LA TENUE LÍNEA ENTRE CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO, Y LA INTELIGENCIA EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA.

Comienzo por enviar un sincero mensaje de consternación y pesar a los familiares de las víctimas del acto terrorista con que este lunes 3 de enero de 2010 se han iniciado las actividades de los guatemaltecos, acto cobarde que consistió en hacer estallar una mochila cargada con gasolina, a control remoto por medio de un teléfono celular, adentro de una unidad de transporte de rutas cortas, de esas que traen a la gente trabajadora de las ciudades dormitorio de los alrededores, a la capital de la República.

Escuchar al padre de familia que perdió a sus hijos y a su esposa, quemados todos, y que además tiene a otros familiares gravemente heridos en el hospital, decir con una voz tranquila, pasmosamente tranquila, que de ahora en adelante se aferrará a los buenos recuerdos, y la evocación que hizo de las chiquilladas que gozaba cuando no estaba atendiendo su oficio de taxista, fue tremendamente conmovedor. Ni una gota de amargura se percibió, a pesar de que estaba dando esas declaraciones minutos después de haber procedido a enterrar a estas víctimas inocentes, especialmente la niña de 3 años y el niño de 11.

Pero volviendo al tema, es preocupante observar que las clicas de las maras ahora han avanzando en su especialización para causar daño a los demás, ya que, hasta ahora, no habían pasado de matar pilotos, ayudantes y empresarios del transporte a puros tiros, y la elaboración de artefactos incendiarios hace prever un giro adverso en estas actividades maléficas.

Sin embargo, la rápida reacción de las fuerzas de seguridad ocasionó varios allanamientos (cuatro, me parece), en los cuales encontraron materiales y el supuesto taller en donde armaron el artefacto incendiario y, lo que es mejor, agarraron a la mujer que, con sangre fría, se subió al autobús, colocó la mochila con los elementos combustibles y de transmisión/recepción para hacerla volar, y la dejó abandonada antes de bajarse de la unidad de transporte con toda tranquilidad. Todo el mismo día de los hechos, como una muestra de que nuestras fuerzas de seguridad, cuando quieren, están en capacidad de investigar y dar con los responsables de estos hechos de sangre y, ahora, de fuego.

Cuando escribo estas notas hay noticias no sólo de que los supervivientes de los hechos la identificaron mediante fotografías que les fueron mostradas hoy mismo y, además, de que la autora ha confesado que sí fue élla quien colocó el artefacto, pero siguiendo instrucciones bajo amenazas de muerte, lo cual, luego de ver su captura en los medios televisivos, anoche, no es creíble; es más creíble que es parte de la pandilla que se divide el dinero de las extorsiones.

También hay noticias de que todo esto se debió a que la empresa del transporte no pagó la extorsión el mes pasado, pero los empesarios sí reunieron el dinero y se lo dieron a uno de los socios para que lo entregara, lo cual no hizo, situación que agregará elementos tristes de analizar pero no en este momento.

Lo importante de hacer ver es que, desde nuestra perspectiva, no es hasta ahora que se cometió un acto de terrorismo. Todas las acciones de asesinar pilotos, ayudantes, empresarios y hasta usuarios del transporte, aunque son asesinatos en lo individual, no están desligados entre sí; se trata del mayor acto terrorista de la historia del país, que ni siquiera la guerrilla, durante el conflicto armado, fue capaz de articular de la manera en que las maras lo han venido haciendo.

No se trata de un asesinato aquí y otro allá, sino de todo un plan de mantener hincados, a base de asesinatos, a todos los involucrados en el transporte, sea urbano o extraurbano, con la finalidad de lucrar, lo que constituye, para mí, un solo acto terrorista que ya lleva varios años de venirse desarrollando en un drama de terror que ha dejado centenares de pilotos, algún centenar de ayudantes y empesarios, algún centenar de usuarios muertos, y varios centenares de viudas y millares de niños huérfanos.

El actual Presidente de la República, Álvaro Colom, ante la campaña de "mano dura" de su contrincante, salió con la frase de que "la violencia se combate con inteligencia", dando a entender que no era una actitud represiva y violenta la que iba a componer las cosas en el país, sino una actitud de una persona inteligente, lo cual se le ha volteado ante su incapacidad para poner orden y brindar seguridad a la población.

Sin embargo, hay otra inteligencia que sí sirve para combatir a la delincuencia, y es la que generalmente hacen los ejércitos pero que no necesariamente tiene que ser militar.

Está visto que la rápida captura de esta asesina confesa se debió al involucramiento de personal entrenado en tácticas de inteligencia, sean del orden civil o del orden militar. Dónde obtuvieron el entrenamiento, es en este momento lo de menos. Lo importante es que los hechos demuestran no sólo resultados concretos y positivos, sino una total supeditación a la normativa legal, ya que los allanamientos se lograron con orden de juez y, en los mismos, se vio personal del Ministerio Público, del juzgado, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de las fuerzas de seguridad.

