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jueves, 31 de julio de 2014

EL PRESUPUESTO DEBERÍA ESTAR LIGADO A LA RECAUDACIÓN DE UNA NACIÓN

     Las autoridades responsables de la aprobación del presupuesto (los diputados), de gastárselo o de ejecutarlo (especialmente los funcionarios del Ministerio de Finanzas, MiFin) y de recaudar el dinero para uno y otro propósito (en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT), desde hace un tiempo, bastante largo, no terminan de ponerse de acuerdo con las metas, las cifras que se manejan, las proyecciones para efectos de cálculo, los niveles de déficit fiscal, la carga tributaria y hasta en el marco jurídico que, al tocarlo a principios del actual gobierno (2012), generaron tal incertidumbre (con el involucramiento de otro tipo de autoridades, las que administran la justicia constitucional), que la imagen que tenemos, internamente, es de no tener rumbo, de ver al país cada vez más debilitado ante tanto endeudamiento, y externamente ha de ser, seguramente, de caos, lo que en poco ayuda a mejorar el clima de negocios del país.


     La gráfica que publica hoy, Prensa Libre, en su página 31, con el título de Recaudación histórica, de la cual reproducimos una fotografía porque su edición electrónica viene ilustrada con otro tipo de imágenes, en casi nada concuerda con el titular de la nota que la contiene: SAT no alcanzaría meta de recaudación.




     Y es que sucede que el MiFin establece las metas de recaudación bajo la óptica de quien también prepara el presupuesto, depende del Presidente de la República, es parte del Gabinete de Gobierno y tiene una enorme presión por gastar, mientras que la SAT hace el trabajo de recaudar efectivamente los tributos o impuestos o, por lo menos, la mayor parte.

     La gráfica evidencia que la recaudación ha venido subiendo año con año, pero bajo el anterior esquema, las metas de recaudación siempre serán superiores a la realidad.

     A propósito de realidad, ahí es precisamente en donde deseamos hacer énfasis y a lo que el título del presente ensayo se refiere.

     Como el proyecto de presupuesto es elaborado por el MinFin bajo las presiones anteriormente dichas para someterlo a aprobación de un conglomerado de diputados ansiosos por que este sea más grande cada vez, al grado de estarse ya hablando de un escenario alto de Q.79,477 millones para el año entrante (2015), con una proyección alta de ingresos de Q.55,950 millones (hay un escenario bajo también), lo que vemos es un esquema vicioso que, de no corregirse, nos lleva inexorablemente a un mayor endeudamiento cada año y, fatalmente, a una posición tan débil para enfrentar nuestros compromisos financieros como le hemos visto a otros países que descuidaron sus niveles de deuda y que han tenido que salir a clamar por que los rescaten.

     Hablarle a los ciudadanos que el déficit fiscal es únicamente del 2.8% del Producto Interno Bruto, PIB, es mentirles.  Si la nota de prensa dice que el déficit será de Q.13,497 millones (aunque de restar la cantidad menor a la mayor, en el párrafo anterior, nos da Q.23,527 millones, que ya de por sí es una diferencia enorme), el porcentaje del que debiéramos estar hablando no debiera referirse al PIB sino al del proyecto de presupuesto de que se trate, que en este caso sería el 16.98% el faltante (o el 29.60%, si sabemos restar y establecemos que la diferencia es de poco más de Q.23.5 millardos que se presupuestan para gastarse pero no se recaudarán).

     Cualquiera que haya hecho deporte sabe de la importancia de la precisión, del pulso para encestar, para meter un gol, para hacer un servicio de tenis de campo o de mesa, para batear o lo que sea.  Lo menos que esperamos de nuestras autoridades encargadas de las finanzas del Estado es que tengan la mayor certeza posible.  Se pierde un partido o un campeonato por una imprecisión de un milímetro, y lo que vemos en los cálculos y proyecciones más serias de nuestras autoridades da pavor.  Nos parece que cualquier persona que va a la carnicería del mercado de su barrio podría sacar mejor las cuentas, con todo y que el negocio de la carne también está revuelto.

     Como pensar es gratis, lo que se nos ocurre para terminar con tanta falacia, presiones desde el ámbito de la corrupción y en aras de una mayor certeza, es que el techo presupuestario debiera ser determinado por la realidad de la recaudación.

     Por ejemplo, si la recaudación al 31 de diciembre de un año dado termina en 100, el presupuesto del año entrante debiera ser 100, la meta de recaudación para ese año que comienza debiera ser un porcentaje sobre ese monto, y lo recaudado de más durante el año de ejecución del presupuesto debiera ir directamente a cancelar la deuda más cara del Estado en ese momento, lo cual ayudaría a ir desarmando esa bomba monetaria que cada vez es mayor.  

     Con el tema de los nuevos endeudamientos no estamos en total desacuerdo, pero nosotros abogamos por que los mismos se den únicamente para proyectos que generan sus propios medios de pago, y como de todos modos tienen que pasar por su aprobación en el Congreso de la República, pues nada cuesta hacerlo juntamente con la correspondiente ampliación del presupuesto para poder ejecutarlo.

     Los técnicos en finanzas podrán ser muy técnicos, y los políticos muy políticos, pero ambos han demostrado, durante décadas, estar alejados de la realidad y, especialmente, del ciudadano.

     Nosotros estamos acostumbrados a representar los intereses del ciudadano.  No tenemos actualmente un cargo que nos legitime, pero sí el deber cívico de continuar de su lado, y lo que vienen haciendo técnicos y la mayoría de políticos al respecto no es transparente, atenta contra nuestra soberanía e independencia financiera y nos está llevando al abismo. 

     

jueves, 10 de marzo de 2011

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PONEN MUESTRA

Apenas ayer escribíamos lo que parece ser el escenario que la pareja presidencial prepara tras bambalinas, con toda la fuerza del dinero que manipulan y el poder que mal emplean, para la próxima Corte de Constitucionalidad, CC, la que, precisamente en estos días, se está integrando a través de las selecciones que tienen que efectuar el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Congreso de la República y el Presidente de la República.

Hasta donde sabemos, el Consejo Superior Universitario procedió a elegir, ayer, a sus representantes, en una sesión histórica que fue ganada, independiente de los nominados, por aquellas personas que provocaron que la misma fuese pública y que la votación fuese nominal, lo que ocasionó que todas las componendas del último año se cayeran a última hora, viéndose obligado el candidato favorecido por esas turbias corrientes de facto, a declinar a última hora, lo cual pone en evidencia que conocía, perfectamente, el resultado adverso que se le venía encima, y antes de que la aritmética electoral pública le pasara encima, se retiró de la contienda, dándole paso a profesionales respetables sobre los cuales no tenemos cosa alguna que comentar negativamente, y sí resaltar la seriedad con que ambos, titular y suplente, se han comportado profesionalmente durante décadas. ¡Una felicitación para el Consejo Superior Universitario!

