domingo, 31 de enero de 2010

UCRONÍA HONDUREÑA O HISTORIA CONTRAFACTUAL DE UNA CRISIS POLÍTICA

Es el 28 de junio de 2009 y los militares rodean el inmueble donde el presidente Manuel Zelaya duerme solo. Lo sacan en ropa de dormir pero logra sacar su sombrero. Lo conducen al aeropuerto, en donde lo espera un avión que lo traslada a Costa Rica, lugar en el que lo dejan abandonado a su suerte.

Afortunadamente para él, cuenta con el apoyo incondicional del presidente de ese país, quien lo acoge como huésped. Los medios de comuniación masiva, para entonces, ya han dado la noticia a todo el mundo, cuyos líderes comienzan a reaccionar condenando el Golpe de Estado y exigiendo el regreso al poder del presidente constitucional.

La prestigiosa Organización de Estados Americanos, OEA, con su todavía más prestigioso Secretario General al frente, llega ese mismo día al país; al día siguiente, ocasión en que se reunen los Presidences de Centroamérica en Managua, arriba para liderar una declaración de advertencia al Congreso Nacional, quien hace caso omiso y procede a nombrar a Roberto Michelletti, hasta entonces presidente de dicho Organismo del Estado, para que ocupe, interinamente, la Presidencia de la República.

A las voces de la Reunión de Presidentes, de la OEA y de muchos líderes del mundo libre, incluyendo los de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, etcétera, se suma la del Secretario General de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, ONU, antiguo dirigente sandinista y ahora líder del mundo libre. Todos rechazan lo que sucede en Honduras. Es inconcebible lo que sucedió ese 28 de junio, no importa cuáles son sus antecedentes.

La presión es tan grande que el tres de julio, apenas unos días después de asumir, mientras las personas regresan a sus hogares al final de una jornada semanal de protestas, trabajo e incertidumbre, el presidente interino a quien todos llaman de facto, renuncia a la Presidencia de la República, y en su alocución a la Nación señala que la única manera de alcanzar la paz en el país es volviendo las cosas a como eran antes del domingo anterior.

Manuel Zelaya regresa el domingo por la mañana en un avión de la Fuerza Aérea Venezolana, haciéndose acompañar de los Secretarios Generales de la OEA y de la ONU, así como por varios presidentes de países amigos, entre los cuales destacan Hugo Chávez Frías, Evo Morales, Daniel Ortega y Cristina Fernández, quienes se encargan de resaltar que el compañero Zelaya ha salido victorioso liderando una revolución que apenas comienza en Honduras, y que la misma vendrá a beneficiar especialmente a la gente......... ya todos sabemos el discurso.

Los seguidores de Manuel Zelaya, que se contaban en el orden de entre mil y dos mil personas, ahora son decenas de miles que abarrotan las calles aclamándolo, vitoreándolo. Son mucho menos, ahora, quienes adversan en las calles al presidente que regresa.

Inmediatamente queda claro, por el discurso del susodicho, que la cuarta urna va; que el Tribunal Supremo de Elecciones no conoce la diferencia entre una consulta popular y una simple encuesta, que es lo que él quiere mandar hacer. Sólo que ahora su tono no es explicativo, sino como dando a entender que los miembros del TSE son unos brutos que no entienden nada, y con ellos todas las personas que en su momento los respaldaron.

El tiempo corre en una sensación de tensa normalidad en la cual el TSE sigue sosteniendo su tésis acerca de la ilegalidad del proceso, pero los discursos, las turbas frente a dicha Institución y el canal de televisión del gobierno suenan más fuerte. Los tribunales son acallados con manifestaciones populares y espontáneas, tanto frente a los edificos que ocupan como frente a las casas de los magistrados. Nunca llegan a emitir un fallo en contra de la cuarta urna. Mientras tanto, las tanquetas del ejército se mantienen a una distancia prudencial, como diciendo que están más para cuidar a los revoltosos que a las instituciones y personas hostigadas.

El esperado día de las elecciones llega. Es el 27 de noviembre de 2009. La actividad de los últimos días ha sido febril. La cúpula militar que lo derrocó está, desde hace meses, en bartolina, sujeta a proceso por sedición, violación a la constitución y traición a la patria, de manera que quienes están al frente del ejército, ahora, disponen la logística necesaria para trasladar a los centros de votación, tanto las urnas como todo el material impreso que llegara de Venezuela en aviones cargueros.

El canal de televisión del gobierno se ha encargado de advertir a la población que el sistema de votación en esa cuarta urna está libre de requisito alguno. Todo el mundo puede llegar a emitir su opinión, sin restricción ni control alguno por parte de las autoridades electorales o los fiscales de los partidos políticos, aunque no tengan cédula de identidad.

El resultado es abrumador por modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial, de modo y manera que el viernes 4 de diciembre, el mismo Presidente de la República, sin tomar en cuenta al TSE, convoca a elección de una Asamblea Constituyente para el domingo 3 de enero de 2010. El TSE alega, de nuevo, ilegalidades en la convocatoria, pero nadie parece hacerle caso. Las voces de los magistrados del TSE también se van apagando con la quema de llantas tres días consecutivos frente a sus viviendas. La música navideña es el marco de esta revolución democrática, la primera en Latinoamérica este siglo XXI, y las tanquetas del ejército siguen presentes y silenciosas.

Los allegados al Presidente Zelaya resultan electos mayoritariamente en la elección del domingo 3 de enero. Son las elecciones menos asistidas de la historia de Honduras, por el Año Nuevo, quizás, por el tema, tal vez, pero eso no importa. A estas alturas, las huestes del Presidente han conseguido doblegar la voluntad de uno de los magistrados electorales, de modo que es uno de ellos, con cara descompuesta, quien instala, el miércoles 6 de enero, a los diputados constituyentes que tendrán por tarea modificar la constitución. Después circula el rumor que dicho magistrado pudo, por fin, reunirse con su familia, quien había emprendido, repentinamente, un viaje, sin saber el jefe de familia a dónde habían ido.

Para el jueves 21 tienen redactado y listo el proyecto final de reformas a la Constitución: los constituyentes se sienten tan bien acuerpados por su Presidente, que ahora a donde va está siempre escoltado por un batallón de soldados venezolanos y los aviones de este país no dejan de sobrevolar señalando por dónde anda; y además, se sienten tan bien acompañados por la Comunidad Internacional, cuyos miembros no dejan de arribar al país para saludar al gobernante, que se atreven a señalar cambios en el período para el cual acaban de ser electas las autoridades de la nación.

Los seguidores del ganador de la Presidencia de la República en los últimos comicios tratan de protestar, pero ahora abunda el dinero y son traídos del interior del país centenas de autobuses y camiones con decenas de miles de personas que vienen a apoyar la revolución democrática, dentro de la cual resulta que no les parecen las autoridades electas. Los defensores del proceso electoral anterior cada día se van haciendo menos, especialmente al ver en las noticias independientes cómo algunos de sus miembros son apaleados y denigrados por las turbas traídas del interior.

El Presidente Zelaya, rodeado de miles de personas, en un acto en el Estadio en donde han instalado una sesión solemne de la Asamblea Constituyente, procede a sancionar la nueva Constitución de la República que señala que el TSE deberá convocar a nuevas elecciones para el día domingo 31 de enero de 2010, al amparo del nuevo orden legal que permite la Constitución, en un acto televisivo que es transmitido y aplaudido por todo el mundo. El presidente de Venezuela promete miles de millones de dólares en ayuda para quien resulte electo conforme a la nueva Constitución aprobada. Ya nadie habla de reformas: es una nueva Constitución.

No les puedo seguir contando qué pasó, porque apenas en este momento se está llevando el escrutinio.

jueves, 28 de enero de 2010

REFLEXIONES Y AGENDA DE TRABAJO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Hoy comparto con mis lectores un documento de octubre de 2008, es decir, de antes que abriera este blog, el cual quise hacer público de esta manera, en primer lugar para que se entienda un poco mejor la postura que siempre he tenido dentro del Parlamento Centroamericano, la cual me ha permitido transitar por senderos individuales, de aquellos donde no hay "chamarra" para taparse con nadie más.

Estas posiciones críticas, constructivas, que bien pude no efectuar y "pasar el aguacero sin mojarme", me han ganado, en algunos casos, admiración; en otros, animadversión, insultos y hasta invitaciones a liarme a golpes por algún diputado de poca altura.

En todo caso, eso sí, mis posiciones, que datan de muchísimos años y que pueden investigarse, por un lado, en las actas de sesiones, en los diarios de debates y, en pocos casos, en la prensa escrita, han sido consistentes, no siempre atendidas pero sí hechas escuchar y defendidas con todas mis fuerzas y mi capacidad, y la característica de las mismas, en todos los períodos en los cuales he servido como diputado, es que siempre, recalco, siempre han sido efectuadas pensando en mis electores, a quienes por principio tengo no olvidar en mis intervenciones, tanto orales como escritas.

He aquí el texto del documento:

"Estimados Compañeros y Compañeras Diputados Centroamericanos:

Empiezo por manifestarles que les escribo la siguiente comunicación con pena, la que me da después de haber sido testigo y parte activa de la fundación de esta Institución y de ver, ahora, 17 años después, que el ritmo de trabajo y la falta de claridad de ideas hacen que la inversión que nuestros pueblos efectúan en la misma no rinda lo que debiera, dando lugar a que las críticas que siempre ha llevado y que casi nunca se han efectuado con conocimiento de causa, se acerquen a una patética verdad.

Sigo por decirles que siempre he sido un crítico constructivo de la Institución y de los males que la aquejan, y que no tengo necesidad de recurrir a escritos para decir las cosas de frente, por lo que dejo constancia que aquí encontrarán, en las partes que lean y establezcan esa falta de conformidad en cómo se hacen las cosas, tan solo una manifestación más de lo que vengo diciendo de viva voz en las Asambleas Plenarias, no solamente ahora que me he incorporado nuevamente sino durante mi gestión en períodos anteriores.

Esa crítica, hay que decirlo bien claro, siempre ha sido acompañada de un profundo amor por Centroamérica, una autodisciplina de trabajo demostrada durante años de producción registrada en las diferentes comisiones de trabajo a las cuales he pertenecido, un idealismo a toda prueba que me hace pensar que podemos mejorar las instituciones de la integración pero comenzando por la nuestra, mi permanente devoción por el estudio, lo cual me permite que Uds. sean bondadosos al escuchar lo que tengo que decir en mis intervenciones y, ahora, leerlas, y mi característica buena fe en todas mis actuaciones, a las que trato siempre de imprimirles el mejor sentido común.

Antes de entrar en materia, permítanme recordarles que mi pensamiento proviene de la experiencia vivida en ésta y otras instituciones, pero hoy especialmente enfocada en la que ha sido en este foro que vi nacer con la participación de los diputados y diputadas de 3 estados. Hoy hay representación popular y democrática de 5 estados y contamos con “parlamentarios designados”, una figura jurídica con la cual le dimos una categoría mayor a la de observadores a la primera delegación panameña, años ha, y que ahora veo con preocupación que desea equipararse a la categoría de quien cuenta con el voto favorable de la población, con todos los derechos inherentes a esa representación popular, lo cual no es correcto desde el punto de vista del cual desee analizarse.

Conformamos un Parlamento con 130 diputados y, se supone, 20 parlamentarios designados y observadores de otros estados, lo cual no estaba previsto, desde un principio, en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, pero nos fuimos acomodando sin violentar el mencionado Tratado.

Todos estos años el Parlamento ha sido un órgano de deliberación, y nos hemos pasado los años justificando la inoperancia de las resoluciones del mismo por la falta de facultades vinculantes y, por ende, la incapacidad de volver en normas positivas el producto de nuestras deliberaciones. Prácticamente no se tomaba en cuenta cosa alguna que acordara el foro político regional.

