LA FUNCIÓN CONTRALORA DEBE CORRESPONDER AL CIUDADANO. IDEAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS

     Varias veces hemos expresado que, antes de poner más impuestos, hay que arreglar el tema de las compras y contrataciones del Estado.  En ese orden de ideas debemos reiterar que, si seguimos haciendo las cosas de la manera tradicional, los resultados siempre serán los mismos.

     Una Contraloría General de Cuentas que permite todo lo que los ciudadanos ya conocemos debería haber desaparecido hace tiempo.  Por el contrario, como un cambio de esta naturaleza corresponde a quienes tienen el control político, que son precisamente quienes tienen el control sobre los fondos públicos, este cambio no se dará sino hasta que haya alguien con los atributos y la claridad de ideas necesarias para implementarlo.  ¿Que se necesita reformar la Constitución? ¡Exacto! Por nosotros no habría problema.

     Para comenzar, el nombramiento del Contralor no debería de estar a cargo de los políticos sino de los contribuyentes (nos negamos a utilizar el término "tributario", el cual no terminamos de comprender).  Nuestra propuesta es simple.  Para el Estado es fácil establecer quiénes son las personas jurídicas y físicas que más contribuyen con sus impuestos, y con esta información debería sacarse un listado con los 2,000 mayores contribuyentes.

     Con este listado se procedería a formar varios grupos: el primero, de los 100 mayores contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 7 años; el segundo, de los siguientes 150 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 6 años; el tercero, de los siguientes 200 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 5 años; el cuarto, de los siguientes 250 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 4 años; y el quinto, de los siguientes 300 contribuyentes que, entre ellos, elegirían su representante cada 3 años.

     Al final, tendremos un Consejo de la Contraloría de cinco miembros que se irían renovando de diferente manera y le aportarían ideas renovadas y estabilidad, al mismo tiempo.  Este Consejo sería el encargado de nombrar, fiscalizar y, en su caso, destituir al Contralor General de Cuentas de la Nación.  Es decir, si alguien debe fiscalizar las cuentas del Estado, que dependa y esté fiscalizado por un grupo de personas conformado por quienes más contribuyen a las arcas del mismo, y no de quienes está a cargo el manejo de las cuentas y del gasto público.

     Este Consejo de la Contraloría debería tener no sólo iniciativa de ley con respecto a aspectos de transparencia y de procedimientos administrativos, sino total independencia de cualquier instancia de gobierno y de los demás órganos del Estado y, sin capacidad alguna de sugerir o de nombrar personal dentro de la misma, sí tener la potestad de regular su política interna, de fiscalizar las actuaciones y de transmitir sus hallazgos a la ciudadanía.

     Por su parte, el Contralor General de Cuentas tendría responsabilidad total de nombrar o de remover a su personal y, específicamente, de su gestión.  No se le puede exigir a alguien que cumpla si se le nombra gente extraña.  Debe trabajar con personal de su confianza y brindar resultados, o hacerse a un lado.  No debería ser, por fuerza, un profesional de la Auditoría sino la persona idónea que el Consejo estime en condiciones de brindar los resultados que se esperan.

     Finalmente, la gestión administrativa de comprar o de contratar obra o servicios debe ser auditada antes de que se hagan los pagos y no después, como sucede actualmente.  Si se establecen los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos tanto para darle la publicidad debida y oportuna a cada cosa como en el manejo de los fondos en las cuentas bancarias, con los controles cruzados que sean necesarios, el funcionario podría solicitar tal o cual compra o contratación, la ciudadanía en general se enteraría de todo lo que se pretende comprar o negociar, habría un tiempo mínimo de publicidad para que cualquier ciudadano, a través de mensajes de texto, electrónicos y hasta fotografías, dé alguna señal de alarma o se oponga, y si no hay argumentos válidos para oponerse, si los precios y las calidades están dentro de los rangos permitidos, y si existen los fondos en la partida para hacer pago contra entrega o conforme sean las bases de la licitación de que se trate, entonces la Contraloría aprobaría, electrónicamente, las negociaciones.

     Las lealtades, hoy, están invertidas; los tiempos también, pues de nada sirve, está demostrado, que después del trueno los contralores griten: ¡Jesús, María!  Son inmensas fortunas las que funcionarios corruptos se llevan, cual ratas, gobierno tras gobierno, y las cosas verdaderamente tienen qué cambiar para bien del país.

     En una nación donde los niños se mueren en el campo, los médicos no tienen cómo atender pacientes en los hospitales y centros de salud y la educación está por los suelos para una niñez y juventud mayoritaria, cada centavo cuenta.

