SESIÓN HISTÓRICA DEL PARLACÉN: INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA A LA ASAMBLEA PLENARIA

El proceso de integración de Centroamérica ha venido avanzando lenta pero consistentemente. Son ya 50 años desde que se firmó el Tratado General de Integración, y si uno voltea a ver hacia atrás tendrá sentimientos encontrados en cuanto a los avances o trabas del mismo.

Una de las últimas novedades en este sentido es la facultad, de la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de solicitar informes de las diferentes instancias del Sistema de la Integración de Centroamérica, SICA, lo cual todavía no permite legislar ni dar instrucciones precisas, pero es un avance que ya nos permite, a todos los partidos políticos representados en el mismo, que son muchos, enterarnos de lo que se viene haciendo o de lo que se viene omitiendo hacer, sino hasta nos faculta para reencausar el proceso en donde se cree que debe hacerse.

Para muestra, la intervención que tuve en la primera sesión histórica de esta naturaleza, en la cual fue recibido, el 24 de febrero de 2011, el informe del señor Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán, la cual, con pequeñas correcciones, especialmente de puntuación, he tomado del Diario de Debates de esa fecha.

"Bienvenido a esta Asamblea Plenaria, Juan Daniel. Me complace, en primer lugar, expresar que la Secretaría General del SICA esté en manos de un profesional con una visión ética de los procesos, eso en primer lugar. Creo que es importante que nuestras instituciones, especialmente la más alta, que se refiere a la administración del Sistema de Integración de Centroamérica, esté en manos de personas con cierto grado de moralidad y clarividencia en todo lo que está sucediendo.

Dicho esto, quisiera referirme a dos aspectos importantes de este proceso, para terminar con una pregunta. Uno de ellos se refiere al papel que el Protocolo de Tegucigalpa (que este año cumple veinte años) le otorga a la Secretaría General del SICA. Ese es el marco jurídico que le dio vida y que contempla sus atribuciones, y una de ellas es esa independencia o libertad de criterio que, por lo menos, está en teoría. Me refiero a ella, porque uno de los grandes problemas que tiene el proceso de integración es la falta de legalidad, y es mi criterio que, quienes primero vienen violando los Acuerdos de la Integración son, los mismos Presidentes en las decisiones que toman. Yo quisiera saber qué papel está jugando la Secretaría General, que está en manos de un abogado que conoce del entramado legal en este aspecto, porque también la Secretaría General (conforme al Protocolo de Tegucigalpa) tiene las facultades, tiene la obligación de servir de Secretaría Técnica de la Reunión de Presidentes, pero en esas reuniones están saliendo ilegalidades dentro del Sistema.

Por ejemplo: No puede ser posible que después de que Panamá, a través de su Presidente Constitucional decide retirarse de uno de los organismos de la Integración, vienen los Presidentes y le ponen en bandeja de plata incorporarse a otra parte del Sistema, porque eso sí le conviene a Panamá, cuando el Protocolo de Tegucigalpa establece que el Sistema de la Integración es unitario e irreversible; entonces, ahí hay una clara violación de las decisiones de los Presidentes de las Repúblicas, reunidos en la Reunión de Presidentes, valga la redundancia, con el apoyo de la Secretaría Técnica, de la Secretaría General del SICA. Esto no es conveniente para nadie y es uno de los grandes temas que nuestras contrapartes europeas no entienden de nuestra manera de hacer las cosas en la región. Eso por un lado.

Por otro lado, el tema de Costa Rica, que reniega de la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, porque los fallos de la Corte no le convienen, pero sí entra a ser parte de otro aspecto de la integración, con la anuencia de los Presidentes. Entonces, yo entiendo que Costa Rica no quiera ser parte del Parlamento, porque no ha completado ese proceso, pero hay partes del entramado legal, que yo siento que la Secretaría General del Sistema, como Secretaría Técnica de la Reunión de Presidentes, está en obligación de hacerles ver –con esa independencia de criterio- a los señores Presidentes, porque se cometen las ilegalidades al más alto nivel y eso no es conveniente.

El ejemplo que planteaba el diputado Dougherty, la controvertida sustitución de la Secretaria de Integración Económica, por otro Secretario; no es sano para el Sistema que estemos con ilegalidad tras ilegalidad, dándole visos de que todo está bien hecho y que todo es legal. Y creo que en esa parte, el Secretario General del SICA, que ahora se puede apoyar en la Asamblea Plenaria del Parlamento, tiene un papel importante qué jugar, y en lugar de ver solamente lo que se ha hecho, yo traigo este tema a colación, porque de aquí en adelante yo quisiera que el proceso de integración estuviese perfectamente enmarcado dentro de la legalidad y que cuando un Presidente, por caprichoso que sea, llega con uno de estos nuevos cuentos a la Reunión de Presidentes, que hay alguien adentro, con la valentía y la independencia de criterio para decir: 'Esto no se vale, esto no se puede hacer, esto va a ser cuestionado en la Asamblea Plenaria del PARLACEN; existe toda una opinión pública que va a respaldar el hecho que sea ilegal', para tratar de encausarlo por ese sendero.