Hoy prácticamente tenemos algunas facultades vinculantes, pero el foro viene manejándose irresponsablemente, rayando en el delito, y esa actitud también tiene que cambiar. No hay que darle vueltas al asunto, me refiero a la manera de aprobar en Asamblea Plenaria algunos temas, sean los que sean, sin el quórum correspondiente, aún cuando algunos diputados piden que se haga un recuento. Eso es hacer trampa y el órgano máximo de la representación política de la ciudadanía centroamericana no debe considerarse así desde el momento en que es quien habrá de aprobar las normas que habrán de convertirse en derecho comunitario. Lo digo con toda claridad porque, además de oír cómo fue manejada una Asamblea Plenaria en San Pedro Sula, en la que no estuve, lo que sí me consta es cómo fue manipulada la anterior, en la ciudad de Quetzaltenango, en donde simplemente no hubo quórum desde que se conoció el tema del homenaje a Manuel José Arce, y de ahí en adelante, y a la Junta Directiva no sólo no le importó sino, a sabiendas, deliberadamente, prosiguió la sesión aprobando como de trámite todos los puntos pendientes.

Señores y Señoras Diputados: No hay necesidad de forzar las cosas y de hacerlas mal hechas. El Parlamento Centroamericano debe ser visto con más seriedad, y ese cambio de visión debe comenzar por los representantes electos democráticamente por los pueblos de los Estados Miembros, especialmente por aquellos a quienes también hemos delegado nuestra propia representación para dirigir las sesiones. Si nosotros mismos no revestimos todos los actos de la legalidad y moralidad que deben acompañar nuestras actuaciones, ¿cómo vamos a estar en condiciones de exigirle a terceros un respeto que nosotros mismos no tenemos?

Compañeros y compañeras, todos representamos o sentimos representar a alguien en este foro. Yo les confieso que les escribo estas líneas, un poco indignado por esa falta de seriedad y de legalidad que las autoridades del foro le imprimen a nuestros actos, porque me siento representar a ese sector de la población que está cansada de la ilegalidad, que quiere que los funcionarios que elige tengan sentido de la verdad, del honor, de la rectitud, y que no se comporten, pública o privadamente, de manera que defrauden la confianza depositada en el voto. Tengan la seguridad que en todas mis actuaciones públicas siempre llevo en la mente a esas innumerables multitudes a quienes yo mismo denomino “los sin voz”, a quienes siempre he sentido el deber de representar con toda mi energía, con la rectitud de ánimo y con transparencia, y es mi deber señalar, en este momento, que quienes dirijan la Junta Directiva, en adelante, tienen que tener bien claro que la razón no se las da obteniendo una votación amañada sino el consenso o, en todo caso, el convencimiento democrático de las mayorías. Por favor, no traten de forzar las cosas.

A estas alturas les podría decir que nuestros pueblos esperan que hagamos algo, pero sería demagógico de mi parte. Estoy seguro que nuestros pueblos, la mayoría de nuestros electores, ya no esperan nada de nosotros como no sea que cierren definitivamente esta Institución. Me da la impresión que nadie piensa ya en el Parlamento Centroamericano como no sea por alguna nota de prensa que sale, por lo regular hablando negativamente de la Institución. Por eso hay que ser muy dedicados en nuestro trabajo, prepararnos bien para rendir siempre lo mejor y aportar las mejores ideas, ir por las instituciones y escenarios regionales demostrando nuestra capacidad pero, especialmente, reflexionando profundamente del sitio que hoy ocupamos, del que ocupa la Institución, y visualizar hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. La Institución no tiene la culpa de lo que nuestras actividades hagan de ella.

LA ORGANIZACIÓN EN LA PARTE ADMINISTRATIVA:
Hay dos temas álgidos en el Parlamento, referente a la administración, que siempre han dado problema: los viajes y los viáticos. Desde la fundación del mismo han sido problemas recurrentes y, últimamente, se ha generado una especie de aureola alrededor de los puestos de la Junta Directiva, en el sentido de que lleva aneja la capacidad de viajar todo el año, como si no fuera un alto honor llegar a ser directivo sino socio de una agencia de viajes. Siendo simple diputado he visto que los miembros de las diferentes Juntas Directivas que he conocido dan la impresión de turnarse en los viajes que realizan, llegando al colmo de fabricarse las invitaciones para visitar reinos que nada tienen que ver ni con la integración de la región ni con la pobre agenda de trabajo que tenemos, pero que sí le cuestan gran cantidad de dinero que bien podría utilizarse para otras cosas más productivas. Han sido pocas las excepciones a este comportamiento, aunque sí las ha habido.

La solución que encuentro al tema de los viajes y los viáticos que estos conllevan es que Asamblea Plenaria asuma la responsabilidad de conocer, periódicamente, cómo evoluciona la ejecución del renglón presupuestario respectivo, asignándosele un monto determinado, y girando instrucciones precisas al personal administrativo a cargo para que no emita cheques sin que exista la provisión autorizada de fondos. Cualquier ampliación del renglón debería ser aprobada por la misma Asamblea Plenaria, pero no por iniciativa de la Junta Directiva sino por iniciativa de la Comisión de Finanzas, quien recibiría de Junta Directiva el informe de cómo ejecutó el monto anterior aprobado y, con su dictamen favorable, se elevaría al conocimiento de todos.

No se trata de poner un freno al buen desempeño y al desarrollo normal de las actividades o de limitar la presencia de quien se designe cuando así se amerite. Se trata de desterrar el despilfarro que, en nuestras sociedades tan pobres, es no sólo una obligación moral sino absolutamente necesario para que el parlamento pueda funcionar en otras áreas que hoy están totalmente descuidadas.

Sin embargo, soy de la opinión que debería hacerse una Auditoría Externa completa y exigir que los funcionarios que han viajado sin las autorizaciones correspondientes restituyan los fondos utilizados sin esa autorización, si de la misma resultaren casos de tal naturaleza. Igual pienso de aquellas delegaciones que, a sabiendas que existe un reglamento que las limita (aprobado por resolución No.6 del acta JD-06/2006-2007), han sobrepasado, por mucho, el número de integrantes, por lo que hay responsabilidad de quien autorizó dichos viajes.

Por otro lado, la estructura original de pago a los diputados y diputadas se diseñó de tal forma que la menor parte de sus ingresos lo constituyera el sueldo, y que las dietas por asistencia al trabajo de comisiones y a la asamblea plenaria constituyesen la mayor parte, como una manera de estimular a todos a participar activamente y desincentivar el ausentismo. Hoy veo, con completa estupefacción, que las dietas las han dividido en dos renglones, uno de los cuales descaradamente (disculpen que sea tan franco en el término) se llama “dietas fijas” (Nace tan mal este tema, que pretendió darse por aprobado en las sesiones de fechas 26 y 27 de febrero de 2004, situación que fue protestada por varios diputados en la siguiente reunión de Asamblea Plenaria, el 26 de marzo de 2004, como consta en su página 7, por lo cual se solicitó incluirla nuevamente en la orden de ese mismo día como una reconsideración). ¿A quién se pretende engañar? Ése es un tema que debemos modificar y regularlo conforme a lo que es recto, a lo que es moral.

Este tema está íntimamente ligado al hecho que la reglamentación exige cierto número de jornadas de trabajo de los diputados y diputadas, y éste no se ha venido cumpliendo, de tal manera que luego, para poder pagar completamente, se pasan los listados de los días no trabajados para que sean firmados, lo cual también es inmoral y habemos algunos diputados que no estamos de acuerdo con dicho procedimiento.

El Parlamento Centroamericano, en sus orígenes, tenía dos semanas de trabajo de los diputados en sus respectivos países, cabildeando con el Congreso o Asamblea, con la cancillería, trabajando codo a codo con instituciones de la integración o con asociaciones o federaciones gremiales con sede en el lugar de residencia; luego había una semana completa de trabajo de Comisiones y de Grupos Políticos; posteriormente, al inicio de la última semana del mes, la Junta Directiva Ampliada conocía de todos los temas que las comisiones y los diputados, en lo individual, producían, para generar una agenda de trabajo de Asamblea Plenaria para el resto de la semana, la cual muchas veces no alcanzaba para conocer todos los temas incluidos en dicha agenda. Se trabajaba prácticamente de tiempo completo.

Hoy, lo he señalado de viva voz, rara vez hay un tema de fondo. El Parlamento Centroamericano está dedicando el valioso y tan reducido tiempo que debiera dedicar a los debates en decidir y otorgar condecoraciones y homenajes, en puntos irrelevantes para el interés de las grandes mayorías, y es de esta manera que está iniciando una nueva etapa, la de las facultades vinculantes, razón por demás suficiente para efectuar las presentes reflexiones y compartirlas con todos Uds. El trabajo que antes se hacía todo el mes ahora se efectúa en poco más de una semana, y eso sin tomar en cuenta el vicio generalizado de la impuntualidad, que hace que en cada jornada se trabajen alrededor de dos horas menos.

El trabajo de los Grupos Políticos, lejos de privilegiarse, se tiene relegado a un trabajo secundario que se hace porque ahí está en el Tratado Constitutivo, sin realmente percatarse que la discusión interna de los temas es importante para que, en la Asamblea Plenaria, no “se dispare” cualquiera a hablar del tema sino se vaya, también privilegiando, el uso de la palabra de portavoces preparados en cada tema y le den mayor altura a los debates. No trato de decir que se elimine la posibilidad de que, quien así lo desee, pida la palabra para reforzar un tema en especial, sino de indicar que ésa es la manera de elevar el nivel de conocimiento de quienes intervienen en un debate específico, lo cual servirá cuando los mismos dejen de ser casi privados y sean de interés de la prensa y de la ciudadanía en general, precisamente porque será acerca de un tema vinculante.

El trabajo de Asamblea Plenaria es totalmente improvisado. Normalmente las iniciativas son presentadas, durante la sesión, a viva voz, y los temas que anejan son entrados a conocer seguidamente. No hay estudio, no hay preparación.

Si bien es cierto las Comisiones están acostumbradas a trabajar de la manera que vienen haciéndolo cotidianamente, también lo es que cuentan con el mismo equipo obsoleto que ya era viejo cuando me retiré del Parlamento a finales de 2001, con la diferencia que antes existía un presupuesto igual para todas para contratar un asesor que le pudiera dar seguimiento a los temas todos los días. Hoy algunas comisiones no cuentan más que con su computadora vieja. Se hace necesario que se repiense el tema de la productividad de las Comisiones, no sólo abarcando todos los temas de su agenda sino haciéndolo con calidad y poniendo a su disposición todos los medios que la tecnología brinda el día de hoy. La excusa de que no hay presupuesto es buena para dársela a colegiales que no saben mucho de la vida, pero no es suficiente para nosotros que tenemos la obligación de trabajar y producir. Además, es una excusa no creíble, ya que existe un renglón para cubrir riesgos cambiarios, que ya no se dan abruptamente en la región, que bien podría reencauzarse para ese fin, de tal manera que el equipamiento para trabajar mejor sí se puede priorizar si se tiene la voluntad política de hacerlo.

LA PREPARACIÓN PARA FORTALECER EL ESQUEMA INSTITUCIONAL:
Cuando se gestó la idea original del Parlamento Centroamericano dentro del ambiente de los Acuerdos de Esquipulas, se pensó que un foro político regional conformado por personas que, dentro del quehacer político no se comunicaban entre sí, sería una válvula de escape en un entorno complicado donde las grandes potencias jugaron a la guerra fría pero nuestros países pusieron las víctimas, tanto mortales como en heridos, desplazados, desposeídos de lo que tenían, etcétera. Desde ese punto de vista el Parlamento ha sido un éxito. Hoy no se piensa resolver los problemas con la aviación o la artillería; los vasos comunicantes entre los diversos partidos políticos de la región, a la que poco a poco se suma el Caribe, están vivos, abiertos y en paz.


Tenemos, como lo dije públicamente en Quetzaltenango, el foro político con el espectro más amplio del mundo, más que los parlamentos de las repúblicas comunistas; más que el Congreso de los Estados Unidos de América o que el Parlamento Europeo. Además, la comunicación entre políticos del mismo país pero de diferentes facciones se da en nuestro medio de otra manera, más abiertamente, de tal forma que constituye otra ventaja para bien de las agendas nacionales.

Pero la región ha cambiado y las circunstancias también. Por eso ha habido necesidad de reformar el Tratado Constitutivo mediante cuatro Protocolos, lo cual no obsta para que muchas personas piensen que lo que hoy tenemos puede mejorarse, dentro de las cuales me incluyo.