Por otro lado, nos hemos enterado que hoy hubo otros dos nombramientos, el de la Corte Suprema de Justicia, que también procedió a votación nominal en sesión privada, pero con la advertencia que darán a conocer al público el acta de la misma, en donde quien salió favorecida es una profesional del Derecho de larga trayectoria académica y de seriedad sin tacha, por mucho que haya sido una de mis sonrientes catedráticas, de quien lo único que podemos esperar es independencia de criterio, dedicación y absoluta transparencia. ¡Felicitaciones a la Corte Suprema de Justicia por brindarnos una magistrada de esas cualidades éticas, morales y profesionales!

Ahora bien, supimos que hoy designó también, para ocupar los cargos de magistrados de la CC, el Presidente de la República, a quien no podemos felicitar, realmente, pues entendemos que ha nombrado a una profesional que se ha visto envuelta en situaciones poco claras en otras instituciones por donde ha pasado. Teniendo la oportunidad, por una vez en su mandato, de hacer las cosas debidamente, nos ha vuelto a demostrar que no es el país el que le interesa sino el derecho de su nariz. ¡Qué pobre Presidente! Entre los alrededor de doce mil profesionales del Derecho, no pudo encontrar alguien inobjetable, de modo que el objetado, ahora, es él. ¡Nuevamente!

Falta elegir, entonces, a los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en donde las cartas, prácticamente, están echadas. Nos da la impresión de que, quede quien quede, podría ser que el representante de dicho Colegio no se ponga del lado de la Constitución a la hora de decidir sobre las obvias ilegalidades, precisamente por inconstitucionales, de algunas candidaturas a la Presidencia de la República.

En donde toda la sociedad tiene que estar atenta es en la elección del representante del Congreso de la República, pues de eso depende, según nuestras cuentas, que se respete la legalidad y no se pase encima de las instituciones, o que se llegue a jugar política a una Corte y, adicionalmente, no sólo distorsionen todo el proceso electoral que se viene (porque, aunque inscriban ilegalmente algunas candidaturas, nuestro presentimiento es que no van a ganar) sino se engañen a sí mismos, traicionen el juramento que hicieron, al graduarse, de defender la Constitución, y confundan más a la ciudadanía.

El Congreso de la República debiera estar pensando en elegir a los profesionales más serios del gremio de abogados del país para magistrados titular y suplente de la CC por ese alto Organismo. Personalmente conocemos muchísimos, de manera que no entendemos cómo es que la información que hay al respecto da la impresión que van a elegir a un diputado del Congreso.

Todos tienen derecho a aspirar a tan elevados cargos, pero es un tremendo error que a la Corte de Constitucionalidad llegue alguien activo en política.

Desde este humilde espacio felicitamos a la sociedad civil organizada por el acompañamiento que ha hecho, eficazmente, de este proceso, y los instamos a no desmayar y estar atentos, como nunca, en el proceso de elección que se viene en el Congreso de la República.

De ello depende, en gran medida, la tan anhelada paz social.

lunes, 11 de octubre de 2010

CONSIDERACIONES A LAS NOTAS DE PRENSA RELACIONADAS CON LA REFORMA A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS

     Hoy salieron publicadas cuatro notas de prensa, en Prensa Libre, que tienen que ver con el mismo tema: La primera, en página 3, cuyo título es "TSE empuja reforma antes de elecciones"; la segunda, en página 4, que se titula "El PNUD propondrá evitar transfuguismo"; la tercera, también en la página 4, bajo el acápite de "Hay una compra anticipada de contratos"; y la última, en la sección internacional, en la página 60, titulada "Fluye dinero para comicios de EE.UU.; más para republicanos"; todas ellas relacionadas, como veremos.

     El primer comentario que debemos hacer es que el Tribunal Supremo Electoral, TSE, con su iniciativa de ley, llega totalmente tarde. Luego, el tono que utiliza la autora de la nota, Karen Cardona, como que el TSE está retando al Congreso, es equivocada y no abona a que la opinión pública entienda bien el papel que cada institución tiene en el proceso de formación y sanción de una reforma de esta naturaleza.

     Aquí no hay retos ni pleitos, sino propuestas que se aceptan o no convencen. Se trata del ejercicio del derecho que el TSE electoral tiene de proponer reformas a la ley que lo rige, y el Congreso de la República que está, también, en su derecho de reformar, o no, dicha ley.

     Son varias, siete según la nota indicada, las propuestas de modificación: la primera y más obvia, dado a lo mal que ha quedado el TSE al imponer multas ridículas, es precisamente que se incremente el monto de las mismas. Esta propuesta nos parece sensata pero es una pena que llegue con más de dos décadas de retraso.

     Otra propuesta de modificación es la pretensión de obligar a los partidos políticos a entregar el financiamiento público, en porcentajes, a los comités departamentales y municipales de las organizaciones políticas. Desconocemos cuál es el interés del TSE en promover una reforma legal que no le quita ni le pone en su función, y que debiera ser prerrogativa de la dirección de los partidos políticos tomar ese tipo de decisiones.

     Aclaramos que, por el momento, ni siquiera pertenecemos a partido político alguno, pero nuestra experiencia dentro de ellos nos dice que muchas cuentas generales de los partidos se suelen pagar, después de la campaña, con estos recursos, y en absolutamente nada va a mejorar el desempeño del TSE una reforma de esta naturaleza. Por otro lado, si el Comité Ejecutivo Nacional de un partido político descuida a sus bases en el interior del país, la tendencia será a que dicho partido político desaparezca. La relación entre la dirigencia nacional y la dirigencia local, aunque el TSE no meta mano en el asunto, tiene que ser fluida y enfocada hacia las mismas metas y proyectos, pero por convicción, no por mandato de la ley.

     La reforma que propone el TSE, relativa a controlar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos nos parece buena, a excepción del papel que se pretende dar a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, quien no debiera inmiscuirse en este tipo de asuntos. La participación de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, IVE, y la Contraloría General de Cuentas son dos entidades que, no sólo son suficientes para la tarea, sino que pueden hacer un papel más equilibrado e idóneo en el asunto.

     Nos manifestamos en contra de que a la SAT se le dé participación en estos temas porque su papel es de ente recaudador de impuestos, y el papel que viene jugando, sobrepasándose en sus funciones muchas veces, como bloquear la posibilidad de que alguien pueda emitir nuevas factuas porque no ha pagado el impuesto de circulación de algún vehículo, o de hacer caso omiso de las leyes ordinarias, demandando a los contribuyentes, como sucede con el caso de los dividendos pagados con cupones de las acciones de las sociedades mercantiles, o como hacer caso omiso, también, ya no de la simple ley ordinaria, sino de los Tratados de Libre Comercio, obligando a los importadores a pagar impuestos que no corresponden porque fueron negociados y rebajados o eliminados, y tenerlos peleando para que se los devuelvan al cabo de meses o años, son sólo algunos ejemplos de lo peligroso que resulta, con una entidad que cree tener su propia esfera de Derecho, husmeando en el proceso electoral, especialmente en un país en donde las Superintendencias se crearon para que fuesen independientes del poder casi omnímodo que tenía la Presidencia de la República, pero los resabios de esa tremenda influencia todavía se hacen sentir, y esta institución puede ser utilizada como medio de coartar la participación legítima de buenos ciudadanos a través del denominado "terrorismo fiscal".

