Cada año es lo mismo: "no se cumplieron las metas de recaudación". ¿Acaso esto es noticia? Con las metas que, entre la propuesta de funcionarios del Ministerio de Finanzas Públicas y la aprobación de diputados al Congreso de la República, ¿hay algo de sentido común?
Tanto al gobierno como a los comerciantes que tenemos de diputados les interesa un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación lo suficientemente inflado, al primero para poder gastar más, a los segundos para tener más renglones dónde meter a sus empresas o a las de sus parientes, negociar plazas y, en general, toda esa parafernalia asquerosa que ya todos los ciudadanos, desde afuera, conocemos.
Lo que es poco entendible es que la prensa independiente (o debiera poner "independiente", con lo que el entrecomillado implica) les haga el juego y recalque que los ingresos no llegaron a cumplir las expectativas de lo programado. ¡Cómo nos subestiman! ¡Cuán tontos creen que somos!
Esto también se viene a aunar a la cantaleta que se cree y repite la Comunidad Internacional (ese cuasi ente etéreo que nos critica como puede espantar un fantasma en una casa abandonada) de que en Guatemala no se pagan impuestos, o de que no se paga lo suficiente. Cantaleta, decimos, porque ha sido imposible hacerles entender que los altos niveles de pobreza de las grandes mayorías hacen que la población sujeta al pago de impuestos sea la minoría, por lo cual es más apropiado decir que hay que elevar los niveles de ingresos para que todos seamos sujetos impositivos, y no repetir que, porque la tasa per cápita es baja todos pagamos poco.
Si vemos la realidad de las cosas, año con año ha venido incrementándose los ingresos del país. Respecto a la recaudación tributaria de 2014, la de 2015 creció un 1.3%, con todo y que en ese año fueron a parar a la cárcel el presidente de la República, la vicepresidenta, el Superintendente de Administración Tributaria y varios miembros de la SAT, el presidente del Seguro Social, el ex presidente del Congreso de la República y varias decenas de funcionarios activos de los tres poderes del Estado.
En una Guatemala convulsa que ha tenido elecciones generales y tres presidentes constitucionales (si, subrayado) en pocos meses, es todo un logro del sector privado (también subrayado) que la recaudación tributaria no se haya caído.
Y la verdad es que esa recaudación tributaria ha venido creciendo consistentemente, año con año, muy a pesar de todos esos portavoces ex oficio de los interesados que se encargan de decir, repetir y tratar de hacer creer lo contrario.
La #PrimaveraChapina que se inició en abril de 2015 merece que digamos las cosas como son, que estemos alerta y no nos dejemos engañar y que veamos las cosas en su contexto real.
¡Guatemala es más grande y más linda de lo que, a contrapelo de la realidad, nos quieren hacer creer!
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viernes, 22 de enero de 2016
jueves, 16 de septiembre de 2010
LA REPRESENTATIVIDAD Y EL TAMAÑO IDEAL DE CONGRESOS, PARLAMENTOS O ASAMBLEAS LEGISLATIVAS
El concepto de la vida republicana, enmarcada dentro del constitucionalismo, implica la aceptación de la capacidad de alguien de representar a los demás para algo que es de provecho y de utilidad para la sociedad.
Cualquiera puede, en el ámbito privado, representar a alguien más; sin embargo, si la representación se ejercita en el ámbito público, la representación se convierte, también, en algo público, sujeto a algunos requisitos.
Para efectos de este ensayo asimilaremos lo público a lo político, dado que lo segundo es, prácticamente, la esencia de lo primero; de ahí que, en adelante, nos refiramos a la representación política como la representación primordial en el ámbito público y medio principal a través del cual suelen actuar las instituciones del Estado.
Dentro de estas últimas tenemos no sólo los Congresos, Parlamentos o Asambleas Legislativas, sino toda una parafernalia que, centralizadamente, tiene que ver con los otros Organismos del Estado (Presidente y Vicepresidente por elecciones directas, por ejemplo, o Magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia por elecciones de segundo grado, en el otro caso); descentralizadamente, con un sinnúmero de entidades que también actúan en nombre del Estado (desde la Corte de Constitucionalidad, las Alcaldías, los Concejos Municipales, etcétera); y hasta en forma personal, como la actividad de fe pública que aquél, el Estado, delega en los notarios; pero nuestra intención, en este momento, es referirnos únicamente a la que se da en los primeros.
