lunes, 19 de mayo de 2014

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. PUNTA DE LANZA

     Hoy entró en vigencia el nuevo arancel, en materia de propiedad industrial, del Registro de la Propiedad Intelectual, RPI, en Guatemala.

     Esto se da en el marco de su modernización, pues dejan atrás el sistema de publicaciones en medios impresos, propio del siglo XIX, y entran a la era virtual, con publicaciones en línea, lo cual no parece ser señal de que bajarán los costos a los usuarios, pero es el primer paso, en la línea correcta, para bajar tiempos, reducir vueltas innecesarias que tienen que ver con gasto de combustible y estacionamientos, congestionamiento de tránsito y el estrés que se deriva de todo lo anterior.

     Facilitarle la vida al ciudadano debiera ser la labor de todo funcionario público, por eso abogamos por la conversión de la Administración Pública, de una de burócratas (es decir, la que ejerce el poder desde los escritorios), a una de tecnócratas (la que lo ejerce apoyado en la tecnología).

     Estamos seguros que en poco tiempo el Gobierno Electrónico será lo natural en la relación entre gobernantes y gobernados, y al fortalecer esta alternativa se fortalece, al bajar tiempos de inscripciones, de respuesta, de impugnaciones, y costos en general, el clima de negocios, en general, de nuestro país.

     En este mundo de malas noticias aprovechamos para felicitar a los funcionarios públicos involucrados en estos cambios e instamos a los responsables de otros registros públicos a emular este tipo de esfuerzos.  Nosotros, que hemos sido parte del proceso de rescate y de evolución del Registro General de la Propiedad, sabemos que la academia no prepara a los funcionarios con el tipo de perfil personal que estos retos requieren, por lo que valoramos con mayor razón su esfuerzo.

     Esperamos con ansias, como lo hemos dicho en algún ensayo anterior, que cualquier persona obtenga, en menos de media hora, un expediente completo de una empresa, con apertura de cuenta bancaria, número de identificación tributaria, NIT, sellos de hule y mandato legal para representarla, como sucede en otros países del mundo.

     La creación del Centro Nacional de Registros se dará algún día, y para ese momento el país habrá de montarse en la tecnología.  Se quiera o no se quiera.

viernes, 16 de mayo de 2014

ENTRE EL IDEALISMO DEL POLÍTICO Y EL REALISMO DEL ABOGADO FRENTE AL TEMA DE LAS POSTULADORAS

     Como abogados estamos entrenados para navegar dentro del mundo de la realidad, pues el entramado jurídico ordena y encausa nuestro comportamiento en sociedad; de ahí que hemos sostenido, anteriormente, que la Constitución no tiene interpretaciones sino se acata.

     Por otro lado, nuestra faceta de político, no sujeta al acatamiento simple, en blanco y negro, de la ley, sino obligada a pensar y repensar los fines últimos del Derecho, para imaginar lo mejor para la convivencia en paz y hasta para la búsqueda de la felicidad, potencializa nuestra vena idealista.

     La mezcla equilibrada de esos dos elementos, en el entramado de nuestro proceso de elaboración mental de ideas, categorías y aspiraciones, nos hace repensar que los políticos que, en su quehacer legislativo, le dieron vida a las Comisiones de Postulación, esos entes colegiados conformados para iniciar el proceso de selección de funcionarios, y el proceso mismo de selección de candidatos, si no está planteado de forma totalmente equivocada es, por lo menos, erróneo, cojo, incoherente y negativo para los fines últimos que persigue: la búsqueda y selección de las mejores personas para ocupar cargos tan importantes para la nación.

     En anteriores ensayos hemos dicho que los políticos que fallaron en años anteriores, para tratar de subsanar sus propios errores, su falta de compromiso o las componendas de sus pares o de ellos mismos (¡quién sabe!), en un intento por despolitizar los procesos de selección, politizaron universidades y colegios profesionales; es decir, taparon sus errores del pasado con un planteamiento nuevo plagado de nuevos errores que, en esa ley natural de causalidad, producen nuevos y nefastos efectos.

     Por ejemplo, ¿cómo pretenderemos que se acerque la mejor gente a optar por cargos tan importantes cuando los candidatos son expuestos, públicamente, a que se les califique con cero puntos en el componente académico, cuando son profesionales con una larga y honrosa carrera a la vista de todos? Eso, en nuestro caso personal, lo consideraríamos una deshonra pública y ni nos acercaríamos a correr ese riesgo.