     Sabemos, por la nota de prensa aludida, que se redefinen más claramente los conceptos de proselitismo, de propaganda y de campaña electoral, pero no conocemos la propuesta del TSE como para comentarlos.

     Parece increíble, pero en las reformas propuestas el TSE busca asegurar los fondos para celebrar las elecciones, lo cual, ante la calidad de las actuales autoridades de gobierno, que todo lo transfieren y lo están entregando sin transparencia alguna, seguramente en la campaña anticipada, descarada e ilegal de la señora Torres Casanova de Colom, y con la actitud irresponsable de la mayoría de diputados del Congreso de la República, es entendible.  Aunque hemos de dejar establecido que en un país civilizado ni debiera existir discusión acerca de la asignación de fondos, por parte del Congreso de la República, en cada oportunidad que haya un evento electoral.  ¿Qué harían los partidos políticos si el TSE se entrampa y no puede llevar a cabo los actos preparatorios de un evento? ¿Cómo se reelegirían los diputados sin cumplir con los requisitos que la Constitución establece? Estas parecen interrogantes perogrulladas.

     Pide el TSE, dice la nota de prensa, una cuota de 50 por ciento para la participación de mujeres en los partidos, de la cual el 10 por ciento deberá ser para jóvenes, propuesta que tampoco viene a abonar, en absolutamente nada, al funcionamiento del mismo, a su agilidad, a su transparencia.  Imagino que hasta habrá un debate para definir esa peligrosa línea que, dentro de las féminas, defina el término "juventud".  Así es nuestra sociedad y así es el género femenino.

     La Ley de Cuotas que pretenden apoyar, sólo porque Guatemala no la tiene como otros países, es denigrante para la mujer, que por un lado exige igualdad de derechos y por el otro una cuota legal, un privilegio, como si no tuvieran capacidad para involucrarse en la política nacional por sí mismas.

     A nosotros, acostumbrados como estamos a trabajar, en la esfera política, con excelentes damas funcionarias, asesoras, técnicas o diputadas, y habiendo conocido excelentes alcaldesas también, preferiríamos que se fuese perfilando una opinión pública en favor de apoyar a los partidos políticos que privilegien, sin obligación alguna, la participación femenina y de la juventud, aspecto este último sobre el cual ya nos hemos expresado en este espacio, y no tenemos inconveniente alguno en darles el lugar que se han ganado y para el cual están perfectamente capacitadas.

     Es más, por si nuestros lectores guatemaltecos no se han fijado (y para nuestros lectores extranjeros, para que nos comprendan mejor), gran parte de la carga laboral que representa la investigación policial, la persecución penal, la defensoría pública y la administración de justicia, están en manos de mujeres, y todo ello se ha dado de manera natural, se lo han ganado a pulso, con su propio empeño, porque "no necesitan tecomates para flotar", de modo que nosotros vemos, en este proyecto, un paternalismo que en nada abona al perfil de la mujer en política.

     Además, para que observen los problemas que esto genera, investiguen quienes no están de acuerdo con mis argumentos cómo funciona una ley de este tipo en El Salvador, y se darán cuenta de los enormes problemas que tienen los partidos políticos, cuyos diputados aprobaron la norma, para llenar esos espacios, lo que no sólo los obliga a participar con listados incompletos de candidatas sino pone en evidencia que la participación política se da por voluntad propia, no por privilegios ni por obligación.

     Ojalá tengamos la oportunidad, en el futuro, de participar en algún partido político en donde podamos convocar a todas las mujeres del país que estén dispuestas a entregarse a una carrera por su comunidad, por su municipio, por su país, que buena falta le hace el corazón generalmente sano de la mujer (que las excepciones también las hay) en el proceso de cohesionar, dirigir y administrar la cosa pública, así podremos sacar a relucir, de viva voz, cómo nuestra abuela materna, la escritora Elisa Hall, fue una de las pioneras en Guatemala, desde finales de los años 1930's, que salieron a la calle y se organizaron para buscar el voto femenino, que no lo tenían en esa época.

     Por último, también se propone legalizar el instituto de formación cívica, política y electoral, que en nada abona a que se mejore la función del TSE.

     Resumiendo: las únicas reformas legales propuestas que realmente llevan a mejorar el funcionamiento del TSE, son el aumento de las multas que podrá imponer y la posibilidad de verificar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos. Todas las demás son de relleno, como las que pretenden redefinir conceptos, o en nada abonan a su mejor funcionamiento, como la de obligar a descentralizar el financiamiento público, la de cuotas para mujeres y jóvenes y la legalización de un instituto para promover la educación de las organizaciones políticas y los ciudadanos.

     También pretende el TSE reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad (la nota viene equivocada y da a entender como que se desea modificar dos cuerpos legales, la Ley de Amparo y la de Exhibición Peronal, cuando es una sola), buscando que los partidos políticos no utilicen a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, como una primera instancia a la hora de impugnar algún fallo del TSE, el cual luego es recurrido, además, en la Corte de Constitucionalidad, CC. Con la reforma propuesta, entendemos, cualquier revisión posterior quedaría sólo en manos de la CC, dejando por fuera a la CSJ y abreviando el proceso, lo cual nos parece adecuado aunque, repetimos, algo tarde.

     Lamentamos, eso sí, que en la reforma legal propuesta se hayan olvidado, nuevamente, de los guatemaltecos que viven en el extranjero, que con esta propuesta vuelven a recibir, de su país, un golpe bajo con dolor de olvido, ya que sólo son recordados cuando baja el nivel de remesas que envían o cuando algunos de ellos son asesinados en alguna ruta migratoria. No pueden alegar ignorancia los proponentes de ley, ya que desde hace unos dieciocho o veinte años, cuando fungí como Fiscal del Partido de Avanzada Nacional, PAN, ante dicho Tribunal, propugné por que se previeran los cambios legales necesarios para que los guatemaltecos en el extranjero tuviesen un canal de expresión con respecto a sus autoridades, pero fuimos ignorados con el argumento que no hay presupuesto para ello, lo cual fue y sigue siendo una completa falacia.

     La participación ciudadana, con cambios legales que permitan el voto de guatemaltecos en el extranjero, sí habría abonado a una mejor participación ciudadana, sin necesidad de cuotas, y habría permitido la representación de los migrantes en el escenario político cotidiano, con representantes legítimos en el Congreso de la República, aunque fuesen pocos, enriqueciendo el debate o, quizás, haciendo que el mismo pusiese los pies sobre la tierra.

     Lástima que la propuesta proveniente del TSE no contempla esta posibilidad. Ojalá el Congreso de la República pierda el temor a la expresión legítima, pluralista y democrática de tanto guatemalteco que no ha perdido sus derechos ciudadanos ni políticos por el hecho de haber enfrentado la vida en otros países.

