DOS CONCEPCIONES DISTINTAS: LA BRÚJULA DE ESTADOS UNIDOS, EL GPS DE EUROPA.

     Las sociedades ricas del planeta, por el momento, o viven en Estados Unidos de América, EUA, o viven en Europa.  El resto de sociedades vivimos en países que buscan la riqueza, el bienestar de sus habitantes, su industrialización, pero se debaten en esa búsqueda por su desarrollo entre la pobreza, las enfermedades y la desigualdad, especialmente, cuando no es entre la vida y la muerte.

     Luego, que no extrañe que todos esos seres que vivimos, no en el primer mundo ni en el segundo sino en el tercero, que gracias a la penetración de la televisión y el cable podemos ver cómo se vive en otros lados, aspiremos a tener una oportunidad de "hacerla" en esta vida y que, como primer paso para lograrlo, hagamos hasta lo imposible por situarnos en donde están, precisamente, esas oportunidades.

     La avalancha de migrantes que buscan mejorar sus ingresos es inmensa, y está siendo agravada, a nivel mundial, por los conflictos armados en algunos países, por el crimen organizado que presiona, extorsiona y mata por todos lados, en otros, y por la enorme pobreza, rayando en miseria, de la mayoría.

     La nueva versión de esa ola migrante, con el peso que le da la ruta que emprenden miles de jóvenes y niños hacia el norte (el de América, el de África como medio para llegar a Europa), hace que recapitulemos sobre algunos conceptos y notas que hemos conocido y compartido con anterioridad (http://politicaysentidocomun.blogspot.com/2010/08/de-la-cooperacion-intergubernamental-la.html) y, a la luz de estos nuevos hechos, los pongamos en contexto con la visión equivocada, según nuestro criterio, que tiene EUA sobre lo que está sucediendo y la manera de contrarrestarlo.

     Las causas de que tanto niño y tanto joven emigre a EUA son múltiples, tan diversas y se han manifestado abundantemente, de manera que, como no es sobre lo que deseamos hacer énfasis, no las abordaremos.  Sólo dejaremos asentada nuestra admiración por la valentía que muchos muchachitos, a tan corta edad, sin distinción de género, han manifestado para realizar una proeza de tal naturaleza.

     Esas causas nos parece que las autoridades de EUA las conocen y las entienden, pero el enfoque mediante el cual quieren frenar este fenómeno social está condenado a un rotundo fracaso y, lo que es peor, a agravarlo hasta convertirlo en un problema de inmensas proporciones que, en el futuro, será más difícil manejar para ellos mismos.

     ¿Cómo se les ocurre mandar al vicepresidente como portavoz de todo un imperio con un mensaje tan pobre como el "no vengan porque no se les admitirá"? Ni siquiera el ofrecimiento de pingües US$40.0 millones, para cinco años, parece provenir con seriedad. 

     Europa tuvo enormes desafíos, muy parecidos a lo que sucede ahora entre las dos Américas, la de la riqueza y la de la pobreza; y entre Europa y el norte de África, cuando la "Cortina de Hierro" que separaba la Europa industrializada de la Europa del este, hasta entonces comunista, densamente poblada con las grandes masas viviendo en la pobreza; pero lejos de blindar sus fronteras ante una avalancha humana que no iba a poder contener, invirtió enormes sumas de dinero y llevó tecnología a unas comunidades que, hoy, no necesitan movilizarse a otros países, por lo menos con tanta presión, porque tienen oportunidades de desarrollarse y buenas plazas de trabajo en los lugares donde nacieron.

     Es decir, mientras Europa ha navegado por problemas similares con el GPS del desarrollo que no solamente le marca el rumbo sino le señala los escollos que hay que ir salvando, EUA cree que con su milenaria brújula y el amurallamiento de sus fronteras le será suficiente para contener la férrea voluntad de comunidades enteras que buscan un bienestar que, si no lo encuentran en su entorno natural, lo encontrarán de alguna otra manera.