     ¿A quién se le ocurrió que una maestría, que dura dos años, o un doctorado, que puede durar unos años más, tienen más valor, para efectos de ocupar un cargo, que 25 o 30 años de ejercicio profesional exitoso?  ¿Desde cuándo la obtención de un grado opcional se convirtió en un privilegio para optar a un puesto en la estructura del Estado?

     Desde fines de los años 1990's en que fungíamos como funcionarios en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, recibimos una carta de un asesor del Congreso de la República de Guatemala invitando a un concurso en donde se privilegiaba a los abogados quienes tenían una maestría o un doctorado, lo cual motivó una respuesta nuestra, por escrito también, manifestando nuestra inconformidad, pues en nuestro quehacer diario, dentro del Banco, teníamos que vernos confrontados por "Doctores en Derecho" y, a la fecha de esa respuesta, nuestros argumentos de simple licenciado prevalecieron, siempre, sobre los otros, precisamente porque estaban fundamentados en razones jurídicas poderosamente sustentadas, tanto en cuestiones de forma como de fondo.  

     ¿Si no valorizábamos nosotros el título académico que sacamos con esfuerzo personal, quién lo iba a hacer por nosotros?

     Por otro lado, no podemos estar de acuerdo, tampoco, con que la proyección social sea un componente integrante de una calificación para alguien que debiera llegar a hacer una labor técnica.  Son dos cosas que tienden a confundir sobre lo benigna de la norma positiva, pero para nuestros ojos entrenados y a la luz de nuestra experiencia, la ley está profundamente equivocada y, además, se presta a cometer injusticias con respetables profesionales, generando que otros profesionales de altísima calidad se abstengan de participar por consideraciones que no debieran tener qué ver con la función pública que se desea cubrir.

     El procedimiento establecido para nombrar funcionarios podrá estar fundamentado en ley, pero a la luz de la Teoría General del Estado y del estudio de la historia de nuestras instituciones políticas, es equivocada.  Habría que ver qué estudios tenían los legisladores que aprobaron dicha normativa legal. ¿Será que todos eran doctores o sacaron, al menos, una maestría? ¿Y su proyección social? ¡Por favor!

     En el caso del nombramiento del Fiscal General se trató de restarle injerencia al Presidente de la República y lo que se produjeron, siendo el Presidente quien nombra finalmente, fueron negociaciones bajo la mesa y una excusa fuerte para lavarse las manos si el funcionario nombrado no cumple con las expectativas de la población, pues se vio constreñido a nombrar de una lista escogida por otros de antemano. ¿Habrá mejor excusa?  ¿No sería más transparente que el Presidente nombre, bajo su responsabilidad, y que el Congreso confirme posteriormente, después de estudiar la hoja de vida de la persona, como es en otros países?

     Pertenecer al gremio de los abogados y haber sido funcionario en el Registro General de la Propiedad nos permite decir, con absoluta autoridad, que no todos los profesionales del Derecho somos iguales.  El gremio de abogados debe ser depurado de verdaderos delincuentes que andan por la vida traicionando los valores que juraron algún día defender, así como a los miembros más débiles de nuestra comunidad.  Son pocos, pero su comportamiento condenable y muchas veces punible hace un daño terrible a la sociedad y a la imagen del gremio en su conjunto.

     Por otro lado, también hay profesionales del Derecho que son excepcionales en su calidad humana, formación académica sin necesidad de tantos títulos y visión de país.  Estos son a quienes la norma que regula la selección debiera estimular para que participen.

     Con procesos de selección de la naturaleza del actual, ¿cómo hacemos para que este tipo de profesionales, la mejor gente del país, se involucre en el manejo, al más alto nivel, de las instituciones del Estado?

     Es curioso que se exija tanto título, que sólo la academia puede dar, para optar a un grado superior a la licenciatura, y que sean los Decanos de las Facultades que otorgan esos grados superiores quienes conformen las Comisiones para nombrar funcionarios.  Porque esos grados no son gratis, cuestan dinero, y desde el momento en que hay un componente pecuniario de por medio entre quien nombra y los requisitos que deben tener todos los candidatos para el puesto, pues ya se vio que a quienes somos simples licenciados no se nos reconoce un solo punto a favor y, así, no podemos más que pensar mal.  ¡El sistema es, por donde se vea, perverso!

