Ha de haber sido en el año 2005 o a principios de 2006, antes de renunciar al Comité Ejecutivo del Partido de Avanzada Nacional, PAN, partido político del cual fui fundador, que llegué, representando a dicho partido, a las mesas de discusión del Plan Visión de País, específicamente para involucrarme en el tema que me apasiona, el desarrollo.
Lo que pude ahí observar es que, lejos de discutir los delegados acerca de lo conveniente para el país, toda intervención giraba alrededor del borrador de la Ley Marco de Desarrollo Rural que, para dichos efectos, fuera elaborada por técnicos de la Universidad Rafael Landívar.
Es más, dicho proyecto, que luego de discutirse ampliamente por los delegados de los partidos políticos, debía enviarse al Congreso de la República para servir de base a una discusión posterior y, por ende, a la promulgación de la ley respectiva, ni siquiera se terminó de discutir en el seno de las reuniones del Plan Visión de País y, así, fue remitido, quedándosenos en la boca aquel sabor a que los delegados sólo fuimos utilizados para darle legitimidad al proyecto de alguien más. Nunca entendimos las prisas y, ahora que se retoma el tema en el Congreso, varios años después, nos da la impresión que tuvimos muchísimo más tiempo para hacerle los cambios a dicho proyecto para que fuese más apegado a la realidad y no se sintiese, como creo, que es el producto de una pensada de escritorio.
Para pensar en desarrollo rural hay que conocer el campo, las comunidades, la gente, la burocracia, los problemas de transferencias, de pesos y contrapesos; en resúmen, hay que saber quién es quién en este país para poder proponer alguna ley que ayude a facilitar las cosas, no a entorpecerlas y a burocratizarlas.
Si pudiesen revisarse las actas de mi participación en la elaboración del proyecto de Ley Marco de Desarrollo Rural, podrá comprobarse cómo me opuse a tantas cosas que ahí se dicen.
Por ejemplo, ¿quién en su sano juicio cree que el desarrollo rural podrá llevarse a cabo porque existe un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural? ¿De veras se piensa que un gabinete de 14 personas, presidido por el Vicepresidente de la República y que integran prácticamente todos los Ministros de Estado, algunos Secretarios y otros Directores, va a funcionar si todos pueden presentarse a través de suplentes?
Luego se crea el tercer ente, el Verificador, que también integra el mismo Vicepresidente (o sea, él se verifica a sí mismo), y lo acompañan un representante de los rectores de las Universidades, otro de los partidos políticos, otro del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, y otro de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG's, que se dedican al desarrollo. ¿De veras se cree que los Ministros de Estado, que serán alrededor del doble en número, se dejarán verificar por este ente? Aquí la presidencia está planteada en forma rotativa.
Después, dicho proyecto de ley crea el Observatorio para el Desarrollo Rural, una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, concebida como la institución de carácter técnico asesor del Consejo Verificador. Curioso que, de una vez, el proyecto establece que se conformará con no más de cinco especialistas e igual número de asistentes y, de una vez, establecen algunos requisitos que dichas personas deben tener para poder integrarse a ese equipo selecto y, me imagino, bien pagado, aunque hacen la salvedad que dicho Observatorio contará con el personal administrativo indispensable que, en nuestros términos, ya sabemos cómo se interpreta eso.
El resto del proyecto se va en definiciones y en ver de qué manera se queda el Observatorio con los dividendos que produce la participación del Estado en el Banco de Desarrollo Rural, BANRURAL.
Como decía, si tuviesen oportunidad de ver las actas de dichas sesiones, si alguna vez se levantaron, podrán constatar cómo me opuse a una visión del desarrollo rural de mi país tan burocratizado.
Toda la parafernalia de instituciones en el enredo que se pretende aprobar está condenada a gastar y gastar para no producir, y eso no es lo que un político que quiere a su país pretende. Un político que sabe lo que podría suceder con tanto funcionario y tanto delegado, asistente, asesor y empleado público, debe alzar la voz por quienes esperan que la parte rural de Guatemala se desarrolle y no tienen los medios para señalar el camino incorrecto de una ley que, si no ha sido cambiada, no es la más conveniente para el país.
Se dice que dicho proyecto ya cuenta con dictámen favorable. Yo digo: ganó el clientelismo, y seguramente los diputados que aprobaron un proyecto de esta naturaleza, si éste es el proyecto que están por entrar a discutir en el pleno, estuvieron de acuerdo en aprobar porque estarán viendo otra institución a la cual enviar a sus recomendados, a sus segundos frentes, a sus hijos, entenados y sobrinos.
Guatemala se merece emprender su desarrollo. Ahí tenemos, por ejemplo, el programa Desarrollo Integral de Comunidades Rurales, DICOR, que en sus diferentes fases logró ayudar a muchísimas comunidades a salir del subdesarrollo en que se encontraban sin tanta burocracia.
El poco dinero del cual se dispone para desarrollo debe invertirse en proyectos de introducción y saneamiento de agua, en letrinización, en proyectos de riego y drenaje, en alfabetización, en renovación de cultivos que ayuden a las comunidades a volverse exportadoras, a la introducción de energía eléctrica en donde todavía no la hay. Cada quetzal invertido en más burocracia será un puñal incrustado en la espalda de la población más pobre y, por ende, más vulnerable.
Salir de la pobreza extrema requiere inversión, capacidad, creatividad, no más burocracia.