     ¿No les es suficiente motivo para entender la determinación de nuestros pueblos el hecho de que tengan ya, bajo custodia, varias decenas de miles de niños? ¿Es que no se dan cuenta que es muy probable que sus instituciones sólo sean capaces de capturar un pequeñísimo porcentaje de esos millares de niños y jóvenes que ya están en su territorio? ¿Y los que están por emprender esa dura jornada? 

     El mundo ha cambiado tanto estas dos últimas generaciones, que el país con el ejército más grande y más fuertemente financiado del mundo difícilmente puede salir triunfal de un país en donde interviene militarmente.  Los hechos hablan por sí solos.

     De igual manera, los fenómenos sociales del siglo XXI no es posible contenerlos con una orden dictada desde Washington o desde cualquier otro centro de poder del mundo.  Los líderes políticos del mundo occidental (o cualquier otro) no son autoridad para las comunidades pobres que anhelan un mejor porvenir.

     Desde que la información acerca de cómo vivimos los más afortunados se ha democratizado, los seres humanos más pobres y más vulnerables del planeta sueñan, aspiran a tener y, al final, muchos de ellos se atreven a poner en práctica algún plan para convertir esos sueños en realidad.

     Es el hombre, el ser humano, quien se ha encargado de institucionalizar las fronteras.  Las migraciones siempre se han dado y la gran mayoría de ellas, cuando no han sido invasiones violentas, se han dado por la aspiración de ese ser humano por mejorar sus condiciones de vida.

     Los pobres del mundo tienen derecho a soñar y a hacer lo que sea por sobrevivir.  Los políticos de otras latitudes poco entenderán que, a veces, esa partida es cuestión de vivir o morir cuando ya no se tiene recurso alguno al cuál echar mano.  

     Son los políticos del mundo industrializado quienes tienen que apagar sus calefacciones o sus aires acondicionados, usar la misma ropa por más de un mes, rebajar su ingesta calórica al mínimo y olvidarse sus vehículos, de su chequera y tarjeta de crédito por un tiempo para ponerse en los zapatos de quienes están arriesgando su vida y su integridad física y hasta sexual por tener la oportunidad de un empleo digno.  Pueden hacer una prueba de dos días haciéndose los sordos cuando sus propios hijos les piden de comer.

     Son los políticos del mundo industrializado quienes tienen la oportunidad de disponer de mayores partidas para el desarrollo en lugar de armamento, de movilizaciones militares o de fronteras fortificadas y vigiladas por hombres armados.  

     Ni siquiera han sido capaces de comprender que en nuestras culturas, como en sociedades de otras latitudes, los niños y jóvenes están acostumbrados a trabajar; ésa es su manera de aprender un oficio y de integrarse al mundo productivo del adulto, pero hasta esas oportunidades le han vedado a nuestras juventudes, y en su paranoia de que todo puede ser explotación infantil, que también la hay, los niños y jóvenes de los centros urbanos no tienen ocupación, no tienen ingresos, no tienen nada como no sea el afán de búsqueda y de mejora, que eso nadie se los puede quitar.

     Europa, con su GPS en desarrollo, les ha puesto la muestra a los EUA.  Si este último país dispensara tan sólo un 10% de lo que en un mes se gasta en hacer la guerra, en toda Centroamérica podrían apoyarse innumerables proyectos sostenibles que elevaran el desarrollo.  Lo que han hecho con México a través del Tratado de Libre Comercio, TLC, es lo que deben hacer con Centroamérica.  

     En su falta de comprensión del problema, los líderes políticos estadounidenses operan en contra de sí mismos.  La aprobación del Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico (el TPP, por sus siglas en inglés), sin la inclusión de los países centroamericanos, por ejemplo, solamente agravará la situación de los habitantes porque le restará oportunidades de desarrollar empleos a la región en favor de otros países, y esto solamente incrementará el flujo migrante de adultos, de jóvenes y niños hacia el norte.

     Mientras privilegien gastos en portaaviones, envíos de tropas o cualquier otra cosa que se les ocurra, y no entiendan las consideraciones humanas que hay detrás de esa marea humana, podrán invertir en fortificarse que no detendrán el ingenio de los seres humanos para estar donde están las oportunidades dignas.