     Pero este proceso, a la vez, lo que ha estimulado es la creación de Facultades de Derecho en las Universidades que, antes de existir la Ley de Comisiones de Postulación, que les da injerencia en la selección indicada, no existían.

     Osho, uno de nuestros autores favoritos, es un realista declarado.  Nosotros no perdemos el idealismo.  La disyuntiva, entonces, es acatar sin pensar, cayendo en el conformismo, o razonar para estar en condiciones de producir cambios hacia un sistema virtuoso e incluyente de los mejores profesionales del país.  

     No es cuestión de obediencia versus deliberancia; es un poco más profundo.  La obediencia implica un ente superior mientras el acatamiento, en los términos planteados, es una decisión personal, un acto de voluntad dentro del proceso mental de deliberación.

     Ahora que viene el nombramiento de Magistrados para integrar las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, pensamos lo mismo.

     Como el proceso de nombramiento está politizado, los administradores de justicia que aspiran a integrar dichas salas entienden el juego y se meten a hacer política.  ¿O no es un reflejo de esto el que casi 100 jueces se hayan excusado de conocer un solo y sonado caso, el de un ex-Jefe de Estado?

     Así las cosas, nuestra búsqueda de balance de toda la vida entre lo real y lo ideal se inclina hoy por la sangre política que llevamos dentro, y en ese amor inmenso a nuestra patria y por verla, en un futuro, menos cooptada y más proclive a tener procesos justos, transparentes y cargados de sentido común, nos inclinamos hoy por el "qué debiera ser", en un idealismo real, podríamos llamarlo, porque la ciudadanía sabe que las cosas están mal planteadas y es real el sentimiento de cambiarlas, y nosotros razonamos a su favor y estamos con aquélla.

     La política debiera ser manejada por políticos, y estos debieran dejar de ser pusilánimes y asumir su responsabilidad frente a la ciudadanía y frente a la historia, con transparencia, con honorabilidad, expresando las cosas como son y con la verdad.  

     Todo esto es de sentido común.

     

martes, 13 de mayo de 2014

LA ALHARACA DEL PRECIO DE LAS MEDICINAS Y OTROS CARTELES

     Gran bulla han metido la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, la prensa escrita y televisada y, ahora, la inoperante Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, al "descubrir" que la oferta de descuento, en la venta al público de medicinas, no es real, porque el precio sugerido que proviene de las droguerías, que surten las farmacias, no es ni por asomo el precio real de las mismas, y viene inflado, de manera que al aplicar el descuento anunciado les queda a las farmacias una gran utilidad.

     ¡Qué gran descubrimiento!  Este procedimiento ha sido el mismo, en la relación comercial droguería-farmacias, desde antes de que existieran la PDH y la DIACO.  ¿A quién tratan de engañar?

     ¿Van a ponerle multas a los supermercados y a las tiendas de barrio porque hacen exactamente lo mismo con sus proveedores? ¿O es que se pretende que quienes le distribuyen al público no tengan su correspondiente ganancia?

     Lo mismo sucede con el humilde vendedor de verduras, frutas o montes en cualquier mercado.  Compran de un proveedor a precio más barato para vender con alguna ganancia, y si en este caso no hay oferta al público de un descuento en porcentaje, hay negociación, regateo y, al final, siempre un precio qué pagar.

     El problema no radica en que las farmacias compren a un precio menor y vendan a otro mayor.  ¡Simplemente no podría ser de otra manera! 

     Donde está el problema es que los laboratorios de medicinas, tanto locales como internacionales, se han cartelizado, es decir, se han puesto de acuerdo para subir, de común acuerdo, los precios de las medicinas, de manera que el público guatemalteco pague más por lo que, comparando precios de los países vecinos, ciudadanos de esos países pagan por los mismos productos.

     Este ya no es un tema para la PDH ni para la hasta ahora ineficiente DIACO.  Ni siquiera para el Congreso de la República donde están discutiendo alguna ley al respecto.

     Con la buena relación que existe con el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, debiera acercársele para unir esfuerzos o aprender (lo decimos en el buen sentido y sin puya alguna) cómo lo hacen allá para romper ese evidente cartel que, alrededor del lucrativo negocio de las medicinas, se ha formado en nuestro país.

     Además, Guatemala debiera aprovechar las enormes ventajas que el sistema de compras de medicinas a nivel regional ha demostrado para los gobiernos de los países centroamericanos durante varios años ya.