Toda representación pública, como dijimos anteriormente, implica algunos requisitos que la persona física que representa a los demás debe cumplir para poder ejercerla apegada a la legalidad, pero también hay consideraciones que permanecen implícitas, y no necesariamente explícitas, para que esa actuación, además de apegada a la ley, también lo sea apegada al Derecho, como la buena fe, el historial ético, los antecedentes apegados también a la moralidad y las buenas costumbres. Las virtudes personales de quienes ejerzan esa representatividad en nombre de los demás son de lo más importante, y las sociedades más educadas y avanzadas son las que tienden a darle más valor a esta escala de principios que fundamentan la conducta de las personas, por encima de otros atributos individuales de cada candidato a representar a los demás.
Lo que motiva hoy estas digresiones, además de lo ya dicho, es el tamaño que dichas entidades corporativas deban tener para ejercer, a cabalidad, las funciones colegiadas de representar a una sociedad.
En un país en donde la población es de tantos millones de habitantes, ¿de qué tamaño debiera ser su Congreso o Asamblea Nacional?
Generalmente, el tamaño de las mismas viene supeditado a cantidades de población, pero no hay impedimento alguno para que, a contrario sensu, se pueda establecer el límite o el número específico de personas que ejerzan esa representación, o diputados en el caso de estudio, y dividir la representación en distritos o en jurisdicciones territoriales de acuerdo al avance o retroceso del número de población dentro del país de que se trate.
Quienes no están de acuerdo con reducir el número de diputados por Congreso, Parlamento o Asamblea, suelen esgrimir el argumento de la representación de minorías, en el sentido de que, al reducir el número de espacios para representar, se limita la capacidad de que grupos políticos minoritarios tengan voz y voto en los debates nacionales y aprobación de leyes pero, según nuestro punto de vista, eso es relativo.
Una minoría bien organizada es capaz de hacerse representar debidamente; una minoría no bien organizada, a la cual la mayoría de la población no la vota, simplemente no debe ocupar un espacio dentro de la discusión y aprobación de los asuntos públicos: el pueblo manda. No es cuestión de ser minoría, per se; una minoría inteligente de seguro será apoyada para que pueda participar legalmente y, en su momento, convertirse en mayoría.
El argumento que podemos esgrimir nosotros, basado en lo que hemos visto a través de tantos años no sólo de observar sino de participar activamente, es que el actual sistema permite la inclusión de una cantidad de minorías; que el mismo se ha vuelto perverso para las cuestiones públicas. Hay mucha facilidad para hacer un partido político y, desde ahí, hay muchos partidos políticos en cuya dirigencia priva, más que todo, la oportunidad de colarse en algún puesto, más que sostener una plataforma de ideas que enriquezcan el debate o que, por decirlo en palabras sencillas, simplemente sirva de algo.
De ahí que veamos muchos partidos políticos que, en el fondo, no se diferencian en absolutamente nada, y sólo sirven de vehículo para que muchos oportunistas se cambien de un partido para otro sin que, insistimos, haya razones de fondo más que de índole electoral, por no decir electorera.
Desde nuestro particular punto de vista, la patria estaría bien servida con un Congreso que tuviese una tercera parte de la cantidad actual de miembros, al estilo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aunque advertimos que en ese país está en discusión, precisamente, ampliar su número, que actualmente es de 57.
En Guatemala, un Congreso de la República con un número fijo de entre 50 y 60 diputados, incluyendo por lo menos 3 que representen a los migrantes que están en el extranjero, que también son Guatemala aunque muchas veces a las autoridades se les olvide, sería más que suficiente.
Lo que necesita un Congreso eficaz y eficiente no es más número de jefes (recordemos que un Congreso no tiene soldados; solamente generales), sino probablemente menos, pero mejor escogidos y mejor apuntalados por asistentes y asesores bien pagados pero bien calificados, no contratados por parentesco o compadrazgo sino por capacidad, para que puedan ejercer con dignidad su labor legislativa y de control.