     Los grandes problemas migratorios de EUA, con todo y los grandes problemas de violencia en México, no son de origen mexicano, pues su industrialización está, poco a poco, generando las oportunidades de trabajo honrado que antes debían salir a buscar al norte.  Es como si el TLC hubiese empujado la frontera Norte-Sur del Río Grande al Río Suchiate.

     ¡Eso es lo que EUA tiene que hacer con Centroamérica! Nos tienen que dejar de ver como una amenaza y dejar de criminalizar a los migrantes, niños y jóvenes incluidos, y ver a nuestros países como otra oportunidad de crecer y de hacernos más fuertes, todos; es decir, ellos y nosotros.

     Esos US$.40.0 millones de "ayuda" los agradecemos, aunque sepamos de antemano que no servirán de nada, especialmente si la mayoría de ese dinero se va, de año en año, en consultorías o sueldos pagados a personal estadounidense, como suele suceder.  Sin embargo, a nuestros ojos no es más que una dádiva, algo así como una limosna que el poderoso da para tener tranquila su conciencia, aunque en el fondo sabe que no está cambiando nada y que no ha dado suficiente.

     EUA debe cambiar su brújula que solamente señala hacia dónde debe ir, por magnetismo, por un GPS que le señale que el camino al desarrollo no es lineal, que a veces hay que virar a la izquierda, otras a la derecha; a veces acelerar y a veces ir con mucha precaución, pero avanzando en el camino real de levantar el nivel de vida de la gente por donde se pasa.

     Ante nuestros ojos y según nuestra experiencia, es la única salida viable para desarticular este problema.

LOS EXPERIMENTOS POLÍTICOS EN GUATEMALA Y LA CLAUDICACIÓN DE LA SAT

     Los políticos guatemaltecos, con lo malos administradores que hemos demostrado ser, tendemos a experimentar nuevas opciones en un afán por mejorar la eficiencia institucional frente a los electores.

     Uno de esos experimentos se dio al final de la última década del siglo XX al crearse la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con las ideas bien intencionadas de despolitizar al ente recaudador de impuestos y, bajo una presión internacional que no ha cejado, la de subir la tasa impositiva.

     Ninguna de las dos cosas ha sucedido.  El Directorio de la SAT, lejos de ser un ente técnico, se ha politizado y convertido en comparsa de los ministros o gobernantes de turno, y la tasa impositiva, especialmente con la última reforma a la ley, lejos de mejorar, empeoró, lo cual no ha sido impedimento para que la Junta Monetaria y el Congreso de la República sigan apoyando que se endeude más al país, lo cual sí es una consecuencia del fracaso de la primera.

     No bastan las polémicas entre la SAT y el Ministerio de Finanzas, que antes de que se diese esta dicotomía no existían. Ahora, con la pretensión de contratar una empresa extranjera para que cobre nuestros impuestos, pagándole un dineral por hacer un trabajo en donde la SAT ha claudicado, las razones para pensar que ese experimento no funcionó, son muy grandes y poderosas.

     Con las declaraciones vertidas hace poco con la otra polémica surgida del alquiler, por varios millones de dólares, de unos pisos de un edificio para esta entidad, nos enteramos que tiene poco más de cuatro mil empleados.  ¿No son suficientes para cobrar unos impuestos a una ciudadanía cansada de ver el despilfarro que se da en medio de esta danza de millones?

     Para ponerlo más claro: ahora hay que repensar lo que en este espacio hemos comentado como la fragmentación del poder.  ¿Se justifica que haya Ministerio de Finanzas y SAT de manera simultánea? Si el directorio de especialistas de la SAT ya claudicó, ¿no será mejor pensar en clausurar la SAT y fortalecer y modernizar al Ministerio de Finanzas?

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. PUNTA DE LANZA

     Hoy entró en vigencia el nuevo arancel, en materia de propiedad industrial, del Registro de la Propiedad Intelectual, RPI, en Guatemala.

