miércoles, 1 de febrero de 2017

EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE CARNE, VERDURAS Y FRUTAS

Nos parece que, antes de gravar al sector agropecuario, encareciendo la carne y las verduras para todo el mundo, debiera revisarse y hacerse más eficiente la cadena de suministros y, paralelamente, ver si ahí se están pagando impuestos. Nos consta el enorme sacrificio de los agricultores para producir verduras y frutas, y sé que los ganaderos requieren alrededor de 3 años para engordar una res (después del destete, el engorde y la ceba) antes de poderla vender para el sacrificio; y, durante ese tiempo, hay que pagar sueldos, medicamentos, tratamiento de potreros, etc. No es como dice el dicho que al ojo del amo engorda el ganado. Por otro lado, absolutamente todos los riesgos corren por cuenta del agricultor y del ganadero, sean estos provenientes de la Naturaleza, de las fluctuaciones del mercado o de la agenda de seguridad del país (los cuatreros, por ejemplo); pero los intermediarios, que muchas veces se mueven dentro de la informalidad, no corren riesgos y, generalmente, son quienes más ganan en toda la operación y cadena de suministro al público. Ya, hace décadas, se le puso precio tope a la leche y el resultado no fue que las familias consiguieran leche barata sino que se acabara con la industria lechera nacional y tuviéramos que depender, en su mayoría, de las importaciones que se pagan en moneda dura y, en cuyo precio al público van incluidos los fletes desde el otro lado del mundo, seguros y ganancias de más intermediarios, con el resultado de haber tenido que dar marcha atrás en la política de tope de precios, pero demasiado tarde. El hato lechero guatemalteco fue la semilla del actual hato lechero costarricense, desde donde surten parte de nuestro mercado nacional. ¿Es eso lo que deseamos que suceda con el mercado de la carne? ¿No es suficiente con el enorme incremento de precios que los productos cárnicos han sufrido en los últimos dos años en que, dicho sea de paso, el Ministerio de Economía no ha hecho absolutamente nada? ¿Qué pasaría con el precio del pollo o del cerdo si, por una política pública equivocada, acabamos con la producción de carne nacional? A nosotros nos parece que terminarían subiendo los precios de absolutamente cualquier tipo de carne. Somos del parecer que cualquier cambio que se haga en nuestras leyes, sea para modificar impuestos, sea para lo que sea, tienen que analizarse previamente todas las consecuencias factibles pero, especialmente, tener en mente la estabilidad de la canasta básica de las familias. Pensar que se grava a los empresarios es hasta pueril. Toda modificación le pega, siempre, al consumidor, y la mayoría de quienes consumimos carne, en este país, no son precisamente empresarios ni gente rica, sino asalariados y gente común que sobrevive, también, dentro de la informalidad. ¿Que el país necesita cambios? ¡Perfecto! Pero pensemos bien antes de llevarlos a cabo y que, como consecuencia de una buena intención, le peguemos más duro al bolsillo de la gente más necesitada. No podemos referirnos a las intenciones de llenar más las arcas del Estado sin mencionar que, como ciudadanos, también esperamos una mejor calidad en el gasto, y no lo vemos por lado alguno. Si las autoridades desean que la ciudadanía contribuya de mejor grado, deben comenzar por adelgazar las cuentas del gobierno, del Congreso de la República, de algunas municipalidades y de tanta entidad autónoma y descentralizada que tenemos.

lunes, 16 de enero de 2017

NUBARRONES EN EL HORIZONTE

No es novedad afirmar que hay varias Guatemalas. Simplifiquemos las cosas y refirámonos solamente a la urbana y a la rural, las cuales, en su visión de lo político, funcionan bajo paradigmas y dinámicas distintas.

En todo país hay un clímax político cuando se lleva a cabo una elección general. En los centros urbanos, donde los medios y las redes sociales son mucho más activas, este proceso llega a asquear a las mayorías y, en el tiempo posterior a la misma, la tendencia de muchos ciudadanos es a retraerse y no querer saber más de élla.

Lo anterior se agrava con el hecho de que, al asumir el nuevo gobierno, comienzan las torpezas de los nuevos funcionarios, los actos de corrupción y hasta los identificados como hostiles a la población, como la manía de comenzar planteando reformas impositivas contra las que estuvieron en contra en los discursos de campaña; y el resultado para lo político, tan importante para todos, es un panorama que va de la animadversión a la apatía y la falta de participación; un legado que va pasando de generación en generación y que, al final, no beneficia al país en su conjunto ni a la calidad de vida de cada persona.

