-ti-dos", de modo que uno de los requisitos para el puesto, la "independencia", nos atrevemos a ponerla en duda;
3) Si el nombramiento fuese al revés, que propusiera el Presidente de la República y que el Congreso confirme en el puesto, si el FG nos sale politiquero, inepto o mañoso, el responsable político de esa mal escogencia sería el Presidente; pero de la actual manera, colegiada, en que se elije a quién se propone, esa responsabilidad se diluye, pues ni al Presidente se le puede echar la culpa de nombrar a quien llegue a mal servir al país, si la persona fue escogida dentro de un grupo de candidatos que toda la Academia esculcó y cuyo proceso de selección superivisaron "la prensa" y "la sociedad civil".
Hay muchas, muchísimas cosas que están al revés en Guatemala, y somos pocos quienes nos damos cuenta y tenemos el valor de cuestionarnos y de señalar esos defectos, mientras que la opinión pública es estimulada para aplaudir un sistema perverso y que nos hace daño, como país, sin visualizar que esto nos lleve, algún día, a buen puerto.
Tendrá que llegar el momento en que todas estas cosas se vayan cambiando en beneficio del país.

viernes, 16 de mayo de 2014

ENTRE EL IDEALISMO DEL POLÍTICO Y EL REALISMO DEL ABOGADO FRENTE AL TEMA DE LAS POSTULADORAS

     Como abogados estamos entrenados para navegar dentro del mundo de la realidad, pues el entramado jurídico ordena y encausa nuestro comportamiento en sociedad; de ahí que hemos sostenido, anteriormente, que la Constitución no tiene interpretaciones sino se acata.

     Por otro lado, nuestra faceta de político, no sujeta al acatamiento simple, en blanco y negro, de la ley, sino obligada a pensar y repensar los fines últimos del Derecho, para imaginar lo mejor para la convivencia en paz y hasta para la búsqueda de la felicidad, potencializa nuestra vena idealista.

     La mezcla equilibrada de esos dos elementos, en el entramado de nuestro proceso de elaboración mental de ideas, categorías y aspiraciones, nos hace repensar que los políticos que, en su quehacer legislativo, le dieron vida a las Comisiones de Postulación, esos entes colegiados conformados para iniciar el proceso de selección de funcionarios, y el proceso mismo de selección de candidatos, si no está planteado de forma totalmente equivocada es, por lo menos, erróneo, cojo, incoherente y negativo para los fines últimos que persigue: la búsqueda y selección de las mejores personas para ocupar cargos tan importantes para la nación.

     En anteriores ensayos hemos dicho que los políticos que fallaron en años anteriores, para tratar de subsanar sus propios errores, su falta de compromiso o las componendas de sus pares o de ellos mismos (¡quién sabe!), en un intento por despolitizar los procesos de selección, politizaron universidades y colegios profesionales; es decir, taparon sus errores del pasado con un planteamiento nuevo plagado de nuevos errores que, en esa ley natural de causalidad, producen nuevos y nefastos efectos.

     Por ejemplo, ¿cómo pretenderemos que se acerque la mejor gente a optar por cargos tan importantes cuando los candidatos son expuestos, públicamente, a que se les califique con cero puntos en el componente académico, cuando son profesionales con una larga y honrosa carrera a la vista de todos? Eso, en nuestro caso personal, lo consideraríamos una deshonra pública y ni nos acercaríamos a correr ese riesgo.

     ¿A quién se le ocurrió que una maestría, que dura dos años, o un doctorado, que puede durar unos años más, tienen más valor, para efectos de ocupar un cargo, que 25 o 30 años de ejercicio profesional exitoso?  ¿Desde cuándo la obtención de un grado opcional se convirtió en un privilegio para optar a un puesto en la estructura del Estado?

     Desde fines de los años 1990's en que fungíamos como funcionarios en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, recibimos una carta de un asesor del Congreso de la República de Guatemala invitando a un concurso en donde se privilegiaba a los abogados quienes tenían una maestría o un doctorado, lo cual motivó una respuesta nuestra, por escrito también, manifestando nuestra inconformidad, pues en nuestro quehacer diario, dentro del Banco, teníamos que vernos confrontados por "Doctores en Derecho" y, a la fecha de esa respuesta, nuestros argumentos de simple licenciado prevalecieron, siempre, sobre los otros, precisamente porque estaban fundamentados en razones jurídicas poderosamente sustentadas, tanto en cuestiones de forma como de fondo.  