     El de las medicinas no es el único cartel que, evidentemente, nos viene, como ciudadanos, esquilmando.  

     Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), con la mejor buena intención del mundo y dentro de la política de liberalización que tan buenos resultados ha dado en las comunicaciones, también se liberalizó el precio que, hasta entonces, se mantenía controlado en la venta de combustibles; pero es obvio que, en este caso específico, la competencia no funcionó, y con el tiempo hubo una empresa que asumió un papel preponderante, marcando los precios que las demás compañías, más pequeñas, simplemente fueron asumiendo, al grado que hoy el precio de los diversos combustibles no sólo es el mismo, prácticamente, en todos los establecimientos de la capital, lo que demuestra que no hay competencia, sino es ostensiblemente más alto de lo que debería ser.

     La libre competencia y el libre mercado son sanos para todos, pues empujan la calidad hacia arriba y los precios hacia abajo, además que ayudan a no retornar a la época de desabastecimiento que, quienes somos mayores, ya vivimos en otros tiempos, pero de alguna manera el Estado debe garantizar que esa oferta de productos se dé sin que los operadores se pongan de acuerdo para defraudar a un público cautivo.

     Esperamos ver unas autoridades con una visión más clara de lo que sucede y tomando las decisiones que corresponden.  La ciudadanía de la que formamos parte estamos alerta de lo que, al respecto, van a hacer en nuestro beneficio.


viernes, 9 de mayo de 2014

INICIANDO CRUZADA CONTRA EL RACISMO. EL CASO DEL DR. STOKES

     El Dr. Wilfredo Ramón Stokes Baltazar ha caído en una de tantas trampas que tiene nuestro ordenamiento jurídico.  Está sentenciado, cumpliendo una condena por varios años por femicidio (conforme Decreto 22-2008 del Congreso de la República).

     No vamos a entrar en los detalles de su acusación y de la cantidad de recursos que se han interpuesto.  Ése no es el objeto de este ensayo.

     El punto es que alrededor del caso de esta persona, a quien no conocemos, lo que se percibe es un tremendo racismo tan sólo por el color de la piel del acusado y, desde hace un tiempo, condenado.

     Al evaluar la hoja de vida del condenado, ante nuestros ojos deja de ser una persona y se convierte en un personaje.  Deportista, profesional destacado de la medicina, investigador, con una labor social impresionante, lo menos que merece de nuestra parte, en estos momentos en que vive la infamia de nuestro sistema de administrar justicia, es apoyo.

     Como lo hicimos nosotros en su oportunidad, ha hecho basketball, artes marciales y, curioso, hasta compartimos la experiencia de salvar vidas en las playas de nuestro país.

     ¿Que pudo, efectivamente, haber cometido el delito tipificado en la ley por el cual fue condenado? Por supuesto que sí, pero los indicios de que todo esto es una injusticia para el ahora reo son tan grandes, tan abrumadoramente evidentes, que el apoyo de nosotros, los ciudadanos de Guatemala que conformamos la sociedad a la que él ha servido, se hace necesario para remediar lo que las diversas instancias legales no han podido hacer.

     Por eso nos atrevemos a proponer que se le otorgue la "amnistía" que contemplan los artículos 102 inciso 3 y 104 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República.

     No se nos vaya a interpretar mal.  Por supuesto que la mujer merece ser protegida contra todo tipo de violencia, pero el caso al que nos referimos tiene una connotación totalmente distinta, y tan despreciable es la violencia de género como el racismo, y nuestra lucha debe ser por erradicar ambos, pero también el de tratar de corregir las injusticias que, de cuando en cuando, se dan.

     Esperamos que la ciudadanía a la que apelamos, con todo y sus ocupaciones, se tome la molestia de apoyar este tema y ayude a que este ser humano retome el rumbo de su vida y retorne a su hogar, con sus seres queridos.

jueves, 8 de mayo de 2014

FALACIAS EN CUANTO AL FRACASO DE LA REFORMA TRIBUTARIA E INOPERANCIA DE LA SAT

     Dice el refrán popular que cuando el niño sale feo, le echan la culpa a la partera.  Esto puede aplicarse a los análisis que los "especialistas", por no decir involucrados e interesados, hacen de la fallida reforma tributaria e inoperante Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.