     La segunda nota se refiere a una propuesta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, efecutará en su próximo informe de desarrollo humano sobre Guatemala, en el sentido que se legisle para evitar el transfuguismo y limitar la reelección en el Congreso de la República. Primero que todo, no entendemos por qué el PNUD, en lugar de ver cómo traemos a nuestras latitudes las experiencias en desarrollo que han tenido en Colombia, en Chile o en Brasil, fomentando la transparencia en la utilización de los recursos, por ejemplo, se involucre en temas de esta naturaleza y, encima, fomente políticas paternalistas que, lejos de provocar el desarrollo político, que es parte del desarrollo humano, lo lisian, lo castran, procurando que la ley tome la decisión por el elector.

     Parece que el consultor contratado para efectuar el estudio fue el prestigioso investigador guatemalteco, de origen nicaragüense, Edelberto Torres Rivas, con quien estamos de acuerdo en que el transfuguismo se da por causa de que no hay una democracia madura y porque los partidos políticos carecen de ideologías, pero sentimos disentir del remedio que propone, aunque debemos reconocer a ciencia cierta qué es exactamente lo que el informe dirá.

     Nos atrevemos a disentir de la fórmula propuesta, anticipadamente, porque la madurez democrática de nuestro pueblo no llegará cercándole el camino por donde deba transitar, paternalistamente, sino con el ejercicio de sus derechos ciudadanos, con educación de la masa votante, con la posibilidad de que cada ciudadano escoja por qué camino desea encausar su ruta.

     Si tenemos pseudo líderes tránsfugas es porque tenemos partidos políticos que los aceptan, y tenemos partidos políticos que aceptan este tipo de componendas porque el electorado lo permite y no castiga el transfuguismo, por mucho que le parezca deleznable o que simplemente no esté de acuerdo con él.

     En el corto plazo debemos lidiar con los detestables casos de cambio de camiseta como si fuera ropa interior, pero todo eso es preferible, para el largo plazo, que vedar la posibilidad, ahora, de que el electorado madure, aprenda a no apoyar candidatos tránsfugas ni partidos políticos dirigidos por personajes que son capaces de transar cualquier cosa por llegar a hacerse del control del poder, sin pensar en el país.

     Así como preferimos un PNUD dedicado a su agenda de desarrollo, preferimos un Congreso de la República que no interfiera en la libertad que los electores tengan de elegir, y que, aunque no vivimos una situación ideal, ahora, tengamos la oportunidad, en el porvenir, de ver un pueblo educado, consciente, que distingue para votar entre los personajes que se presentan a optar por los diferentes cargos de elección popular.

     Preferimos ver hoy un pueblo confundido en donde se cuelen algunos listos, pero con posibilidades de evolucionar para bien, que ver un pueblo truncado que no demuestre interés en mejorar con vistas al futuro.

     La tercera nota de prensa a la cual nos referimos en el primer párrafo, es prácticamente una entrevista a la señora Delisa Ferreira, consultora en transparencia que participó en el taller de Fiscalización del financiamiento de los partidos políticos que se efectuó esta semana (sic.) (si hoy es lunes, es obvio que no fue esta semana), en donde expone la problemática que existe, propone que la información de montos y nombres de financistas esté disponible en internet y que también participen, además del control cruzado de los medios de comunicación, la IVE, ya mencionada, y organismos internacionalaes, que no define la nota, para cruzar información.

     Con lo segundo podemos estar de acuerdo, pero con lo primero, aunque en principio lo estamos, también estamos conscientes que vivimos en un país en donde las redes sociales son utilizadas por delincuentes para cometer ilícitos, sean estos secuestros, extorsiones, etcétera, de modo que, por principio también, estamos en contra de esta medida, en primer lugar para proteger a los eslabones más débiles de la cadena, que suelen ser los hijos y los cónyuges, generalmente mujeres, de quienes financien, en segundo lugar, porque el financiamiento privado para hacer política es necesario, y con medidas de esta naturaleza, en un país como el nuestro, estaríamos condenando a los partidos políticos sanos a no conseguir dinero para promover candidatos no ligados a las bandas de delincuencia organizada que, con lo que sabemos, casi tenemos la certeza de que siempre encontrarán el medio para financiar candidatos y partidos políticos dispuestos a comprometerse.

     Contrasta todo lo anterior, en donde vemos organizaciones multilaterales un poco fuera de su ámbito, desenfocadas de su quehacer ordinario, y consultores internacionales ligados a un TSE que propone reformas legales discutibles, con la última nota que comentaremos, que da cuenta que, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de América, de enero de 2010, se rompió la reglamentación que venía dándose desde hace casi setenta años en cuanto al límite de donaciones para campañas políticas en ese país.

     Hoy, el ámbito de libertad de los poderosos partidos políticos estadounidenses ha crecido, y conforme a las nuevas reglas del juego (jurídicas, se entiende), los partidos políticos pueden ser financiados, sin límite de cantidad, por empresas, incluso extranjeras, grupos de interés o sindicatos.

     Señala la nota que, según el Center for Responsive Politics, una organización que sigue el financiamiento de los partidos políticos, en la campaña anterior de elecciones de medio período, llevadas a cabo el 7 de noviembre de 2006, dichos partidos se gastaron US$.2,800 millones, y ahora llevan gastados US$.3,400 millones, es decir, US$.600 millones más, en época de crisis económica, y todavía falta que lleguemos al 2 de noviembre de 2010 en que se llevará a cabo el siguiente ejercicio electoral.

     No vemos, acá, consultores internacionales ni organismos multilaterales sugiriéndole al poderoso país del norte qué deben hacer. Vemos, más bien, a un presidente estadounidense preocupado porque la mayoría de ese financiamiento se está yendo hacia la oposición política, el Partido Republicano, lo cual parece predecir que podríamos estar ante el advenimiento de nuevas mayorías en el Congreso y en el Senado de ese país, y verse obligado el Organismo Ejecutivo a trabajar de la mano con una nueva mayoría opositora.

     No podemos negar que la apertura que ha permitido la CSJ de Estados Unidos puede dar lugar a otro tipo de problemas, pero lo que nos queda claro es que los magistrados que fallaron tienen una visión respetuosa del electorado estadounidense, que confían en sus instituciones, dentro de las cuales está una poderosa maquinaria de medios de comunicación que estará atenta de brindarle a la ciudadanía, interesada en sus asuntos públicos, la información de todo lo que suceda y, a su vez, los partidos políticos estarán muy atentos de no abusar de esa libertad, ya que un electorado informado sabe organizarse para cobrar ese tipo de facturas en las sociedades libres y educadas del mundo.

     Corolario: Guatemala no necesita restringir las libertades de sus habitantes; necesita más educación en ciudadanía por parte del electorado, más cultura política para quienes pretendan liderar algún proyecto, para los diputados y magistrados del TSE; más participación de todos y todas, sin cuotas denigrantes y sin importar en qué país se vive por el momento, consultores internacionales que propongan recetas para todo el mundo, no sólo para los países subdesarrollados, y organismos multilaterales que no nos vean con desdén y se ocupen de desarrollar su agenda específica en desarrollo o en lo que estén, y no se inmiscuyan en nuestra manera de hacer política, aunque no les guste.

