Antes de que finalizara la primera quincena de noviembre de 2008 fue presentada a la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, con sede en Managua, Nicaragua, la demanda que contiene varias acciones de nulidad, una consulta y una acción de incumplimiento, incoada en contra del Parlamento Centroamericano, especialmente por la sucia elección de la Junta Directiva que encabeza la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto, la ya famosa "Coordinadora de Debates" porque no le puedo otorgar el rango de Presidenta, que con tal de llegar a este puesto de relativo poder, que por cierto le sirvió de plataforma para encabezar el listado de candidatos a diputado del Partido Liberal de Honduras, recurrió al voto ilegal e ilegítimo de los Observadores de República Dominicana, que son 22, violando y violentando, a pesar de decir que es abogada, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Todo lo anterior, a pesar de haber recibido el PARLACEN, y de haberse leído en la Asamblea Plenaria anterior a la elección que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2008, una orden cautelar de la misma CCJ, en donde ordenaba expresamente excluir del padrón electoral a los Observadores.
El tiempo ha transcurrido y la CCJ, maliciosamente, influida en gran medida por los cuestionados Magistrados de Nicaragua, una militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN y hermana del poderoso exguerrillero y ahora Presidente del Banco Central de Nicaragua; el otro, proveniente de la oposición, pero "casualmente" absuelto de los tribunales ordinarios de Nicaragua, en manos de los sandinistas, por cargos de acoso sexual en contra de la ex jueza Juana Mariela Vargas Rocha, quien siendo la parte débil, fue obligada a renunciar; decimos "casualmente" absuelto porque fue casualidad que, de acusado de un delito de género, pasó, con el voto de los sandinistas, a ocupar el cargo de Magistrado de la CCJ. ¡Vaya bandeja de plata! La pregunta es: ¿gratis? ¿a quién sirve, hoy, este cuestionado magistrado? (la minúscula es a propósito).
Ahora bien, el 22 de octubre, dentro de 6 días, se llevará a cabo una nueva elección de Junta Directiva del PARLACEN, sólo que esta vez no le toca la Presidencia a Honduras, sino a Nicaragua, debido al orden alfabético que el Tratado Constitutivo contempla. El candidato del partido de gobierno de Nicaragua, el FSLN de Daniel Ortega (por si quieren saber de acoso sexual, sólo pongan en el buscador de Internet: Ortega y Zoilamérica), deviene, naturalmente, el Secretario de Relaciones Internacionales y diputado centroamericano, Jacinto Suárez, de modo que el partido de gobierno de Nicaragua tiene especial interés en que este proceso electoral que se avecina esté asegurado. ¡Y lo aseguran 22 votos totalmente ilegales que sólo vienen a seguir ensuciando al PARLACEN, a la Junta Directiva y a toda la clase política regional!
De ahí la ingerencia, todo este año, dentro del proceso de demanda que entablamos oportunamente, de los testaferros de Ortega Saavedra y del FSLN en la CCJ.
Ahora que la prensa independiente, tanto de Honduras como de República Dominicana, ha dado a conocer que existe un fallo que ordena limitar el voto a los diputados, señalando que los Observadores tienen derechos restringidos mientras tengan ese rango, por lo cual no deben votar ni ser electos en elecciones internas, resulta que la CCJ se niega a notificar a las partes dicha sentencia.
¿A quién creer? ¿Es la prensa independiente mentirosa? ¿Es el Secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, quien falta a la verdad? Porque el miércoles 14 de octubre, en horas de la tarde, se apersonó el abogado y patriota nicaragüense, Adolfo García Esquivel, en calidad de abogado de quien escribe, a solicitar que se le notificara, y la respuesta del doctor Guerrero fue que no han firmado la sentencia.
La lectura que tenemos de lo que sucede es que los sandinistas ejercen demasiada presión sobre la CCJ. No extrañaría que, en lugar de fallar jurídicamente, es decir, conforme a Derecho, hayan pactado políticamente, asegurando la sucesión de un nuevo "Coordinador de Debates" afin a Daniel Ortega, y hayan recubierto de relativa legalidad el acuerdo político, dándole una apariencia de fallo correcto, pero que llega después de que se llevó a cabo la elección programada para el próximo 22 de octubre, permitiendo que ésta se realice con un procedimiento que, según se sabe del texto de la sentencia, establecieron que es ilegal.
