SOBRE LA CRISIS INSTITUCIONAL

Las instituciones políticas, en Guatemala, están siendo puestas a prueba.


Tenemos una Corte Suprema de Justicia que, por ley, nombra un Congreso Nacional, con el voto mayoritario de diputados generalmente desacreditados, de cuyo cuerpo colegiado son pocos los que no dan vergüenza, de modo que los magistrados electos, normalmente han respondido a intereses espurios, bandas organizadas para copar el Estado o cualquier otra cosa, menos los altos intereses de La Nación.


La muerte del abogado y notario Rodrigo Rosenberg resucitó, de alguna bandeja empolvada, el proyecto de ley que se convirtió, casi de la noche a la mañana y por efecto de la presión de la sociedad civil, en la Ley de Comisiones de Postulación; una ley imperfecta, desde luego, pero que ayudó muchísimo a que la integración de esta última Corte Suprema de Justicia fuese, digámoslo benévolamente, más idónea. Lamentablemente, un supuesto abogado probo, al verse presidiendo dicho Organismo del Estado, se obnubiló, y en un sólo viaje al extranjero puso nuevamente en entredicho a la misma Corte Suprema de Justicia, en donde el sistema administrativo permite el derroche, el despilfarro, la inmoralidad en la ejecución del presupuesto.


¿Qué decir del Congreso Nacional que no se haya dicho con anterioridad? Baste decir dos cosas: que en nuestro sistema democrático no se puede cerrar el mismo, y que su foro también está integrado por personas respetables, aunque sean pocas, los menos. Lo demás, casi todo es negativo y repetitivo.


El Congreso Nacional debiera ser el lugar en donde se debaten las cosas políticas, las agendas del Organismo Ejecutivo, la problemática nacional. En lugar de ser así, ese debate público se ha ido a la prensa, a las Cámaras, a la Sociedad Civil. Se ha limitado la función de los diputados a la parte legislativa y, en pocos casos, a la contralora, y debiera ser en dicha Institución que se debata y llegue a acuerdos, pero tal parece que, mientras los integrantes de dicho Organismo estén más preocupados en sus negocios personales y en su reelección, amarrando negociaciones que provocan transfuguismo y más descrédito, nunca se dará que el Congreso ocupe el lugar que le corresponde dentro del quehacer político nacional.


Es justo, por lo menos, decir que ha habido verdaderos patriotas (término que no es patrimonio de partido político alguno) que le han dado lustre, dignidad, honor, tanto a la Corte Suprema de Justicia como al Congreso de la República. Esos hombres y mujeres, los menos por mucho, no han brillado por su ausencia, y muchas veces han sido la reserva moral del país, defendiendo principios morales y normas constitucionales en los momentos de crisis, especialmente. Sin embargo, es algo así como inversamente proporcional la cantidad de mentes lúcidas en estas instituciones, en la medida que pasa el tiempo. Ojalá el resto de magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia reivindique esta tendencia.


Por otro lado tenemos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Las pongo así porque Guatemala es un país en donde ambos cargos tienen funciones específica y delimitadas debidamente por la Constitución Política, y no es la segunda únicamente el reemplazo del primero. Son estas dos Instituciones, probablemente, de las más visibles para la población. Desde que inició la era democrática, en 1986, hemos tenido de todo. No vamos a hacer un estudio personal. Baste decir que es importante entender que, de las actuaciones de quienes ocupan estos cargos, depende en gran medida el encanto o desencanto de la población por el quehacer político en general.


Si el Gobierno está encabezado por un pícaro, los niveles de corrupción del aparato administrativo serán, indefectiblemente, corruptos. Si la cabeza privilegia la mentira y el engaño al respeto por la verdad, tendremos ministros farsantes, directores mentirosos y una opinión pública enfrentada con un estilo de manejar las cosas que no comparte, porque el ciudadano común y corriente tal vez no entiende de política, pero es lo suficientemente inteligente para darse cuenta cuando alguien le habla con la verdad o le está mintiendo descaradamente.

Hay que entender que los ciudadanos no están obligados a entender de cosas de política, pero desde el momento en que tiene el contacto con declaraciones de las autoridades, tiene el suficiente sentido común para saber si le toman el pelo o si está frente a alguien que habla derecho.


Así, en estos tiempos en que la sensación es que, además, el Presidente de la República no gobierna, y el segundo de abordo no entiende del funcionamiento administrativo o de política, la credibilidad de dichas instituciones está por los suelos, al grado que muchas personas piensan ya que el actual gobierno es peor que el de Alfonso Portillo, hoy sujeto a varios procesos penales en diferentes países, todos por corrupción, lavado de activos, malversación, enriquecimiento ilícito, etcétera, lo cual es mucho decir, sumado a que muchos de sus ministros y funcionarios, incluyendo a su Vicepresidente, Juan Francisco Reyes, han estado o están presos también por actos de corrupción.