     En Guatemala, quienes opinamos de política y de la manera de hacerla, somos los guatemaltecos.

jueves, 16 de septiembre de 2010

LA REPRESENTATIVIDAD Y EL TAMAÑO IDEAL DE CONGRESOS, PARLAMENTOS O ASAMBLEAS LEGISLATIVAS

     El concepto de la vida republicana, enmarcada dentro del constitucionalismo, implica la aceptación de la capacidad de alguien de representar a los demás para algo que es de provecho y de utilidad para la sociedad.

     Cualquiera puede, en el ámbito privado, representar a alguien más; sin embargo, si la representación se ejercita en el ámbito público, la representación se convierte, también, en algo público, sujeto a algunos requisitos.

     Para efectos de este ensayo asimilaremos lo público a lo político, dado que lo segundo es, prácticamente, la esencia de lo primero; de ahí que, en adelante, nos refiramos a la representación política como la representación primordial en el ámbito público y medio principal a través del cual suelen actuar las instituciones del Estado.

     Dentro de estas últimas tenemos no sólo los Congresos, Parlamentos o Asambleas Legislativas, sino toda una parafernalia que, centralizadamente, tiene que ver con los otros Organismos del Estado (Presidente y Vicepresidente por elecciones directas, por ejemplo, o Magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia por elecciones de segundo grado, en el otro caso); descentralizadamente, con un sinnúmero de entidades que también actúan en nombre del Estado (desde la Corte de Constitucionalidad, las Alcaldías, los Concejos Municipales, etcétera); y hasta en forma personal, como la actividad de fe pública que aquél, el Estado, delega en los notarios; pero nuestra intención, en este momento, es referirnos únicamente a la que se da en los primeros.

     Toda representación pública, como dijimos anteriormente, implica algunos requisitos que la persona física que representa a los demás debe cumplir para poder ejercerla apegada a la legalidad, pero también hay consideraciones que permanecen implícitas, y no necesariamente explícitas, para que esa actuación, además de apegada a la ley, también lo sea apegada al Derecho, como la buena fe, el historial ético, los antecedentes apegados también a la moralidad y las buenas costumbres. Las virtudes personales de quienes ejerzan esa representatividad en nombre de los demás son de lo más importante, y las sociedades más educadas y avanzadas son las que tienden a darle más valor a esta escala de principios que fundamentan la conducta de las personas, por encima de otros atributos individuales de cada candidato a representar a los demás.

     Lo que motiva hoy estas digresiones, además de lo ya dicho, es el tamaño que dichas entidades corporativas deban tener para ejercer, a cabalidad, las funciones colegiadas de representar a una sociedad.

     En un país en donde la población es de tantos millones de habitantes, ¿de qué tamaño debiera ser su Congreso o Asamblea Nacional?

     Generalmente, el tamaño de las mismas viene supeditado a cantidades de población, pero no hay impedimento alguno para que, a contrario sensu, se pueda establecer el límite o el número específico de personas que ejerzan esa representación, o diputados en el caso de estudio, y dividir la representación en distritos o en jurisdicciones territoriales de acuerdo al avance o retroceso del número de población dentro del país de que se trate.

     Quienes no están de acuerdo con reducir el número de diputados por Congreso, Parlamento o Asamblea, suelen esgrimir el argumento de la representación de minorías, en el sentido de que, al reducir el número de espacios para representar, se limita la capacidad de que grupos políticos minoritarios tengan voz y voto en los debates nacionales y aprobación de leyes pero, según nuestro punto de vista, eso es relativo.

     Una minoría bien organizada es capaz de hacerse representar debidamente; una minoría no bien organizada, a la cual la mayoría de la población no la vota, simplemente no debe ocupar un espacio dentro de la discusión y aprobación de los asuntos públicos: el pueblo manda. No es cuestión de ser minoría, per se; una minoría inteligente de seguro será apoyada para que pueda participar legalmente y, en su momento, convertirse en mayoría.

     El argumento que podemos esgrimir nosotros, basado en lo que hemos visto a través de tantos años no sólo de observar sino de participar activamente, es que el actual sistema permite la inclusión de una cantidad de minorías; que el mismo se ha vuelto perverso para las cuestiones públicas. Hay mucha facilidad para hacer un partido político y, desde ahí, hay muchos partidos políticos en cuya dirigencia priva, más que todo, la oportunidad de colarse en algún puesto, más que sostener una plataforma de ideas que enriquezcan el debate o que, por decirlo en palabras sencillas, simplemente sirva de algo.

     De ahí que veamos muchos partidos políticos que, en el fondo, no se diferencian en absolutamente nada, y sólo sirven de vehículo para que muchos oportunistas se cambien de un partido para otro sin que, insistimos, haya razones de fondo más que de índole electoral, por no decir electorera.

     Desde nuestro particular punto de vista, la patria estaría bien servida con un Congreso que tuviese una tercera parte de la cantidad actual de miembros, al estilo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aunque advertimos que en ese país está en discusión, precisamente, ampliar su número, que actualmente es de 57.

     En Guatemala, un Congreso de la República con un número fijo de entre 50 y 60 diputados, incluyendo por lo menos 3 que representen a los migrantes que están en el extranjero, que también son Guatemala aunque muchas veces a las autoridades se les olvide, sería más que suficiente.

     Lo que necesita un Congreso eficaz y eficiente no es más número de jefes (recordemos que un Congreso no tiene soldados; solamente generales), sino probablemente menos, pero mejor escogidos y mejor apuntalados por asistentes y asesores bien pagados pero bien calificados, no contratados por parentesco o compadrazgo sino por capacidad, para que puedan ejercer con dignidad su labor legislativa y de control.

     Han sido públicas nuestras consideraciones alrededor de la reducción necesaria del Parlamento Centroamericano para hacerlo adecuado a la situación, especialmente económica, de los pueblos que representa, en donde una Asamblea Plenaria de 60 diputados, 10 por país miembro por el momento, sería suficiente. Por el contrario, el Parlamento cuenta con una Asamblea de ciento veintitantos diputados (el número varía en función de si se integran o no los ex presidentes y ex vicepresidentes o designados a la presidencia); es decir, con un espectro político que, lo hemos dicho, es probablemente el más amplio del mundo en una institución de esta naturaleza, pero el trabajo es totalmente deficiente (ese “totalmente” bien pensado antes de ponerlo con toda deliberación).

     Hoy, en lugar de discutirse si se amplía el presupuesto del Parlamento Centroamericano, porque es el mismo desde que se fundó en 1991, el debate debiera ser la modificación de su Tratado Constitutivo para reducir su tamaño y hacer su actual presupuesto más eficiente.

     Todas las ideas son discutibles y están enmarcadas, más o menos, en la época en que se expresan. Cuando se firmó el Acta de Independencia, en 1821, con una Guatemala (que hoy es Centroamérica y parte de México) casi despoblada, el ideal se consideraba un diputado por cada 15,000 habitantes, lo cual nos llevaría hoy, sólo en Guatemala, el país, a un Congreso de unos 935 diputados, lo cual sería insostenible.