Me gusta imaginar que el Parlamento Centroamericano no se quedará como está y que algún día estará completo, con quien haga falta en Centroamérica y otros países caribeños integrándolo. Sin embargo, para una región pobre como la nuestra, que tanto dinero necesita invertir en desarrollo y elevar su nivel de vida, no es lógico ni sostenible mantener representaciones nacionales tan grandes a dicho foro regional. Prefiero pensar que el Parlamento, algún día, llegará a ser una institución eficiente que tenga control sobre la construcción del derecho comunitario, y eso no se logra con una Asamblea Plenaria tan numerosa ni con una Junta Directiva sobrecargada.

Un Parlamento Centroamericano con representaciones de diez diputados por país podría llegar a tener una Asamblea Plenaria de más de cien diputados en el mediano plazo (en este único punto coincido con el informe que, en su oportunidad, rindió la Comisión Económica para América Latina, CEPAL), y es un número que haría suficiente la representación nacional y manejable la asamblea. Éste es un tema del cual vengo hablando hace más de diez años, y se lo expuse directamente al entonces Presidente Ernesto Lima Mena. Aquí estoy acostumbrado a escuchar argumentos en contra pero ninguno me ha convencido. Lo que sé es que es necesario iniciar el debate con seriedad.

Tampoco aquí pretendo que se le quite la representación a alguien que ya está electo, sino que se prepare la Institución, jurídicamente, para que algún día las representaciones que se elijan en nuestros países no sean de veinte diputados, número que ha sido considerado excesivo desde antes de que se llevaran a cabo las primeras elecciones en 1990, sino de diez.

La composición de la Junta Directiva también es un tema importante de discutir para despolitizarla, en lo posible, y hacerla más eficiente y manejable. Me parece importante que se inicie la discusión de la elección de un Presidente y una Junta Directiva cada cierto número de años, por capacidad y nivel de compromiso, no por nacionalidad, y no cada año como hasta ahora, turnándose los países la Presidencia, como se hacía en las instituciones del pasado. Además, es necesario pensar en un límite de hasta seis directivos. No hacen falta más.

La experiencia en mi país de instituciones que tienen elección de su Presidente cada año son funestas o, cuando menos, tristes. Además, hay ejemplos en el mundo donde se hace de la manera que menciono y les ha ido muy bien, como el Parlamento Europeo.

Por supuesto, lo anterior tiene que ver con que se le dé su verdadero lugar a la Junta Directiva Ampliada, la cual ha sido casi decorativa desde la fundación del Parlamento hasta ahora, permitiéndosele a los Presidentes de los Grupos Políticos tener una voz verdaderamente escuchada y respetada, no como sucede ahora en que se pasan las horas esperando que Junta Directiva les haga el favor de recibirlos y andan suplicando por cuestiones materiales en lugar de utilizar su capacidad en producir intelectual y políticamente. El Presidente de un Grupo Político debe ser un líder, no un mendigo. Démosles su lugar.

La elaboración de las primeras normas de carácter vinculante está a la vista en las puertas del tiempo, pero el Parlamento no está preparado, a mi leal saber y entender, para asumir con responsabilidad esa tarea que tantos años ha venido solicitando, y la despolitización, en lo posible, de la Junta Directiva, el trabajo considerado como de largo aliento y no de características anuales, la coordinación de una Junta Directiva ágil con los Grupos Políticos, el respeto de todos a la elaboración de la agenda por la Junta Directiva Ampliada, lo que implica dejar de sacarse como debajo de la manga los temas en el último momento, nos hará adquirir hábitos de trabajo y coordinar las capacidades profesionales de todos de una mejor manera, evitando en lo posible que la elaboración de normas de aplicación general, lejos de constituir un valladar a la población, generen nuevas oportunidades de desarrollarse y mayor confianza en sus instituciones.

Luego, el Parlamento estará en mejores condiciones para relacionarse con todas las instituciones de la región, sean éstas provenientes del sector público, fuerzas vivas o grupos de interés que apoyan diversos temas, pudiendo estar en capacidad de liderar, como en alguna oportunidad logró efectuarlo a mediados de los años 1990’s, una agenda de por sí complicada.

CON RELACIÓN A LA AGENDA DE TRABAJO:
Los temas sobre los cuales puede trabajar el Parlamento Centroamericano no tienen límites. Sin embargo, hay dos cosas importantes de señalar:
1. El Parlamento no puede seguir enfrascado en temas banales, como el señalado de las condecoraciones; y,
2. Ya no es suficiente con deliberar y recomendar; ahora hay que darle seguimiento a muchos temas para hacer que se cumplan y, además, habrá algunos temas que reglamentar, convirtiéndolos en el fundamento del derecho comunitario que nos rija.

El entorno político de la región y sus circunstancias, en el todo y en cada uno de nuestros países, es cambiante. Mientras los Acuerdos de Esquipulas preparaban a la región para entrar a una era de paz, me tocó ser parte de quienes diseñaron lo que, con el tiempo, se convirtió en la “estrategia y política central de los Estados”, conocida como Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, ALIDES, que junto con la Declaración de Guácimo, la Agenda 21 de Río de Janeiro y otros textos, forman la agenda política de la región.

Desde que fue aprobada en 1994 no ha habido otra, de tal manera que es ahí donde el Parlamento debe concentrar sus estudios, sus esfuerzos por comprender, por empujar cada tema, por analizar cada uno de los siete principios que la inspiran y, especialmente, por analizar cuáles son las razones que hacen que no se tome en cuenta la agenda regional y que nuestros países no avancen en el tema del desarrollo que, desde entonces, se buscaba para convertir una región, que salía de la guerra interna y de los problemas internacionales entre hermanos, en una región de paz duradera, de democracia.

Es importante, por ejemplo, determinar qué instituciones se crearon y con qué fines (como la Reunión de Vicepresidentes, que en algún momento dejó de tener impulso), y qué responsabilidades debió asumir cada quién, y comenzar a preguntar, a entender, a recomendar y a sugerir los cambios que sean necesarios para que el desarrollo que las personas que representamos anhelan comience a llegar a donde debería llegar.

Podría enumerar una serie de temas en el aspecto político, en el social, en el económico, en el cultural, en el ambiental, en el institucional de la integración, pero al efectuar una lista podría dejar un tema por fuera y, como expliqué anteriormente, nuestra agenda no tiene límites y de lo que trata esta comunicación, ahora, es de hacer conciencia de la seriedad de los temas que debemos tratar, no de elaborar un listado.

El Parlamento Centroamericano está en posibilidades de dar el ejemplo en austeridad, en manejo eficiente de los recursos, en capacidad de autocriticarse y de autoreformarse, en seriedad para comprender las estructuras bajo las cuales convivimos y las coyunturas sociales de nuestros pueblos, así como de trabajar por lo que más aspiran las mayorías más necesitadas.

Los diputados y diputadas centroamericanos estamos en condición de demostrar nuestro nivel de compromiso, nuestra creatividad y la seriedad con que asumimos la confianza que han depositado en nosotros, no sólo nuestros electores, a quienes siempre debemos tener en mente, sino la Reunión de Presidentes y los Congresos Nacionales y Asambleas Legislativas de la región, que han coincidido en que el tiempo de darle alguna facultad vinculante al Parlamento Centroamericano, ha llegado. ¡No los defraudemos!

Con un atento saludo,

RICARDO FLORES ASTURIAS"

Que quede como registro histórico de mi parte. Algunos seguidores y amigos me han indicado que tiendo a escribir muy largo y tienen razón. Sin embargo, no pretendo hacer notas periodísticas sino fijar posiciones, explicarlas y, finalmente, que se me entiendan, de modo que seguiré valorando la claridad de la exposición por sobre la elaboración de notas cortas para asegurarme que quien entre a este espacio no se canse y finalice la lectura de mis ideas.

Además, quién sabe; de repente no estoy escribiendo estos puntos de vista para hoy sino para el estudio de quienes vengan mañana a criticar esta parte de la historia que en este día vivimos. El esfuerzo de hoy pueda ser el trabajo necesario para labrarnos un lugar digno entre la sociedad guatemalteca y centroamericana del futuro.

miércoles, 27 de enero de 2010

PORFIRIO LOBO SUSTITUYE A ROBERTO MICHELETTI EN LA PRESIDENCIA CONSTITUCIONAL DE HONDURAS

Hoy tomó posesión del cargo de Presidente de la República de Honduras el ciudadano José Lobo; hoy dejó de ser el Presidente, Roberto Micheletti; hoy finalizaron las esperanzas de quienes veían a Manuel Zelaya, depuesto conforme a la Constitución de su país, en un impulso más ideológico que jurídico, como Presidente de ese país y, por ende, con posibilidad de regresar a ocupar dicho cargo, llevando una crisis política, que bien pudo terminar hace muchos meses sin la interferencia de la OEA, de los países miembros de la ALBA y de otros países que pretendían que los hondureños no aplicaran su Constitución y sus leyes, a prolongarse por varios meses más.

Ya no debería escribir sobre este tema pero me puse a pensar que hacerlo constituye algo así como un deber con las personas que han seguido mis comentarios alrededor de dicho tema, de manera que prefiero finalizar la serie de la crisis política hondureña con esta entrega.

Parto de la base de respetar las decisiones políticas que han sido tomadas por los hondureños. Si el Congreso Nacional resolvió, ayer lunes 26 de enero de 2010, decretar una amnistía general para todas las personas que, de una u otra manera, estuvieron involucrados en los hechos que, no tengo claro porque desconozco el texto, pero asumo que a partir del 28 de junio de 2009, reconozco que están en su derecho de hacerlo.

Por su parte, el primer acto del nuevo gobernante fue sancionar dicho decreto para que cobrara efecto inmediatamente, de modo que hoy mismo, por la tarde, el ex presidente Zelaya pudo abandonar tranquilamente Honduras, rumbo a República Dominicana, pero amenazando, por decirlo de alguna manera, con volver. Ojalá le caiga bien el sol de esa bella isla caribeña, hoy azotada en su parte occidental por uno de los terremotos más devastadores de las últimas décadas; y que la brisa marina, oxigenada, le ayude a aclarar sus pensamientos.

Son actos legales y legítimos, que son dos cosas distintas, efectuadas por dos de los organismos del Estado que vienen a calmar los ánimos de algunos líderes externos pero, pienso yo, a costa de un desgaste espantoso, a nivel interno, que si piensan como quien escribe, estarán sintiéndose un poco decepcionados y, posiblemente, habrá quienes duden del beneficio de caer bien con una comunidad internacional que, en los peores momentos de la crisis, no los doblegó, de forma que ahora, con menos razón estarían en capacidad de hacerlo.

Reconozco que los políticos hondureños, diputados y presidente, están en mejor capacidad que yo, que vivo en otro país, para percibir la necesidad o no de haber llevado a cabo esta medida. Ojalá les traiga, internamente, la paz que desde este ángulo sólo veo complaciente para los vociferantes de la comunidad internacional.

Sigo sosteniendo que era una oportunidad de oro para dejar establecidos precedentes muy serios acerca del comportamiento que todo mandatario debe tener para con su Constitución, la cual todos los funcionarios que asumen un puesto público juran cumplir y defender.

El mensaje que se le envía a la población, especialmente a las nuevas generaciones que vienen y vendrán a incorporarse al quehacer político, es que cualquier violación a la Constitución o a las leyes es válida, en la medida que la clase política es capaz de ponerse de acuerdo para taparse unos a otros.

No digo que ese sea el caso exactamente en esta oportunidad, sino que la percepción de los ciudadanos comunes y corrientes siempre ha sido esa, y este tipo de acuerdos, ante los ojos y sentidos cansados de los electores no se ve como un acuerdo político serio en beneficio del país, sino como una componenda más.

Encima, las declaraciones del hoy Presidente de la República en cuanto a la instalación de la Comisión de la Verdad me parecen contradictorias. ¿Qué sentido tiene, después de una amnistía general, hurgar en la herida? ¿Se tomó, realmente, esta medida, para pasar la página? Si dicha Comisión de la Verdad es instalada, sólo servirá para que exista más desgaste para el gobernante. En todo caso, habrá escritores de uno u otro bando que cuenten su verdad, y corresponderá a la historia esclarecer, con algún grado de balance, todos los sucesos previos que detonaron la crisis y los hechos que casi todos conocemos.