El entorno territorial de una corte de esta naturaleza no debiera ser el de uno que es gobernado por personas cuestionadas, acostumbradas a violar las leyes, a comprar jueces, a pactar sobre todo lo que sea y después ver cómo se las arreglan con la Ley. Si a esto sumamos que la CCJ está, ahora, gracias a que el expresidente Manuel Zelaya enloqueció de poder y que los hondureños lo depusieron, en las fronteras territoriales del imperialismo chamo, ese que liderado por Hugo Chávez, invocando a Bolívar y con el apoyo de los petrodólares que paga Estados Unidos, disfraza de integración toda esa intervención en los asuntos internos de otros países de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, ya como maleta repleta de dólares, como en Argentina; ya como compra de libros, como en Uruguay, o venta subsidiada y apalancada de petróleo, como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero petróleo que no es otorgado a los Estados, sino a los líderes incondicionales en forma personal, quienes se dedican a limosnear y a agradecer al todopoderoso héroe de Oliver Stone, comparándolo con Jesucristo porque reparte la riqueza que pertenece a los venezolanos.
Sí, estos líderes incondicionales e ideologizados ahora tienen muchísimo poder, el que les da el dinero producto de la venta del petróleo que Hugo Chávez les está casi regalando, a costa del los venezolanos. Ese gran poder lo tiene Daniel Ortega, frente a una CCJ débil y condenada a seguir funcionando en Managua, su sede conforme al Estatuto que le dio vida. Tales situaciones lo ponen a uno, con los colmillos largos en política por los años de bregar en élla, a pensar. Y conste que fue un nicaragüense a quien le escuché, por vez primera, hace más de 12 años, el dicho aquél que dice: "Piensa mal y acertarás".
Ya que la llamada "Comunidad Internacional" está tan preocupada por el resguardo de la democracia en Centroamérica y de sus procesos democráticos, públicamente denuncio el nuevo fraude electoral que políticos mañosos como la "Coordinadora de Debates" y sus huestes quieren hacer. El Parlamento Centroamericano es el órgano político más importante del Sistema de la Integración de Centroamérica, al igual que la Corte Centroamericana de Justicia lo es en el ámbito de la Administración de Justicia, y los dos órganos están viciados por un tema que no debiera calentarles tanto la cabeza. ¿Presidir el Parlamento? ¿Quién se muere por presidir un Organismo a quien nadie voltea a ver, haga lo que haga?
Lo que se está dando en el PARLACEN es un Golpe de Estado Técnico, cantado de antemano por este servidor, con documentación que lo soporta, con personajes de carne y hueso y con nombres propios y apellidos que, con estas actitudes, traicionan, como Manuel Zelaya lo hizo, el voto de sus electores, ya que nadie ha sido electo para estos cargos con la finalidad de llegar a violar las leyes deliberadamente. Eso sucedió en Honduras y eso está sucediendo, actualmente, en el Parlamento Centroamericano. La Unión Europea que tanto ha apoyado el retorno a la democracia en nuestra región, tanto como al Parlamento Centroamericano; que tanto ha condenado a Honduras y le quiere seguir imponiendo condiciones. ¿Dónde está en estos momentos en que se está fraguando y llevando a cabo este fraude?
La pregunta final es la siguiente: ¿Qué papel está jugando, en todo esto, la Reunión de Presidentes, la que Oscar Arias calificó de inoperante?
Ya en el pasado señalé las ingerencias en este asunto, a principios de este año, del Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien sabemos se comunicó referente al problema en que estaban sus Observadores, con el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue, al final de cuentas, quien se encargó de hablar, a su vez, con algunos Magistrados de la CCJ y con el Presidente nicaragüense Daniel Ortega; todavía no sabemos más allá.