     La relatividad, como vemos, también se aplica en política y en el aspecto público de nuestros pueblos, y es una verdad innegable que el presupuesto de nuestros países tiene que ser utilizado de manera más eficiente, y un Congreso sobre-dimensionado produce exactamente lo opuesto.

     República, Constitución, soberanía, libertades políticas, representación pública, respeto por las minorías, acatamiento de la voluntad de las mayorías, educación de los pueblos, dinero que se emplea para sostener las instituciones, relatividad en el tiempo, valores de la persona... todo está ligado y relacionado.

     Sólo esperemos que llegue el día en que las mayorías, no sólo las que representan sino, además, los representados, entiendan los beneficios de lo que aquí dejamos establecido para que, con los cambios necesarios, comencemos a fundar los pilares de una nueva nación y una nueva Centroamérica.

jueves, 15 de abril de 2010

LOS TRES ALEGRES COMPADRES O LA TRAICIÓN DE LOS DIPUTADOS

El cine de la época de oro de México tiene unas verdaderas joyas para quienes sabemos apreciarlo. Una de éllas es la película "Los Tres Alegres Compadres", protagonizada por Andrés Soler, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete. Es una historia del padre que viaja con sus dos hijos cometiendo picardías para ganarse la vida en las ferias pueblerinas, sólo que cuando el padre está de buenas, sus dos hijos son sus compadres, pero cuando está de malas les exige el debido respeto como su padre que es.

Hay una escena especial que quiero recordar el día de hoy; es cuando, después de despojar a otros jugadores de naipes, llegan a la habitación del hotel donde se hospedan a repartirse el dinero. El padre (Soler), como buen pícaro que es, comienza a repartir un billete para cada uno, solamente que cada vez que entrega uno para un hijo, se pone uno enfrente de sí mismo, y así alternadamente: "pa tú, pa mí, pa tú, pa mí", lo cual, al final, hace que los hijos (Negrete y Armendáriz) duden de su imparcialidad para repartir, y se arma nuevamente la bronca.....

Así como estos alegres pícaros, así están hoy los integrantes de las tres alegres bancadas, la de la UNE, la de la GANA y la LIDER (las oportunistas minibancadas, ni vale la pena mencionarlas).

Yo veo a los diputados integrantes de estas bancadas, especialmente quienes conforman la poderosa, por su poder destructivo, Comisión de Finanzas del Congreso de la República, como simples traidores de su electorado, por la manera irresponsable como están endeudando al país y, con él, a los actuales y futuros ciudadanos, porque alguien ha de pagar, alguna vez, los compromisos que estos traidores a su patria están, en nombre de todos, contrayendo.

Llama la atención que el Presidente de dicha Comisión haya declarado que ya tenía el aval del Organismo Ejecutivo para aprobar un dictámen para endeudar al país por Q.7.0 millardos, cuando la propuesta oficial es de un endeudamiento (adicional, se entiende) por Q.4.5 millardos, y que luego haya salido el propio Presidente de la República diciendo que, si le pasan el decreto que aprueba la emisión de bonos, por ese monto, que él lo vetaría, y luego sale el mismo diputado Presidente de la Comisión referida, de una reunión en Casa Presidencial, indicando que el Presidente ya aceptó que ese techo sea de Q.5.o millardos. ¿A quién le había consultado, entonces, la primera vez que ya tenía el aval, según dijo? ¿Quién manda, realmente, en el Organismo Ejecutivo?

No le hace bien alguno al país ni que "ninguneen" al Presidente, ni que lo endeuden y, mucho menos, que la propuesta cocinada por los alegres compadres sea por nada menos que 2,500 millones más.

En este espacio he dejado establecida mi posición al respecto y hoy, que a la par de las notas alrededor de este nuevo escándalo del Congreso y de la relación con el Gobierno, sale información comparativa acerca de cómo han evolucionado los ingresos fiscales, la reitero: no tienen necesidad de endeudar más al país.

Si se prioriza el gasto; si se hace lo mejor por transparentar la utilización de los recursos, todo este esfuerzo por endeudar al país no sería necesario.

Baste ver los actos de corrupción que prácticamente todos los días aparecen salpicando de lodo y descrédito al gobierno para darse cuenta que primero hay que reparar las cañerías para que no haya fugas y luego, después de hacer las reparaciones, echar el agua.

Si seguimos inyectándole cantidades millonarias a un gobierno corrupto que, por las declaraciones del Presidente de la Comisión de Finanzas, no encabeza el Presidente de la República, el año entrante estarán nuevamente negociando, alegre y compadrezcamente, si es que existe el término, un nuevo paquete que ronde los 10 millardos de quetzales.

Desde este espacio de opinión, mi rotundo no al endeudamiento y a la corrupción.

jueves, 3 de diciembre de 2009

HISTÓRICA SESIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS Y BREVE ANÁLISIS DEL FUTURO CERCANO

Ayer tuve la oportunidad de escuchar y ver parte de la votación convertida en debate, en vivo, del Congreso Nacional de Honduras, convocado para tomar acuerdo político acerca de la posibilidad de retrotraer la situación del ex presidente Manuel Zelaya a como estaba antes de los sucesos acaecidos el 28 de junio de 2009. Hasta donde sabemos, todas las instituciones consultadas, Corte Suprema de Justicia, Comisionado de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, todos, emitieron dictámenes negativos en cuanto a la posibilidad de que Manuel Zelaya regrese a ocupar la Presidencia de la República.

Tuve la oportunidad de escuchar, en vivo, a viejos amigos, como Toño Rivera Callejas, del Partido Nacional, a quien conocí en marzo o abril de 1989, en Tegucigalpa, con ocasión de una reunión de las juventudes de la International Democrat Union, IDU, en la que llegué en calidad de Secretario Nacional de Relaciones Internacionales del Partido de Avanzada Nacional, PAN, apenas con un año de haberse formado. El discurso de Toño fue, quizás, de los mejores, tanto que me hizo pensar que, dentro de cuatro años, puede ser que sea escogido como el candidato presidencial de su partido. Es hijo de Mario Rivera López, mi colega en el PARLACÉN, recientemente fallecido, quien fuera Presidente del Congreso Nacional varias veces. Todo un colmillo afilado en política.

También tuve la ocasión de ver y escuchar a Ilsa Trinidad Díaz Zelaya, también del Partido Nacional, a quien acompañara, como Secretario por Guatemala, cuando entre 1992-1993 integramos la Junta Directiva del PARLACÉN, siendo ella la Presidenta, a quien habré de referirme en otra ocasión en que cuente algunos detalles de aquella época.

También escuché que por ahí andaba mi buen amigo Toribio Aguilera, de Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU-SD, pero no pude escucharlo ni verlo.

