URGE REVISIÓN DEL PACTO DE SAN JOSÉ

Dos médicos y una enfermera asesinados y enterrados clandestinamente por una banda de asesinos disfrazada de comisionistas en bienes raíces, en donde el móvil principal es apoderarse de valiosas propiedades pero demostrando el poco (no decimos nulo porque, dentro de todo, no eliminaron físicamente a la niña de tres años que acompañaba a la pareja) valor que tienen por la vida de seres humanos productivos, deben ser suficientes para ejemplificar el enorme malestar que la sociedad guatemalteca tiene con el sistema.

Ese sistema jurídico que contempla la pena de muerte para energúmenos sin remedio como estos, pero que por estupideces de algunos políticos, digamos, bienintencionados, por investigadores insustanciales o mayormente preocupados por cuestiones ideológicas, o por jueces banales o prevaricadores, nos tienen, como ciudadanía productiva, de rodillas frente a las hordas de hijos de puta (¡yo hablo en español de verdad!) que nos extorsionan, nos asaltan y nos ejecutan sin que poco o nada pase.

Es una vergüenza la reversión que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia viene haciendo de penas de muerte valientemente dictadas dentro de procesos legales que le han costado años de cargas impositivas a esta sociedad golpeada, con todas sus instancias, que ya no son dos, sino cuatro, por los argumentos que sean.

Ya lo hemos dejado por escrito en este espacio: el Pacto de San José se dio en un contexto de una América Latina totalmente distinta.

Las sociedades latinoamericanas de hoy, especialmente las sociedades como la nuestra que contemplan la pena de muerte, necesitan revisar ese tipo de compromisos, que no son de piedra.

Guatemala debiera liderar una revisión de ese Pacto que sólo favorece a los criminales.

No estamos en contra de que se respeten y se hagan respetar los Derechos Humanos, pero los asesinos deben ser ejecutados en un país cuyo andamiaje legal así lo contempla.

Queda demostrado, a través de las décadas de aplicabilidad de esa normativa supranacional, que somos la gente honrada, trabajadora y productiva del país quienes pagamos las consecuencias de que existan normas que permitan que se dé la sensación de que, hagan lo que hagan, no pasa nada.