     Estamos seguros que con una Contraloría dependiente de quienes más contribuyen y los sistemas administrativos apropiados, el dinero alcanzaría mejor para tanto que falta hacer, atender y construir en nuestro país.  Si no cambiamos esta parte de la historia será sumamente difícil salir de la pobreza, eliminar el hambre y combatir la ignorancia, tres jinetes apocalípticos a quienes hay que doblegar, y seguimos teniendo confianza en que, más que los políticos de turno, somos los ciudadanos quienes, enfocados como uno solo, tenemos muchos qué decir al respecto.

ESTADOS UNIDOS Y SU ERRÁTICA POLÍTICA EXTERIOR

Para quienes somos observadores del acontecer internacional, no se entienden los mensajes que, desde Washington, da el gobierno de Estados Unidos de América.

Por un lado, relajan todo tipo de medidas de presión sobre el gobierno cubano, la dictadura más larga en ejercicio y, posiblemente, de las más largas de la historia del planeta.

Pero por otro lado, insisten en castigar a Honduras, un país que estaba en manos de un sociópata y megalómano, cuyas violaciones constantes a la Constitución de su país, a las leyes ordinarias y al más elemental sentido común, llevaron a la totalidad de las instituciones hondureñas a condenar, una tras otra, diversas acciones tomadas desde el Ejecutivo, al grado de haberse ordenado la captura para el procesamiento del mismo Presidente de la República, según hemos sabido después de los sucesos del 28 de junio pasado, pero el grupo de militares que se suponía debía ejecutar la orden emanada de la Corte Suprema de Justicia, en lugar de capturarlo y encerrarlo, dejándolo sometido a proceso judicial, lo sacó violentamente del país en una acción que no se puede justificar, procediendo seguidamente el Congreso de la República, entendemos, a juramentar como nuevo Presidente, conforme a lo que establece la misma Constitución hondureña, a Roberto Micheletti.

Eso es, en pocas palabras, lo que da lugar a que se sostenga que Manuel Zelaya sufrió un Golpe de Estado, pero es lo que nos permite señalar que se trata de uno sui géneris, al cual no se comparan ni los sufridos en Honduras en el pasado, ni los sufridos en cualquier otro país. Es un Golpe de Estado tan especial como el que diera, en 1993 en Guatemala, el entonces Presidente Jorge Serrano Elías, el cual fue sacado a la fuerza por el Ejército hacia El Salvador y, de ahí, partió voluntariamente hacia Panamá, donde vive desde entonces, exiliado, procediendo el Congreso de la República, no a declarar como Presidente a quien correspondía, el Vicepresidente Gustavo Espina Salguero, quien también salió de la escena política por más que tratara y quisiera quedarse, sino al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, quien finalizó el mandato para el cual había sido electo Jorge Serrano, con el reconocimiento y el acompañamiento de toda la comunidad internacional.

Por supuesto, en esa época no había un Hugo Chávez y los petrodólares estaban en poder de los árabes y no se dejaban sentir en América Latina.

Es por eso que, nosotros que seguimos de cerca desde hace décadas el proceso de integración centroamericana, que conocemos de alguna manera el funcionamiento de las Instituciones de nuestros países, y que por nuestra formación académica podemos entender con mayor claridad acerca de los pesos y contrapesos que, con sus matices y diferencias, tienen nuestras Constituciones, las cuales devienen de un pasado más o menos común de dictaduras, de intentos de perpetuarse y de abusos de poder, no podemos dejar de manifestar que no entendemos la posición, en este caso, de la comunidad internacional.

¿Es más legítimo un Presidente que cada uno de los integrantes de un Congreso Nacional o que un Alcalde, si todos han sido electos directamente por sus votantes? ¿Por qué tiene que ser ilegítimo un proceso de elecciones convocado por el Tribunal Supremo Electoral en Honduras desde el mes de mayo del presente año, si conforme a sus leyes, no le corresponde a nadie más convocar, dirigir o interferir en ese proceso electoral?

¿Dónde está la ley anterior que faculta a cualquiera a desconocer a las autoridades electas democrática, libre y popularmente en un país, conforme a la normativa legal positiva del mismo?

El pueblo hondureño, no el gobierno, es el que elegirá a sus próximas autoridades. Eso no tiene vuelta de hoja, y mal hace la comunidad internacional en negarle a Honduras una salida "democrática" a la crisis política que ellos no propiciaron, sino ese señor de sombrero que, en una pasada de unas horas por México, fue capaz de unir a una nación de más de 100 millones de habitantes en su contra. ¿Qué es lo que el Presidente Barak Obama o la Secretaria de Estado Hilary Clinton no pueden ver?

