Gran bulla han metido la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, la prensa escrita y televisada y, ahora, la inoperante Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, al "descubrir" que la oferta de descuento, en la venta al público de medicinas, no es real, porque el precio sugerido que proviene de las droguerías, que surten las farmacias, no es ni por asomo el precio real de las mismas, y viene inflado, de manera que al aplicar el descuento anunciado les queda a las farmacias una gran utilidad.
¡Qué gran descubrimiento! Este procedimiento ha sido el mismo, en la relación comercial droguería-farmacias, desde antes de que existieran la PDH y la DIACO. ¿A quién tratan de engañar?
¿Van a ponerle multas a los supermercados y a las tiendas de barrio porque hacen exactamente lo mismo con sus proveedores? ¿O es que se pretende que quienes le distribuyen al público no tengan su correspondiente ganancia?
Lo mismo sucede con el humilde vendedor de verduras, frutas o montes en cualquier mercado. Compran de un proveedor a precio más barato para vender con alguna ganancia, y si en este caso no hay oferta al público de un descuento en porcentaje, hay negociación, regateo y, al final, siempre un precio qué pagar.
El problema no radica en que las farmacias compren a un precio menor y vendan a otro mayor. ¡Simplemente no podría ser de otra manera!
Donde está el problema es que los laboratorios de medicinas, tanto locales como internacionales, se han cartelizado, es decir, se han puesto de acuerdo para subir, de común acuerdo, los precios de las medicinas, de manera que el público guatemalteco pague más por lo que, comparando precios de los países vecinos, ciudadanos de esos países pagan por los mismos productos.
Este ya no es un tema para la PDH ni para la hasta ahora ineficiente DIACO. Ni siquiera para el Congreso de la República donde están discutiendo alguna ley al respecto.
Con la buena relación que existe con el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, debiera acercársele para unir esfuerzos o aprender (lo decimos en el buen sentido y sin puya alguna) cómo lo hacen allá para romper ese evidente cartel que, alrededor del lucrativo negocio de las medicinas, se ha formado en nuestro país.
Además, Guatemala debiera aprovechar las enormes ventajas que el sistema de compras de medicinas a nivel regional ha demostrado para los gobiernos de los países centroamericanos durante varios años ya.
El de las medicinas no es el único cartel que, evidentemente, nos viene, como ciudadanos, esquilmando.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), con la mejor buena intención del mundo y dentro de la política de liberalización que tan buenos resultados ha dado en las comunicaciones, también se liberalizó el precio que, hasta entonces, se mantenía controlado en la venta de combustibles; pero es obvio que, en este caso específico, la competencia no funcionó, y con el tiempo hubo una empresa que asumió un papel preponderante, marcando los precios que las demás compañías, más pequeñas, simplemente fueron asumiendo, al grado que hoy el precio de los diversos combustibles no sólo es el mismo, prácticamente, en todos los establecimientos de la capital, lo que demuestra que no hay competencia, sino es ostensiblemente más alto de lo que debería ser.
La libre competencia y el libre mercado son sanos para todos, pues empujan la calidad hacia arriba y los precios hacia abajo, además que ayudan a no retornar a la época de desabastecimiento que, quienes somos mayores, ya vivimos en otros tiempos, pero de alguna manera el Estado debe garantizar que esa oferta de productos se dé sin que los operadores se pongan de acuerdo para defraudar a un público cautivo.
Esperamos ver unas autoridades con una visión más clara de lo que sucede y tomando las decisiones que corresponden. La ciudadanía de la que formamos parte estamos alerta de lo que, al respecto, van a hacer en nuestro beneficio.
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Hoy, en las ofertas impresas de los supermercados que salen todos los jueves, llama la atención la "oferta al público" de una bolsa de leche en polvo, cuyo precio es supuestamente más bajo del precio que, dicen ellos, en que regularmente se vende. Yo reto a que demuestren que alguna vez se ha vendido una bolsa de ese producto al precio regular que ahí señalan que cuesta regularmente. Todas esas técnicas son estrategias de ventas y todas esas ofertas conllevan engaño. ¿Van a imponerle una multa similar a la que le pusieron a las farmacias a los supermercados, a los importadores de la leche o a algún otro intermediario que se presta a difundir esas mentiras, como los medios impresos?
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