La Comisión de la Verdad es parte del Acuerdo Guaymuras que, por todo lo demás, está muerto o, por lo menos, sobrepasado por los hechos. No tiene sentido establecerla bajo las actuales circunstancias, a menos que se desee prolongar la zozobra de ese pueblo valiente, por demás, que supo escoger al líder apropiado y defender no sólo su soberanía sino los elementales principios de la democracia que se vieron amenazados.

Hondureños y hondureñas: se merecen paz, trabajo digno, buenos ingresos, concresión de proyectos, alcance de metas, estabilidad, respeto de todos. Desde esta tribuna se lo deseamos de todo corazón.

domingo, 24 de enero de 2010

LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, LA FRONTERA TECNOLÓGICA Y LA RIQUEZA.

Parto de la idea de afirmar que Guatemala es como un libro; uno que ha sido escrito por antiguos autores y que continúa escribiéndose por múltiples autores que hoy, además, somos actores, de manera que es importante no haberse perdido las primeras páginas para mejor comprender la que hoy vivimos; a la vez, como señalo, siendo parte protagonistas y parte autores, es vital tener una idea clara de qué curso queremos darle a la trama de nuestra historia, la cual influirá no sólo en nuestra cercana faceta de protagonista sino en la calidad de vida que habremos de darle a quienes les toque ser protagonistas en el futuro y, a su vez, escritores de nuevos capítulos: nuestros hijos, nietos y demás descendientes que habrán de formar la guatemalidad de los siguientes siglos.

Por eso he deseado, hoy, compartir un poco una de las causas más sensibles de nuestra actualidad; visualizar, acompañado de mis lectores, las ideas que tengo al respecto de cómo cambiar la trama actual que no nos ha permitido despegar en el anhelado desarrollo, con la finalidad de calentar el ambiente y sumar adeptos, por lo menos en cuanto a la necesidad de no seguir el modelo que ya demostró no llevarnos a lado alguno, para finalizar haciendo algunas pinceladas acerca de la riqueza. Comencemos.

El recurso “tierra” aneja conflictos, especialmente en Guatemala, uno de los países americanos en donde existía uno de los tres Estados con alto nivel de desarrollo desde antes del arribo de los españoles a este continente. Sí, tanto el Imperio Azteca, el Imperio Inca como los diferentes reinos que devenían del antiguo Imperio Maya que poblaban las tierras que hoy conocemos como guatemaltecas, tenían un alto nivel de desarrollo, con clases estratificadas que hacían, además, que hubiese centros urbanos con gran concentración de personas.

La generalidad de esos poblados se encontraba en las tierras altas, lo que conocemos como el altiplano, más sanas para la vida o, si se quiere, menos insalubres, de tal manera que las tierras bajas, aún siendo territorios delimitados por fronteras ancestrales, eran propiedad de los diferentes reinos. Por ejemplo, se sabe que casi todo lo que hoy es Retalhuleu y parte de Suchitepéquez, eran cotos de caza de los tzutuhiles, cuyos centros de población, como conocemos, están todavía asentados alrededor de una parte del Lago de Atitlán.

Con la venida de los españoles a Guatemala, en febrero de 1524, el funcionario conquistador hizo caso omiso de las fronteras de los diferentes reinos, ya que los nuevos administradores no vinieron a respetar la mayoría de usos, costumbres y derecho indígena, de modo que las grandes porciones de tierra de carácter comunitario fueron visualizadas como tierra no ocupada.

Muchas de las tierras, comunitarias o no, fueron repartidas conforme a disposiciones legales españolas, dando lugar a una resistencia que, hasta hoy, ha continuado, en el afán de las actuales comunidades indígenas por recuperar lo que, ancestralmente, fue de sus antepasados.

Al final del período colonial y durante las primeras décadas del período independiente, muchas de las tierras de la costa sur fueron adjudicadas a particulares. Unas quedaban en la provincia de Guatemala; otras en Soconusco. De esa manera, muchas comunidades indígenas en Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, etc., de pronto vieron cómo las tierras comunales de sus ancestros se iban poblando y delimitándose de manera particular. Proceso parecido sucedía en lo que hoy es la ciudad de Guatemala, cuyo reparto estuvo a cargo del Consejo de Ejidos.

Los dos grupos políticos preponderantes del siglo XIX repartieron grandes extensiones de tierra. Los liberales, en la época de Mariano Gálvez, repartieron muchas tierras, originariamente queq’chi, con el afán de poblar las tierras del norte por el temor de que avanzara, aún más, la colonización inglesa que ya, por esos tiempos, era un problema real y palpable en el Belice guatemalteco.

Los conservadores no se quedaron atrás. Sólo Rafael Carrera, el Presidente que en 1847 fundó la República de Guatemala, se adjudicó dos fincas, en Suchitepéquez, que sumaban unas 1,200 caballerías.

Luego, con el triunfo de la Revolución Liberal (ejemplo de que toda acción trae una reacción, ya que ésta fue casi un producto natural al pésimo gobierno de Vicente Cerna) y con el auge del cultivo del café en detrimento de la cochinilla y del cacao, Justo Rufino Barrios también repartió grandes extensiones de tierra para fomentar su siembra, especialmente confiscadas a la Iglesia y a las comunidades indígenas.

La cosa no queda ahí. La historia continúa en el siglo XX. Estrada Cabrera, por ejemplo, el más conservador de los liberales, repartió, alrededor del año 1907, las tierras de San Jerónimo, en Baja Verapaz, entre los combatientes de la famosa “Guerra del Totoposte”, en la cual las tropas gutemaltecas vencieron a las fuerzas conjuntas salvadoreñas y hondureñas al mando del ex Presidente de El Salvador, Tomás Regalado, quien había invadido el territorio guatemalteco para unir Centroamérica y poner un Presidente nicaragüense (al joven Tomás Regalado lo salió persiguiendo, sable en mano, el coronel José Toribio Barillas, mi bisabuelo, desde Chiquimulilla hasta la frontera con El Salvador, por haberlo encontrado en el balcón enamorando a una de sus hijas y tía abuela de quien escribe, a finales del siglo XIX).

El último gran caudillo liberal, Jorge Ubico, también hizo lo suyo en la década de 1930, especialmente con las tierras del norte del país, Alta Verapaz y Petén.

Para ese entonces, para hacer más complicado el conflicto de la tierra, la United Fruit Company había logrado hacerse con alrededor del 70% de las tierras cultivables en Guatemala, situación que influyó en otra reacción, la Reforma Agraria de principios de los años 1950's que, a su vez, provocó otra reacción, el Golpe de Estado de 1954 en contra del Presidente Jacobo Arbenz, con la entrada de la Liberación.

Hoy, la presión por la tierra se da en el vasto Petén, en donde hay una entendible pugna entre ecologistas, agricultores, arqueólogos y ganaderos; y una inentendible entre narcotraficantes, madereros ilegales y contrabandistas de tesoros arqueológicos.

Desde la década de 1990 se instauró, con financiamiento del Banco Mundial, un programa piloto, en Petén, para catastrar y regularizar la papelería legal de las parcelas que fueron repartidas, ya por el Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA, ya por el denominado Fomento y Desarrollo de Petén, FYDEP, que conlleva la inscripción de los títulos de propiedad en el Registro General de la Propiedad.

Todo lo anterior estaba, hasta hace unos cuatro años, en manos de la Unidad Técnica Jurídica, UTJ, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de donde pasó, al aprobarse la ley correspondiente, al Registro de Información Catastral, RIC, cuya misión ya no se limita al ámbito de Petén sino a nivel nacional, y consiste en catastrar el territorio nacional y regularizar la situación legal y jurídica de la propiedad, dado que muchísimas personas se saben dueñas de una parcela, de un terreno, pero no tienen papelería para demostrarlo ni registro alguno que los ampare.

Desde mi particular punto de vista, todo esto viene a mejorar la seguridad jurídica de la población y del país, pero no todos ven estos esfuerzos, que se están haciendo en su mayoría con recursos externos, endeudando al país, con buenos ojos. Hay comunidades que ven en estos esfuerzos por regularizar la papelería legal un instrumento más de despojo a las comunidades indígenas.

Por aparte, el clamor por este recurso es grande, y el Fondo de Tierras, FT, no sólo no se da abasto para cumplir la demanda, por falta de recursos, sino que ha sido utilizado por allegados a algunas autoridades de turno para vender, a precio de oro, tierras no aptas para la agricultura, que no tienen agua, que son barrancos o pedregales, para luego repartírselas a comunidades que desean disponer de un pedazo de tierra dónde poder cultivar, engañándolos y embarcándolos en una situación de la cual difícilmente podrán salir adelante y elevar el nivel de vida de sus familias.

Los sistemas de reparto del FT tampoco son los ideales, ya que suelen repartir una finca entre tantos campesinos, en donde todo es de todos, en un afán por comunarizarlos, valga el término, pero lo primero que hacen los campesions es mojonar y repartirse, de hecho, la finca, en parcelas individuales, de manera que luego existen fundos sin calles y propiedades de hecho, que se compran y venden en el mercado, sin respaldo jurídico, dando lugar a innumerables conflictos entre ellos y arduos trabajos de sus líderes por ir regularizando una posterior y costosa partición legal de la finca, con el agravante de que, con el transcurrir de los años, ya hay fallecidos entre los beneficiarios originales, situaciones de herederos no siempre hijos de la misma madre, etc. Nadie parece hacer nada por facilitar las cosas para estas personas que, además de ser de escasos recursos, encima tienen que hacer viajes a la capital por cada trámite que deben emprender.

Aunque no es el tema aquí, cabe mencionar de pasada el problema que se da, además, al tratar de preservar las áreas protegidas, sin que se haya hecho una labor previa y sostenida con las comunidades, haciéndoles ver los beneficios de la conservación de las mismas. Ese tema lo trataré por aparte.

De modo, entonces, que Guatemala está en proceso, uno largo y costoso, de ordenar el recurso tierra, lo cual no es garantía de acceso al preciado recurso.

¿Cómo cambiar, entonces, las páginas futuras de ese libro que hoy todos vivimos y construimos, que se llama Guatemala?

Si seguimos eternamente haciendo lo mismo, estaremos condenados eternamente a ver los mismos resultados.

Es ahí donde tenemos que ser creativos, ingeniosos sin pretender descubrir el agua azucarada, voltear a ver a las naciones que, en pocos años, han elevado su ingreso per capita, y darnos cuenta que, en esos países, de una presión inmensa por el acceso a la tierra, con educación, elevando el nivel académico de su población, fueron sustituyendo ese clamor y convirtieron a sus sociedades, de campesinos pobres, sin acceso a muchos recursos económicos, a empresarios e industriales innovadores que, apoyados en la ciencia y en la tecnología, se supieron sumar al cúmulo de personas que tienen acceso a buenas cantidades de dinero y, con él, a cada vez mejores niveles de vida y mejores oportunidades a sus descendientes, involucrándose en un círculo virtuoso que, encima, le quitó presión a sus áreas protegidas.

Un caso paradigmático es el de Taiwán. Una vez, caminando con mi buen amigo Paul Ley, entonces Director del Banco Centroamericano de Integración Económica por ese país, al igual que yo por Guatemala, admirábamos la plaza Chiang Kai Shek, en Taipei, me hizo una pregunta: ¿Qué puedes observar aquí que no ves en otra parte del mundo?

Era el final de la tarde de un día entre semana cualquiera. Había niños patinando, otros corriendo, gente leyendo en las bancas, grupos diversos de 50 o 60 personas, unos bailando tango, otros bailando vals, varias personas haciendo Tai Chi Chuan. Cada cosa que pretendía darle respuesta a la interrogante era recibida con una leve negativa de cabeza por mi interlocutor. No encontraba el elemento que ahí existía y en otra parte del mundo no.

Finalmente me hizo ver que todas las personas de 35 años para arriba, aproximadamente, tenían anteojos, sin excepción, mientras que los más jóvenes eran como en otros países, unos los usaban y otros no.

Yo no entendía a dónde me quería llevar con la charla, y he de haber puesto cara de no entender, ya que finalmente me hizo ver que, para tener el Taiwán que en la actualidad tenían (eso ha de haber sido en 1997 porque fue con ocasión del Road Show de la primera emisión de bonos, por US$.147.0 millones, del BCIE), su generación y la generación anterior a la suya tuvieron que estudiar unas 14 horas diarias para lograr el avance tecnológico que necesitaban para salir de la pobreza, y eso hizo que todo el mundo se desgastara los ojos más de lo normal, obligándo a la población a ponerse los correctores de visión.