     En décadas de fijarnos en el acontecer nacional, jamás vimos una reforma tributaria tan poco meditada; ni siquiera la que promovió el presidente Vinicio Cerezo, en su momento, que provocó la paralización de actividades del sector privado.

     Fue precisamente esa precipitación, y no los posteriores fallos declarando la inconstitucionalidad de algunos artículos, los que convirtieron esa reforma tributaria en un fracaso, pues produjo exactamente los efectos opuestos a los que pretendían sus proponentes y, para su mayor malestar, los que los autodenominados "libertarios" predijeron.

     Hay otro refrán que dice: "¿Quién con una luz se pierde?".  Pues ya vemos que de todo pasa en nuestro país.

     Otra falacia es que, como la reforma tributaria fracasó y las predicciones de recaudación no se están cumpliendo, el Estado debe endeudarse más para suplir con compromisos contraídos en moneda dura, en el Presupuesto General, lo que no somos capaces de recaudar por la vía de impuestos.

     Lo que debe suceder es que el gobierno DEBE ajustar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que así es como se denomina, equilibrando los egresos a los ingresos reales proyectados, especialmente ahora que se sabe que, por tratar de inventar el agua azucarada, provocaron una caída en la carga tributaria.  ¡Como si no fuera suficiente para ahuyentar la inversión el estar revolviendo a cada rato nuestra normativa tributaria!

     Estamos seguros que si no hubiese habido reforma tributaria, los niveles de inversión real en el país habrían crecido a otro ritmo y, sumado a la recaudación que ya se tenía cuando asumió el gobierno proponente de tal reforma, en enero 2012, la misma habría crecido de manera natural porque se le dio estabilidad a quienes nos tienen en mente, como país, para venir a invertir, y las cosas pintarían mucho mejor para todos.

     Por otro lado, los altísimos niveles de corrupción que actualmente imperan en las esferas gubernamentales, en la administración de justicia, en el aparato legislativo y en el sector privado, hacen que todo esfuerzo por endeudar el país, sea inútil. Podemos continuar endeudando nietos, bisnietos, tataranietos, choznos y hasta quintonietos, y jamás habrá desarrollo en un país que vive una orgía de depravación con la utilización de sus exiguos recursos.

     Además, más que una falacia es una inmoralidad en la que se envuelven, además, los organismos financieros internacionales, especialmente aquellos que se dedican al desarrollo y que hasta llevan ese nombre, que la deuda con que están agobiando al país sirva para pagar sueldos de la administración y, encima, se sigan montando aumentos desmedidos de sueldos sobre la base de un dinero que no existe, porque es deuda.  ¿Acaso no ven cómo estuvieron a punto de reventar varias economías europeas ante desmadres parecidos?

     En 1998, con la creación de la SAT, se quiso dar independencia al ente recaudador: falacia.

     Las intervenciones en las aduanas del país las declaran un éxito porque subieron la recaudación en un monto insignificante: ¡falacia!

     En materia tributaria todo está al revés.  Hasta la prensa coadyuva a esto entrevistando, como expertos en el tema, a algunos personajes que tienen responsabilidad en todo este embrollo, que así como los hay exitosos, hay de los otros, y la prensa les da cabida a ambos, ayudando a confundir más a la ciudadanía.

     Ojalá haya mentes claras en el futuro cercano del panorama tributario guatemalteco.  Por nuestra parte, seguimos creyendo que quienes se merecen toda una oportunidad para salir adelante son las personas que tienen años de buscar trabajo y no encuentran, o de tener un trabajito que apenas da para sobrevivir y quieren optar a algo mejor, y solamente con normativa legal clara, reglas claras y mucha estabilidad lograremos, como país, ir generando ese ambiente de confianza que es necesario para producir más y mejor.

      

EL MODELO POLÍTICO HEREDADO Y LOS RETOS PARA MEJORARLO

     Muchos de los problemas de gobernabilidad del país se deben a actitudes personales de quienes, temporalmente, son nuestras autoridades, pero la mayoría de los mismos son consecuencia de estructuras legales que, quizás con buenas intenciones en algunos casos, han demostrado que son equivocadas.

     Una de ellas es la reforma constitucional de 1993, a la cual le debemos la politización de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes pasan casi la mitad del año en pugnas por dilucidar quién habrá de ocupar la presidencia de ese Organismo del Estado en lugar de dedicarse a su campo tan especializado.