     Esto se da en el marco de su modernización, pues dejan atrás el sistema de publicaciones en medios impresos, propio del siglo XIX, y entran a la era virtual, con publicaciones en línea, lo cual no parece ser señal de que bajarán los costos a los usuarios, pero es el primer paso, en la línea correcta, para bajar tiempos, reducir vueltas innecesarias que tienen que ver con gasto de combustible y estacionamientos, congestionamiento de tránsito y el estrés que se deriva de todo lo anterior.

     Facilitarle la vida al ciudadano debiera ser la labor de todo funcionario público, por eso abogamos por la conversión de la Administración Pública, de una de burócratas (es decir, la que ejerce el poder desde los escritorios), a una de tecnócratas (la que lo ejerce apoyado en la tecnología).

     Estamos seguros que en poco tiempo el Gobierno Electrónico será lo natural en la relación entre gobernantes y gobernados, y al fortalecer esta alternativa se fortalece, al bajar tiempos de inscripciones, de respuesta, de impugnaciones, y costos en general, el clima de negocios, en general, de nuestro país.

     En este mundo de malas noticias aprovechamos para felicitar a los funcionarios públicos involucrados en estos cambios e instamos a los responsables de otros registros públicos a emular este tipo de esfuerzos.  Nosotros, que hemos sido parte del proceso de rescate y de evolución del Registro General de la Propiedad, sabemos que la academia no prepara a los funcionarios con el tipo de perfil personal que estos retos requieren, por lo que valoramos con mayor razón su esfuerzo.

     Esperamos con ansias, como lo hemos dicho en algún ensayo anterior, que cualquier persona obtenga, en menos de media hora, un expediente completo de una empresa, con apertura de cuenta bancaria, número de identificación tributaria, NIT, sellos de hule y mandato legal para representarla, como sucede en otros países del mundo.

     La creación del Centro Nacional de Registros se dará algún día, y para ese momento el país habrá de montarse en la tecnología.  Se quiera o no se quiera.

ENTRE EL IDEALISMO DEL POLÍTICO Y EL REALISMO DEL ABOGADO FRENTE AL TEMA DE LAS POSTULADORAS

     Como abogados estamos entrenados para navegar dentro del mundo de la realidad, pues el entramado jurídico ordena y encausa nuestro comportamiento en sociedad; de ahí que hemos sostenido, anteriormente, que la Constitución no tiene interpretaciones sino se acata.

     Por otro lado, nuestra faceta de político, no sujeta al acatamiento simple, en blanco y negro, de la ley, sino obligada a pensar y repensar los fines últimos del Derecho, para imaginar lo mejor para la convivencia en paz y hasta para la búsqueda de la felicidad, potencializa nuestra vena idealista.

     La mezcla equilibrada de esos dos elementos, en el entramado de nuestro proceso de elaboración mental de ideas, categorías y aspiraciones, nos hace repensar que los políticos que, en su quehacer legislativo, le dieron vida a las Comisiones de Postulación, esos entes colegiados conformados para iniciar el proceso de selección de funcionarios, y el proceso mismo de selección de candidatos, si no está planteado de forma totalmente equivocada es, por lo menos, erróneo, cojo, incoherente y negativo para los fines últimos que persigue: la búsqueda y selección de las mejores personas para ocupar cargos tan importantes para la nación.

     En anteriores ensayos hemos dicho que los políticos que fallaron en años anteriores, para tratar de subsanar sus propios errores, su falta de compromiso o las componendas de sus pares o de ellos mismos (¡quién sabe!), en un intento por despolitizar los procesos de selección, politizaron universidades y colegios profesionales; es decir, taparon sus errores del pasado con un planteamiento nuevo plagado de nuevos errores que, en esa ley natural de causalidad, producen nuevos y nefastos efectos.

     Por ejemplo, ¿cómo pretenderemos que se acerque la mejor gente a optar por cargos tan importantes cuando los candidatos son expuestos, públicamente, a que se les califique con cero puntos en el componente académico, cuando son profesionales con una larga y honrosa carrera a la vista de todos? Eso, en nuestro caso personal, lo consideraríamos una deshonra pública y ni nos acercaríamos a correr ese riesgo.