Lo que sí quisieramos que vieran es la ingerencia venezolana en el proceso de elecciones de Uruguay, en donde se ha descubierto la venta de un lote de libros que no pasan de un cuarto de millón de dólares, a Venezuela, por más de 36 millones de dólares. Curiosamente, la editorial es propiedad de un pariente de uno de los candidatos a la Presidencia de la República. ¿Esas elecciones sí van a ser reconocidas por la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza? Y la OEA, ¿qué dice al respecto?

ROTUNDO NO AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SIN CONFIANZA.

El Gobierno de la República que preside Sandra de Colom insiste, nuevamente, en endeudar más al país con la emisión de bonos por más de 1,200 millones de quetzales, con el pretexto de cubrir el déficit fiscal, ese que quieren hacer parecen inmenso, precisamente porque parte o se origina de un presupuesto totalmente inflado que jamás iban a poder cubrir.
La crisis financiera estadounidense, que luego se globalizó y se convirtió en crisis económica mundial, tiene dos años de evolución; eso quiere decir que las personas que prepararon el proyecto de presupuesto sabían perfectamente que la cola de ese fenómeno nos iba a pegar duro este año, al disminuir las remesas familiares, las exportaciones de nuestros productos y la liquidez en muchas empresas grandes y pequeños negocios, que son la mayoría de generadores de impuestos y de fuentes de trabajo.
Aquí no existe ni irresponsabilidad ni ignorancia, sino una flagrante estafa a los guatemaltecos al vendernos la idea de los bonos para cubrir algo que no pudieron predecir. Todo ha sido perfectamente planeado. Las autoridades y la señora, que no es autoridad pero exige más que todos, sabían hasta dónde iba a llegar la recaudación fiscal en 2009, y aún así presentaron un presupuesto inflado dolosamente.
En su jugada han logrado engañar a alcaldes, gobernadores y hasta diputados, esos diputados que tristemente no cumplen con su papel de contrapeso, especialmente la dispersa oposición, ya que servirían de fiel de la balanza para impedir que se siga engañando a la población y se conozcan las verdaderas intenciones, que hasta llegaron al colmo de darle a ese gobierno sin cabeza electa, pero gobernado hábilmente por la señora de Colom, la facilidad de hacer transferencias a su antojo.
Hoy no existen contrapesos ni controles en la ejecución del presupuesto, y en ese contexto quieren, insisten en endeudar más al país. ¿Por qué? Porque la primera dama está jugando piñata con los recursos del Estado, a su sabor y antojo, en ese afán megalómano por dejar de ser la primera dama y convertirse en la sucesora de Álvaro Colom.
No estoy en contra del endeudamiento público, a priori, pero considero que éste debe tener algunos elementos indispensables, como la confianza en las autoridades, la transparencia en la ejecución (que no garantiza ninguna de las entidades multilaterales de desarrollo), los debidos contrapesos que hoy no existen, ya que no contamos con una Contraloría independiente ni con la participación del Congreso de la República cuando se efectúan transferencias; y otros elementos deseables, como el apalancamiento de proyectos productivos que generen sus propios medios de pago, o siquiera de una obra de infraestructura que le quedará de beneficio al país y a sus ciudadanos.
La confianza en quienes mal gobiernan este país está minada; los financistas de campaña de la mal llamada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, parecen buitres tras los contratos grandes del Estado: Gregorio Valdez con más de 1,500 millones de quetzales entre los contratos de carreteras y el de emisión del documento único de identidad; los Cohen, Irvin y Alberto, con su socio Gustavo Alejos, detrás de los millonarios contratos de compra de medicinas, tanto a nivel de la administración central como de la descentralizada, en donde las danzas de millones son de varios miles de ellos. Y para acabarla de amolar, denuncias creíbles y serias de asesinatos de Estado por razón de rapiña en los negocios públicos.
Lo que desea y pide Sandra de Colom a través de su vocero Presidencial (con mayúscula, porque es el Presidente), es una cuenta corriente de 1,200 millones de quetzales para su disposición y uso personal, para que sean pagados por varias generaciones de guatemaltecos que todavía no han nacido siquiera; y eso, ¡no se vale!
Desde nuestra posición de observador del acontecer político, no podemos entender cómo no se pone de acuerdo el sector privado organizado, la sociedad civil y los diputados decentes del Congreso de la República, porque sí los hay, para frenar de una vez por todas este endeudamiento que no tiene pies ni cabeza, y que sólo servirá para fomentar el clientelismo político y la corrupción. Esto sí sería de sentido común.