Han sido públicas nuestras consideraciones alrededor de la reducción necesaria del Parlamento Centroamericano para hacerlo adecuado a la situación, especialmente económica, de los pueblos que representa, en donde una Asamblea Plenaria de 60 diputados, 10 por país miembro por el momento, sería suficiente. Por el contrario, el Parlamento cuenta con una Asamblea de ciento veintitantos diputados (el número varía en función de si se integran o no los ex presidentes y ex vicepresidentes o designados a la presidencia); es decir, con un espectro político que, lo hemos dicho, es probablemente el más amplio del mundo en una institución de esta naturaleza, pero el trabajo es totalmente deficiente (ese “totalmente” bien pensado antes de ponerlo con toda deliberación).
Hoy, en lugar de discutirse si se amplía el presupuesto del Parlamento Centroamericano, porque es el mismo desde que se fundó en 1991, el debate debiera ser la modificación de su Tratado Constitutivo para reducir su tamaño y hacer su actual presupuesto más eficiente.
Todas las ideas son discutibles y están enmarcadas, más o menos, en la época en que se expresan. Cuando se firmó el Acta de Independencia, en 1821, con una Guatemala (que hoy es Centroamérica y parte de México) casi despoblada, el ideal se consideraba un diputado por cada 15,000 habitantes, lo cual nos llevaría hoy, sólo en Guatemala, el país, a un Congreso de unos 935 diputados, lo cual sería insostenible.
La relatividad, como vemos, también se aplica en política y en el aspecto público de nuestros pueblos, y es una verdad innegable que el presupuesto de nuestros países tiene que ser utilizado de manera más eficiente, y un Congreso sobre-dimensionado produce exactamente lo opuesto.
República, Constitución, soberanía, libertades políticas, representación pública, respeto por las minorías, acatamiento de la voluntad de las mayorías, educación de los pueblos, dinero que se emplea para sostener las instituciones, relatividad en el tiempo, valores de la persona... todo está ligado y relacionado.
Sólo esperemos que llegue el día en que las mayorías, no sólo las que representan sino, además, los representados, entiendan los beneficios de lo que aquí dejamos establecido para que, con los cambios necesarios, comencemos a fundar los pilares de una nueva nación y una nueva Centroamérica.
Cualquiera puede, en el ámbito privado, representar a alguien más; sin embargo, si la representación se ejercita en el ámbito público, la representación se convierte, también, en algo público, sujeto a algunos requisitos.
Para efectos de este ensayo asimilaremos lo público a lo político, dado que lo segundo es, prácticamente, la esencia de lo primero; de ahí que, en adelante, nos refiramos a la representación política como la representación primordial en el ámbito público y medio principal a través del cual suelen actuar las instituciones del Estado.
Dentro de estas últimas tenemos no sólo los Congresos, Parlamentos o Asambleas Legislativas, sino toda una parafernalia que, centralizadamente, tiene que ver con los otros Organismos del Estado (Presidente y Vicepresidente por elecciones directas, por ejemplo, o Magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia por elecciones de segundo grado, en el otro caso); descentralizadamente, con un sinnúmero de entidades que también actúan en nombre del Estado (desde la Corte de Constitucionalidad, las Alcaldías, los Concejos Municipales, etcétera); y hasta en forma personal, como la actividad de fe pública que aquél, el Estado, delega en los notarios; pero nuestra intención, en este momento, es referirnos únicamente a la que se da en los primeros.
Toda representación pública, como dijimos anteriormente, implica algunos requisitos que la persona física que representa a los demás debe cumplir para poder ejercerla apegada a la legalidad, pero también hay consideraciones que permanecen implícitas, y no necesariamente explícitas, para que esa actuación, además de apegada a la ley, también lo sea apegada al Derecho, como la buena fe, el historial ético, los antecedentes apegados también a la moralidad y las buenas costumbres. Las virtudes personales de quienes ejerzan esa representatividad en nombre de los demás son de lo más importante, y las sociedades más educadas y avanzadas son las que tienden a darle más valor a esta escala de principios que fundamentan la conducta de las personas, por encima de otros atributos individuales de cada candidato a representar a los demás.
Lo que motiva hoy estas digresiones, además de lo ya dicho, es el tamaño que dichas entidades corporativas deban tener para ejercer, a cabalidad, las funciones colegiadas de representar a una sociedad.
En un país en donde la población es de tantos millones de habitantes, ¿de qué tamaño debiera ser su Congreso o Asamblea Nacional?