La noche anterior habíamos cenado con nuestro anfitrión, el Dr. Yuan-dong Sheu, Presidente del Banco Central de China (quien falleció posteriormente, en febrero de 1998, junto con su gentil esposa, en un espantoso accidente aéreo), quien con la característica cortesía china se había disculpado con nosotros porque las reservas internacionales de su país, que estaban confiadas a su cargo, habían bajado a 89,000 millones de dólares, porque habían tenido que comprar una flota de 65 o de 165 aeronaves de guerra, al contado, a Estados Unidos (disculpen pero no recuerdo la cantidad de aviones).

En cuestión de segundos mi mente voló hacia la pobreza de ese país, a principios de los años 1960’s, y el enorme despliegue de riqueza que ahora podían hacer con esa característica humildad asiática. El poder de compra era impresionante.

Luego, si los chinos, estudiando, lograron convertirse de campesinos y pescadores en empresarios globalizados, ¿por qué no lo podrían hacer los qui’ché, los qakchi’queles, los pocomames, los queq’chi o cualquier otro grupo étnico nacional que hoy clama solamente por tierra?

Es por eso que hoy deseo llamar la atención sobre la última frontera, la tecnológica, que es más atractiva y más beneficiosa que la frontera agrícola, pero no es visible como la otra, hay que ayudar a visualizarla; no cualquier camino nos lleva allá, puede haber caminos fáciles que simplemente no llevan a parte alguna, pero si se tiene una meta y se sabe el camino, hay frutos jugosos al final del mismo que vale la pena ayudar a oler y a saborear. Recordemos que el impulso de la alicaída economía estadounidense a principios de los años 1980's recobraron el desfallecido impulso de la mano de la innovación tecnológica, la cual es, hoy, el motor de desarrollo, valga la redundancia, de los países desarrollados, que continúan impulsando la creación de nuevos productos que vienen a generar diferentes oportunidades de negocio de las existentes.

Por eso quise que finalizara este ensayo con el tema de la riqueza, porque riqueza es lo que hay para el pueblo que se monta decididamente en el potro de la ciencia y de la tecnología.

El discurso estilo Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los pobres, en el cual todavía se basan las actuales autoridades para pretender reformas fiscales, ha estado en boga ya por décadas, pero no veo resultados. Es el mismo discurso de los hermanos Castro en Cuba, de Hugo Chávez en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, especialmente, todos llevando a sus países y a la comunidad de personas que los conforman, a la bancarrota individual, a la carestía, a la falta de servicios como agua, energía eléctrica; al desabastecimiento de productos de consumo diario como huevos, leche, maíz, pan.

Nadie tiene que recordarme que Guatemala es un país de desigualdades, especialmente en el tema de la tenencia de la tierra, pero la respuesta para salir de esta situación no es, desde mi particular punto de vista, una reforma agraria expropiatoria, lo cual polarizaría las cosas de tal manera que pondría en peligro la estabilidad y gobernabilidad de la nación entera. Insisto en que quitarle la tierra al que la tiene para fraccionarla y pasársela a quienes no tienen, no es la solución. ¿Cómo se explica, entonces, los miles de beneficiarios de este tipo de programas que, habiendo conseguido su parcela, proceden a venderla?

La exigencia de miles de campesinos por tierra lo único que hace es pujar el precio de la tierra existente, que tiene un tamaño que no crece, para arriba, haciendo más ricos a quienes ya la tienen.

En la medida que más personas se pongan a estudiar y traspasen la frontera tecnológica, menos personas tendrán interés en sembrar, porque nadie se prepara, académicamente, para seguir de peón de otras personas o de productor de sus productos de consumo; por ende, habrá menos presión sobre la tierra, de modo que su precio tenderá a bajar o a estabilizarse.

Las personas que decidan estudiar y capacitarse, a la larga verán sus esfuerzos recompensados en el nivel de sus ingresos económicos, y se convertirán en promotores de riqueza a otros niveles y en otros segmentos; podrán comprar, con holgura, sus productos de consumo, y les quedará un sobrante de dinero para ahorrar, para divertirse, para seguir estudiando, para mandar a su mamá en un viaje de turismo, para comprar.

Las personas que decidan mantenerse ligadas a la producción de la tierra, también se beneficiarían de los avances tecnológicos del país, y la tendencia a conseguir mejores cosechas o de dedicarse a la producción de nuevas especies agrícolas, producida por esa innovación tecnológica, redundará en un mejor rendimiento económico por el esfuerzo invertido.

De modo que, para aquellos diseñadores de políticas públicas, el futuro del país está hoy en juego. Siempre lo ha estado y parecen no darse cuenta. ¡Del estudio con ahínco de hoy dependerá la riqueza y elevación de la calidad de vida de las futuras generaciones!

Desde este humilde espacio de expresión, como político, no puedo estar inmiscuido tan sólo en el presente. Mi obligación es estudiar el pasado, comprender el presente y pensar qué se necesita hacer hoy para diseñar el futuro que también me atrevo a soñar y a compartir.

En alguna oportunidad, José Ortega y Gasset, el gran pensador español, dijo: "El primer mandamiento del artista, del pensador, es mirar, mirar bien el mundo en torno". Viendo cómo lo han logrado en otros países, tenemos la alternativa de permanecer siendo espectadores en el mundo o ponernos a trabajar por forjar un prometedor futuro.

sábado, 23 de enero de 2010

LOS MIGRANTES Y LOS PROCEDIMIENTOS CONSULARES

Gracias a un excelente artículo de Carolina Escobar Sarti, en la edición de hoy de Prensa Libre, en donde se hace énfasis entre lo privado y lo público, nos enteramos de algunos pormenores alrededor del caso, que ya conocíamos, de violación de correspondencia en el ámbito interno de la empresa Fedex (ponerle FedEx es caer en la trampa de mercadeo de la misma), en donde se denotan, en esta trama, rasgos de racismo, de resabios de un estado policial ocasionados, quizás, por el trauma ocasionado por los actos de terrorismo de septiembre de 2001 que mantienen a esa nación en un estado de shock post traumático y paranoia que ha sido alimentado(a) por varios sucesos posteriores, como el de los explosivos en el calzoncillo de un terrorista, o el anterior de los tenis-bomba.

Creo que las autoridades consulares guatemaltecas tienen la oportunidad de entablar acciones legales en contra de la empresa privada de correo, demandando no sólo compensación económica para los guaemaltecos afectados, que podría ser de carácter millonario; pero otro aspecto importante del caso es que puede y debe entablar acciones penales en contra de quienes violaron la confianza en ellos depositada, especialmente porque la violación a la correspondencia, en territorio estadounidense, es una ofensa federal, es decir, un delito reconocido y protegido por el sistema legal del conjunto de Estados que conforman esa Federación, de manera que no debe desaprovechar la oportunidad de sentar claros precedentes para quien se meta con la correspondencia de un gobierno en ese país.

Por supuesto que, en el camino, deben ayudar de la manera que sea, a las personas detenidas mediante la utilización de subterfugios y actos no sólo no respaldados por orden de juez competente sino violatorios de las leyes y constitutivos de delitos, a reencausar sus vidas y a reintegrar esas familias hoy desintegradas. Cualquier corte federal estaría en posición de admitir que, por encima de la captura de un ilegal, existen derechos fudamentales y procedimientos legales que no pueden ni pasar inadvertidos ni burlarse de manera alguna.

Pero lo que deseo destacar, en este momento, es lo que hace unos doce años, conversara informalmente con el entonces Canciller de la República, doctor Eduardo Stein Barillas, con relación a la entonces ya creciente comunidad guatemalteca de West Palm Beach en el Estado de la Florida, constituida principalmente por connacionales oriundos de Huehuetenango de la etnia k'ajobal. La idea era que el Canciller hiciera una visita de trabajo a dicha comunidad, indagara sobre sus necesidades y se diera cuenta que el Consulado de Guatemala, con sede en Miami, bastante más al sur, no estaba, según mis noticias, sirviendo a los más elementales intereses de la comunidad.

Según recuerdo, los argumentos que respaldaban lo anterior y que yo conocía eran, principalmente, la distancia; en segundo lugar, los horarios, ya que el Consulado solía funcionar a las mismas horas que trabajaban los integrantes de dicha comunidad. Estos dos puntos, hace tanto tiempo, no sólo eran suficientes para hacer ineficiente o inoperante, para ellos, las facilidades consulares de su país, dando pie a que se repensara todo el esquema de servicios si se quería pensar en el público usuario y no sólo en la comodidad de los funcionarios, sino que me hace pensar que, doce años después, los problemas no sólo siguen siendo los mismos sino, agregados a las redadas alrededor de los sitios donde suelen llegar las personas que no han regularizado su situación migratoria, y la paranoia que anteriormente mencioné, sumado al problema que ahora hace evidente la manipulación de los envíos de documenación por correo, refuerzan la idea que todo el esquema debe volverse a pensar y a plantear.

Si la solución es romper el contrato con Fedex y contratar a otra empresa, será una solución desde el punto de vista burocrático, mas no desde el punto de vista del usuario, de manera tal que nosotros no podríamos calificarlo de "solución".

A nosotros que tenemos más de dos décadas de tratar de apoyar a nuestros connacionales viviendo en el extranjero (esas aventuras serán objeto de otros artículos), y que al hacer gobierno hemos producido cambios en favor del público, vemos y entendemos perfectamente que lo perverso, aquí, es el sistema lejano del usuario más que todo lo que pueda suceder en una agencia de correo.

El Servicio Consular de la Cancillería debe ingeniárselas, dentro del presupuesto con que cuentan, que no escapa de mi análisis, para encontrar en mecanismo diferente para que los pasaportes de nuestros connacionales lleguen a su destino a través de guatemaltecos. Si tienen que poner otro consulado en donde la comunidad es más numerosa, o una sucursal en donde puedan enviar, centralizadamente, todos esos documentos, para que los miembros de la comunidad acudan, en un lugar relativamente cercano, a recogerlos, o crear sus propias redes de comunicación, pues que lo hagan.

Por lo pronto, deseamos manifestar que estamos del lado de esa gente que, en las esferas de tomas de decisión, carecen generalmente de voz. Creemos que migrar no es un delito, pero entendiendo las necesidades del país en donde viven, que enfrenta circunstancias especiales de agresión terrorista, que han cambiado paradigmas, disposiciones legales y prácticas, debemos entender que, la mejor manera de apoyar a cualquier guatemalteco en el extranjero, es reuniéndose con las comunidades para escucharlos, tomar en cuenta sus sugerencias y, lo más importante, tomar las decisiones pensando en acercárseles, no en la comodidad de uno como funcionario.

Ojalá y estas palabras no vuelvan a quedar en el vacío. El sentido común las apoya y los hechos lo confirman.

viernes, 22 de enero de 2010

LA BURBUJA INMOBILIARIA, LA CRISIS FINANCIERA, LA DEBACLE ECONÓMICA, LA NORMATIVA DE BASILEA Y EL BCIE

El hoyo tremendo que hicieron, alrededor del mundo, los grandes bancos globalizados, especulando con las inversiones a su cargo y arriesgando a límites insospechados el dinero confiado a su manejo; la manera como esa crisis financiera mundial, que luego evolucionó en crisis económica al involucrar otros aspectos en una vorágine pocas veces vista, y la manera diferente de impactar en Centroamérica, ahora que en Estados Unidos de América, origen de esa contaminación global, se centra ahora el debate, como una secuela inevitable, en las instancias políticas, me permite hacer algunos comentarios debido a mi experiencia de poco más de cuatro años en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, que además de ser un banco de desarrollo funcinaba, en esa época, como banco de segundo piso, financiando a los bancos locales de los países beneficiarios pero, a la vez, ejerciendo una cercana y sana supervisión.

Debo comenzar indicando que existe una doble moral por parte de los países ricos, industrializados, porque son ellos quienes, con sus grandes participaciones mayoritarias de capital en las grandes instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, y otras, proceden a dictarle a los países pobres, en vías de desarrollo (lo cual muchas veces es discutible, como el caso de Haití, cuyo desarrollo ha estado estancado por décadas), las normativas que ellos mismos diseñan para que nosotros, en nuestros pequeños países, que así nos han de ver, las cumplamos, pero a ellos les cuesta comprometerse con lo que nos recomiendan.