En lo personal, y después de saber que el gobierno de Vicente Cerna, del siglo XIX, era catalogado como el peor gobierno de la historia de Guatemala, sigo creyendo que el gobierno de Alfonso Portillo, por ahora, se va llevando el título del primer lugar de lo malo, a nivel institucional, aunque es justo reconocer que su trabajo por los más pobres y desvalidos del país es algo poco valorizado en la actualidad y que, en la medida que pase el tiempo, será justipreciado.  Aún así, coincido con el sentimiento de esas personas que creen que el actual gobierno, el de Álvaro Colom, está haciendo muchísimos méritos para desbancar al ex-presidente en ese poco honroso primer lugar de lo más malo que ha habido para gobernar nuestro país.  ¡Y me parece que lo va a lograr!


La institucionalidad del Organismo Ejecutivo, entero, está también en crisis y se encuentra sujeta a prueba. Los cambios de Ministros como que fueran calcetines (por no decir otras prendas más íntimas), la mayoría de las veces por situaciones cuestionables; las aprehensiones, varias veces, de las cúpulas policiales que, se supone, deben actuar para defender a la población; y hasta las entendibles diferencias de opinión de dos Ministerios por la prórroga de un contrato de extracción de petróleo en un área protegida, dan una poco sana y permanente sensación de caos en las instancias administrativas. Por lo menos las nuevas autoridades en el Ministerio de Gobernación han entrado sin mucha experiencia pero con suficiente prestigio, debido a actuaciones anteriores, que permiten otorgarles el beneficio de la duda y no sólo dejarlos trabajar sino apoyarlos.


Luego, tampoco ayuda el enorme gasto en programas sociales poco transparentes para la población, en detrimento de los importantes renglones presupuestarios destinados a otros rubros igual de importantes, como seguridad, salud y educación. Y mucho menos ayuda que se le quieran subir los impuestos a muchas cosas porque no hay dinero para seguridad, salud y educación, y comiencen a aparecer los grandes negocios de cupones de gasolina, de compras de medicinas, de negociaciones raras de fertilizantes, de amigos que con una empresita de Q.5 mil ganan el contrato para extender el Documento Personal de Identificación, DPI, por casi Q.1,000 millones.


Estamos en crisis institucional porque, en menos de 15 días, los maestros, con extorsiones a la población trabajadora por parte de algunos de ellos, y actos de terrorismo, consiguen otro aumento salarial del 10%, cuando fue verdaderamente pública la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, hace apenas poco más de un año, en donde el Primer Cuñado de la Nación, como abogado sindical del gremio magisterial, cobró más de Q.30 millones en honorarios por conseguirles el aumento que se les otorgó en esa oportunidad. ¿Será que se volvió a meter otros 30 millones de quetzales por este nuevo aumento? ¿O más? Si se habla de más de 120 mil maestros trabajando para el Estado, ¿cuánto dinero representa dos meses de aumento, que es lo que trascendió la vez pasada que cobró su abogado? Lo anterior contrasta con la falta de aumento salarial, en unos diez años, para los policías, que no tienen oportunidad de hacer huelgas y tienen la carga de enfrentar a la criminalidad armada y organizada del país.


¿Es que el Presidente lo es sólo de los maestros? ¿Es que los policías no tienen necesidades básicas, familias que dependen de ellos? En otra oportunidad me extenderé sobre el tema de la educación en Guatemala (no sólo hay cosas malas que decir, como el párrafo anterior) y, por aparte, en los temas de seguridad y policial. Baste para los efectos de hoy señalar que el Presidente debe serlo de todos los guatemaltecos, y cuando cede a presiones que rayan en terrorismo pero no atiende las necesidades vitales de otro segmento de servidores públicos, se vuelve sectario, distorsiona la escala de ingresos (que tan equilibrada mantuvo siempre el Presidente Jorge Ubico) y envía el perverso mensaje que vale más un maestro que un policía, lo cual no debe ser, pues tanto vale uno como el otro. El resultado, aparte de operar en contra de la población, porque viene resultando casi natural que el encargado de la seguridad se "busque" el complemento de sus ingresos en la calle a costillas de todos nosotros, es que la percepción de la Institución es que es manejada pusilánimemente.