Generalmente, el tamaño de las mismas viene supeditado a cantidades de población, pero no hay impedimento alguno para que, a contrario sensu, se pueda establecer el límite o el número específico de personas que ejerzan esa representación, o diputados en el caso de estudio, y dividir la representación en distritos o en jurisdicciones territoriales de acuerdo al avance o retroceso del número de población dentro del país de que se trate.
Quienes no están de acuerdo con reducir el número de diputados por Congreso, Parlamento o Asamblea, suelen esgrimir el argumento de la representación de minorías, en el sentido de que, al reducir el número de espacios para representar, se limita la capacidad de que grupos políticos minoritarios tengan voz y voto en los debates nacionales y aprobación de leyes pero, según nuestro punto de vista, eso es relativo.
Una minoría bien organizada es capaz de hacerse representar debidamente; una minoría no bien organizada, a la cual la mayoría de la población no la vota, simplemente no debe ocupar un espacio dentro de la discusión y aprobación de los asuntos públicos: el pueblo manda. No es cuestión de ser minoría, per se; una minoría inteligente de seguro será apoyada para que pueda participar legalmente y, en su momento, convertirse en mayoría.
El argumento que podemos esgrimir nosotros, basado en lo que hemos visto a través de tantos años no sólo de observar sino de participar activamente, es que el actual sistema permite la inclusión de una cantidad de minorías; que el mismo se ha vuelto perverso para las cuestiones públicas. Hay mucha facilidad para hacer un partido político y, desde ahí, hay muchos partidos políticos en cuya dirigencia priva, más que todo, la oportunidad de colarse en algún puesto, más que sostener una plataforma de ideas que enriquezcan el debate o que, por decirlo en palabras sencillas, simplemente sirva de algo.
De ahí que veamos muchos partidos políticos que, en el fondo, no se diferencian en absolutamente nada, y sólo sirven de vehículo para que muchos oportunistas se cambien de un partido para otro sin que, insistimos, haya razones de fondo más que de índole electoral, por no decir electorera.
Desde nuestro particular punto de vista, la patria estaría bien servida con un Congreso que tuviese una tercera parte de la cantidad actual de miembros, al estilo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aunque advertimos que en ese país está en discusión, precisamente, ampliar su número, que actualmente es de 57.
En Guatemala, un Congreso de la República con un número fijo de entre 50 y 60 diputados, incluyendo por lo menos 3 que representen a los migrantes que están en el extranjero, que también son Guatemala aunque muchas veces a las autoridades se les olvide, sería más que suficiente.
Lo que necesita un Congreso eficaz y eficiente no es más número de jefes (recordemos que un Congreso no tiene soldados; solamente generales), sino probablemente menos, pero mejor escogidos y mejor apuntalados por asistentes y asesores bien pagados pero bien calificados, no contratados por parentesco o compadrazgo sino por capacidad, para que puedan ejercer con dignidad su labor legislativa y de control.
Han sido públicas nuestras consideraciones alrededor de la reducción necesaria del Parlamento Centroamericano para hacerlo adecuado a la situación, especialmente económica, de los pueblos que representa, en donde una Asamblea Plenaria de 60 diputados, 10 por país miembro por el momento, sería suficiente. Por el contrario, el Parlamento cuenta con una Asamblea de ciento veintitantos diputados (el número varía en función de si se integran o no los ex presidentes y ex vicepresidentes o designados a la presidencia); es decir, con un espectro político que, lo hemos dicho, es probablemente el más amplio del mundo en una institución de esta naturaleza, pero el trabajo es totalmente deficiente (ese “totalmente” bien pensado antes de ponerlo con toda deliberación).
Hoy, en lugar de discutirse si se amplía el presupuesto del Parlamento Centroamericano, porque es el mismo desde que se fundó en 1991, el debate debiera ser la modificación de su Tratado Constitutivo para reducir su tamaño y hacer su actual presupuesto más eficiente.
Todas las ideas son discutibles y están enmarcadas, más o menos, en la época en que se expresan. Cuando se firmó el Acta de Independencia, en 1821, con una Guatemala (que hoy es Centroamérica y parte de México) casi despoblada, el ideal se consideraba un diputado por cada 15,000 habitantes, lo cual nos llevaría hoy, sólo en Guatemala, el país, a un Congreso de unos 935 diputados, lo cual sería insostenible.