Por el contrario, en el área rural donde no llega el cable, donde casi no hay televisiones y mucho menos llegan los periódicos, donde vive la gente pobre que hace un gran esfuerzo por activar sus “frijolitos”, esos celulares sencillos que no tienen redes sociales, la vida se vive distinta y lo político tiene otro significado: es distracción, es la novedad cotidiana. En las montañas y barrancos de esa Guatemala profunda donde sólo la radio llega también entienden del clímax político y acuden a votar en masa; pero luego, en lugar de seguir con sus vidas como pensaría un capitalino, lo político tiende a ser parte de las mismas; de lunes a domingo; en todos los rangos del espectro político democrático que, por demás, apoyamos. Por lo menos eso es lo que hemos observado.

Ahora bien, todo lo anterior es aprovechado por activistas y políticos con colmillo, y esta es la parte más delicada de la ecuación, porque dentro de este género hay de todo: los positivos de cualquier ideología que se preparan, proponen, construyen y comparten una visión de futuro; los que critican cualquier defecto o resbalón de cualquier autoridad pero nunca participan activamente en nada; los que aprovechan el tiempo para conseguir apoyo para proyectos comunitarios auténticos; y, por supuesto, y ahí está el peligro, los malosos que nunca faltan: los marxistas trasnochados que siguen pensando que los países comunistas son un paraíso y que, siguiendo consignas internacionales, o por iniciativa propia, hacen de todo para engañar a la gente con promesas de un paraíso que, hasta donde hemos visto, no existe en ningún país que haya implementado por décadas lo que ellos, tan profusamente, propugnan.

Es así como, en una visión a vuelo de pájaro del panorama político, veremos a muchos miembros de las comunidades campesinas cambiarse de partido, organizar comités, reunirse para discutir un proyecto, estiras y encoges por los liderazgos locales; casi todo sin pensar mucho en los bandos ideológicos (aunque cualquiera de ellos es legítimo si se plantean ideas democráticas), ni en los temas nacionales, mucho menos en los internacionales. Están más interesados en su bienestar local, en sus necesidades básicas, lo cual es completamente válido.

Pero si observamos bien el liderazgo político rural, veremos engaños, robos de energía eléctrica, invasiones de fincas, bloqueos no solamente en carreteras sino a proyectos de beneficio general, como los hidroeléctricos, promesas de nacionalización de la producción y transmisión de energía, nacionalización de todos los recursos naturales y de las tierras para repartirlas a los campesinos, oposición y hasta bloqueos en la construcción de nuevas carreteras e inversiones que implican la creación de nuevas plazas de trabajo; actividades en las que se atreven a capturar autoridades, a quemar instalaciones y vehículos, a secuestrar, torturar y hasta a asesinar a los otros campesinos que no los apoyan en su agenda destructiva.

¡Pero ojo! Hay que diferenciar entre un liderazgo demagogo populista que no quebranta la ley y uno que incita a la violencia, al robo, a la destrucción, al mismísimo asesinato. Y hay que diferenciar, también, al líder negativo local, que siempre ha existido, del megalómano que quiere ponerle el zapato en el pescuezo a todo un país, cuando las grandes mayorías lo que desean es trabajo, paz, desarrollo, estabilidad, educación para sus hijos y salud. Y esto último, nos parece, es lo que está sucediendo.

Por alguna razón que no entendemos, conseguir financiamiento internacional para los proyectos de beneficio comunitario es casi imposible, pero para financiar actividades delictivas se presta una gran cantidad de países y de organizaciones que es prolijo enumerar.

El marxismo internacional que realmente nació en 1919 cuando Lenin fundó la Tercera Internacional, la Komintern, fue sepultado al caer el muro de Berlín y resquebrajarse la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, pero salió de sus escombros y, entendiendo los signos de los nuevos tiempos, se mimetizó; dejó de tratar de imponerse por las armas como aconsejó Trotsky tantos años, pero sigue queriendo atrapar países y sociedades enteras bajo su bota enlodada de miseria y represión; y para esto sí hay recursos; hay gente tonta o malvada dispuesta a enriquecerse impulsando estos temas, y hay gente ingenua que todavía cree en esos cantos de sirena, brindándoles su inocente apoyo. Los famosos “tontos útiles”.