Sin embargo, para quienes han seguido el tema de la crisis hondureña en este blog, lo que vale la pena resaltar es la hombría de bien de dos diputados del Congreso, ambos del Paretido Liberal, es decir, el mismo partido de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti, cuyos nombres no recuerdo, que dijeron, sin que los pueda citar textualmente, algo así como:

El primero, que fue algo así como la mano derecha de Manuel Zelaya en el Congreso; que cuando el entonces presidente Zelaya envió al Congreso el tema de PETROBRAS, la empresa o el negocio del petróleo venezolano, según como se le quiera ver, fue él quien defendió el tema frente a los demás diputados. Que cuando Zelaya, entonces presidente, envió al Congreso el tema del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), el proyecto que lidera el Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, como contraposición al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), una iniciativa estadounidense, también fue el quien defendió el tema en dicho órgano colegiado, pero cuando Manuel Zelaya le propuso que lo acompañara con el asunto de la modificación de la constitución, con la finalidad de reelegirse, le tuvo que dar la espalda después de tantos años de militancia juntos.

El otro a quien deseo referirme manifestó que tenía más de veinte años de acompañar a Manuel Zelaya, en las buenas y en las malas, en el seno del Partido Liberal, donde perdieron varias elecciones primarias; que luego que al fin las ganaron y lograron llevarlo a la Presidencia de la República, consideraba que los primeros años fueron los de un buen presidente, hasta que amigos personales de él, a quienes no identificó pero sí señalo que no pertenecían al liberalismo, le metieron en la cabeza el tema de la cuarta urna y de la modificación de la constitución con la única finalidad de reelegirse. Que es mentira todo lo que muchas gentes andan diciendo acerca de Zelaya, que es el presidente de los pobres y que todo lo que quería hacer era ayudar a los más necesitados, porque a él le consta que, en la reunión a donde fue convocado junto con otros diputados cercanos y se les planteó el tema de la reelección, solamente fue de eso que se habló; que jamás mencionó que quería modificar la constitución para reformar al Estado, para acercar los servicios de salud, para mejorar la educación o para favorecer a los más pobres y necesitados de ayuda, ya que lo único que quería era reformar dicho cuerpo de leyes para reelegirse y continuar gobernando por los próximos 20 años, razón por la cual también le había dado la espalda y no lo había seguido apoyando.

En fin, de 128 diputados, 11 votaron por Zelaya y los demás, léase bien, no votaron en contra de él sino a favor de la democracia, a favor de la Constitución de la República, por Honduras, su patria. Es de llamar la atención de cuántos diputados, al razonar su voto, cómo lo hicieron pensando no sólo en su país sino en sus hijos, sus nietos y sus descendientes.

A mí, que me gusta ver, por televisión, los debates del Congreso de los Diputados de España, que tanto contrastan con los de nuestro país, me llenó de orgullo ver a mis colegas hondureños, los de ambos bandos, expresarse con educación, con ponderación, con total libertad y propiedad. Llamo la atención, además, acerca de un llamado que hizo el Presidente del Congreso al público presente y a la prensa para que se mantuviesen en silencio, recordando y recalcando que en esa votación no iba a haber vencedores ni vencidos.

Sugiero a todos aquellos líderes del mundo democrático que todavía dudan en reconocer a las nuevas autoridades hondureñas, que consigan el video o la transcripción del debate entero para formarse una idea, por boca de la gente más cercana al ex presidente, de todos esos pequeños y grandes detalles que salieron a luz pública (hasta las negativas, como las amenazas de muerte que casi todos han recibido). Háganlo, si no lo entienden porque no es su idioma, manden a transcribirlo.

A los hondureños les sugiero que pongan el video de la sesión, sin interrupción y sin corte alguno, a disposición del público en internet, y háganle las traducciones necesarias para que el mundo se entere de la verdad que cada quien, a su manera, llegó a expresar a través de loos diputados de los cinco partidos políticos del país. ¡Vale la pena el esfuerzo!

Es hasta ahora que podemos decir que el Acuerdo Guaymuras-Tegucigalpa-San José, en lo que a la restitución de Manuel Zelaya respecta (aunque no habla de restitución, en sentido estricto, como ya expliqué), es letra muerta, pero no lo es el Acuerdo, que desde nuestro punto de vista, sigue vigente, por lo menos en cuanto a la formación, en estos días, de un Gobierno de Unidad y Reconciliación (con o sin las gentes de Zelaya) y, el semestre entrante, de la Comisión de la Verdad.

El futuro de Manuel Zelaya es incierto. Si sale de la Embajada de Brasil sin salvoconducto, seguramente será capturado. La extensión del mismo puede estar a cargo del gobierno interino, lo cual no veo factible porque Roberto Micheletti no va a dejar que se piense que deja en el ámbito de la Comisión de la Verdad únicamente a los militares que entraron en la madrugada del 28 de junio de 2009 a sacar a Manuel Zelaya del lugar donde pernoctaba y luego lo llevaron a dejar a Costa Rica. También puede estar a cargo del gobierno entrante, pero al actual Presidente Electo le pasaría lo mismo y sufriría un desgaste político innecesario, de tal manera que no veo factible que le extiendan el salvoconducto en poco tiempo, aunque en política, y especialmente en este caso tan complicado, todo puede suceder.

Visualizo, más bien, la posibilidad de un salvoconducto para Manuel Zelaya, después de la investigación y emisión del informe respectivo de la mencionada Comisión de la Verdad, como un gesto político para que un ex presidente, que es obvio que saldrá mal parado en dicho informe, escape de la acción de la justicia, especialmente porque la comisión de la mayoría de delitos que se le imputan no son violentos sino de carácter político.

Eso es lo que mi sentido político y mi intuición me dice que podría estar por suceder en los próximos meses, de tal manera que la comunidad internacional, acostumbrada a meter sus narices donde no la llaman, especialmente en estos últimos tiempos, debiera irse preparando para esta posibilidad y para dejar de interferir en los asuntos internos de Honduras. Ya se metieron en sus asuntos políticos; por lo menos que se abstengan de interferir en los asuntos judiciales.

viernes, 4 de septiembre de 2009

ESTADOS UNIDOS Y SU ERRÁTICA POLÍTICA EXTERIOR

Para quienes somos observadores del acontecer internacional, no se entienden los mensajes que, desde Washington, da el gobierno de Estados Unidos de América.

Por un lado, relajan todo tipo de medidas de presión sobre el gobierno cubano, la dictadura más larga en ejercicio y, posiblemente, de las más largas de la historia del planeta.

Pero por otro lado, insisten en castigar a Honduras, un país que estaba en manos de un sociópata y megalómano, cuyas violaciones constantes a la Constitución de su país, a las leyes ordinarias y al más elemental sentido común, llevaron a la totalidad de las instituciones hondureñas a condenar, una tras otra, diversas acciones tomadas desde el Ejecutivo, al grado de haberse ordenado la captura para el procesamiento del mismo Presidente de la República, según hemos sabido después de los sucesos del 28 de junio pasado, pero el grupo de militares que se suponía debía ejecutar la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de capturarlo y encerrarlo, dejándolo sometido a proceso judicial, lo sacó violentamente del país en una acción que no se puede justificar, procediendo seguidamente el Congreso de la República, entendemos, a juramentar como nuevo Presidente, conforme a lo que establece la misma Constitución hondureña, a Roberto Micheletti.