Los gobiernos locales también están en una crisis frente a la población. Primeramente, han sido afectados en la ejecución de sus programas, frente a las comunidades que atienden, no sólo por el clientelismo de la Primera Dama y su supuesto programa social, sino por la crisis económica mundial que ha hecho que baje, en alguna medida, la recaudación fiscal, afectando el situado constitucional y varios programas.


Pero, además, son raras las municipalidades del país en donde los alcaldes están a salvo de la acusación de cualquier vecino o miembro de la prensa, ya no digamos de falta de transparencia y de claridad en el manejo de los recursos financieros, sino de verdaderos actos de corrupción, en donde las modernas investigaciones pueden dar cuenta de la manera como, entre parientes o entre amigos, compadres y testaferros, se reparten obras y dineros y, lo que es peor, se dejan frustradas a las comunidades al no efectuar la obra que, supuestamente, debían realizar.


La misma Universidad de San Carlos, sin demostrar hacia afuera que está en crisis, también la sufre a su manera, y es consecuencia de la buena fe de nuestros constituyentes, que con el afán de mejorar algunos procesos o de despolitizar ternas, involucraron a dicha Universidad, ocasionando ya no la despolitización de las ternas sino la politización de la Universidad, situación parecida a la del Colegio de Abogados y Notarios. Las luchas internas por el poder y la evidente intención de copar las instituciones involucradas por parte del crimen organizado, son problemas latentes y totalmente reales, tanto en la Universidad como en el mencionado Colegio de Abogados.


Hago una leve pausa para hacer una reflexión. Soy de las personas privilegiadas de este bello país, que hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta del nacimiento de la Constitución y de algunas de las instituciones nuevas que contempla; de tener las herramientas académicas y la experiencia necesaria para entenderlas, y el hábito de la lectura y la memoria como para darles seguimiento y comparar.


Bajo ese orden de ideas escribo, ahora, sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, dos instituciones nacidas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. Después de ver y admirar la actuación de varios Procuradores de los Derechos Humanos, como don Gonzalo Menéndez de la Riva, a quien le tocó ocupar el cargo por vez primera, y Ramiro de León Carpio, que tuvo una destacada actuación para el Golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, en 1993, hoy sabemos que la Procuraduría existe, ahí está; pero me pregunto, ¿es adecuado el papel que viene representando dentro de la sociedad guatemalteca?


Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad ha tenido sus altibajos, como cuando fue copada por los políticos del partido político Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y permitieron la inscripción de la candidatura presidencial de su Secretario General, el general Efraín Ríos Montt, quien se supone no podía optar a la Presidencia de la República por haber participado activamente en un Golpe de Estado; pero en los últimos años es de las pocas instituciones guatemaltecas que podemos reconocer que han estado a la altura de las circunstancias y que viene cumpliendo con el cometido que la mencionada Asamblea Nacional Constituyente plasmó en nuestra Constitución. Recordemos que esta Institución jugó un papel importantísimo en el retorno a la constitucionalidad cuando el tristemente recordado ex-presidente Jorge Serrano mandó cerrar el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en mayo de 1993, al grado que el asesinato de su entonces presidente, el valiente y probo jurisconsulto Epaminondas Quintana, se dio poco tiempo después que la misma declarara ilegal las actuaciones de Serrano.


Otras dos instituciones en crisis son el Ministerio Público y la Defensoría Pública Penal. En primer lugar, parece que la segunda tiene más abogados que la primera, de manera que existen más abogados para defender, gratis, a los delincuentes, que abogados para acusarlos en nombre de la sociedad, condenarlos y mantenerlos a resguardo en las prisiones del país. Pero, además, en nada ayudó a la supuesta independencia de la primera, la reunión secreta que el Fiscal General tuvo con el Presidente de la República, apenas un par de días después que se hiciera público el video en donde el abogado Rodrigo Rosenberg, recientemente asesinado, acusara al segundo de estar involucrado en su asesinato; como tampoco ayuda a la segunda las triquiñuelas que han hecho con tal de que el nuevo Director o Directora sea fulano o mengana, llegando al colmo de anular nombramientos efectuados por el mismo Congreso de la República y, ahora, al otro colmo de que pasa el tiempo y simplemente no se nombra al sustituto o sustituta.


En un país en donde quien representa la autoridad no manda; en donde la soberanía de la nación, sus leyes y la voluntad pupular expresada en las urnas ha sido burlada; en donde el poder real es ejercido no por el funcionario electo sino por quien comparte su lecho y, encima, cualquier crítica seria a este tipo de irregularidades "le viene del norte", difícilmente podemos hablar de institucionalidad, más que de encaprichamiento.