Es así como en 1974, los Gobernadores de los Bancos Centrales del G-10 se reunieron en Basilea, Suiza, constituyendo lo que ha dado en llamarse el Comité de Basilea, el cual emitió las primeras recomendaciones para la banca, como montos de capital mínimo, requisitos, capacidad de absorción de pérdidas, protección ante eventuales quiebras, riesgos devenientes del crédito, del propio mercado o el cambiario, dado que muchos bancos se endeudan, asumiendo riesgos en monedas duras, para prestar en moneda local. Estas recomendaciones, que por este carácter no eran obligatorias, están hoy vigentes en muchísimos países.

Sin embargo, como el BCIE funcionaba, por lo menos entre 1996 y 2000 en que conocí estos aspectos de primera mano, como banco de segundo piso, es decir, como fuente de crédito de los bancos locales en los países beneficiarios, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (aunque hoy, por gestiones que hice posteriormente desde el Parlamento Centroamericano, también son beneficiarios Panamá y República Dominicana), me tocó ver de cerca la supervisión técnica y eminentemente profesional que, aprovechando la normativa de Basilea, hacía el banco regional de desarrollo sobre la banca local, como requisito previo para aprobarles líneas de crédito o para continuar con el programa de desembolsos de éstas.

Eran, según recuerdo, doce índices que se medían matemáticamente que, además, permitían darle a los bancos un seguimiento en el tiempo, pudiendo analizarse gráficamente el comportamiento de dichos índices, y el banco beneficiario de las líneas de crédito del BCIE tenía que estar por encima de los estándares internacionales que la normativa de Basilea especificaba, caso contrario los expedientes para aprobar nuevos créditos o las solicitudes de nuevos desembolsos se quedaban congelados, provocando, con esto, un círculo virtuoso que, aunado a lo conservadora que es, frecuentemente, la banca centroamericana, presiento que fueron las razones fundamentales para que, cuando se dio la debacle a nivel internacional, el sistema bancario de nuestros países estuviera mejor preparado para resistir los embates que se dieron, ocasionando un beneficio en general a la población, dada la estabilidad y solvencia del sistema, el cual no se contaminó como en la mayoría o la totalidad de países que, para nuestro bien, aprobaron las reglas que ellos, por lo visto, no cumplen todavía.

Existe doble moral, también, en este tema, porque los grandes bancos, los globalizados, al inflar esa inmensa burbuja inmobiliaria y crear ese enorme agujero en el sistema bancario y financiero mundial cuando aquella estalló, recibieron cantidades nunca vistas de dinero de los contribuyentes de los países ricos para salvarse, pero estando al borde de la quiebra, jamás dejaron de pagar dividendos, y bastante jugosos, a sus accionistas; lo que es peor, no dejaron de repartirse, las personas responsables de ese manejo que paró en desgracia, unos sueldos, opciones de acciones y prebendas que el mismo Presidente Barack Obama, de Estados Unidos, ayer calificó de obscenas.

Luego, la costumbre de los bancos de nuestros países de apegarse a prácticas bancarias sanas, impulsados por el banco más grande de Centroamérica, el BCIE, es un activo intangible de valor incalculable para la región, como quedó demostrado ante todo lo que ha sucedido en el mundo estos últimos dos años alrededor del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Hay que entender que los bancos, en cualquier país, tienden a ser elementos de equilibrio en la economía, y en el pasado reciente hemos podido ver cómo la crisis económica mundial nos ha afectado pero no llegó a situaciones dramáticas. Otra cosa habría sido si, además de la reducción del monto de las remesas, la rebaja de los ingresos por exportaciones, las dos ocasionadas precisamente por lo mal que estaban otros países, y el desempleo que estas pequeñas fluctuaciones a la baja en dos renglones sensibles ocasionaron, hubieran sido acompañadas de la quiebra de uno o varios bancos del sistema por haber sido contaminados, como sucedió en otros países.

Ahora el debate, en Estados Unidos, está en manos de los políticos, quienes tratarán de ponerle freno a instituciones que, asegura el Presidente Obama, se han olvidado de los ciudadanos promedio. Este debate por supuesto que estará ligado a dos temas importantes: la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de ese país de permitir que las empresas inviertan capital, directamente, en las campañas políticas, y no como ha sido durante las últimas dos décadas, a través de un Comité, lo que augura una defensa publicitaria increíble por parte de quienes manejan los bancos para mantener el statu quo y sus privilegios; la otra, la campaña de medio período, con elecciones en noviembre de este año 2010, en donde se renovarán algunos diputados del Congreso, algunos Senadores y algunos Gobernadores, la cual prácticamente comenzó con la reciente elección senatorial de Massachusetts en la cual, con el triunfo del candidato republicano no sólo rompió con la tradición estatal de casi 5 décadas de apoyar a los demócratas, sino dio por terminada la mayoría del partido oficial, el Demócrata, en el Senado estadounidense.

El Comité de Basilea, ahora, entiendo que tiene 13 miembros. No estoy seguro que Estados Unidos sea parte del mismo, pero sí estoy claro que siempre ha sido parte del G-7, del G-8 y, por supuesto, del G-10 (que son los países más industrializados del mundo). Luego, si tiene la moral para dictarnos esas recomendaciones, ¿por qué, en tantas décadas transcurridas, no ha sido capaz de implementarlas en su territorio? Ya quedó demostrado que creerse especiales no los salvó de la bancarrota y el fracaso, sino el dinero de todos los contribuyentes estadounidenses, sin el cual hubieran tenido que dar por finalizadas sus operaciones y los funcionarios salir a la calle a buscar trabajo, pero si se optó por inyectarles esas sumas enormes de dinero es porque también allá se piensa que la banca es un elemento de equilibrio de la economía, y no podían, en medio de los problemas en que estaban de despidos por todos lados, de cierre de enormes industrias, como algunas de fabricación de automóviles, permitirse el lujo de que los bancos se fueran por el canal del desagüe.

Yo no soy partidario más que de la opinión de que, en estos momentos, no es la banca sino el Presidente de Estados Unidos quien está hablando con sentido común. Si la mayoría de políticos estadounidenses y la misma población no están de acuerdo con él en su política de salud y, como dicen, ese 51% de la población de Massachusetts que no pertenece a partido político alguno, apoyó al candidato republicano (que sólo tiene 12% de afiliados en ese Estado), en franca oposición a las políticas presidenciales hasta anteayer, hoy sí debieran apoyarlo, ambos partidos y la población independiente que genera opinión a través de encuestas, en el establecimiento de normas claras, transparentes, comprobables matemáticamente, para el sistema bancario, todo en favor del público usuario.

La envergadura de la banca estadounidense y la influencia económica y financiera que puede producir en el mundo cuando funciona mal, nos hacen desde este humilde espacio, y por el sentido común, apoyar toda medida que tienda a impedir futuras debacles. Además, también hace sentido que si una empresa está siendo rescatada, no pague dividendos ese año; como lo es también que los "genios" que inventaron nuevos sistemas para burlar los índices de riesgo no sigan ganando lo que antes ganaban o se vayan a la calle en lugar de que se les siga considerando genios de la banca, lo cual es discutible ante el daño que ocasionaron.

Por de pronto, lo que veo es que el Presidente Obama ha venido defendiendo una política disociadora, como lo es su propuesta de reforma al sistema de salud, pero seguramente encontrará una veta donde pueda volver a unir a la nación en contra de unos pocos pero muy poderosos avorazados. Ojalá que la reforma legal que plantee incluya a las empresas calificadoras de riesgo, cómplices desde mi punto de vista de todo lo acaecido.

jueves, 21 de enero de 2010

LOS 13 JUECES TRASLADADOS POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN. ¿SERÁN SÓLO 13?

Hoy es noticia en Guatemala la decisión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de trasladar a 13 jueces acusados de corrupción. ¿Es eso lo que se merece el público usuario? ¿Qué pensarán los pobladores de los lugares a donde estos "juzgadores" están siendo trasladados, de que sus asuntos, ahora, en lugar de dirimirse se conviertan en mercancía?

Coincide la noticia con la manifestación de desacuerdo del Presidente de la CSJ con las declaraciones del Director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, relativas a lo mal que está la administración de justicia en nuestro país, y contrasta que el Presidente de la primera sea de la opinión de que las cosas no son tan dramáticas como el abogado español dice, y acto seguido le toque ser parte de una resolución que no convence a nadie, por muy bien intencionados que todos los magistrados de la CSJ puedan ser.

En mis poco más de cuatro años como funcionario público en el Registro General de la Propiedad, RGP, agobiados con tantos casos de ilegalidades que íbamos descubriendo, especialmente de usurpaciones de propiedades que se cometen en la calle, no en el RGP, invitamos al entonces Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, licenciado Juan Luis Florido, a conocer, in situ, algunos de estos casos representativos de una realidad que agobiaba a la población y la mantenía en zozobra, todo con la finalidad de que asignara a un fiscal para darle seguimiento a los casos, ya que cada uno iba a parar a diferente fiscalía y esta materia es tan especializada que requiere cierta experiencia tan sólo para entender la maraña que representa cada situación. La respuesta del fiscal Florido fue más allá, y no designó un fiscal sino creó una fiscalía para atender la avalancha de casos que veníamos descubriendo.

Las casi 300 denuncias que planteamos en el tiempo de esa gestión implicaron mantener una estrecha relación con la recientemente formada fiscalía y, además, mantenerlo también con algunos tribunales de justicia que, por no existir uno especializado, conocen muchos jueces que, la mayoría de los casos, parecen no entender ni siquiera cómo se lee una certificación de dicho registro, razón por la cual he venido planteando la creación de los tribunales privativos de la tierra y los derechos de propiedad, pero eso será otro tema.

Esos cuatro años de relación con el sistema judicial, tratando de "meter al bote" a los mañosos y de proteger a la ciudadanía, fueron frustrantes, de manera que entendemos perfectamente cuando se habla de corrupción de jueces y de que no pase absolutamente nada al respecto. Especialmente frustrante fue lograr la captura del famoso "abuelo", un abogado líder de una banda de estafadores y usurpadores de propiedades, y que al día siguiente de su captura llegara a las instalaciones del RGP a preguntar si no había dejado ahí su carnet del Colegio de Abogados, como para que lo viéramos que ya andaba nuevamente en la calle.

Guatemala no puede seguir así. La labor de revisar los proyectos de las leyes que hay que cambiar, obligadamente, debería de ser iniciada por los grupos que se han organizado mejor, en estos últimos tiempos, alrededor de la elección de nuevos magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la CSJ, y aunque suene simplista de nuestra parte, deberían concretarse a dos cosas:
1. los jueces deben ser los responsables del tribunal, incluyendo la contratación y despido del personal a su cargo, dado que actualmente, los subalternos no tienen interés de hacer las cosas que su superior, el juez, manda, primero porque este no tiene capacidad de despedirlos, segundo porque la protección del sindicato, que debiera limitarse a conseguir mejoras gremiales, ha desvirtuado esta relación en perjuicio de la eficiencia del tribunal y, por ende, del público usuario en quien casi nadie piensa y se ha de imaginar que tiene paciencia de santo.
2. la capacidad de despedir a un mal empleado o funcionario, sea juez o magistrado, cuando no cumpla con los requisitos y conducta intachable que la misma ley debiera prever.

Luego, este proyecto de reformas a la ley, consensuada por los usuarios representados por la sociedad civil, debiera socializarse con los magistrados de la CSJ para que todos estén convencidos del beneficio de dichos cambios y luego, el Presidente de la CSJ debiera enviar dicha iniciativa al Congreso de la República para que sean aprobadas, con el acompañamiento de la sociedad civil, es decir, sin las aborrecidas componendas de casi siempre.

Guatemala no se merece jueces tachados de corrupción. Los ciudadanos que acuden a los tribunales a pedir justicia esperan que sus asuntos sean conocidos, valorados y juzgados por personas ecuánimes, de altos principios morales, que sean un ejemplo de una vida digna en las comunidades que sirven, no mercaderes con licencia para transar por un valor económico los derechos de un particular o la impunidad, cuando se trata de asuntos perseguibles de oficio.