Eso es, en pocas palabras, lo que da lugar a que se sostenga que Manuel Zelaya sufrió un Golpe de Estado, pero es lo que nos permite señalar que se trata de uno sui géneris, al cual no se comparan ni los sufridos en Honduras en el pasado, ni los sufridos en cualquier otro país. Es un Golpe de Estado tan especial como el que diera, en 1993 en Guatemala, el entonces Presidente Jorge Serrano Elías, el cual fue sacado a la fuerza por el Ejército hacia El Salvador y, de ahí, partió voluntariamente hacia Panamá, donde vive desde entonces, exiliado, procediendo el Congreso de la República, no a declarar como Presidente a quien correspondía, el Vicepresidente Gustavo Espina Salguero, quien también salió de la escena política por más que tratara y quisiera quedarse, sino al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien finalizó el mandato para el cual había sido electo Jorge Serrano, con el reconocimiento y el acompañamiento de toda la comunidad internacional.

Por supuesto, en esa época no había un Hugo Chávez y los petrodólares estaban en poder de los árabes y no se dejaban sentir en América Latina.

Es por eso que, nosotros que seguimos de cerca desde hace décadas el proceso de integración centroamericana, que conocemos de alguna manera el funcionamiento de las Instituciones de nuestros países, y que por nuestra formación académica podemos entender con mayor claridad acerca de los pesos y contrapesos que, con sus matices y diferencias, tienen nuestras Constituciones, las cuales devienen de un pasado más o menos común de dictaduras, de intentos de perpetuarse y de abusos de poder, no podemos dejar de manifestar que no entendemos la posición, en este caso, de la comunidad internacional.

¿Es más legítimo un Presidente que cada uno de los integrantes de un Congreso Nacional o que un Alcalde, si todos han sido electos directamente por sus votantes? ¿Por qué tiene que ser ilegítimo un proceso de elecciones convocado por el Tribunal Supremo Electoral en Honduras desde el mes de mayo del presente año, si conforme a sus leyes, no le corresponde a nadie más convocar, dirigir o interferir en ese proceso electoral?

¿Dónde está la ley anterior que faculta a cualquiera a desconocer a las autoridades electas democrática, libre y popularmente en un país, conforme a la normativa legal positiva del mismo?

El pueblo hondureño, no el gobierno, es el que elegirá a sus próximas autoridades. Eso no tiene vuelta de hoja, y mal hace la comunidad internacional en negarle a Honduras una salida "democrática" a la crisis política que ellos no propiciaron, sino ese señor de sombrero que, en una pasada de unas horas por México, fue capaz de unir a una nación de más de 100 millones de habitantes en su contra. ¿Qué es lo que el Presidente Barak Obama o la Secretaria de Estado Hilary Clinton no pueden ver?

Lo que sí quisieramos que vieran es la ingerencia venezolana en el proceso de elecciones de Uruguay, en donde se ha descubierto la venta de un lote de libros que no pasan de un cuarto de millón de dólares, a Venezuela, por más de 36 millones de dólares. Curiosamente, la editorial es propiedad de un pariente de uno de los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Esas elecciones sí van a ser reconocidas por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza? Y la OEA, ¿qué dice al respecto?

martes, 21 de julio de 2009

ROTUNDO NO AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SIN CONFIANZA.

El Gobierno de la República que preside Sandra de Colom insiste, nuevamente, en endeudar más al país con la emisión de bonos por más de 1,200 millones de quetzales, con el pretexto de cubrir el déficit fiscal, ese que quieren hacer parecen inmenso, precisamente porque parte o se origina de un presupuesto totalmente inflado que jamás iban a poder cubrir.
La crisis financiera estadounidense, que luego se globalizó y se convirtió en crisis económica mundial, tiene dos años de evolución; eso quiere decir que las personas que prepararon el proyecto de presupuesto sabían perfectamente que la cola de ese fenómeno nos iba a pegar duro este año, al disminuir las remesas familiares, las exportaciones de nuestros productos y la liquidez en muchas empresas grandes y pequeños negocios, que son la mayoría de generadores de impuestos y de fuentes de trabajo.
Aquí no existe ni irresponsabilidad ni ignorancia, sino una flagrante estafa a los guatemaltecos al vendernos la idea de los bonos para cubrir algo que no pudieron predecir. Todo ha sido perfectamente planeado. Las autoridades y la señora, que no es autoridad pero exige más que todos, sabían hasta dónde iba a llegar la recaudación fiscal en 2009, y aún así presentaron un presupuesto inflado dolosamente.
En su jugada han logrado engañar a alcaldes, gobernadores y hasta diputados, esos diputados que tristemente no cumplen con su papel de contrapeso, especialmente la dispersa oposición, ya que servirían de fiel de la balanza para impedir que se siga engañando a la población y se conozcan las verdaderas intenciones, que hasta llegaron al colmo de darle a ese gobierno sin cabeza electa, pero gobernado hábilmente por la señora de Colom, la facilidad de hacer transferencias a su antojo.
Hoy no existen contrapesos ni controles en la ejecución del presupuesto, y en ese contexto quieren, insisten en endeudar más al país. ¿Por qué? Porque la primera dama está jugando piñata con los recursos del Estado, a su sabor y antojo, en ese afán megalómano por dejar de ser la primera dama y convertirse en la sucesora de Álvaro Colom.
No estoy en contra del endeudamiento público, a priori, pero considero que éste debe tener algunos elementos indispensables, como la confianza en las autoridades, la transparencia en la ejecución (que no garantiza ninguna de las entidades multilaterales de desarrollo), los debidos contrapesos que hoy no existen, ya que no contamos con una Contraloría independiente ni con la participación del Congreso de la República cuando se efectúan transferencias; y otros elementos deseables, como el apalancamiento de proyectos productivos que generen sus propios medios de pago, o siquiera de una obra de infraestructura que le quedará de beneficio al país y a sus ciudadanos.
La confianza en quienes mal gobiernan este país está minada; los financistas de campaña de la mal llamada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, parecen buitres tras los contratos grandes del Estado: Gregorio Valdez con más de 1,500 millones de quetzales entre los contratos de carreteras y el de emisión del documento único de identidad; los Cohen, Irvin y Alberto, con su socio Gustavo Alejos, detrás de los millonarios contratos de compra de medicinas, tanto a nivel de la administración central como de la descentralizada, en donde las danzas de millones son de varios miles de ellos. Y para acabarla de amolar, denuncias creíbles y serias de asesinatos de Estado por razón de rapiña en los negocios públicos.
Lo que desea y pide Sandra de Colom a través de su vocero Presidencial (con mayúscula, porque es el Presidente), es una cuenta corriente de 1,200 millones de quetzales para su disposición y uso personal, para que sean pagados por varias generaciones de guatemaltecos que todavía no han nacido siquiera; y eso, ¡no se vale!
Desde nuestra posición de observador del acontecer político, no podemos entender cómo no se pone de acuerdo el sector privado organizado, la sociedad civil y los diputados decentes del Congreso de la República, porque sí los hay, para frenar de una vez por todas este endeudamiento que no tiene pies ni cabeza, y que sólo servirá para fomentar el clientelismo político y la corrupción. Esto sí sería de sentido común.