La relatividad, como vemos, también se aplica en política y en el aspecto público de nuestros pueblos, y es una verdad innegable que el presupuesto de nuestros países tiene que ser utilizado de manera más eficiente, y un Congreso sobre-dimensionado produce exactamente lo opuesto.
República, Constitución, soberanía, libertades políticas, representación pública, respeto por las minorías, acatamiento de la voluntad de las mayorías, educación de los pueblos, dinero que se emplea para sostener las instituciones, relatividad en el tiempo, valores de la persona... todo está ligado y relacionado.
Sólo esperemos que llegue el día en que las mayorías, no sólo las que representan sino, además, los representados, entiendan los beneficios de lo que aquí dejamos establecido para que, con los cambios necesarios, comencemos a fundar los pilares de una nueva nación y una nueva Centroamérica.
martes, 21 de julio de 2009
ROTUNDO NO AL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SIN CONFIANZA.
El Gobierno de la República que preside Sandra de Colom insiste, nuevamente, en endeudar más al país con la emisión de bonos por más de 1,200 millones de quetzales, con el pretexto de cubrir el déficit fiscal, ese que quieren hacer parecen inmenso, precisamente porque parte o se origina de un presupuesto totalmente inflado que jamás iban a poder cubrir.
La crisis financiera estadounidense, que luego se globalizó y se convirtió en crisis económica mundial, tiene dos años de evolución; eso quiere decir que las personas que prepararon el proyecto de presupuesto sabían perfectamente que la cola de ese fenómeno nos iba a pegar duro este año, al disminuir las remesas familiares, las exportaciones de nuestros productos y la liquidez en muchas empresas grandes y pequeños negocios, que son la mayoría de generadores de impuestos y de fuentes de trabajo.
Aquí no existe ni irresponsabilidad ni ignorancia, sino una flagrante estafa a los guatemaltecos al vendernos la idea de los bonos para cubrir algo que no pudieron predecir. Todo ha sido perfectamente planeado. Las autoridades y la señora, que no es autoridad pero exige más que todos, sabían hasta dónde iba a llegar la recaudación fiscal en 2009, y aún así presentaron un presupuesto inflado dolosamente.
En su jugada han logrado engañar a alcaldes, gobernadores y hasta diputados, esos diputados que tristemente no cumplen con su papel de contrapeso, especialmente la dispersa oposición, ya que servirían de fiel de la balanza para impedir que se siga engañando a la población y se conozcan las verdaderas intenciones, que hasta llegaron al colmo de darle a ese gobierno sin cabeza electa, pero gobernado hábilmente por la señora de Colom, la facilidad de hacer transferencias a su antojo.
Hoy no existen contrapesos ni controles en la ejecución del presupuesto, y en ese contexto quieren, insisten en endeudar más al país. ¿Por qué? Porque la primera dama está jugando piñata con los recursos del Estado, a su sabor y antojo, en ese afán megalómano por dejar de ser la primera dama y convertirse en la sucesora de Álvaro Colom.
No estoy en contra del endeudamiento público, a priori, pero considero que éste debe tener algunos elementos indispensables, como la confianza en las autoridades, la transparencia en la ejecución (que no garantiza ninguna de las entidades multilaterales de desarrollo), los debidos contrapesos que hoy no existen, ya que no contamos con una Contraloría independiente ni con la participación del Congreso de la República cuando se efectúan transferencias; y otros elementos deseables, como el apalancamiento de proyectos productivos que generen sus propios medios de pago, o siquiera de una obra de infraestructura que le quedará de beneficio al país y a sus ciudadanos.
La confianza en quienes mal gobiernan este país está minada; los financistas de campaña de la mal llamada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, parecen buitres tras los contratos grandes del Estado: Gregorio Valdez con más de 1,500 millones de quetzales entre los contratos de carreteras y el de emisión del documento único de identidad; los Cohen, Irvin y Alberto, con su socio Gustavo Alejos, detrás de los millonarios contratos de compra de medicinas, tanto a nivel de la administración central como de la descentralizada, en donde las danzas de millones son de varios miles de ellos. Y para acabarla de amolar, denuncias creíbles y serias de asesinatos de Estado por razón de rapiña en los negocios públicos.