Por otro lado, yo veo que hay cincuenta años atrás de venir construyendo la integración y cuando vi el listado de los proyectos en los que ha trabajado la Secretaría General del SICA, y que son exitosos, como el de la langosta, las compras regionales de medicina y todo eso, yo me pongo a pensar un poco, como lo que dice el diputado Bushey: que ese proceso de integración no llega realmente a la población de a pie.

Precisamente ayer o anteayer, estaba platicando con uno de los diputados hondureños que vino por tierra, sobre las ilegalidades que le tocó ver en el punto de aduana conocido como 'El Florido', del lado de Guatemala, con las exacciones ilegales que le hacen a la gente que pasa a pie, y en cincuenta años no hemos logrado ni siquiera el libre tránsito de personas; a lo más que llegamos es al proyecto aquel de la SIECA -de la yuxtaposición de fronteras- que lo único que hizo fue meter a todos los funcionarios de los dos países del punto fronterizo en el mismo edificio, pero seguimos con los mismos trámites y no se repiensan los procesos que ayuden a la población de a pie a sentir que en algo le beneficia todo este proceso de integración y todos estos elefantes blancos que, como usted mencionó desde el principio, se imaginan cualquier cosa de la Secretaría General del SICA, como pegamento y todo, e igual del Parlamento, dicen cualquier cosa y no se imaginan los esfuerzos que desde aquí se hacen por llegar a esa población de a pie, pero todas esas manos peludas que hay en el camino, de alguna manera u otra impiden que todo ese esfuerzo que se hace por llegar a la integración se realice, pero algo hay que hacer.

Creo, señor Secretario, que ustedes en la Secretaría General del Sistema están como que en mejores condiciones de implementar algo que realmente llegue a la población que está esperando resultados.

Y finalmente, para preguntarle ahora que la República de Honduras hizo el depósito del quinto instrumento de ratificación del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo que nos otorga las facultades que les hemos denominado vinculantes (que realmente no lo son todavía) usted como Secretario General, nos remitió una nota indicando que ya estaba en vigencia para tales y tales países, pero excluyó a Panamá. Yo quisiera saber con qué criterio la Secretaría General del Sistema excluyó de la aplicación general del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del PARLACEN, a la república de Panamá. Muchas gracias."

LA MUERTE LENTA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN DE CENTROAMÉRICA, SICA

No es Panamá, con la actitud de su Presidente, Ricardo Martinelli, de pretender salirse del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, e ingresar sólo a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, la que está matando el Sistema de la Integración de Centroamérica, SICA, sino la actitud del conjunto de todos sus miembros.

Como la palabra lo dice, el modelo de integración de la región es un Sistema, no una opción o un menú de opciones en donde cada quien escoge qué le gusta y descarta lo que no le conviene.

El sistema prevé, quizás, demasiadas instituciones para nuestro gusto. Hay quienes sostienen lo contrario. En todo caso, ése es el sistema y no otro.

Pretender salirse de una institución pero permitir, los demás países, que un socio se meta solamente a otra, es un craso error que se pagará, tarde o temprano, con la desintegración de todo el Sistema.

Personalmente estamos en desacuerdo con la manera como se pretende decir que se trabaja en el Parlamento Centroamericano, pero hacemos la crítica desde adentro, aportando nuestras ideas y las alternativas que hay ante nuestra falta de respaldo a muchas acciones que ahí se llevan a cabo.

No hay manera de perfeccionar las instituciones si, en lugar de componerlas desde adentro, se hace caso omiso del marco legal que las rige, hacemos lo que nos viene en gana y, encima, los demás socios no tienen la claridad de ideas como para señalar la ruta a seguir para que todos estén de acuerdo con fortalecer la institucionalidad que se tiene, no resquebrajarla.

Paradójicamente, en ese orden de ideas, una reducción del tamaña del Parlamento Centroamericano, en lugar de debilitarlo, lo fortalecería en la medida que sería, si no de mayor aceptación en la región, porque eso se verá hasta que funcione, si alguna vez lo hace, de mayor aceptación para los Estados Parte que objetan a dicha institución por considerarla desproporcionada para la capacidad de la región y por inoperante.

En fin, ahora que los Presidentes de los Estados Parte del SICA se reúnen nuevamente, y que han dado señales de haber retornado a la normalidad y a la sensatez con la reincorporación de pleno derecho de Honduras, luego de la crisis política que sufriera, hace falta un poco más de claridad de ideas para que la misma no sea un escalón más en la ruta hacia la desarticulación de un sistema que, al paso que va, no será nuestra generación la que lo vea funcionar plenamente.

