La lectura de una nota de hoy, en Prensa Libre, referente a los sobreprecios pagados en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, (http://www.prensalibre.com/noticias/SAAS-efectua-compras-precios-elevados_0_1100289983.html), en donde la elevación de esos precios pretende justificarse porque no todos los oferentes le quieren dar crédito al Estado, nos motiva a desarrollar un punto de vista que, según recordamos, ya dejamos alguna vez establecido en algún lado.
El argumento esgrimido tiene su peso. El costo financiero de que el gobierno o quien sea que compre retrase los pagos de los materiales o de los servicios, viene incluido en los precios que los oferentes ofrecen. Mientras más se tarden las instituciones en pagar, más le recarga el ciudadano de a pie, a cargo de proveer cualquier cosa, por lo que ofrece. Es natural.
Cuando tuvimos la enorme tarea de rescatar el entonces colapsado Registro General de la Propiedad, como segundo al mando tuvimos oportunidad de implementar la política de pago contra entrega, la cual en poco tiempo comenzó a brindar sus frutos, porque estimuló, en la medida que se regó la voz, una mayor participación de oferentes, por un lado, y una mayor y mejor competencia, bajando los precios, por la otra.
En lugar de ver las compras de esta institución sin interés, porque solamente a unos pocos les interesan las compras de quien paga mal o nunca paga, especialmente a quienes hacen de este sistema perverso un negocio, disfrazando la colusión que tienen con las autoridades en esos precios altos que genera la poca o nula competencia, comenzó a darse una verdadera competencia por hacer un buen negocio, pues la emisión del cheque de pago contra la entrega de la mercadería o el acta de recepción de algún servicio, se convirtió de repente en algo atractivo para mayor número de oferentes.
Así las cosas, hay mucha gente en la calle que puede darse el lujo de decir, con propiedad, que sus cheques valen más que los del gobierno, pero la manera como se manejan las compras puede y debe cambiar, para hacer rendir mejor el dinero que todos aportamos como contribuyentes, y que el presupuesto alcance para llegar a más lugares en donde las necesidades son verdaderamente apremiantes.
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