     Como los políticos hemos fallado (no hemos estado involucrados personalmente en ninguno de los actos legislativos que comentaremos, pero asumimos la responsabilidad por considerarnos políticos), hemos tratado de involucrar en las decisiones, que debieran ser tomadas únicamente por políticos, a las universidades, a los colegios profesionales y, como por inercia, a diversos grupos de la denominada sociedad civil.

     Tal es el caso de las Comisiones de Postulación que entran a funcionar para nombrar varios funcionarios.

     Cada ciudadano que, por decisión propia, se va incorporando al mundo de la política, no es culpable del sistema que está heredando, pero sí lo es del que, al paso de los años y dejar de serlo, le heredará a sus hijos y nietos.  Lo mismo puede decirse de quien, desde lejos y sin involucrarse, solamente ve pasar las cosas.

     Cambiar un sistema político que, como el nuestro, está desacreditado, es confuso, corrupto, deshonesto, injusto y frágil, por decir poco, es una tarea de titanes.  Una persona, por bien intencionada que sea, es capaz de emprender los cambios pero quién sabe si tendría el poder o la energía necesaria para concretarlos sin el apoyo de muchísima más gente.

     Cambiar un sistema político obsoleto y casi fracasado o, por lo menos, desacreditado, comienza por que la mayoría ciudadana, aunque no acompañe como activista político a quien encabece una cruzada de esta naturaleza o sea su simpatizante en lo personal, por lo menos esté de acuerdo con que el entorno para hacer negocios, para que le vaya bien económicamente, debe ser lo más estable posible; que no se puede vivir en sociedad sin que haya dirigentes políticos, sistema político, administración de justicia, etcétera; que la manera como se vienen haciendo las cosas ya demostraron su inutilidad para generar confianza, seguridad y crecimiento económico y, por lo tanto, está en su mejor interés ver que llegue sangre nueva a nutrir las instituciones con ideas novedosas, creatividad, y se apoye para que los cambios que el país necesita, en lo político, en lo público, se den para beneficio de nuestra vida en común, es decir, la de todos.

     Hablamos de una verdadera cruzada, y quien tenga una visión de país de largo alcance, comprenda las diversas "Guatemalas" que conviven juntas y dirija esos cambios tan necesarios para crecer como país, también se nutrirá de la energía que ese ciudadano de a pie, con tan sólo su apoyo, le brinde, pues es seguro que todo cambio de nuestras leyes, aunque vaya en beneficio de las grandes mayorías, de la gente que no tiene voz, generalmente, en los asuntos del país, tendrá grandes opositores y hasta detractores.

     Sin embargo, nosotros soñamos, en nuestro intacto idealismo, con que, algún día, esas grandes mayorías puedan unificarse por lo menos en el sentido de cambiar ese marco jurídico que, poco apolillado porque no es tan viejo, sí está torcido porque fue mal diseñado, mal cortado, mal pegado y mal clavado, afectando todo lo que debiera hacer brillar y resaltar.

miércoles, 7 de mayo de 2014

CARTA ABIERTA A LOS ESTIMADOS COLEGAS ABOGADOS DE ESPAÑA Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

     Con el respeto que nos merecen, ante sendas notas que, con ocasión del proceso guatemalteco de nombramiento de Fiscal General se han tomado la molestia de remitir, tanto el colegio de abogados de España como el de Estados Unidos de América, más que en nuestra calidad de abogado, que también lo somos, sino como ciudadanos y súbditos de esta nación, al amparo del inciso "b" del artículo 135 constitucional, nos permitimos remitirles las siguientes reflexiones.

     Guatemala se declaró independiente de España en 1821 y se constituyó en república independiente en 1847, lo que implica que es un país soberano.

     Nuestra soberanía radica en el pueblo de Guatemala (artículo 141 constitucional), no en autoridades foráneas, mucho menos en ciudadanos de otros países, por muy prestigiosa que sea la organización privada a la que estén afiliados.

     Es muy aventurado querer jugar a ser Dios en otros países, cuando nuestro propio pasado sigue siendo una carga moral que, como profesionales del Derecho, personas que hemos leído, hemos de estar enterados.

     Los abogados españoles, con respeto se los recordamos, debieran estar más interesados de sus propios problemas de corrupción, es decir, los de su país.  La prepotencia del pasado, asumiendo una ficticia jurisdicción para conocer de casos sucedidos en otros países, ha dado paso a la sensatez actual, revirtiendo unas leyes que tan sólo le permitían a alguno de sus agremiados figurar mediáticamente en todo el orbe, y eso está bien.

