Las notas radiales de prensa señalaban, hoy, que una banda de delincuentes fue atrapada; que de los 8 integrantes de la misma sólo hay dos mayores de edad y 6 menores.
Ya nos hemos referido en este espacio, anteriormente, acerca de la necesidad de modificar la ley para estar en posibilidad de deducirle responsabilidad a los menores que delinquen, lo que al día de hoy la misma considera inimputables, es decir, no se les puede achacar la comisión de delito alguno, aunque se tenga la certeza de que lo ha cometido.
Lo que se nos venía ocurriendo hoy es que, a la par de esta necesaria reforma para juzgar como adultos a los menores de edad, bajo ciertas circunstancias y cumpliendo algunos requisitos, es que el tratamiento que se le da, actualmente, a quienes, siendo mayores de edad, no sólo utilizan a los menores para acompañarlos en sus aventuras delictivas, sino fomentan la intromisión de estos precisamente porque, si son sorprendidos, quedan al margen de cualquier castigo, también debe revisarse y modificarse, no sólamente para multiplicar su grado de responsabilidad social, tanto penal como civilmente, sino en la utilización de medidas sustitutivas de la privación de libertad.
Un ciudadano, es decir, un adulto que se hace acompañar de menores de edad para cometer delitos, jamás debiera gozar, por ejemplo, de los beneficios de una fianza.
Utilizar menores de edad para delinquir, como simples instrumentos de la impunidad, no sólo es algo que debiera erradicarse sino verse como una situación agravante para quienes convierten a niños y jóvenes en instrumentos de sus elaborados planes para fastidiar a la sociedad.
Los bienes jurídicos tutelados, la niñez, la juventud, no los ha sabido proteger debidamente el Estado.
Hacerlos imputables y restringirle el ámbito de acción a sus pervertidores y quienes se aprovechan de su juventud, vienen siendo dos acciones paralelas que deben encaminarse para tender a una patria mejor.
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