     ¿Si no valorizábamos nosotros el título académico que sacamos con esfuerzo personal, quién lo iba a hacer por nosotros?

     Por otro lado, no podemos estar de acuerdo, tampoco, con que la proyección social sea un componente integrante de una calificación para alguien que debiera llegar a hacer una labor técnica.  Son dos cosas que tienden a confundir sobre lo benigna de la norma positiva, pero para nuestros ojos entrenados y a la luz de nuestra experiencia, la ley está profundamente equivocada y, además, se presta a cometer injusticias con respetables profesionales, generando que otros profesionales de altísima calidad se abstengan de participar por consideraciones que no debieran tener qué ver con la función pública que se desea cubrir.

     El procedimiento establecido para nombrar funcionarios podrá estar fundamentado en ley, pero a la luz de la Teoría General del Estado y del estudio de la historia de nuestras instituciones políticas, es equivocada.  Habría que ver qué estudios tenían los legisladores que aprobaron dicha normativa legal. ¿Será que todos eran doctores o sacaron, al menos, una maestría? ¿Y su proyección social? ¡Por favor!

     En el caso del nombramiento del Fiscal General se trató de restarle injerencia al Presidente de la República y lo que se produjeron, siendo el Presidente quien nombra finalmente, fueron negociaciones bajo la mesa y una excusa fuerte para lavarse las manos si el funcionario nombrado no cumple con las expectativas de la población, pues se vio constreñido a nombrar de una lista escogida por otros de antemano. ¿Habrá mejor excusa?  ¿No sería más transparente que el Presidente nombre, bajo su responsabilidad, y que el Congreso confirme posteriormente, después de estudiar la hoja de vida de la persona, como es en otros países?

     Pertenecer al gremio de los abogados y haber sido funcionario en el Registro General de la Propiedad nos permite decir, con absoluta autoridad, que no todos los profesionales del Derecho somos iguales.  El gremio de abogados debe ser depurado de verdaderos delincuentes que andan por la vida traicionando los valores que juraron algún día defender, así como a los miembros más débiles de nuestra comunidad.  Son pocos, pero su comportamiento condenable y muchas veces punible hace un daño terrible a la sociedad y a la imagen del gremio en su conjunto.

     Por otro lado, también hay profesionales del Derecho que son excepcionales en su calidad humana, formación académica sin necesidad de tantos títulos y visión de país.  Estos son a quienes la norma que regula la selección debiera estimular para que participen.

     Con procesos de selección de la naturaleza del actual, ¿cómo hacemos para que este tipo de profesionales, la mejor gente del país, se involucre en el manejo, al más alto nivel, de las instituciones del Estado?

     Es curioso que se exija tanto título, que sólo la academia puede dar, para optar a un grado superior a la licenciatura, y que sean los Decanos de las Facultades que otorgan esos grados superiores quienes conformen las Comisiones para nombrar funcionarios.  Porque esos grados no son gratis, cuestan dinero, y desde el momento en que hay un componente pecuniario de por medio entre quien nombra y los requisitos que deben tener todos los candidatos para el puesto, pues ya se vio que a quienes somos simples licenciados no se nos reconoce un solo punto a favor y, así, no podemos más que pensar mal.  ¡El sistema es, por donde se vea, perverso!

     Pero este proceso, a la vez, lo que ha estimulado es la creación de Facultades de Derecho en las Universidades que, antes de existir la Ley de Comisiones de Postulación, que les da injerencia en la selección indicada, no existían.

     Osho, uno de nuestros autores favoritos, es un realista declarado.  Nosotros no perdemos el idealismo.  La disyuntiva, entonces, es acatar sin pensar, cayendo en el conformismo, o razonar para estar en condiciones de producir cambios hacia un sistema virtuoso e incluyente de los mejores profesionales del país.  

     No es cuestión de obediencia versus deliberancia; es un poco más profundo.  La obediencia implica un ente superior mientras el acatamiento, en los términos planteados, es una decisión personal, un acto de voluntad dentro del proceso mental de deliberación.

     Ahora que viene el nombramiento de Magistrados para integrar las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, pensamos lo mismo.