Fidel Castro lo entendió perfectamente y, en cuanto pudo, convocó a “elecciones”, a su manera, y se dio un baño de democracia, haciéndose llamar y ver como presidente de Cuba. Lo mismo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, que después de la derrota que sufrió frente a Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, dejó el uniforme de comandante con que tomó el poder por las armas en 1979, se vistió de traje y corbata y soltó palomas blancas para retomar el poder. ¡Y ahí sigue! Todos oxigenados por el petróleo de los venezolanos, que hoy no tienen medicinas ni qué comer.

La vida en nuestro planeta no es sencilla, y mientras todo el mundo voltea a ver lo que pasa en Estados Unidos de América con el cambio de gobierno de Barack Husein Obama a Donald Trump, Guatemala peligra de caer en las garras de lo que ahora llaman progresismo, ecologismo o ambientalismo mal entendido, Derechos Humanos instrumentalizados y socialismo del siglo XXI: el guión marxista para la toma del poder dentro de un sistema democrático y republicano.

Conocemos de primera mano lo que sucede en el país porque salimos, de vez en cuando, a trabajar con comunidades de todos lados; con esas que buscan algo positivo y que no quieren entregar su país a líderes ni a ideologías foráneas. Salir al interior y vivir en la ciudad capital, con su dinámica diferente, nos hizo darnos cuenta de cómo esta agenda avanza en el área rural mientras que las mayorías urbanas se mantienen criticando el tráfico, la falta de agenda de trabajo del gobierno o la manera como se reparten los funcionarios el presupuesto en bonos navideños.

Ponemos de ejemplo la convocatoria que una conocida organización campesina realizó, a finales de octubre de 2016, para paralizar la capital y prácticamente todo el país (20 ciudades y carreteras), con los objetivos, decían, de pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales, para que se deje de criminalizar a los defensores de los derechos humanos (se referían a los sindicados de quemar maquinaria y secuestrar campesinos en un proyecto hidroeléctrico en Huehuetenango, la instrumentalización a que nos referíamos) y para que se nacionalice la energía eléctrica. El rechazo a nivel de los centros urbanos de todo el país fue generalizado. Poca gente les manifestó su apoyo en medios o redes sociales, donde fueron criticados duramente y hasta insultados.

El día de la convocatoria se dio. De los bloqueos que habían anunciado en todo el país, parecieron dar marcha atrás a última hora, y la generalidad urbana creyó que, con la aplastante opinión en contra manifestada durante más de una semana en las redes sociales y en todos los medios (periódicos, televisión abierta, cable, radios), los habían forzado a dar marcha atrás; que habían sido derrotados. Y como después de eso ya nada se supo, ésa es, hasta hoy, la creencia urbana generalizada.

En el interior del país la dinámica fue distinta, pues quienes acudieron a bloquear carreteras fueron los mismos miembros de esta organización que se roba la energía eléctrica pero que le cobra una cuota fija a los usuarios finales, actividad delictuosa que, en algún lado hemos leído, les deja entre Q.50 y Q.65 millones anuales. Siguiendo una directriz orquestada (y posiblemente pagada en efectivo), el bloqueo tan anunciado de carreteras fue súbitamente interrumpido para, después de la jornada de protestas con pancartas y megáfonos, replegarse y desalojar; y ahí está lo interesante que casi nadie ve ni entiende: regresaron a sus comunidades a echar agua a su molino conforme una agenda oculta, para los demás, que no terminaba con la pretendida paralización del país.

Lo que a esta organización le interesaba no eran los bloqueos ni la renuncia real del presidente. Su triunfo fue mediático pues estuvo en todos los medios durante más de diez días; todo el mundo sabía de ellos; hasta en los rincones más apartados del país; y eso les ha venido sirviendo hasta la fecha, porque la labor de zapa continúa para sumar adeptos a su causa con un discurso anti sistema (renuncia del presidente y de los jueces –curioso, el tema de los diputados lo veremos después), nacionalización de la energía eléctrica (eso implica la generación y la transmisión), cierre de las empresas mineras, nacionalización de las fincas para repartirlas a los campesinos, rescate y nacionalización del agua para las comunidades y el tema que desarrollamos a continuación.