     Pero es bueno que reflexionen que, quienes hoy les aplauden esa misiva, son quienes más los odian y los han odiado permanentemente, porque la conquista, en el siglo XVI, no fue precisamente una excursión de niños exploradores, y la vida de las comunidades indígenas durante siglos de opresión que se agrupan, para su estudio, como "la colonia", perviven en el imaginario colectivo, pues el despojo y la esclavitud no se olvidan y el resentimiento se transmite y ha transmitido de generación en generación.  Sólo es cuestión de averiguarlo.

     Y los colegas estadounidenses que creen que el mundo gira a su alrededor, con una Serie Mundial de beisbol que es local y unos Campeones Mundiales de "Football", donde compiten solamente equipos norteamericanos, y un país al que llaman "America", olvidándose que América ya existía, hasta la Tierra del Fuego, cuando sus ancestros comenzaron a llegar a las costas de lo que hoy es Estados Unidos de América en 1620, solamente unos años antes que en Guatemala se fundara la primera Universidad.

     ¿Dónde estaban los abogados estadounidenses cuando su gobierno, hace apenas unas décadas, en la mayor prueba de desprecio que nos tienen, hacía pruebas de sífilis con ciudadanos guatemaltecos?

     ¿Salen de sus cómodas oficinas con aire acondicionado para investigar cómo viven los verdaderos nativos americanos en su país, todavía relegados a "Reservaciones", esos campos de concentración que todavía, hoy, perviven para su vergüenza?

     ¿Qué hacen los abogados estadounidenses para promover el resarcimiento de las comunidades indígenas en donde sí hubo un proceso de genocidio de las etnias promovido desde el corazón de sus instituciones en Washington?

     Nos da pena recordarles que cada país tiene sus problemas, y como abogados somos de las personas privilegiadas que hemos podido estudiar y comprenderlos.  Las preguntas, ahora, son: ¿qué hacemos por resolver nuestros propios problemas? ¿con qué autoridad moral podemos intervenir en los asuntos internos de otros países?

     Y decimos "asuntos" y no "problemas" porque son Uds. quienes tratan de hacer ver que hay problema donde solamente hay un proceso de selección de la persona que haya de ocupar un cargo, conforme nuestra normativa legal.  ¿Cuál es el problema, entonces?

     Ni el puesto es tan importante, ni las personas son indispensables, ni están Uds. en posición de conocer todas las interioridades, ni el mundo se va a acabar.  ¿Cuál es su afán de inmiscuirse en cuestiones que no les incumben?

     Nos apena hacerles ver todo esto, pero también en Guatemala habemos abogados y ciudadanos de a pie, capaces de exigirles a nuestras autoridades lo que consideremos que deba exigírseles. Además, para eso están, también, los tribunales de justicia. Nuestra legitimación no está en duda, pero la de Uds. es inexistente.

     Lo mejor, para todos, es que cada quien vea la viga en sus propios ojos en lugar de ver la paja en el ajeno.  La paz social y las relaciones entre nuestras naciones así lo exigen para mejorar.

     Atentamente,     
     

martes, 6 de mayo de 2014

ESTUDIO COMPARADO ENTRE LAS PRIMERAS LLUVIAS Y EL PROCESO ELECTORAL GUATEMALTECO

     Desde hace algunas semanas, enmarcados por los cantos de zenzontles y clarineros, nuestros pensamientos han tendido a entrelazar las noticias de actualidad en el campo político, que siempre evocan los sucesos anteriores que ya no son noticia pero que están encadenados con los nuevos acontecimientos, con los olores, colores y sensaciones que la agonía del verano y el advenimiento de la época lluviosa generan en nuestro entorno.

     La prolongada sequía hace que la buena grama tienda a morirse, dejando entrever, aflorando de entre la tierra convertida en polvo, sus desecadas venas, recuerdos de los conductos que llevaban los nutrientes a las ahora inexistentes hojas verdes y la energía solar hacia el resto de la planta, calvas, leñosas, sin aparente vida.