     Como el proceso de nombramiento está politizado, los administradores de justicia que aspiran a integrar dichas salas entienden el juego y se meten a hacer política.  ¿O no es un reflejo de esto el que casi 100 jueces se hayan excusado de conocer un solo y sonado caso, el de un ex-Jefe de Estado?

     Así las cosas, nuestra búsqueda de balance de toda la vida entre lo real y lo ideal se inclina hoy por la sangre política que llevamos dentro, y en ese amor inmenso a nuestra patria y por verla, en un futuro, menos cooptada y más proclive a tener procesos justos, transparentes y cargados de sentido común, nos inclinamos hoy por el "qué debiera ser", en un idealismo real, podríamos llamarlo, porque la ciudadanía sabe que las cosas están mal planteadas y es real el sentimiento de cambiarlas, y nosotros razonamos a su favor y estamos con aquélla.

     La política debiera ser manejada por políticos, y estos debieran dejar de ser pusilánimes y asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y frente a la historia, con transparencia, con honorabilidad, expresando las cosas como son y con la verdad.  

     Todo esto es de sentido común.

     

martes, 18 de mayo de 2010

LA HONORABILIDAD, EL TIEMPO Y LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Si algo cambió después de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, es la discusión acerca de la honorabilidad de las personas que han de ocupar puestos importantes dentro de la administración pública.

Resulta que el proyecto de Ley de Comisiones de Postulación estaba destinado a quedarse en la gaveta del olvido en el Congreso de la República cuando, a raíz del asesinato del mencionado profesional, la sociedad civil, especialmente la juventud, comenzó a exigir cambios.

La histórica manifestación pacífica del domingo 17 de mayo de 2009, en la Plaza Italia, fue el marco en el cual, públicamente, pedí que se apoyase a la diputada Nineth Montenegro en su intento por aprobar dicho proyecto de ley, el cual hoy es una de las leyes ordinarias del país, pero también recordé que Guatemala era el único país del mundo que tenía un Presidente de la República que se encontraba libre bajo fianza.

Es que ya a todos se nos olvidó que Álvaro Colom estuvo inmiscuído en el saqueo de recursos públicos a través de Marco Tulio Abadío, el anterior Contralor General de Cuentas de la Nación, hoy recluído en prisión, y que para el tiempo que hablé, hace un año, todavía estaba vigente la libertad bajo fianza, decretada el 9 de agosto de 2005, dentro de la causa 2376-2004, expediente a cargo del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Hoy desconozco qué ha sido del mismo y si dicha fianza ya se revocó.

La consecuencia de la entrada en vigencia de la mencionada Ley de Comisiones de Postulación, especialmente, ha sido el debate que ha habido alrededor de la honorabilidad de los candidatos a ocupar puestos públicos, lo cual es un gran avance dentro del proceso de escogencia de nuestros más importantes servidores.

Sin embargo, nada se dijo en la Ley acerca de la honorabilidad de quienes serían parte del proceso de selección y, especialmente, de las autoridades que, al final, debían nombrar funcionarios al amparo de dicho cuerpo de normas legales.

Aunque las normas vigentes no digan nada al respecto, no deja de llamar la atención, y eso sí se puede discutir porque, aunque fuera de la esfera del Derecho, sí queda en el ámbito de las esferas de la Moral y de la Ética, que el cuestionado Presidente de la República, que se apropió de medio millón de quetzales provenientes de una institución del Estado para su uso personal, y que no hay constancia que los mismos hayan sido siquiera devueltos, sea, al final del proceso, quien deba nombrar a alguien que ha sido escogido a la vista de la sociedad, en general, discutiéndose, hasta por orden precisa de la Corte de Constitucionalidad, acerca de su honorabilidad.

En la próxima elección presidencial que, por cierto, se avecina, es de vital importancia que este tema sea objeto de un intenso debate, además de la acreditación de experiencia, aunque no estén contemplados estos requisitos en la ley. Así le evitaríamos a Guatemala el bochorno de tener un Presidente que anda saludando por el mundo, a sabiendas que tiene cuentas pendientes con la justicia de su país.

Si este debate sobre moralidad y experiencia se hubiese llevado a cabo con anterioridad, probablemente no habríamos tenido de presidentes, ni al que está sujeto a procesos penales, ni al actual, que tanto se parece al otro y que va por sus mismos pasos en muchos aspectos.