miércoles, 1 de febrero de 2017

EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE CARNE, VERDURAS Y FRUTAS

Nos parece que, antes de gravar al sector agropecuario, encareciendo la carne y las verduras para todo el mundo, debiera revisarse y hacerse más eficiente la cadena de suministros y, paralelamente, ver si ahí se están pagando impuestos. Nos consta el enorme sacrificio de los agricultores para producir verduras y frutas, y sé que los ganaderos requieren alrededor de 3 años para engordar una res (después del destete, el engorde y la ceba) antes de poderla vender para el sacrificio; y, durante ese tiempo, hay que pagar sueldos, medicamentos, tratamiento de potreros, etc. No es como dice el dicho que al ojo del amo engorda el ganado. Por otro lado, absolutamente todos los riesgos corren por cuenta del agricultor y del ganadero, sean estos provenientes de la Naturaleza, de las fluctuaciones del mercado o de la agenda de seguridad del país (los cuatreros, por ejemplo); pero los intermediarios, que muchas veces se mueven dentro de la informalidad, no corren riesgos y, generalmente, son quienes más ganan en toda la operación y cadena de suministro al público. Ya, hace décadas, se le puso precio tope a la leche y el resultado no fue que las familias consiguieran leche barata sino que se acabara con la industria lechera nacional y tuviéramos que depender, en su mayoría, de las importaciones que se pagan en moneda dura y, en cuyo precio al público van incluidos los fletes desde el otro lado del mundo, seguros y ganancias de más intermediarios, con el resultado de haber tenido que dar marcha atrás en la política de tope de precios, pero demasiado tarde. El hato lechero guatemalteco fue la semilla del actual hato lechero costarricense, desde donde surten parte de nuestro mercado nacional. ¿Es eso lo que deseamos que suceda con el mercado de la carne? ¿No es suficiente con el enorme incremento de precios que los productos cárnicos han sufrido en los últimos dos años en que, dicho sea de paso, el Ministerio de Economía no ha hecho absolutamente nada? ¿Qué pasaría con el precio del pollo o del cerdo si, por una política pública equivocada, acabamos con la producción de carne nacional? A nosotros nos parece que terminarían subiendo los precios de absolutamente cualquier tipo de carne. Somos del parecer que cualquier cambio que se haga en nuestras leyes, sea para modificar impuestos, sea para lo que sea, tienen que analizarse previamente todas las consecuencias factibles pero, especialmente, tener en mente la estabilidad de la canasta básica de las familias. Pensar que se grava a los empresarios es hasta pueril. Toda modificación le pega, siempre, al consumidor, y la mayoría de quienes consumimos carne, en este país, no son precisamente empresarios ni gente rica, sino asalariados y gente común que sobrevive, también, dentro de la informalidad. ¿Que el país necesita cambios? ¡Perfecto! Pero pensemos bien antes de llevarlos a cabo y que, como consecuencia de una buena intención, le peguemos más duro al bolsillo de la gente más necesitada. No podemos referirnos a las intenciones de llenar más las arcas del Estado sin mencionar que, como ciudadanos, también esperamos una mejor calidad en el gasto, y no lo vemos por lado alguno. Si las autoridades desean que la ciudadanía contribuya de mejor grado, deben comenzar por adelgazar las cuentas del gobierno, del Congreso de la República, de algunas municipalidades y de tanta entidad autónoma y descentralizada que tenemos.

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