Ese antecedente, cuando ya ha sido publicado en República Dominicana el revés político y jurídico del Presidente Leonel Fernández, no sería de extrañar que las llamadas ahora fuesen directamente a Daniel Ortega y Álvaro Colom, y que fuesen ellos mismos, totalmente afines ideológicamente, quienes estuvieran detrás del silencio de la CCJ. El caso de El Salvador es diferente, ya que los diputados centroamericanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, están totalmente alineados con estas ilegalidades y con la causa de sus colegas hondureña y nicaragüense, así como con los Observadores, pero el Presidente de ese país, Mauricio Funes, todavía me inspira la confianza de ser un político limpio, franco, que podría no prestarse, a pesar de las presiones del partido que lo llevó al poder, a entrometerse en asuntos propios de la CCJ o del PARLACEN.
La pequeña porción de historia de nuestra región que aquí narro, se está escribiendo cada hora, cada minuto. No sabemos a ciencia cierta qué pasará. Seguimos atentos a los sucesos que nos atrevemos a compartir con Uds., nuestros electores, a quienes jamás dejamos de tener en mente porque tenemos un mandato, sobre el cual nos referiremos en próxima oportunidad.
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jueves, 15 de octubre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
PARECE HABER SENTENCIA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, A NUESTRO FAVOR
El viernes 9 de octubre pasado salió, tanto en los medios digitales y escritos, tanto dominicanos como hondureños, la noticia de que la CCJ, finalmente, falló en la demanda que hace case un año interpusiéramos en contra de la a todas luces ilegal elección de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, en donde se favoreció con el voto de 22 obsevadores, que no tienen facultad para elegir ni para ser electos mientras tengan esa calidad, a la diputada hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto. Los lectores que deseen enterarse de primera mano pueden ver la nota de El Heraldo, de Honduras, aquí: http://www.elheraldo.hn/index.php/Ediciones/2009/10/09/Noticias/Gloria-Oqueli-fue-electa-ilegalmente-en-Parlacen ; y de La Tribuna, del mismo país, aquí: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=49957 . La nota de República Dominicana está aquí: http://www.diariodigital.com.do/articulo,45984,html
Lo que sabemos nosotros, los actores de la demanda, es decir, quienes promovimos la actuación de dicho Tribunal, y a quienes se nos debiera notificar de primero, se contrae, básicamente, a dos cosas:
La primera, que los abogados de la Cancillería nicaragüense están tristes, muy tristes, ya que de nada les sirvió el equipo que formaron para elaborar los memoriales en contra de nuestra demanda, la cual perdieron en su más obscura pretensión, que era la de mantener el status quo y, así, lograr mantener votando a los 22 observadores para que, con su aplanadora ilegal, lograran meter a la Presidencia del PARLACEN a su candidato, el Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
La segunda, que la objetada Presidenta de la CCJ, la magistrada Silvia Rosales, quien llegó a ese cargo sin más mérito que ser hermana del todopoderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales, se enfermó "oportunamente" durante la sesión convocada para dictar sentencia en este caso, de tal manera que se escabulló precisamente en el momento de firmarla.
De todos modos, no suena lógico que todo el mundo, gracias a la prensa, sepa de este fallo histórico en República Dominicana y en Honduras, pero que quienes presentamos los argumentos legales para revertir las ilegalidades que iniciaron en la Asamblea Plenaria de julio de 2007, según cuentan, porque no integraba ese organismo en esa fecha, iniciativa liderada por el diputado guatemalteco Juan Francisco Reyes López, no se nos haya notificado y, por ende, no estemos enterados, oficialmente, de los términos en que nuestros planteamientos fueron resueltos.
Ofrecemos a nuestros seguidores continuar informándolos. En próxima entrega postearemos la demanda completa. Un poco larga pero, como ahora es un documento histórico, con gusto la compartiré con Uds. y, si es posible, la sentencia completa o, por lo menos, sus partes conducentes.
La política, sin sentido común, es un desastre. Sin legalidad, también. Abogados que creen entender de leyes y no captaron la esencia del Derecho, más perjudican a la sociedad a la que debieran servir. Luego, es necesario que quienes comprendemos y defendemos el Derecho, que también sabemos de leyes y reglamentos y, además, participamos políticamente, vayamos tomando mayor confianza para defender las cosas como debieran ser. La política debe ir de la mano del sentido común y de la legalidad.
