EL TRISTE CASO DE UN GENERAL QUE QUISO SER PRESIDENTE

     Ganar una elección y ocupar la primera magistratura de una nación no equivale a obtener patente de corso.

     La legitimación de un funcionario se hace en el día a día y se puede medir de múltiples maneras; no es estática e inherente a un cargo sino producto de la capacidad de quien lo ocupa de fortalecer la institución a su cargo, de impulsar proyectos de bien; de comunicar la bondad o las razones de sus decisiones aunque estas no tengan resultados inmediatos sino en el largo plazo.

     Asumir que uno, como funcionario, puede hacer lo que quiera, es equivocado.  Las épocas de los reyes absolutos, de los procónsules y del feudalismo hace tiempo que quedaron atrás. Hasta las monarquías modernas se ajustan a normas y procedimientos constitucionales. ¡Y los respetan!

     Por otro lado, la responsabilidad política es proporcional a la importancia del cargo que se ocupa, y no al revés.  Lo decimos porque parece, a veces, que mientras más importantes se ven, más irresponsables se creen ante la ciudadanía que los eligió.  En este caso el Presidente de la República ha puesto la pauta de lo que es su gobierno y, por ende, es el mayor responsable de la crisis política y moral que vive el Estado guatemalteco.

     El caso del presidente Otto Pérez Molina es patético, pues desde que era candidato, dos cosas: 1) ya dio muestras de la liviandad de su escala de principios y valores al embolsarse parte de los fondos robados al Congreso de la República; y, 2) él, y únicamente él, es responsable de haber escogido a su compañera de fórmula, la hoy ex-vicepresidenta Roxana Baldetti y, consecuentemente, la responsabilidad política de los desfalcos y fraudes de esta señora son compartidos por ambos: por ella, que ya se vio obligada a renunciar, y por él, quien la llevó a ocupar ese puesto.

     Si agregamos que el hasta ahora presidente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, fue su Secretario Privado en la Presidencia de la República y fue nombrado en la institución mencionada por él, su jefe, como que ya viene teniendo responsabilidad en los dos grandes casos de mafias incrustadas en el Estado que hasta ahora han salido a la luz; y si la señora ex-vicepresidenta renunció porque su secretario privado estaba involucrado en los fraudes de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, no vemos argumento alguno por el cual no deba renunciar el presidente del país, tanto por un caso como por el otro, lo cual es más grave.

     Sumémosle la soledad en que está quedando con la salida de tres ministros con sendos cuestionamientos: el de Ambiente y Recursos Naturales por el tema del supuesto saneamiento del Lago de Amatitlán con una compra de agua salada por un poco más de Q.137 millones; el de Energía y Minas, aunque los cuestionamientos provienen del partido político Líder, por lo que le brindamos algún grado de incredulidad a los mismos, por el momento; y por el de Gobernación, que deberá ser investigado por tanto negocio que apesta a perro muerto en esa dependencia, como los contratos de reparación de autopatrullas, la compra de combustible,  las plazas fantasmas, la sobrevaluación del precio de cámaras, cárceles, comida, armas y hasta equipo para controlar el ingreso y egreso de personas en puestos de migración. 

     Todo esto sin olvidar que él es el único responsable, no sólo del nombramiento de quien era su "Delfín", Alejandro Sinibaldi, como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde la peste a cadáver putrefacto persiste por donde pasó, sino de empujarlo, a trabas y rempujones, hacia una candidatura presidencial absurda, pagándole algunos favores que no nos constan pero que son del dominio público.

     Luego, por si no fuera suficiente su soledad, gran impedimento para gobernar, su responsabilidad directa en todas estas oficinas públicas cuestionadas (por no mencionar el Registro de la Propiedad, los puertos, el aeropuerto, los hospitales, las cárceles), y en gran parte por las componendas con el Congreso de la República en esas elecciones negociadas sin pensar en el país sino en su futuro en libertad e impunidad y en la repartición que hicieron su partido político con el que dice que "le toca", del presupuesto de la nación para el presente año; su responsabilidad, decimos, es innegable.