Paralelamente, la pretendida Reforma al Sector Justicia impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, MP, también ha venido a remover las aguas de la agenda política, proyecto que es cierto que algunas comunidades apoyan, aunque nos atreveríamos a afirmar que la mayoría de ellas permanece totalmente indiferente o se van interesando en la medida que se van enterando; pero este es un tema que, a nivel urbano, ha generado cuestionamientos y, lejos de ayudar a cohesionar al país, más lo está dividiendo. Cuando el presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, en su discurso de toma de posesión (14 de enero de 2017) dijo que iba a apoyar dicho proyecto, las redes sociales reportaron que casi no hubo aplausos de los mismos diputados. Es decir, el tema no los entusiasma.

Entendiendo el campo como lo entendemos después de casi treinta años de trabajar entusiastamente con comunidades campesinas, estamos capacitados para ver el veneno en la propuesta de lo que denominan “Diversidad Jurídica”, pues las comunidades han venido aplicando su justicia ancestral, a la manera que cada quien la entiende, sin interferencia ni del Estado ni de nadie (hay videos que lo comprueban). Por otro lado, vemos detrás de la misma no sólo (nuevamente) la agenda de la denominada Comunidad Internacional, sino la injerencia de algunos diputados que, precisamente, provienen de las filas de la extrema izquierda, de esa que no ve hacia un futuro de mayor progreso sino que busca los medios para seguir manipulando en el campo y, con ello, mantener alguna cuota de poder y el flujo de dólares y de euros provenientes de sus financistas. ¿Casualidad que aquél grupo no pida la renuncia de diputados?

La Reforma Constitucional al Sector Justicia, si se aprobara como está planteada, sería un instrumento formidable de zozobra y manipulación para este tipo de líderes negativos de nuestro país, pues de algo que se da de manera natural y que les sirve a las comunidades para obtener alguna justicia después de que, también con la cooperación internacional (esta de la AID, de buena fe), se acabó con los Juzgados de Paz y, con ello, la posibilidad de tener, en el lugar, una autoridad que juzgara cuestiones menores, ahora se tendría el marco legal para comenzar a crear, a su sabor y antojo y quién sabe cómo, estructuras comunitarias encargadas de juzgar, pero todo en favor de esa agenda internacional a la que se deben; y lo que vemos, con nuestra experiencia, es únicamente caos al final de ese túnel.

Aquí es donde nuestro análisis se vuelve interesante, porque si estudiamos un poco hacia dónde van los recursos provenientes de la Cooperación Internacional de países como Noruega u Holanda, o la Washington Office for Latin America, WOLA, de los Estados Unidos de América, o la impresionante red de ONG’s e instituciones (¡ojo! ¡instituciones!) financiadas por George Soros y su Open Society Foundation, veremos que la entidad que convoca los bloqueos y se roba la energía eléctrica, el proyecto de reforma constitucional, las invasiones y tomas de fincas y otras cuestiones, algunas de ellas ligadas al tema de los derechos humanos, todas están ligadas a un objetivo común.

¿Cuál es ese objetivo? Hasta la pregunta es un poco necia. Por supuesto que la toma del poder. Todo apunta, según nuestra información, a que detrás de todo esto está, además de los diputados aludidos, un catedrático de Derecho Agrario, antiguo militante de la guerrilla, quien fuera expulsado por quién sabe qué razones del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el partido de la ex-guerrilla, y que según informaciones recibidas quiere demostrarle a sus antiguos camaradas, después de que “lo ningunearon”, que él sí puede llegar a la Presidencia de la República.



Las masas de población urbana, incluyendo las élites que están más enfocadas en hacer negocios hoy, despertarán del letargo diletante hacia el nuevo proceso electoral, cuando este comience a calentar motores, en 2018; mientras tanto, todo el mundo celebró las fiestas del fin de 2016 sin percatarse que, en el interior del país, la actividad política de este grupo, que cuenta con cualquier cantidad de dinero para movilizarse, no cesó, es febril, y que cada día se están fortaleciendo con el imaginario de la pobre gente que cree que, apoyándolos, ya no pagarán energía eléctrica, las plantaciones productivas y las minas de todo el país serán de ellos y que el maná caerá del cielo.


Hay otros elementos que apuntan a que todo esto, que aquí analizamos, se dé, y que la contienda electoral de 2019 sea muy ideologizada, pero se salen del ámbito nacional y caen en el campo de la nueva Guerra Fría (se puede consultar http://politicaysentidocomun.blogspot.com/2014/11/el-mundo-vive-una-etapa-de-transicion.html ). Lo que sí podemos anticipar es que las autoridades que sucedan a las actuales resultarán electas, en gran medida, por la ciudadanía rural de Guatemala, que está despierta y vibrante desde ya.