Es este tipo de personal al que es urgente apoyar para obtener resultados de tanto crimen que se comete a diario en las calles. La inteligencia del Presidente, hasta donde vemos, ha consistido, durante varios años, de presentar un presupuesto al Congreso a través del Ministro de Finanzas y de quitarle cientos de millones de quetzales al mismo, cada año, a través de transferencias que le obligan a hacer al mismo Ministro de Gobernación, especialmente en favor de los programas políticos de la esposa del Presidente a los cuales han dado en llamarles "sociales".

Si nuestras fuerzas de seguridad hubiesen sido apoyadas, en todo sentido, desde el inicio del presente gobierno, la sangre de estos inocentes probablemente no se habría derramado.

Mi experiencia, al llegar a trabajar a varias instituciones del sector público en el pasado, es consistente: organizacional, presupuestariamente, todo era un desastre en cada una de éllas, y la calidad de los servicios que se brindaban era pésima, pero siempre, léase bien, siempre encontré laborando en élla a personas bien entrenadas y dispuestas a darlo todo por mejorar, lo que me ha demostrado que es más bien la sumatoria de cabezas poco preparadas y sin un plan estratégico lo que hace que la calidad de casi todo lo que el Estado puede darle a la población sea muy baja, pero eso puede cambiar en poco tiempo.

Por eso, desde este espacio, abogo por que se apoye, como debe ser, a las fuerzas de seguridad. Que se tienen que depurar, es cierto. Pero depurar sin darles todo el respaldo que necesitan es inútil, pues en poco tiempo estaremos viendo de qué manera depuramos nuevamente. El plan de 10 años que ha hecho público la Comisionada Hellen Mack, con relación a dicha reforma, es creíble, pero debe ser sustentado por políticas de Estado antes de que la delincuencia acabe con todos nosotros.

LOS MENORES DEBEN SER RESPONSABLES, PERO LOS ADULTOS MÁS CUANDO LOS UTILIZAN PARA DELINQUIR

Las notas radiales de prensa señalaban, hoy, que una banda de delincuentes fue atrapada; que de los 8 integrantes de la misma sólo hay dos mayores de edad y 6 menores.

Ya nos hemos referido en este espacio, anteriormente, acerca de la necesidad de modificar la ley para estar en posibilidad de deducirle responsabilidad a los menores que delinquen, lo que al día de hoy la misma considera inimputables, es decir, no se les puede achacar la comisión de delito alguno, aunque se tenga la certeza de que lo ha cometido.

Lo que se nos venía ocurriendo hoy es que, a la par de esta necesaria reforma para juzgar como adultos a los menores de edad, bajo ciertas circunstancias y cumpliendo algunos requisitos, es que el tratamiento que se le da, actualmente, a quienes, siendo mayores de edad, no sólo utilizan a los menores para acompañarlos en sus aventuras delictivas, sino fomentan la intromisión de estos precisamente porque, si son sorprendidos, quedan al margen de cualquier castigo, también debe revisarse y modificarse, no sólamente para multiplicar su grado de responsabilidad social, tanto penal como civilmente, sino en la utilización de medidas sustitutivas de la privación de libertad.

Un ciudadano, es decir, un adulto que se hace acompañar de menores de edad para cometer delitos, jamás debiera gozar, por ejemplo, de los beneficios de una fianza.

Utilizar menores de edad para delinquir, como simples instrumentos de la impunidad, no sólo es algo que debiera erradicarse sino verse como una situación agravante para quienes convierten a niños y jóvenes en instrumentos de sus elaborados planes para fastidiar a la sociedad.

Los bienes jurídicos tutelados, la niñez, la juventud, no los ha sabido proteger debidamente el Estado.

Hacerlos imputables y restringirle el ámbito de acción a sus pervertidores y quienes se aprovechan de su juventud, vienen siendo dos acciones paralelas que deben encaminarse para tender a una patria mejor.

LOS CHALECOS, LOS MOTORISTAS Y LA OLA DELICTIVA EN GUATEMALA

Una de las decisiones del actual gobierno que más tumbos ha tenido es, seguramente, la de imponerles chalecos absurdos a decenas de miles de motoristas honrados, limitar la capacidad de que circulen con su familia y exponerlos a los asaltos y demás riesgos inherentes al transporte urbano.

Los tropiezos para poner en marcha esta medida, producto seguramente de la "inteligencia" con que se iba a combatir la delincuencia, se dieron en torno a los diversos colores seleccionados, a las diferentes fechas para poner la medida en vigencia, en cuanto al ámbito territorial de acción, que primero fue para todo el país y después ya no. El último tropezón es, seguramente, que la ola de criminalidad que iba a bajar, supuestamente, por ningún lado se ve que disminuya.

Mientras continúan los asesinatos desde motocicletas, los asaltos con dos tipos montados en una moto, sin casco y sin chaleco, con el colmo de que se les ponen multas por las autoridades de tránsito en los lugares donde operan, sin pedirles identificación alguna, nuestro escepticismo original se ha fortalecido y, a la par que vemos la inutilidad de esta decisión en cuanto que es una medida aislada, preferimos solicitar que se dé marcha atrás y se permita a la ciudadanía honrada continuar utilizando las motocicletas como vehículo de transporte familiar, como era antes de que tuviéramos un Presidente "inteligente".

No se combate la delincuencia con medidas que van solamente en contra de la ciudadanía trabajadora que, con su esfuerzo diario, aporta en este país.