     La única salida que le queda es dejar el cargo lo antes posible.  Si se tarda más de lo debido pueda ser que sus propios compañeros de armas, porque los tiene que todavía creen en el honor y que han de despreciar lo que estos pocos militares metidos a mercaderes de la política han hecho, lo podrían sacar de donde está.  Entendemos que la mayoría de los miembros del Ejército no se identifica con todas estas actuaciones cuestionadas.

     Es preferible una renuncia a tiempo, con humildad, que patada en la parte donde la espalda deja de serlo.  O patadas, en plural.

     Piénselo, presidente.  Nuestra experiencia política, que es mayor que la suya, nos hace visualizar que no tiene otra salida.  ¡Su renuncia es inminente!  

EL ILEGAL NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE

     Cuando la vicepresidenta Roxana Baldetti planteó su renuncia, inmediatamente saltaron los objetores de siempre, alegando que no se habían cumplido los requisitos que la Constitución establece, los cuales rápidamente fueron subsanados por el Congreso de la República.  Nos referimos al tema de la autenticidad de la firma, la cual algunos medios señalaron de haberse autenticado notarialmente, lo que sería otra ilegalidad, pues lo que correspondía era legalizarla mediante un acta de reconocimiento de firma de la que nunca han dicho nada.  ¡En fin...!

     Aceptada la renuncia presentada, por el Congreso de la República, el presidente se precipita y, mal asesorado y poco meditadamente, presenta "LA" terna a la que el artículo 192 constitucional alude (en singular), con la finalidad de que, de la misma, dicho Congreso elija a quien debía suceder a la ahora ex-vicepresidenta.

     Al caer en cuenta que uno de los integrantes de la terna tenía impedimento constitucional, el Congreso de la República debió dejarlo fuera de consideración y elegir a quien sustituyera en el cargo a Roxana Baldetti de los dos que quedaban, pero lejos de eso, de común acuerdo con el presidente Otto Pérez Molina, manosearon la Constitución y este último presentó una segunda terna.

     Como la estulticia no anda en burro, resulta que el nuevo integrante de esta ya ilegal terna presentada sin fundamento legal (si lo tuviese, el artículo constitucional aludido diría que el presidente "presente LAS ternas que sean necesarias para complacer a los señores y señoras diputados..."), renuncia a la misma (lo apropiado habría sido indicar que declina su participación) y: ¡Oh, sorpresa! ¡El presidente Otto Pérez Molina les manda una tercera terna a los exigentes diputados!, de donde finalmente resulta electo, para más deshonra del gremio de abogados y para más inri de nuestro país, un ex-constituyente y, además, ex-presidente de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre.

     ¿Será que una persona de tan vasta experiencia no sabe siquiera diferenciar el singular del plural? Si él mismo ayudó a promulgar la Constitución y ha estado dentro de sus funciones durante años juzgar sobre la constitucionalidad de muchos asuntos, ¿por qué no entiende que fue parte de una terna y de un nombramiento ilegal conforme al sentido literal y al espíritu de la Constitución?

     Eso sí: la mayoría de diputados se llenaron la boca diciendo que estaban cumpliendo con un mandato constitucional, pretendiendo ver en toda la ciudadanía, como suelen hacerlo, al votante tonto que no sabe o no entiende. ¡Pero se equivocan!

     El Congreso de la República debió elegir, como vicepresidente(a), a cualquiera de los dos integrantes que quedaron de la terna original, la única que contempla la Constitución.

     El nombramiento del ciudadano Alejandro Maldonado Aguirre, como vicepresidente de la República, es a todas luces ilegal y, por ende, también lo serán todas las actuaciones que, pretendiendo ejercer dicho cargo, lleve a cabo.

     Algo imperdonable para una persona con su trayectoria, que debió encausar las cosas por el sendero legal.  Especialmente en las horas de incertidumbre que vivimos.

     Si el presidente llegase a faltar por cualquier causa (ya hasta apuestas públicas hay de que se va), tendríamos ejerciendo la primera magistratura de la nación a una persona con un nombramiento a todas luces ilegal.

     ¡Qué vergüenza que no entiendan ni la "o" por lo redondo!

     ¡Y les llaman letrados!