     ¿A quién se le ocurrió que una maestría, que dura dos años, o un doctorado, que puede durar unos años más, tienen más valor, para efectos de ocupar un cargo, que 25 o 30 años de ejercicio profesional exitoso?  ¿Desde cuándo la obtención de un grado opcional se convirtió en un privilegio para optar a un puesto en la estructura del Estado?

     Desde fines de los años 1990's en que fungíamos como funcionarios en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, recibimos una carta de un asesor del Congreso de la República de Guatemala invitando a un concurso en donde se privilegiaba a los abogados quienes tenían una maestría o un doctorado, lo cual motivó una respuesta nuestra, por escrito también, manifestando nuestra inconformidad, pues en nuestro quehacer diario, dentro del Banco, teníamos que vernos confrontados por "Doctores en Derecho" y, a la fecha de esa respuesta, nuestros argumentos de simple licenciado prevalecieron, siempre, sobre los otros, precisamente porque estaban fundamentados en razones jurídicas poderosamente sustentadas, tanto en cuestiones de forma como de fondo.  

     ¿Si no valorizábamos nosotros el título académico que sacamos con esfuerzo personal, quién lo iba a hacer por nosotros?

     Por otro lado, no podemos estar de acuerdo, tampoco, con que la proyección social sea un componente integrante de una calificación para alguien que debiera llegar a hacer una labor técnica.  Son dos cosas que tienden a confundir sobre lo benigna de la norma positiva, pero para nuestros ojos entrenados y a la luz de nuestra experiencia, la ley está profundamente equivocada y, además, se presta a cometer injusticias con respetables profesionales, generando que otros profesionales de altísima calidad se abstengan de participar por consideraciones que no debieran tener qué ver con la función pública que se desea cubrir.

     El procedimiento establecido para nombrar funcionarios podrá estar fundamentado en ley, pero a la luz de la Teoría General del Estado y del estudio de la historia de nuestras instituciones políticas, es equivocada.  Habría que ver qué estudios tenían los legisladores que aprobaron dicha normativa legal. ¿Será que todos eran doctores o sacaron, al menos, una maestría? ¿Y su proyección social? ¡Por favor!

     En el caso del nombramiento del Fiscal General se trató de restarle injerencia al Presidente de la República y lo que se produjeron, siendo el Presidente quien nombra finalmente, fueron negociaciones bajo la mesa y una excusa fuerte para lavarse las manos si el funcionario nombrado no cumple con las expectativas de la población, pues se vio constreñido a nombrar de una lista escogida por otros de antemano. ¿Habrá mejor excusa?  ¿No sería más transparente que el Presidente nombre, bajo su responsabilidad, y que el Congreso confirme posteriormente, después de estudiar la hoja de vida de la persona, como es en otros países?

     Pertenecer al gremio de los abogados y haber sido funcionario en el Registro General de la Propiedad nos permite decir, con absoluta autoridad, que no todos los profesionales del Derecho somos iguales.  El gremio de abogados debe ser depurado de verdaderos delincuentes que andan por la vida traicionando los valores que juraron algún día defender, así como a los miembros más débiles de nuestra comunidad.  Son pocos, pero su comportamiento condenable y muchas veces punible hace un daño terrible a la sociedad y a la imagen del gremio en su conjunto.

     Por otro lado, también hay profesionales del Derecho que son excepcionales en su calidad humana, formación académica sin necesidad de tantos títulos y visión de país.  Estos son a quienes la norma que regula la selección debiera estimular para que participen.

     Con procesos de selección de la naturaleza del actual, ¿cómo hacemos para que este tipo de profesionales, la mejor gente del país, se involucre en el manejo, al más alto nivel, de las instituciones del Estado?

     Es curioso que se exija tanto título, que sólo la academia puede dar, para optar a un grado superior a la licenciatura, y que sean los Decanos de las Facultades que otorgan esos grados superiores quienes conformen las Comisiones para nombrar funcionarios.  Porque esos grados no son gratis, cuestan dinero, y desde el momento en que hay un componente pecuniario de por medio entre quien nombra y los requisitos que deben tener todos los candidatos para el puesto, pues ya se vio que a quienes somos simples licenciados no se nos reconoce un solo punto a favor y, así, no podemos más que pensar mal.  ¡El sistema es, por donde se vea, perverso!