Hay muchísimas más instituciones en crisis, pero sería prolijo enumerarlas.


Por si ya se nos olvidó, la vida que hoy llevamos en Guatemala es producto de las conquistas políticas, sociales, culturales, educativas, económicas, de variados tiempos y ocasiones, que sumadas todas vienen a subsumirse en nuestra realidad. Recordemos que muchas de esas conquistas han costado sangre. Desde la proclamación de nuestra independencia ha habido una sucesión de pequeños actos de conquista: primero hubo que desanexarse de México; luego hubo de separarse de la Federación, proceso en el cual hasta fue saqueada la ciudad de Guatemala; unos años después se separó el Estado de los Altos y la reunificación costó muchos mártires, pérdidas económicas y exilio. Y esto último sucedió dos veces.


También perdimos parte del territorio nacional, tanto por el lado que hoy es México, como por el que hoy es El Salvador y, prácticamente, todo Belice.


La fundación de la República se dio en medio de luchas armadas con Honduras y El Salvador, especialmente.


La separación de España en 1821 trajo, en los años subsiguientes, las ideas políticas, de modo que, alrededor de ellas, se aglutinaron, especialmente, los liberales y los conservadores, lo que también trajo la defensa armada de las mismas y, consiguientemente, más muerte y destrucción.


De esa cuenta triunfa la Revolución Liberal el 29 de junio de 1871, al frente de Miguel García Granados, y comienza, con él, una serie de gobiernos liberales que, a veces, se confunden con fuertes dictaduras, como las de Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico.


El primero de los tres murió comprometiendo a Guatemala en una guerra con el resto de Centroamérica, por unificarla a la fuerza (más muertos). El segundo salió a cañonazos después de bombardear indiscriminadamente, desde su finca La Palma (en lo que ahora es La Palmita, zona 5), el Centro de la Ciudad, reportándose más de 700 muertes entre la población civil. El tercero cayó sólo después de gran agitación civil, dejando un testaferro que no aguantó la presión y provocó el levantamiento del 20 de octubre de 1944, movimiento que trajo grandes cambios sociales y que es conocido como la Revolución de Octubre del 44.


Diez años después seguían los enfrentamientos armados, cuando Carlos Castillo Armas derrocó al presidente constitucional Jacobo Arbenz Guzmán.


Con Arbenz, prácticamente se inicia, en 1950, un período gobernado por militares, a excepción de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) que termina hasta en 1986. Durante este largo período de gobiernos militares también se inicia, en 1960, el conflicto armado interno que, en 36 años de guerra, ya que finalizó oficialmente en 1996, produjo más de cien mil muertes (hay quienes cifran 150 mil).


Es decir, el producto de lo que hoy somos ha costado sangre, mucha sangre, de modo que es hasta peligroso no tener conciencia que, cuando no funcionan las instituciones, o cuando funcionan en contra de los ciudadanos, que es peor, estamos tocando un monstruo dormido con capacidad de despertar y devorarnos. Por eso jamás debemos olvidarnos que ha habido un proceso largo de conquistas y que hay que tener un inmenso repeto por la población, que al final de cuentas, con su apoyo, ha ido lográndolas sucesivamente a través de generaciones.


Se hace necesario, entonces, entender nuestro pasado; saber cómo resultaron, hoy, los hilos de esta trama en tal lugar, comprender el entorno y tener la capacidad de visualizar el futuro, para darle la importancia que se merece este conjunto de crisis institucionales que no hablan bien del país y no presagian nada bueno para el futuro cercano.


El paciente que se llama Guatemala ha venido estando enfermo. Hay que tener conocimiento de su historial clínico, excelentes ojos y oídos para elaborar un buen diagnóstico, y suficiente materia gris y experiencia no sólo para recetar, desde lejos, sino para atreverse a decir que la esperanza es nuestra (que la esperanza tampoco es patrimonio de partido político alguno); que estamos dispuestos a ayudar a sacarla adelante; que hoy, más que nunca, necesita del concurso de todos para que convalezca, sane y se levante.


Nuestra patria es digna y linda, y sabrá premiar a los mejores hombres y mujeres que acepten el reto de entenderla y de ayudar a mejorarla y salvarla.


No es justo que, siendo actualmente un país con tanto derramamiento de sangre, sean tan sólo instituciones como los bomberos o algunas otras de beneficencia las únicas que funcionen debidamente.


Se hace necesario curar al país para poder detener ese cotidiano sangrado que venimos padeciendo, y que con el cambio de diez ministros más, si no entendemos lo que el país ha venido necesitando, no lo lograremos.