Un traslado hoy, sin hacer nada al respecto, significa la contaminación de corrupción de otros lugares en donde pueda estar funcionando debidamente la administración de justicia. Un traslado hoy, sin más, significa comenzar a acumular denuncias de corrupción en otros lugares para justificar, en un par de años, otro traslado, y eso tiene visos de no terminar.

Por eso levanto mi voz, hoy, en nombre de todas esas personas que no la tienen, pero que son usuarios del sistema de justicia; en nombre de los más necesitados que no pueden ser atendidos porque funcionarios corruptos han malversado o se han robado los recursos de Estado y la justicia, en sus diferentes facetas, se presta a hacerles el juego; en nombre de las personas despojadas por cualquier transa que no hallan consuelo en ningún lado; por todos esos familiares que han perdido un ser querido debido a la violencia, que claman justicia, y por este tipo de jueces son capaces de no encontrarla; por todos esos jóvenes que en un futuro pueden ser víctimas de extorsionistas y sicarios que, por unos centavos, se procede a dejar en libertad con la posibilidad de seguir delinquiendo, de seguir produciendo más víctimas, más muertos.

No hay tiempo que perder. Hay que emprender los cambios pero, mientras estos se dan, dado que los jueces tachados de corruptos no van a renunciar porque no tienen dignidad, habría que hacer un esfuerzo por mantenerlos monitoreados constantemente. Son otra especie de colaboradores de la delincuencia que todos debemos ayudar a frenar.

LA EDUCACIÓN, LAS COMUNIDADES Y LA FALTA DE APOYO DEL ESTADO

Estos últimos días ha habido dos noticias que llamaron mi atencion. La primera, un excelente reportaje de Marta Sandoval en Elperiodico, edición del 10 de enero en curso que pueden ver en http://www.elperiodico.com.gt/es/20100110/portada/131718/ , que refiere cómo una comunidad en Cobán, Alta Verapaz, olvidada por todos pero entendiendo la importancia de contar con una educación, se decidieron, en una especie de "homeschooling" y sin estar capacitados como maestros, a educar a sus propios niños. El proceso es interesante; fueron abandonados por el cura, la iglesia se convirtió en escuela y, con el correr de los años, ahora hay estudiantes que estudian en universidades fuera del país y maestros que están en el proceso de sacar sus maestrías.

La segunda noticia que llamó mi atención con relación al tema, aparecida en Prensa Libre el 19 de enero en curso, es la decisión de los habitantes de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, de erradicar el analfabetismo, lo cual finalmente lograron según declaración de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, utilizando un método cubano.

Lo curioso de ambas notas es que destacan el abandono del parte del Estado y refuerzan mi tésis relativa a que Guatemala no es un país de pedigüeños sino de emprendedores, de personas ingeniosas que buscaron, por sus medios, la manera de salir de esa falta de atención por parte de las autoridades y de conseguir, para sus hijos y nietos, un mejor porvenir.

Cabe comentar, además, que en el primer caso la comunidad pudo triunfar no sólo por la persistencia de sus líderes, con una clara visión de lo que querían, sino porque los niños no sufrieron trauma alguno ya que la instrucción la iban recibiendo en su propio idioma materno, en este caso el q'eqchí, y el español era una clase más de un segundo idioma que, a la postre, les viene sirviendo no sólo para cualquier tipo de relación con el entorno nacional, especialmente para adquirir educación superior, sino los preparó para, en algunos casos, estudiar un tercer idioma para proseguir esos estudios en el extranjero.

Se ve que las comunidades tienen, muchas veces, no pocas, más sentido común y capacidad de organización que quienes diseñan las políticas públicas que, por provenir de personas que no conocen cómo funcionan aquéllas y cómo es el ámbito de la vida rural, en su arrogancia o ignorancia, han pretendido que sus decisiones hagan surgir un mar de niños y jóvenes dispuestos a aprender en otro idioma, lo cual carece de toda lógica.

Va desde este espacio de comunicación una sincera felicitación para los líderes comunitarios a quienes se les iluminó el seso originariamente; para los líderes comunitarios que, en relevo, porque así sucede, supieron valorar y continuar con las metas trazadas; para esos valientes miembros de las comunidades que, aún sabiéndose poco, mal o nada capacitados para enseñar, supieron asumir el reto de hacerlo a la par que ellos mismos se preparaban; a los niños, niñas y jóvenes que, en su cotidiano esfuerzo, llegaron a convertirse en las pruebas palpables de que, con sentido común y persistencia, se pueden alcanzar mayores alturas y vencer un sistema oficial que simplemente no funciona; a los periodistas que, enterándose de estos raros casos, los han compartido con la comunidad de ciudadanos para que, como en este caso, elevemos un largo y sonoro aplauso por esta gran muestra de que en el ámbito local, sea comunitario, sea municipal, están muchas de las soluciones a nuestros problemas de falta de desarrollo.

Ahora que tenemos puntos de comparación, se hace obligada una revisión de esas políticas públicas que, durante décadas, no han conducido a mayor progreso. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos produciendo los mismos resultados, y con estos dos novedosos métodos está visto que Guatemala, o cualquier país del mundo que se encuentre en similares circunstancias, puede dar un verdadero salto al desarrollo en cuestión de pocos años.

miércoles, 20 de enero de 2010

FELICITACIÓN A LOS MAESTROS, AUNQUE NO SEA SU DÍA

Al dirigente sindical del magisterio público nacional, Joviel Acevedo, se le ha ido de las manos el movimiento que encabeza, en los últimos días, porque se ha apartado de los asuntos gremiales y se ha dedicado a hacer política y, lo que es peor, en contra de sus agremiados y de los niños y jóvenes a quienes un maestro de vocación se debe.

Acevedo, quien anteriormente, durante este gobierno, se dio el lujo de vetar Ministros de Educación que no le parecían, hoy ha estirado la pita al grado que está a punto de reventarse.

Se ha dedicado en el último tiempo a organizar bloqueos en las carreteras para ejercer una presión, según él, para que se apruebe una reforma fiscal absurda que viene planteando el actual gobierno, el que debiera comenzar por transparentar no sólo la ejecución del presupuesto sino el controvertido programa de regalo de remesas, denominado Cohesión Social, que por ser empleado populista y políticamente, es cuestionado por grandes sectores de la población, el magisterio incluido. Este tipo de presiones sólo podemos calificarlas de trogloditas.

Los maestros, que son inteligentes, entienden que una reforma fiscal va en contra de sus intereses individuales; además, aprobarla no garantiza el apoyo económico en favor de sus intereses de grupo, ni siquiera el que urge en materia de infraestructura educativa.

Además, es agradable leer declaraciones de maestros con vocación que, además, se manifiestan por los niños y, en un acto que teníamos tiempo de no ver, abandonan a su líder sindical para poner los pies en la Tierra y proseguir con sus labores formativas.

Hay declaraciones que hacen ver que, si descubren pagos del gobierno para conseguir el apoyo del gremio magisterial, lo van a desconocer. Personalmente no creo que haya pagos en efectivo, aunque no me extrañaría. Lo que creo es que la antigua militancia guerrillera, tanto de Acevedo como de la Primera Dama y, según declaraciones en conferencia de prensa del Secretario General del partido de gobierno, futura candidata oficial a ocupar la Presidencia de la República, los hacen ser muy afines, caminar juntos, desgastarse juntos con el afán de forzar una reforma fiscal que sólo ellos quieren, para engrosar los proyectos populistas y preelectorales de la señora Torres de Colom.

Es por esa razón que, aún no siendo el día en que suele felicitárseles, yo sí lo hago de buena gana en este inicio del ciclo escolar 2010. Más maestros que piensen en Guatemala y en los niños, y que no se dejen manipular, es lo que necesitamos.

EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Mi experiencia de poco más de cuatro años en el Registro General de la Propiedad de Guatemala, RGP, como Registrador Sustituto, y de unos dos años en el Registro de Información Catastral, RIC, como miembro de su Consejo Directivo, me dio el conocimiento necesario no sólo para entender mejor las necesidades del usuario, que por lo menos en cuanto al primero ya las conocía desde finales de los años 1970's, sino las necesidades de cada institución, que son un tanto diferentes, el marco legal y, especialmente, las necesidades de la nación y de la población, especialmente la de carácter rural que tiene que viajar, muchas veces trasladando dinero en efectivo, para poder investigar o atender sus asuntos relacionados con los registros públicos.

A finales de esa gestión en el RGP, el presidente Oscar Berger había accedido, para que se pudiesen ampliar las instalaciones de esta más que centenaria e importante Institución, había accedido a cederle la adscripción del terreno que ocupa toda una manzana, adyacente a las actuales instalaciones del RGP, en donde desde los años 1930's ha funcionado, entiendo, la Dirección General de Sanidad, situación que finalmente revirtió el mismo presidente, pero mientras tanto pude dirigir alguna actividad con fines de preparar el proyecto de inversión en dicho predio, el cual tenía que ser aprobado por la Comisión Nacional Registral, CNR, de la cual también era parte.

Eso me dio la oportunidad de pensar que la dispersión de los registros públicos no abona, en nada, en beneficio del público usuario, fomenta la arbitrariedad y la incongruencia de políticas y de tiempos de respuesta y, a la vez, hace caro, para el Estado, acercarse a los usuarios del ámbito urbano-rural y rural-rural.

El proyecto que tenía en mente, que todavía pude discutir con los Lics. Fernando Quezada Toruño y Rodolfo Cárdenas, con quienes integrábamos la Sub Comisión de Infraestructura de la mencionada CNR, pocos días antes de enterarnos que el presidente Berger daba marcha atrás con lo del terreno que, dicho sea de paso, ni siquiera estaba registrado a favor de La Nación, como debería haberlo estado, y nosotros tuvimos que inscribirlo debidamente, consistía en preservar el edificio de casi siete décadas de antigüedad y de estilo Art Deco, que aunque infuncional para las necesidades actuales (fue diseñado hasta con cocheras donde guardaban los caballos para tirar los carruajes), es intocable por ley, pero en el predio de atrás se iba a hacer un enorme sótano, de 5 niveles de profundidad para albergar no sólo el archivo del RGP, que es inmenso, sino para darle cabida al mayor número de vehículos en esa área del centro de la ciudad en donde casi no se consigue parqueo.

Lo interesante y novedoso del proyecto es que se dejaba contemplado, adelantándonos a los tiempos que algún día vendrán, para colocar, en un solo sitio, todos los registros, de tal manera que hubiese un lugar en el centro de la ciudad, lugar a donde tienden a confluir las rutas de transporte de toda la periferia, en el cual se pudiese acudir a resolver cualquier tema relacionado con algún registro público. Ahí se podrían ver asuntos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad Industrial, del Registro Nacional de las Personas, del Registro de Información Catastral, de Garantías Mobiliarias, pero también se atenderían temas de licencias de conducir, de portación de armas, de extensión de pasaportes, de placas de vehículos, etc.

Contaba, además, con instalaciones para que la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades vecinas de la capital, en donde muchas veces se necesita hacer trámites que se dificultan por las distancias a las cuales quedan, pudieran tener oficinas que las representaran en todo lo que se refiere a atender a sus vecinos y resolver los asuntos donde tuvieran interés.

Además, se pretendía que ese verdadero centro de servicios contara, además, con agencias de todas las compañías de cable, de teléfono, de energía eléctrica y de agua del entorno metropolitano, como de los mayores bancos del sistema, en un afán de facilitarle la vida al ciudadano.

Ese proyecto no pudo llevarse a cabo, pero el ciudadano sigue entrampado en los trámites de una numerosa burocracia y nadie piensa en él.

Hoy, desde esta trinchera virtual, pienso que el país debiera ir más allá y romper el esquema de lealtades de los diferentes registros públicos hacia tan diversas autoridades gubernativas, y llevar a cabo los cambios legales necesarios para crear el Centro Nacional de Registros, con una Comisión Nacional Registral que acompañe a un Registrador General de Guatemala que tenga el control sobre todos los registros públicos del país, y así comenzar una etapa que permita llevar esos Centros Nacionales de Registros, conectados en forma virtual, a todas las cabeceras departamentales del país.

Los ciudadanos del interior del país no son ciudadanos de segunda, pero el sistema actual de registros así los hace parecer, ya que todo, a excepción del Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango, en alguna medida el RIC y el Registro Nacional de las Personas, está actualmente centralizado, lo cual los obliga a hacer viajes y gastos adicionales a los ciudadanos de la capital, invirtiendo tiempo y corriendo riesgos también adicionales.