     Pero este proceso, a la vez, lo que ha estimulado es la creación de Facultades de Derecho en las Universidades que, antes de existir la Ley de Comisiones de Postulación, que les da injerencia en la selección indicada, no existían.

     Osho, uno de nuestros autores favoritos, es un realista declarado.  Nosotros no perdemos el idealismo.  La disyuntiva, entonces, es acatar sin pensar, cayendo en el conformismo, o razonar para estar en condiciones de producir cambios hacia un sistema virtuoso e incluyente de los mejores profesionales del país.  

     No es cuestión de obediencia versus deliberancia; es un poco más profundo.  La obediencia implica un ente superior mientras el acatamiento, en los términos planteados, es una decisión personal, un acto de voluntad dentro del proceso mental de deliberación.

     Ahora que viene el nombramiento de Magistrados para integrar las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, pensamos lo mismo.

     Como el proceso de nombramiento está politizado, los administradores de justicia que aspiran a integrar dichas salas entienden el juego y se meten a hacer política.  ¿O no es un reflejo de esto el que casi 100 jueces se hayan excusado de conocer un solo y sonado caso, el de un ex-Jefe de Estado?

     Así las cosas, nuestra búsqueda de balance de toda la vida entre lo real y lo ideal se inclina hoy por la sangre política que llevamos dentro, y en ese amor inmenso a nuestra patria y por verla, en un futuro, menos cooptada y más proclive a tener procesos justos, transparentes y cargados de sentido común, nos inclinamos hoy por el "qué debiera ser", en un idealismo real, podríamos llamarlo, porque la ciudadanía sabe que las cosas están mal planteadas y es real el sentimiento de cambiarlas, y nosotros razonamos a su favor y estamos con aquélla.

     La política debiera ser manejada por políticos, y estos debieran dejar de ser pusilánimes y asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y frente a la historia, con transparencia, con honorabilidad, expresando las cosas como son y con la verdad.  

     Todo esto es de sentido común.

     

LA ALHARACA DEL PRECIO DE LAS MEDICINAS Y OTROS CARTELES

     Gran bulla han metido la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, la prensa escrita y televisada y, ahora, la inoperante Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, al "descubrir" que la oferta de descuento, en la venta al público de medicinas, no es real, porque el precio sugerido que proviene de las droguerías, que surten las farmacias, no es ni por asomo el precio real de las mismas, y viene inflado, de manera que al aplicar el descuento anunciado les queda a las farmacias una gran utilidad.

     ¡Qué gran descubrimiento!  Este procedimiento ha sido el mismo, en la relación comercial droguería-farmacias, desde antes de que existieran la PDH y la DIACO.  ¿A quién tratan de engañar?

     ¿Van a ponerle multas a los supermercados y a las tiendas de barrio porque hacen exactamente lo mismo con sus proveedores? ¿O es que se pretende que quienes le distribuyen al público no tengan su correspondiente ganancia?

     Lo mismo sucede con el humilde vendedor de verduras, frutas o montes en cualquier mercado.  Compran de un proveedor a precio más barato para vender con alguna ganancia, y si en este caso no hay oferta al público de un descuento en porcentaje, hay negociación, regateo y, al final, siempre un precio qué pagar.

     El problema no radica en que las farmacias compren a un precio menor y vendan a otro mayor.  ¡Simplemente no podría ser de otra manera! 

     Donde está el problema es que los laboratorios de medicinas, tanto locales como internacionales, se han cartelizado, es decir, se han puesto de acuerdo para subir, de común acuerdo, los precios de las medicinas, de manera que el público guatemalteco pague más por lo que, comparando precios de los países vecinos, ciudadanos de esos países pagan por los mismos productos.

     Este ya no es un tema para la PDH ni para la hasta ahora ineficiente DIACO.  Ni siquiera para el Congreso de la República donde están discutiendo alguna ley al respecto.

     Con la buena relación que existe con el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, debiera acercársele para unir esfuerzos o aprender (lo decimos en el buen sentido y sin puya alguna) cómo lo hacen allá para romper ese evidente cartel que, alrededor del lucrativo negocio de las medicinas, se ha formado en nuestro país.

