RESPALDO A LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ. LAS ESTAFAS A NUESTROS PAÍSES.

Ante la suspensión unilateral de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá por parte del consorcio que ganó tal licitación, encabezado por la empresa española Sacyr, respaldamos en su totalidad la posición digna y firme de la Autoridad del Canal de Panamá de exigir el cumplimiento de las condiciones originales del contrato suscrito por las partes.

La misma prensa televisada oficial española ha esclarecido que, parte de las comunicaciones que el gobierno de Estados Unidos de América espió en su oportunidad, y que fue objeto de las filtraciones de Wikileaks, correspondientes a la embajada de ese país en Panamá, dan cuenta que estaban enterados que el consorcio ganó la licitación, por un margen superior a los US$,1,000 millones, con la intención de renegociar, con gobierno panameño, ya una vez iniciada la construcción, los precios de la obra.

¿Acaso se hicieron las licitaciones para actuar, con premeditación, de esta manera? Si las reglas de participación permitiesen esto, ¿cuál sería la certeza sobre dichos procesos y sobre los contratos que, para el efecto, se firman? ¿Dónde está la ética en todo este asunto?

El gobierno panameño debiera aplicar todos los mecanismos, no sólo para hacer cumplir el contrato sino deducir responsabilidades a las empresas que son parte de este consorcio y a sus representantes legales, ya que este tipo de actuación podría hasta ser tipificada como estafa, que es un delito que conlleva penas de cárcel, pues aparentemente se trata de toda una trama montada para ofrecer una cosa para terminar defraudando a la contraparte en su patrimonio.

Abrirle la puerta a estos mecanismos de inversión es condenarnos a que nos esquilmen con cualquier pantalla de constructores internacionales.  Centroamérica, y América Latina en su conjunto, deben unirse para respaldar a Panamá en este caso.

En Guatemala tenemos los casos del ferrocarril, una empresa canadiense, y de las empresas de transmisión de energía eléctrica, otra inversión española que acaba de verse favorecida por un fallo cuestionable, aunque durante el proceso se comprobó que hasta los palcos del estadio Santiago Bernabéu corrían a cargo de los usuarios del servicio de energía eléctrica de Guatemala.  Los dos casos similares en cuanto a las turbias intenciones de los inversores. ¡Ya basta con este neocolonialismo!

De la manera planteada nos llenaremos de obras a medio construir, de demandas por más dinero o de obras sobrevaluadas en perjuicio de mejores competidores para llevarlas a cabo y de los ciudadanos que pagan sus impuestos y que son, al final de la cadena, los burlados, al quedarse sin la infraestructura que se pagó colectivamente o por cuya causa empeñaron el futuro de sus hijos y nietos.