     En su lugar han proliferado unas matitas que aparentan ser grama, siempre verdes a pesar de la falta de agua, delgaditas, tupiendo todo espacio posible en su afán de ahogar a las buenas matas para que, cuando venga el agua, no tengan espacio dónde desarrollarse: es el monte que, en su tenacidad, ni arrancándolo de raíz desaparece; un pequeño fragmento de raíz que quede invisible al ojo humano que lo desea descartar es suficiente para que brote nuevamente sin necesidad de cuidado o riego alguno.

     Con los primeros cantos de las aves de temporada, los oídos entrenados saben qué esperar.  La temporada lluviosa se aproxima y, con ella, la dinámica del jardín, del monte, del potrero, cambia.

     Las primeras lluvias pueden llegar exuberantes, en forma de aguaceros tormentosos, o más modestamente, cual llovizna silenciosa que sólo se percibe porque el olor a tierra mojada es espectacularmente sorprendente y delicioso.

     El efecto en la Madre Tierra es el mismo: el agua es vida.  ¡Vida!, aunque haya personas a quienes les moleste su llegada, especialmente si se mojan directamente o sienten que la humedad interviene con el aspecto de su pelo.

     Sin agua no solamente moriríamos sino (caigamos todos en cuenta) no habría comida qué poner en la mesa: ni tomates, ni papas, ni zanahorias, ni carnes, ni lácteos ni frutas ni nada.

     Sin agua no tendríamos dinero, pues no habría bienes, de los que produce nuestro país, para exportar, pues las plantaciones de caña, de café, de mini vegetales, de arveja china o ejote francés, todo moriría.

     Sin agua no habría trabajo y nuestra vida en sociedad estaría prácticamente colapsada.

     El equilibrio del agua es necesario para el desarrollo de nuestras existencias.  Un exceso de agua, lo sabemos por experiencias pasadas, es sinónimo de destrucción, de muerte de nuestras cosechas y, también, de personas.

     Vemos, pues, que el agua es necesaria y que convierte el paisaje de la época seca en uno lleno de verdes y de abundancia que pueden llevar prosperidad a las gentes que trabajan el campo como al resto de la sociedad.

     Así como vemos los campos secos a los que acude el agua de las nubes, así visualizamos el proceso político guatemalteco que, asumimos, podría tratarse del de cualquier otro país.

     Para que el campo fructifique, se hacen necesarias las estaciones.  En otros países son cuatro; en el nuestro son dos: la seca y la lluviosa.  De igual manera, para que el proceso de elección de autoridades no se anegue, hace falta que, como la finalización de la lluvia, se termine de hacer campaña política y, así, cuando se convoque conforme a la ley, el campo esté seco y las lluvias sirvan para darle vida y que todo florezca en determinado momento.

     Así como en la época de sequedad lo bueno muere para renacer y la mala hierba no se detiene, los políticos que se respetan a sí mismos, entienden el espíritu y la letra de la ley, también la respetan y, al hacerlo, demuestran que respetan al resto de personas que viven en el mismo entorno, se convierten en seres invisibles, y los malos políticos, cual cizaña, proliferan, volviendo el ambiente, que debiera ser de paz y tranquilidad para la ciudadanía, en un entorno donde la población se siente acosada.

     Sin embargo, nosotros creemos que la ciudadanía tiene en sus manos un elemento importante para limpiar, para siempre, ese jardín imaginario que es nuestro proceso político: organizarse para desterrar, para siempre, a la mala hierba de las campañas anticipadas, a la plaga del dinero mal habido para mantenerse gastando en época que debiera ser de paz para todos.

     Nosotros creemos que nunca, en la historia política de nuestro país, se habían dado mejores condiciones como para desterrar para siempre a los malos políticos.  El enojo de la población para quienes no respetan puede y debe canalizarse hacia un futuro más prometedor donde se nos respete como ciudadanos y se respeten nuestras leyes, que para eso se hicieron.

     Estamos convencidos que habrá de venir alguien, como agua de mayo, a revitalizar nuestras instituciones, a convocar a los ciudadanos de bien para comenzar a hacer las cosas de manera distinta y ordenada, a oxigenar de tal manera nuestro apestoso sistema político que no les quede más remedio, en el futuro, si quieren llegar a gobernar, que respetar a la gente y a su entorno natural.

     Guatemala está lista para ser gobernada por políticos que entiendan y defiendan a la ciudadanía y para ponerle un alto a los abusos que algunos malos políticos cometen.

     ¡Que viva el agua!  ¡Que viva la vida sin que nos molesten! ¡Que viva Guatemala!