LA VERDAD SOBRE LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE CENTROAMÉRICA EN COSTA RICA

El Presidente Oscar Arias ostenta este semestre, según ha sido la costumbre porque no existe respaldo jurídico en Tratado o Convenio alguno, la Presidencia Pro Témpore de la Reunión de Presidentes de Centroamérica.

Corresponde a este Presidente Pro Témpore de facto, y aquí sí se aplica correctamente el término, la convocatoria a las Reuniones de Presidentes de Centroamérica.

Oscar Arias, el Presidente de Costa Rica, ha venido siendo la voz disidente dentro de esa Instancia Política, al haber manifestado, hace varios meses, su criterio acerca de la inutilidad de dichas reuniones en donde señaló que sólo se llega a perder el tiempo.

Hace unos meses hice público en este blog las ronchas que esas declaraciones hicieron, por lo menos en la Asamblea Plenaria del PARLACEN, en donde el grupo de izquierda presentó una propuesta calcada del manifiesto de la Cancillería nicaragüense, debate en el cual fui el único en otorgarle al Presidente Arias el beneficio de la duda de lo que había expresado públicamente, porque no se puede estar en desacuerdo que el proceso de integración de la región tiene más de 50 años, ha habido múltiples reuniones de Presidentes y la integración de nuestros países todavía no llega al nivel en que se beneficie a los ciudadanos.

El asunto, actualizando el tema, es que las noticias en Guatemala han sido que Oscar Arias había manifestado, ahora, que no iba a haber Reunión de Presidentes; así, sin mayor explicación, ya que la Secretaría General del Sistema de la Integración Económica, SG-SICA, sólo se concretó a mencionar las dificultades "por todos conocidas y demás dificultades para la realización de los trabajos preparatorios".

Las dificultades que nadie menciona pero que están en el ambiente, pueden ser la crisis política de Honduras que implica, intrínsecamente, un tema de representación de ese Estado en la Reunión, el Golpe de Estado Técnico en Nicaragua al favorecer un fallo la ilegal e inconstitucional reelección de Daniel Ortega y los alcaldes sandinistas, los roces anteriores entre las cancillerías nicaragüense y costarricense, especialmente, a raíz de las declaraciones de Oscar Arias a las cuales nos hemos referido (porque en esa época el Presidente Pro Témpore de facto era Daniel Ortega), la reciente sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia en contra del Estado de Costa Rica por el tema aduanero (sobre el cual me refiero en la entrada del 16 de noviembre en curso), la posición política de Panamá con relación a su decisión de retirarse del PARLACEN pero solicitando integrarse a otras instituciones del SICA, que ha sido recibido con hielo en el resto de cancillerías del Sistema.

El fondo del asunto, según nos hemos enterado extraoficialmente, es que la cancillería costarricense sí hizo las convocatorias previas pero, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, parece que recibió respuestas de hielo en toda la región, razón por la cual tuvo que dar marcha atrás y emitir una comunicación oficial a la SG-SICA en el sentido indicado.

Ahora bien, el semestre entrante, el Presidente Pro Témpore de hecho será el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien, como señalamos, está enfrentado con el resto de la región porque no entiende que la integración en ha sido concebida como un Sistema y que, por ende, no puede escoger a qué instituciones pertenece y a cuáles no, y mientras quiera disfrutar de unas y prescindir de otras, su posición no podrá ser entendida en el resto de países que sí ven el proceso de integración como un todo. Lo anterior es motivo suficiente para anticipar que, por lo menos hasta junio de 2010, no veremos una Reunión de Presidentes instalada formalmente.

Mientras tanto, seguirá siendo una aspiración de los ciudadanos centroamericanos ver avances concretos en la región en materia de integración, como por ejemplo la libre movilidad y tránsito de vehículos y personas, sin hacer una sola parada entre fronteras.

FALLO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA BENEFICIA A CIUDADANOS COSTARRICESES

Muchas de las personas que, como quien escribe, participan de una manera o de otra del proceso de integración, suelen ver con desprecio la actitud costarricense frente al mismo: o no quieren estar en esta parte del mismo, o llegan tarde a las instituciones que se han creado para el efecto, o proceden a minar parte de ese proceso.

Yo no lo veo así. Están en todo su derecho de querer estar o de querer no estar en tales o cuales instituciones. Por eso, tal vez, es que en el seno de la Asamblea Plenaria, hace unos meses, cuando se discutían furibundamente las declaraciones del Presidente Oscar Arias, descalificando la calidad del trabajo de las Reuniones de Presidentes, a manera de explicación de por qué no tenía interés de asistir a la próxima, fui la única voz que hizo un llamado a la cordura e insistió en que, en lugar de descalificar, a nuestra vez, al Presidente Arias, que le pusiéramos atención a sus declaraciones y profundizáramos en el sentido de sus palabras, porque no es ningún secreto, por lo menos en mi caso, que tengo poco más de 19 años de tratar de impulsar el proceso de integración de nuestros pueblos, y todo parece casi igual que cuando comenzara, en 1990.