     Además, Guatemala debiera aprovechar las enormes ventajas que el sistema de compras de medicinas a nivel regional ha demostrado para los gobiernos de los países centroamericanos durante varios años ya.

     El de las medicinas no es el único cartel que, evidentemente, nos viene, como ciudadanos, esquilmando.  

     Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), con la mejor buena intención del mundo y dentro de la política de liberalización que tan buenos resultados ha dado en las comunicaciones, también se liberalizó el precio que, hasta entonces, se mantenía controlado en la venta de combustibles; pero es obvio que, en este caso específico, la competencia no funcionó, y con el tiempo hubo una empresa que asumió un papel preponderante, marcando los precios que las demás compañías, más pequeñas, simplemente fueron asumiendo, al grado que hoy el precio de los diversos combustibles no sólo es el mismo, prácticamente, en todos los establecimientos de la capital, lo que demuestra que no hay competencia, sino es ostensiblemente más alto de lo que debería ser.

     La libre competencia y el libre mercado son sanos para todos, pues empujan la calidad hacia arriba y los precios hacia abajo, además que ayudan a no retornar a la época de desabastecimiento que, quienes somos mayores, ya vivimos en otros tiempos, pero de alguna manera el Estado debe garantizar que esa oferta de productos se dé sin que los operadores se pongan de acuerdo para defraudar a un público cautivo.

     Esperamos ver unas autoridades con una visión más clara de lo que sucede y tomando las decisiones que corresponden.  La ciudadanía de la que formamos parte estamos alerta de lo que, al respecto, van a hacer en nuestro beneficio.

INICIANDO CRUZADA CONTRA EL RACISMO. EL CASO DEL DR. STOKES

     El Dr. Wilfredo Ramón Stokes Baltazar ha caído en una de tantas trampas que tiene nuestro ordenamiento jurídico.  Está sentenciado, cumpliendo una condena por varios años por femicidio (conforme Decreto 22-2008 del Congreso de la República).

     No vamos a entrar en los detalles de su acusación y de la cantidad de recursos que se han interpuesto.  Ése no es el objeto de este ensayo.

     El punto es que alrededor del caso de esta persona, a quien no conocemos, lo que se percibe es un tremendo racismo tan sólo por el color de la piel del acusado y, desde hace un tiempo, condenado.

     Al evaluar la hoja de vida del condenado, ante nuestros ojos deja de ser una persona y se convierte en un personaje.  Deportista, profesional destacado de la medicina, investigador, con una labor social impresionante, lo menos que merece de nuestra parte, en estos momentos en que vive la infamia de nuestro sistema de administrar justicia, es apoyo.

     Como lo hicimos nosotros en su oportunidad, ha hecho basketball, artes marciales y, curioso, hasta compartimos la experiencia de salvar vidas en las playas de nuestro país.

     ¿Que pudo, efectivamente, haber cometido el delito tipificado en la ley por el cual fue condenado? Por supuesto que sí, pero los indicios de que todo esto es una injusticia para el ahora reo son tan grandes, tan abrumadoramente evidentes, que el apoyo de nosotros, los ciudadanos de Guatemala que conformamos la sociedad a la que él ha servido, se hace necesario para remediar lo que las diversas instancias legales no han podido hacer.

     Por eso nos atrevemos a proponer que se le otorgue la "amnistía" que contemplan los artículos 102 inciso 3 y 104 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República.

     No se nos vaya a interpretar mal.  Por supuesto que la mujer merece ser protegida contra todo tipo de violencia, pero el caso al que nos referimos tiene una connotación totalmente distinta, y tan despreciable es la violencia de género como el racismo, y nuestra lucha debe ser por erradicar ambos, pero también el de tratar de corregir las injusticias que, de cuando en cuando, se dan.

     Esperamos que la ciudadanía a la que apelamos, con todo y sus ocupaciones, se tome la molestia de apoyar este tema y ayude a que este ser humano retome el rumbo de su vida y retorne a su hogar, con sus seres queridos.

