Es curioso que en época de plena campaña electoral en donde la mayoría de diputados enfocan su actividad en postularse y tratar de reelegirse, aparezcan noticias gratificantes alrededor de labor parlamentaria, como hoy, que se anuncia en Prensa Libre por la Presidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, Nineth Montenegro, que dicha Comisión ha aprobado el proyecto de reforma a la Ley del Organismo Judicial, lo que permitirá, con tres sistemas independientes de supervisión, efectuar las notificaciones de manera electrónica.
El 1 de mayo de 1983 dejé de trabajar para sentarme a estudiar para aprobar mis exámenes privados, que entonces eran tres y que terminé a finales de octubre de ese año. Las jornadas, de lunes a sábado, eran de 8 de la mañana a 12 del medio día, y de 2 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Éramos muy disciplinados con la compañera de estudios. Menciono esto porque, durante ese tiempo en que estuve encerrado, dedicado exclusivamente al estudio, en un juicio que llevábamos en el Bufete en donde trabajaba, a cargo de una notificadora llamada "Martita" del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, fue asentada la notificación de la apertura a prueba como si yo hubiese recibido la cédula en la dirección del Bufete, lo cual buscaba, obviamente, que se nos pasara dicho período sin presentar prueba alguna, y cuando al fin nos diéramos cuenta del truco, pataleáramos pero con un proceso viciado porque sólo una de las partes le aportó elementos de juicio al juzgador.
El abogado de la contraparte, un bigotudo cuyo nombre no merece inmortalizarse, se volvió tan famoso en estas marrullerías, que obligó prácticamente a la Corte Suprema de Justicia a crear el Centro de Notificaciones en donde el personal a cargo de las mismas no tuviese y mantuviese relación con las partes litigantes.
Con el tiempo, la tecnología llegó. Con ella, quienes ya teníamos cierta edad procuramos ponernos al día; pero fue en mi gestión como Registrador Sustituto en que, siendo quien encabezaba la delegación del Registro General de la Propiedad con la empresa de computación a cargo de recuperar las fuentes del software y luego de modernizar el sistema informático, lo que ha culminado, a la fecha, según el Banco Mundial, en el mejor Registro de Propiedad de América Latina y el Caribe, en una época en que el sistema estaba prácticamente colapsado, lo que me hizo darme cuenta de las ventajas de la tecnología para la administración pública.
El tema de malas prácticas y mañas con las notificaciones es un problema recurrente en la Administración de Justicia. Por eso es urgente diseñar los sistemas auditables, los protocolos y métodos de respaldo para hacer de nuestros tribunales y cortes de apelaciones algo del siglo XXI, ahorrando costos y tiempos pero, especialmente, brindando igualdad a las partes y certeza jurídica. Un sistema integrado tendería a erradicar la práctica de resolver seis meses después con fecha atrasada cualquier resolución, como suele hacerse por dejadez o exceso de trabajo, y luego echarle la culpa a que no se ha notificado; o de que una parte se entere mucho tiempo antes que la otra, subrepticiamente, de lo que no ha sido comunicado oficialmente. Nuestros tribunales necesitan ese tipo de certeza jurídica y de confiabilidad en que todos somos tratados de igual manera.
No faltará, por supuesto, algún sector de colegas abogados que adversen esta medida, argumentando seguramente que nadie está obligado a tener computadora, y habrá interposición de recursos en contra, como suele suceder, pero así como nadie puede tapar el sol con un dedo, el progreso no va ni ve para atrás, camina lento pero en una dirección, y ésta es la dirección apropiada.
Ojalá le hagan espacio en el Pleno del Congreso para poner a discusión el tema en la agenda y que sea aprobada dicha iniciativa lo más pronto posible.
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