Es, simplemente, de sentido común, de tolerancia y de madurez política, que no todos pensemos igual; que haya una sana visión diferente de lo que es o debiera ser; que se hable franca y abiertamente sobre los desacuerdos, sin que nos espantemos por ello ni estigmatizemos a los demás. Si todos pensáramos igual no se justificarían los Congresos o Parlamentos. Si todo estuviera bien hecho, pongamos entonces una máquina a ejecutar el programa preestablecido.

Sin embargo, dentro del proceso de integración de Centroamérica, hay que entender que el mismo es en conjunto, no por celdas (como también pretende, ahora, el Presidente Ricardo Martinelli, de Panamá). Existe un marco jurídico constitutivo, el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, Convenios y Tratados Constitutivos de varias instituciones (la SIECA, el BCIE, por decir algunos), y sus tres poderes, el Ejecutivo a cargo de la Secretaría General del Sistema de la Integración de Centroamérica (SG-SICA), el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia.

Un país miembro del SICA no puede escoger a cuáles instituciones pertenecer y de cuáles salirse, porque eso no es integración; media vez se es parte del mismo, el Derecho Comunitario es de aplicación general (en el caso de Costa Rica, además, preeminente, según fallo de la Sala Cuarta , de lo Constitucional), eso quiere decir que los fallos de la CCJ, aunque Costa Rica no haya ratificado el Estatuto de dicha Corte, son de aplicación en territorio costarricense; o que las resoluciones del PARLACEN, cuando este tenga facultades vinculantes, también lo serán. Lo anterior porque el Protocolo de Tegucigalpa, que es como la Constitución de Centroamérica, reconoce esas instancias como parte del Sistema y le da validez a sus resoluciones en todo el ámbito en donde dicho Protocolo tiene aplicación (la jurisdicción obligatoria de la Corte está contemplada en el artículo 35).

El caso concreto es que, dentro de los avances relativos de ese Derecho Comunitario Centroamericano, existe un Código Aduanero Centroamericano (CAUCA), que rige para toda la región y tiene sus procedimientos propios para hacerle modificaciones, es decir, no se acepta que un país, unilateralmente, cambie la aplicación de esas normas en el ramo aduanero. Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Costa Rica emitió una circular cambiando, según entendemos, los porcentaje o aforos de aparatos de la línea blanca, (lavadoras de ropa, me parece), gravando de diferente manera a como, entre todos los países, acordaron realizarlo, dañando directamente el bolsillo de los consumidores costarricenses.

Como los funcionarios de turno decidieron no dar marcha atrás, la Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica demandó al Estado de Costa Rica ante la CCJ y, luego de un proceso que desconocemos, finalmente emitió la sentencia condenando al Estado de Costa Rica y ordenándole dar marcha atrás en su decisión unilateral y respetar, en ese sentido, la normativa del CAUCA.

Ha habido comunicados de la Cancillería de Costa Rica protestando por el fallo, señalando que es una violación a su soberanía, que el Estado nunca ha suscrito el Estatuto de la CCJ y, por ende, no acepta su jurisdicción y su competencia, etc., lo cual es bastante discutible, no sólo en el fondo, por las razones ya indicadas arriba, sino porque en la forma, Costa Rica sí ha aceptado, suscribiendo, en primer lugar, el Protocolo de Tegucigalpa y sus reformas, que así lo contemplan, sino a través de varios fallos de la Sala Constitucional de su Corte Suprema (la Sala Cuarta), no sólo la existencia de la CCJ sino la premacía del Derecho Comunitario, al cual considera complementario del Derecho Interno, de aplicabilidad inmediata y efecto directo.

En este caso es el Derecho Comunitario (CAUCA, Protocolo de Tegucigalpa), y las instituciones de la integración de Centroamérica (la Corte Centroamericana de Justicia) los que, de una manera u otra, han beneficiado a los ciudadanos costarricenses. Si el sistema no operara así, los bolsillos de los ciudadanos de Costa Rica se podrían ver cada vez más cargados, de acuerdo a las ocurrencias del funcionario de turno.

Sólo este caso aislado podría hacer que algunos o muchos costarricenses se den la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Si Costa Rica no hubiese llegado, aunque fuese varios años tarde, al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, probablemente hoy sería diferente la vida de sus ciudadanos, con menos energía eléctrica, menos teléfonos, menos carreteras, menor calidad de aeropuertos, menos hoteles, computadoras, hospitales, etc.

La integración puede verse como una carga, pero puede verse también desde otra perspectiva.