Es que quienes han diseñado la metodología para hacerlo, unos políticos, otros tecnócratas, jamás han tomado en cuenta a los usuarios finales de los trámites que se inventan: los alumnos y sus representantes legales, los padres y madres de familia.
¿Cuál es el valor agregado al solicitar, año con año, las certificaciones de partida de nacimiento de millones de alumnos? Ninguno. Es únicamente un gasto más y un desgaste innecesario entre colas, madrugadas y empujones para conseguir un papel que dice lo que las escuelas e institutos ya saben.
¿No sería más fácil que todos los alumnos que ganaron el año quedaran inscritos, automáticamente, para el año que sigue, a menos que no se presenten el primer día de clases?
¿No sería este un mayor incentivo para que los alumnos pasaran limpios su año?
Los alumnos que no aprovechan la oportunidad para estudiar y ganar su año serían los únicos que tendrían que hacer sus trámites para volver a inscribirse en el mismo grado, para repetirlo, si el cupo lo permite, pero con algo tan sencillo como esto, privilegiando a quienes aprovechan el tiempo y los recursos del Estado, se mejoraría el proceso de inscripción que, hoy, es una verdadera manifestación de la insensatez.
Como políticos y conforme al sentido común, debemos voltear a ver tantas cosas, como esta, que tienen décadas de hacerse mal, para ir favoreciendo a los ciudadanos, quienes son los usuarios finales de cuanto trámite se inventa la burocracia.
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