Por nuestra parte, que en tres legislaturas diferentes en que hemos participado, jamás nos hemos olvidado que representamos a aquellos ciudadanos que confiaron en nosotros, que depositaron su voto de tal manera que nos dieron ese mandato que seguimos ejerciendo, podemos andar por la calle con la frente en alto porque hemos defendido, con todo cuanto tenemos, sus intereses, los cuales creemos interpretar a nuestra manera como los de cualquier padre o madre de familia, trabajadores en su empresa, su trabajo, su industria o su profesión, que todo lo que desean es que las cosas se hagan "como Dios manda". Así de sencillo.
Lo que sabemos nosotros, los actores de la demanda, es decir, quienes promovimos la actuación de dicho Tribunal, y a quienes se nos debiera notificar de primero, se contrae, básicamente, a dos cosas:
La primera, que los abogados de la Cancillería nicaragüense están tristes, muy tristes, ya que de nada les sirvió el equipo que formaron para elaborar los memoriales en contra de nuestra demanda, la cual perdieron en su más obscura pretensión, que era la de mantener el status quo y, así, lograr mantener votando a los 22 observadores para que, con su aplanadora ilegal, lograran meter a la Presidencia del PARLACEN a su candidato, el Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
La segunda, que la objetada Presidenta de la CCJ, la magistrada Silvia Rosales, quien llegó a ese cargo sin más mérito que ser hermana del todopoderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales, se enfermó "oportunamente" durante la sesión convocada para dictar sentencia en este caso, de tal manera que se escabulló precisamente en el momento de firmarla.
De todos modos, no suena lógico que todo el mundo, gracias a la prensa, sepa de este fallo histórico en República Dominicana y en Honduras, pero que quienes presentamos los argumentos legales para revertir las ilegalidades que iniciaron en la Asamblea Plenaria de julio de 2007, según cuentan, porque no integraba ese organismo en esa fecha, iniciativa liderada por el diputado guatemalteco Juan Francisco Reyes López, no se nos haya notificado y, por ende, no estemos enterados, oficialmente, de los términos en que nuestros planteamientos fueron resueltos.
Ofrecemos a nuestros seguidores continuar informándolos. En próxima entrega postearemos la demanda completa. Un poco larga pero, como ahora es un documento histórico, con gusto la compartiré con Uds. y, si es posible, la sentencia completa o, por lo menos, sus partes conducentes.
La política, sin sentido común, es un desastre. Sin legalidad, también. Abogados que creen entender de leyes y no captaron la esencia del Derecho, más perjudican a la sociedad a la que debieran servir. Luego, es necesario que quienes comprendemos y defendemos el Derecho, que también sabemos de leyes y reglamentos y, además, participamos políticamente, vayamos tomando mayor confianza para defender las cosas como debieran ser. La política debe ir de la mano del sentido común y de la legalidad.
Por nuestra parte, que en tres legislaturas diferentes en que hemos participado, jamás nos hemos olvidado que representamos a aquellos ciudadanos que confiaron en nosotros, que depositaron su voto de tal manera que nos dieron ese mandato que seguimos ejerciendo, podemos andar por la calle con la frente en alto porque hemos defendido, con todo cuanto tenemos, sus intereses, los cuales creemos interpretar a nuestra manera como los de cualquier padre o madre de familia, trabajadores en su empresa, su trabajo, su industria o su profesión, que todo lo que desean es que las cosas se hagan "como Dios manda". Así de sencillo.
viernes, 9 de octubre de 2009
LA NEFASTA COSTUMBRE DE VIOLAR LOS TRATADOS Y LAS LEYES. EL CASO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
Cuando los Presidentes de Centroamérica se reunieron el 10 de diciembre de 1992, en el marco de la XIII Reunión de Presidentes, en la ciudad de Panamá, haciéndose acompañar de los Presidentes de las Cortes Supremas de los países de Centroamérica, quiero pensar que privaba la buena fe, el sentido de justicia y la responsabilidad por hacer las cosas del mejor modo posible, cuando le dieron vida al órgano jusrisdiccional de la región, estableciendo el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ.
En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).
Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.
Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).
La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).
El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.
¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?
Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.
Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.
Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!
Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.
En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).
Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.
Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).
La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).
El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.
¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?
Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.
Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.
Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!
Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.
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