El concepto de la vida republicana, enmarcada dentro del constitucionalismo, implica la aceptación de la capacidad de alguien de representar a los demás para algo que es de provecho y de utilidad para la sociedad.
Cualquiera puede, en el ámbito privado, representar a alguien más; sin embargo, si la representación se ejercita en el ámbito público, la representación se convierte, también, en algo público, sujeto a algunos requisitos.
Para efectos de este ensayo asimilaremos lo público a lo político, dado que lo segundo es, prácticamente, la esencia de lo primero; de ahí que, en adelante, nos refiramos a la representación política como la representación primordial en el ámbito público y medio principal a través del cual suelen actuar las instituciones del Estado.
Dentro de estas últimas tenemos no sólo los Congresos, Parlamentos o Asambleas Legislativas, sino toda una parafernalia que, centralizadamente, tiene que ver con los otros Organismos del Estado (Presidente y Vicepresidente por elecciones directas, por ejemplo, o Magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia por elecciones de segundo grado, en el otro caso); descentralizadamente, con un sinnúmero de entidades que también actúan en nombre del Estado (desde la Corte de Constitucionalidad, las Alcaldías, los Concejos Municipales, etcétera); y hasta en forma personal, como la actividad de fe pública que aquél, el Estado, delega en los notarios; pero nuestra intención, en este momento, es referirnos únicamente a la que se da en los primeros.
Toda representación pública, como dijimos anteriormente, implica algunos requisitos que la persona física que representa a los demás debe cumplir para poder ejercerla apegada a la legalidad, pero también hay consideraciones que permanecen implícitas, y no necesariamente explícitas, para que esa actuación, además de apegada a la ley, también lo sea apegada al Derecho, como la buena fe, el historial ético, los antecedentes apegados también a la moralidad y las buenas costumbres. Las virtudes personales de quienes ejerzan esa representatividad en nombre de los demás son de lo más importante, y las sociedades más educadas y avanzadas son las que tienden a darle más valor a esta escala de principios que fundamentan la conducta de las personas, por encima de otros atributos individuales de cada candidato a representar a los demás.
Lo que motiva hoy estas digresiones, además de lo ya dicho, es el tamaño que dichas entidades corporativas deban tener para ejercer, a cabalidad, las funciones colegiadas de representar a una sociedad.
En un país en donde la población es de tantos millones de habitantes, ¿de qué tamaño debiera ser su Congreso o Asamblea Nacional?
Generalmente, el tamaño de las mismas viene supeditado a cantidades de población, pero no hay impedimento alguno para que, a contrario sensu, se pueda establecer el límite o el número específico de personas que ejerzan esa representación, o diputados en el caso de estudio, y dividir la representación en distritos o en jurisdicciones territoriales de acuerdo al avance o retroceso del número de población dentro del país de que se trate.
Quienes no están de acuerdo con reducir el número de diputados por Congreso, Parlamento o Asamblea, suelen esgrimir el argumento de la representación de minorías, en el sentido de que, al reducir el número de espacios para representar, se limita la capacidad de que grupos políticos minoritarios tengan voz y voto en los debates nacionales y aprobación de leyes pero, según nuestro punto de vista, eso es relativo.
Una minoría bien organizada es capaz de hacerse representar debidamente; una minoría no bien organizada, a la cual la mayoría de la población no la vota, simplemente no debe ocupar un espacio dentro de la discusión y aprobación de los asuntos públicos: el pueblo manda. No es cuestión de ser minoría, per se; una minoría inteligente de seguro será apoyada para que pueda participar legalmente y, en su momento, convertirse en mayoría.
El argumento que podemos esgrimir nosotros, basado en lo que hemos visto a través de tantos años no sólo de observar sino de participar activamente, es que el actual sistema permite la inclusión de una cantidad de minorías; que el mismo se ha vuelto perverso para las cuestiones públicas. Hay mucha facilidad para hacer un partido político y, desde ahí, hay muchos partidos políticos en cuya dirigencia priva, más que todo, la oportunidad de colarse en algún puesto, más que sostener una plataforma de ideas que enriquezcan el debate o que, por decirlo en palabras sencillas, simplemente sirva de algo.
De ahí que veamos muchos partidos políticos que, en el fondo, no se diferencian en absolutamente nada, y sólo sirven de vehículo para que muchos oportunistas se cambien de un partido para otro sin que, insistimos, haya razones de fondo más que de índole electoral, por no decir electorera.
Desde nuestro particular punto de vista, la patria estaría bien servida con un Congreso que tuviese una tercera parte de la cantidad actual de miembros, al estilo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aunque advertimos que en ese país está en discusión, precisamente, ampliar su número, que actualmente es de 57.
En Guatemala, un Congreso de la República con un número fijo de entre 50 y 60 diputados, incluyendo por lo menos 3 que representen a los migrantes que están en el extranjero, que también son Guatemala aunque muchas veces a las autoridades se les olvide, sería más que suficiente.
Lo que necesita un Congreso eficaz y eficiente no es más número de jefes (recordemos que un Congreso no tiene soldados; solamente generales), sino probablemente menos, pero mejor escogidos y mejor apuntalados por asistentes y asesores bien pagados pero bien calificados, no contratados por parentesco o compadrazgo sino por capacidad, para que puedan ejercer con dignidad su labor legislativa y de control.
Han sido públicas nuestras consideraciones alrededor de la reducción necesaria del Parlamento Centroamericano para hacerlo adecuado a la situación, especialmente económica, de los pueblos que representa, en donde una Asamblea Plenaria de 60 diputados, 10 por país miembro por el momento, sería suficiente. Por el contrario, el Parlamento cuenta con una Asamblea de ciento veintitantos diputados (el número varía en función de si se integran o no los ex presidentes y ex vicepresidentes o designados a la presidencia); es decir, con un espectro político que, lo hemos dicho, es probablemente el más amplio del mundo en una institución de esta naturaleza, pero el trabajo es totalmente deficiente (ese “totalmente” bien pensado antes de ponerlo con toda deliberación).
Hoy, en lugar de discutirse si se amplía el presupuesto del Parlamento Centroamericano, porque es el mismo desde que se fundó en 1991, el debate debiera ser la modificación de su Tratado Constitutivo para reducir su tamaño y hacer su actual presupuesto más eficiente.
Todas las ideas son discutibles y están enmarcadas, más o menos, en la época en que se expresan. Cuando se firmó el Acta de Independencia, en 1821, con una Guatemala (que hoy es Centroamérica y parte de México) casi despoblada, el ideal se consideraba un diputado por cada 15,000 habitantes, lo cual nos llevaría hoy, sólo en Guatemala, el país, a un Congreso de unos 935 diputados, lo cual sería insostenible.
La relatividad, como vemos, también se aplica en política y en el aspecto público de nuestros pueblos, y es una verdad innegable que el presupuesto de nuestros países tiene que ser utilizado de manera más eficiente, y un Congreso sobre-dimensionado produce exactamente lo opuesto.
República, Constitución, soberanía, libertades políticas, representación pública, respeto por las minorías, acatamiento de la voluntad de las mayorías, educación de los pueblos, dinero que se emplea para sostener las instituciones, relatividad en el tiempo, valores de la persona... todo está ligado y relacionado.
Sólo esperemos que llegue el día en que las mayorías, no sólo las que representan sino, además, los representados, entiendan los beneficios de lo que aquí dejamos establecido para que, con los cambios necesarios, comencemos a fundar los pilares de una nueva nación y una nueva Centroamérica.
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