Crear un Centro Nacional de Registros no le haría mal a nadie. Por el contrario. Crearía las bases para que Guatemala sea más competitivo en todos los asuntos que, por su naturaleza, requieren la sanción de este tipo de instituciones.

La tecnología que hoy existe permite hacer muchísimas cosas pero por falta de imaginación, de decisión o de voluntad política, no las estamos haciendo en estos momentos.

Guatemala puede se un ejemplo para el mundo en materia de agilidad registral y certeza jurídica, lo cual atraería inversiones que hoy son inimaginables bajo el sistema actual en el que sólo el RGP ha logrado llamar la atención y convertirse, según el Banco Mundial, en el primer registro de América Latina y el Caribe, a pesar que colapsó su sistema informático en mayo de 2003, y cuando lo recibimos, a principios de 2004, continuaba totalmente colapsado y era casi imposible registrar cualquier operación, al colmo que sabemos que muchos bancos desembolsaron a la palabra porque no había manera de inscribir las hipotecas a su favor, creándole durante mucho tiempo un daño incalculable a la economía.

En fin, son ideas que, por venir cargadas de sentido común y tener que ver con cambios en la legalidad del país que, obligadamente, tienen que pasar por los operadores políticos, me atrevo a compartir con Uds. en este espacio.

¿QUÉ HA HECHO EL PARLACEN EN LA CRISIS POLÍTICA HONDUREÑA, Y QUÉ HACE AHORA?

Muchas personas preguntan, con frecuencia, qué ha hecho el Parlamento Centroamericano a raíz de la crisis política hondureña, y preguntan con razón, ya que dicha institución regional no ha hecho valer su voz, como debiera, en un problema político interno en el cual prácticamente todos los países y organizaciones de países han opinado, llegando a decir, inclusive, que ni en este tema ha podido opinar debido a la tan cantada inoperancia que se le atribuye.

Eso ha sido debido, considero yo, a que el debate político, cuando se desató la crisis que todo el mundo conoce, que realmente no comenzó el 28 de junio de 2009 sino muchos meses antes, con las reiteradas violaciones a la ley, incluyendo la constitucional, del entonces presidente Manuel Zelaya, estaba a cargo de la ahora confirmada Coordinadora de Debates, la diputada hondureña Gloriga Guadalupe Oquelí, compañera de campañas ideológicas del depuesto presidente e, infortunadamente, la persona que lo condujo, utilizando vehículo del Parlamento Centroamericano, a la actual "jaula de oro" de Zelaya, la embajada brasileña en dicho país, lugar donde permanece confinado voluntariamente desde el 21 de septiembre de 2009.

En entregas anteriores he dado a conocer algunos detalles no sólo de dicho debate sino de las manipulaciones a que se prestó esta diputada hondureña, quien presentándose en todos lados como la Presidenta del PARLACEN, cargo que finalmente la Corte Centroamericana de Justicia, en varias sentencias seguidas reiteró que llegó a ocupar de forma anómala, llegaba a hablar, como si lo hiciera en nombre de todos, a favor de la restitución de su camarada Manuel Zelaya, produciendo en todos los que tenían la paciencia de escucharla la impresión que ésa era la opinión generalizada de la Institución.

A raíz de ese debate manipulado, donde sólo hablaron los diputados y observadores afines ideológicamente a élla, hubo una resolución de condena a Honduras en donde hasta se discute si hubo el quórum necesario para tomarla, debido a que muchos diputados abandonaron la sala ante la negativa de la Coordinadora de Debates de darles la palabra y, especialmente, porque muchos de quienes votaron dicha condena son simples observadores, es decir, sin las calidades necesarias para votar cualquier tema o formar quórum.

Al día siguiente de haberse emitido de esa manera, en fraude de la ciudadanía, la mencionada resolución de condena en la cual sólo dos diputadas hondureñas estuvieron de acuerdo, la bancada hondureña conformada por cinco diferentes partidos políticos presentó una iniciativa diferente, consensuada entre todos ellos, la cual fue acompañada con la firma de todos a excepción de la Coordinadora de Debates, quien por se negó a hacerlo, según dijo, porque ya había emitido opinión (aunque hay quienes dicen que después, varios días después, también la suscribió), pero, con el apoyo de sus seguidores, especialmente los diputados sandinistas de Nicaragua y los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, más algunos del partido oficial de Guatemala, impidieron que dicha iniciativa pudiera aprobarse.

Así, transcurrieron las cosas, sin más debate. Sólo el vehículo asignado a la Presidencia que fue hasta fundido, según entiendo, con los alrededor de 2,700 kilómetros que le metieron en el fin de semana en que fueron a traer a Manuel Zelaya a El Salvador, lo anduvieron paseando por Guatemala y lo introdujeron subrepticiamente a Honduras hasta caer en la embajada brasileña, vehículo que, dicho sea de paso, no ha podido repararse.

Posteriormente, cuando el diputado sandinista Jacinto Suárez ganó la Presidencia en forma limpia, cumplí con mi ofrecimiento de ponerme a su disposición para ayudar en lo que fuese necesario dentro de las labores parlamentarias, luego de un año, prácticamente, de oponerme a que se manejara todo, lo administrativo y el debate, por representantes de la ilegalidad y del abuso. Le sugerí que ahora que se había convertido en el representante de una Insitución en donde existen diversidad de corrientes ideológicas, debía tener un acercamiento con las autoridades hondureñas, no necesariamente las de gobierno que se empeñan en denominar de facto y que apropiadamente deben llamarse de transición, sino, especialmente, con las autoridades electorales, con miras a respaldar un proceso electoral que no era de nadie más que del pueblo de ese país, pero se negó rotundamente a saber absolutamente nada más de Honduras.

El lunes 18 de enero en curso, en la reunión de la bancada de diputados guatemaltecos al PARLACEN, cuando discutíamos la agenda, solicité se incluyera el tema del cambio de gobierno en Honduras para discutir sobre los diferentes aspectos que van anejos.

Ayer, martes 19 de enero que se abordó dicho tema, de los 17 diputados presentes, 16 estuvimos de acuerdo en elaborar una iniciativa que, resaltando los aspectos legales y jurídicos inherentes al proceso electoral, al Presidente Electo y a la próxima finalización de un período constitucional y el inicio del siguiente, que deje por un lado cualquier aspecto ideológico o que pueda interpretarse de carácter político, que tienda a exhortar a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo, especialmente a los de Centroamérica, a normalizar las relaciones de amistad y de toda naturaleza reconociendo a quien el pueblo hondureño eligió para dirigir los destinos de su país.

La redacción del proyecto quedó encomendada a cuatro diputados centroamericanos que también somos abogados, de los cuales tres nos reunimos hoy a elaborar el proyecto que, como bancada de Guatemala, habremos de cabildear con los diputados de los demás países que integran el Parlamento Centroamericano para, en un afán de buscar la unanimidad, tener en pocos días una resolución seria, centrada, eminentemente jurídica, en donde se le pida a los gobernantes del mundo regularizar las relaciones con un país amigo y pacífico.

El proyecto fue redactado por Juan José Rodil Peralta, Marco Antonio Cornejo y este escribiente, y en beneficio de la ciudadanía a la cual nos debemos, dejo transcrito, haciendo la salvedad que, mientras el mismo no haya sido presentado, podrá sufrir algunos cambios, los cuales también se le pueden introducir durante el debate, antes de convertirse en resolución, si es que se aprueba, caso contrario ya ha sido decidido por los mismos diputados guatemaltecos que, entonces, se daría a conocer al mundo como una posición mayoritaria de la bancada de Guatemala.

A continuación, el mencionado proyecto:

"INICIATIVA

PARA EXHORTAR A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE CENTROAMERICA, AMERICA, EUROPA Y DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN GENERAL, A RECONOCER EL GOBIERNO LEGAL Y LEGITIMAMENTE ELECTO DE HONDURAS QUE ASUME EL 27 DE ENERO DE 2010 Y SERA PRESIDIDO POR EL CIUDADANO HONDUREÑO PORFIRIO LOBO SOSA

EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO
Que el Parlamento Centroamericano es el órgano político de la integración, mismo que debe descansar en el Estado de Derecho y que se evidencia en acciones políticas correctas encaminadas a realizar esfuerzos conjuntos que son posibles únicamente mediante la cooperación y solidaridad de los Estados parte, enmarcadas en el respeto a su individualidad y el bien común de la región como parte de la comunidad internacional, sucediendo que en el momento actual es necesario remarcar la urgencia de que nuestros países y los ciudadanos que los conforman mantengan la normalidad, tanto interna como en los procesos de intercambio comercial y de integración regional.
CONSIDERANDO
Que los hechos acaecidos en la República de Honduras el 28 de junio de 2009 generaron posturas encontradas al interno y externo de Honduras en cuanto a la naturaleza política y/o jurídica de los mismos y sus consecuencias legales.

CONSIDERANDO
Que el 27 de enero de 2010 concluye el período presidencial, en la República de Honduras, para el que fue electo, en su oportunidad, el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales; y por norma constitucional y legal de ese país debe asumir un nuevo Presidente de la República que haya sido legal y legítimamente electo por el pueblo hondureño, todo independientemente de las consecuencias políticas y jurídicas que puedan derivarse de los hechos acaecidos el 28 de junio de 2009 relacionados.

CONSIDERANDO
Que el Estado de Derecho se sustenta en su Régimen de Legalidad Constitucional y Legal, el que conforme a los Principios Generales del Derecho sustenta, a su vez, su legitimidad, al provenir de la manifestación libre y mayoritaria del Pueblo Soberano de una Nación a través de los mecanismos de elección popular de autoridades Constituyentes, Legislativas, Gubernativas, Judiciales y Municipales.

CONSIDERANDO
Que en la República de Honduras existe un Estado de Derecho y su Régimen de Legalidad constituidos, y que el ciudadano Porfirio Lobo Sosa fue electo legal y legítimamente por la mayoría del pueblo hondureño para ser el Presidente de todos los hondureños a partir del 27 de enero de 2010, por un período de 4 años, razones por las cuales deviene necesario y obligado que la Comunidad Internacional de Naciones reconozca la legalidad y legitimidad de su Gobierno electo e integren a Honduras dentro del concierto de las Naciones con plenos derechos y obligaciones.

CONSIDERANDO
Que las pretensiones de las partes en diferendo al interno y externo de la República de Honduras, como consecuencia de los hechos acaecidos el 28 de junio de 2009 en la República de Honduras, pueden y deben ser ventiladas en cuanto a sus potenciales consecuencias civiles y/o penales únicamente siguiendo el Debido Proceso o Proceso Legal ante los Tribunales competentes de Honduras y de la Comunidad Internacional, lo que deja a salvo la viabilidad, a las partes en diferendo, de plantear sus pretensiones por los mecanismos judiciales adecuados a cualesquiera personas o entidades legitimadas de la República de Honduras y/o de la Comunidad Internacional, independientemente de que la República de Honduras debe seguir en solución de continuidad, siendo gobernada por quien ha electo mayoritariamente, en forma libre y democráticamente, en un proceso convocado con anterioridad por un Tribunal Supremo Electoral independiente, conforme a su propia Constitución, por el pueblo soberano de la Nación.

POR TANTO:
El Parlamento Centroamericano en uso de las facultades que le confieren los artículos 5 y 10 de su Tratado Constitutivo; 21 y 62 de su Reglamento Interno;

RESUELVE:
1. Exhortar a los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, América, Europa y de la Comunidad Internacional, en general, a reconocer el Gobierno Legal y Legítimamente electo de Honduras que asume el 27 de enero de 2010 y será Presidido por el ciudadano hondureño Porfirio Lobo Sosa.

2. Exhortar a las partes en diferendo por los hechos acaecidos en la República de Honduras el 28 de junio de 2009, que ventilen sus pretensiones civiles y/o penales conforme al Debido Proceso o Proceso Legal ante los Tribunales de Justicia pertinentes y con fundamentación a la normativa jurídica que, según su postura, avale sus pretensiones, partiendo del Principio General del Derecho de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal.

Ciudad de Guatemala, 20 de enero de 2,010."