Lo que desea y pide Sandra de Colom a través de su vocero Presidencial (con mayúscula, porque es el Presidente), es una cuenta corriente de 1,200 millones de quetzales para su disposición y uso personal, para que sean pagados por varias generaciones de guatemaltecos que todavía no han nacido siquiera; y eso, ¡no se vale!
Desde nuestra posición de observador del acontecer político, no podemos entender cómo no se pone de acuerdo el sector privado organizado, la sociedad civil y los diputados decentes del Congreso de la República, porque sí los hay, para frenar de una vez por todas este endeudamiento que no tiene pies ni cabeza, y que sólo servirá para fomentar el clientelismo político y la corrupción. Esto sí sería de sentido común.
La crisis financiera estadounidense, que luego se globalizó y se convirtió en crisis económica mundial, tiene dos años de evolución; eso quiere decir que las personas que prepararon el proyecto de presupuesto sabían perfectamente que la cola de ese fenómeno nos iba a pegar duro este año, al disminuir las remesas familiares, las exportaciones de nuestros productos y la liquidez en muchas empresas grandes y pequeños negocios, que son la mayoría de generadores de impuestos y de fuentes de trabajo.
Aquí no existe ni irresponsabilidad ni ignorancia, sino una flagrante estafa a los guatemaltecos al vendernos la idea de los bonos para cubrir algo que no pudieron predecir. Todo ha sido perfectamente planeado. Las autoridades y la señora, que no es autoridad pero exige más que todos, sabían hasta dónde iba a llegar la recaudación fiscal en 2009, y aún así presentaron un presupuesto inflado dolosamente.
En su jugada han logrado engañar a alcaldes, gobernadores y hasta diputados, esos diputados que tristemente no cumplen con su papel de contrapeso, especialmente la dispersa oposición, ya que servirían de fiel de la balanza para impedir que se siga engañando a la población y se conozcan las verdaderas intenciones, que hasta llegaron al colmo de darle a ese gobierno sin cabeza electa, pero gobernado hábilmente por la señora de Colom, la facilidad de hacer transferencias a su antojo.
Hoy no existen contrapesos ni controles en la ejecución del presupuesto, y en ese contexto quieren, insisten en endeudar más al país. ¿Por qué? Porque la primera dama está jugando piñata con los recursos del Estado, a su sabor y antojo, en ese afán megalómano por dejar de ser la primera dama y convertirse en la sucesora de Álvaro Colom.
No estoy en contra del endeudamiento público, a priori, pero considero que éste debe tener algunos elementos indispensables, como la confianza en las autoridades, la transparencia en la ejecución (que no garantiza ninguna de las entidades multilaterales de desarrollo), los debidos contrapesos que hoy no existen, ya que no contamos con una Contraloría independiente ni con la participación del Congreso de la República cuando se efectúan transferencias; y otros elementos deseables, como el apalancamiento de proyectos productivos que generen sus propios medios de pago, o siquiera de una obra de infraestructura que le quedará de beneficio al país y a sus ciudadanos.
La confianza en quienes mal gobiernan este país está minada; los financistas de campaña de la mal llamada Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, parecen buitres tras los contratos grandes del Estado: Gregorio Valdez con más de 1,500 millones de quetzales entre los contratos de carreteras y el de emisión del documento único de identidad; los Cohen, Irvin y Alberto, con su socio Gustavo Alejos, detrás de los millonarios contratos de compra de medicinas, tanto a nivel de la administración central como de la descentralizada, en donde las danzas de millones son de varios miles de ellos. Y para acabarla de amolar, denuncias creíbles y serias de asesinatos de Estado por razón de rapiña en los negocios públicos.
Lo que desea y pide Sandra de Colom a través de su vocero Presidencial (con mayúscula, porque es el Presidente), es una cuenta corriente de 1,200 millones de quetzales para su disposición y uso personal, para que sean pagados por varias generaciones de guatemaltecos que todavía no han nacido siquiera; y eso, ¡no se vale!
Desde nuestra posición de observador del acontecer político, no podemos entender cómo no se pone de acuerdo el sector privado organizado, la sociedad civil y los diputados decentes del Congreso de la República, porque sí los hay, para frenar de una vez por todas este endeudamiento que no tiene pies ni cabeza, y que sólo servirá para fomentar el clientelismo político y la corrupción. Esto sí sería de sentido común.
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