FALACIAS EN CUANTO AL FRACASO DE LA REFORMA TRIBUTARIA E INOPERANCIA DE LA SAT

     Dice el refrán popular que cuando el niño sale feo, le echan la culpa a la partera.  Esto puede aplicarse a los análisis que los "especialistas", por no decir involucrados e interesados, hacen de la fallida reforma tributaria e inoperante Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.

     En décadas de fijarnos en el acontecer nacional, jamás vimos una reforma tributaria tan poco meditada; ni siquiera la que promovió el presidente Vinicio Cerezo, en su momento, que provocó la paralización de actividades del sector privado.

     Fue precisamente esa precipitación, y no los posteriores fallos declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos, los que convirtieron esa reforma tributaria en un fracaso, pues produjo exactamente los efectos opuestos a los que pretendían sus proponentes y, para su mayor malestar, los que los autodenominados "libertarios" predijeron.

     Hay otro refrán que dice: "¿Quién con una luz se pierde?".  Pues ya vemos que de todo pasa en nuestro país.

     Otra falacia es que, como la reforma tributaria fracasó y las predicciones de recaudación no se están cumpliendo, el Estado debe endeudarse más para suplir con compromisos contraídos en moneda dura, en el Presupuesto General, lo que no somos capaces de recaudar por la vía de impuestos.

     Lo que debe suceder es que el gobierno DEBE ajustar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que así es como se denomina, equilibrando los egresos a los ingresos reales proyectados, especialmente ahora que se sabe que, por tratar de inventar el agua azucarada, provocaron una caída en la carga tributaria.  ¡Como si no fuera suficiente para ahuyentar la inversión el estar revolviendo a cada rato nuestra normativa tributaria!

     Estamos seguros que si no hubiese habido reforma tributaria, los niveles de inversión real en el país habrían crecido a otro ritmo y, sumado a la recaudación que ya se tenía cuando asumió el gobierno proponente de tal reforma, en enero 2012, la misma habría crecido de manera natural porque se le dio estabilidad a quienes nos tienen en mente, como país, para venir a invertir, y las cosas pintarían mucho mejor para todos.

     Por otro lado, los altísimos niveles de corrupción que actualmente imperan en las esferas gubernamentales, en la administración de justicia, en el aparato legislativo y en el sector privado, hacen que todo esfuerzo por endeudar el país, sea inútil. Podemos continuar endeudando nietos, bisnietos, tataranietos, choznos y hasta quintonietos, y jamás habrá desarrollo en un país que vive una orgía de depravación con la utilización de sus exiguos recursos.

     Además, más que una falacia es una inmoralidad en la que se envuelven, además, los organismos financieros internacionales, especialmente aquellos que se dedican al desarrollo y que hasta llevan ese nombre, que la deuda con que están agobiando al país sirva para pagar sueldos de la administración y, encima, se sigan montando aumentos desmedidos de sueldos sobre la base de un dinero que no existe, porque es deuda.  ¿Acaso no ven cómo estuvieron a punto de reventar varias economías europeas ante desmadres parecidos?

     En 1998, con la creación de la SAT, se quiso dar independencia al ente recaudador: falacia.

     Las intervenciones en las aduanas del país las declaran un éxito porque subieron la recaudación en un monto insignificante: ¡falacia!

     En materia tributaria todo está al revés.  Hasta la prensa coadyuva a esto entrevistando, como expertos en el tema, a algunos personajes que tienen responsabilidad en todo este embrollo, que así como los hay exitosos, hay de los otros, y la prensa les da cabida a ambos, ayudando a confundir más a la ciudadanía.

     Ojalá haya mentes claras en el futuro cercano del panorama tributario guatemalteco.  Por nuestra parte, seguimos creyendo que quienes se merecen toda una oportunidad para salir adelante son las personas que tienen años de buscar trabajo y no encuentran, o de tener un trabajito que apenas da para sobrevivir y quieren optar a algo mejor, y solamente con normativa legal clara, reglas claras y mucha estabilidad lograremos, como país, ir generando ese ambiente de confianza que es necesario para producir más y mejor.