LA EXPERIENCIA PARLAMENTARIA, LA SENSIBILIDAD SOCIAL, EL SALARIO MÍNIMO Y LOS DERECHOS HUMANOS

     Siempre hemos visto como algo natural la defensa de la parte débil en cualquier circunstancia.  Si los animales tienden a hacerlo, ¿por qué nosotros no?

     Durante nuestra gestión parlamentaria, en algún momento, caímos en cuenta lo importante que era constituirnos en portavoces de los que tenemos años de denominar "los sin voz": ese conglomerado humano desorganizado que sobrevive en condiciones extremas de pobreza, que carga muchas veces el yugo de la ignorancia y que pasa la vida, entre el polvo y el lodo según sea la estación del año, acarreando agua, proveyéndose de leña y muriéndose de hambre.

     Es a ellos a quienes nos hemos referido cuando afirmamos que hay varias Guatemalas; y porque no los veamos desde nuestras cómodas oficinas o no los escuchemos en la radio o en la televisión, medios a los cuales no tienen acceso, no significa que no existan. ¡Son de carne y hueso! Son quienes ven morir a sus niños llenos de lombrices; son quienes oyen toser toda la noche al esposo, a la madre, y no pueden más que desearle mejoría y ofrecerle a tomar una "agüita".

     En condiciones ideales, si existiera una sola Guatemala, es decir, una sociedad homogénea en la cual todo el mundo tiene oportunidades y la mayoría tiene un trabajo y un salario digno, la aplicación de un salario mínimo podría funcionar para la generalidad, pero desde el momento en que unos viven, aunque con grandes limitaciones y problemas, en un mundo de agua potable, de iluminación en las calles, de transporte público subsidiado, y otros no, resulta lógico que las características de las necesidades de ambos segmentos de población sean diferentes.

     Recordemos que el acceso a un trabajo digno, el bienestar económico, el poder acceder a una educación y a la cultura son Derechos Humanos de Segunda Generación, y si bien quisiéramos que todos los trabajadores tuviesen mejores ingresos reales, lo que sucede es que el salario mínimo ayuda generalmente a quienes ya tienen un trabajo remunerado en lo más bajo de la escala salarial, pero se olvida de "los sin voz", que son mayoría, que tienen las mismas necesidades básicas que el resto de la población pero no hay oportunidades para ellos y, encima, están en mayores riesgos frente a la desnutrición, frente a las enfermedades.

     ¿Qué hacemos como políticos o como simples seres humanos cuando la contradicción es entre el derecho al trabajo o al bienestar económico, derechos humanos de Segunda Generación, frente al derecho a la vida, que es un Derecho Humano inherente a la persona, es decir, de Primera Generación?

     Los trabajadores suelen estar agremiados en sindicatos que velan por las mejoras en sus prestaciones laborales, y la Comisión Nacional del Salario está diseñada para establecer el precio del trabajo de quienes ya tienen trabajo formal, que según estadísticas son únicamente como un 30% de la Población Económicamente Activa, PEA, (el índice de informalidad, en diciembre de 2013, fue reportado en 76%).  Pero "los sin voz" no tienen, en esa Comisión, quién hable por ellos.  De ahí que no puedan ser escuchados, aunque sean mayoría, y que sus argumentos no tengan abogado que los plantee y los defienda.  ¡Es una raza estoica, suelen decir!

     Pongámonos un momento en la situación de pobreza y en las necesidades elementales no satisfechas de nuestros hermanos guatemaltecos y dejemos el egoísmo para ayudar a resolver el problema de fondo, que es la atracción de mayores inversiones para que haya trabajo digno e ingresos dignos para las mayorías, alguna vez.

     Los líderes sindicales tienen razón al tener temor de que el número de plazas que hoy tienen o el ingreso mínimo que han logrado se caigan, pues en el gobierno, y en los gobiernos recientes, no ha habido un liderazgo que denote mayores cambios en los niveles de inversión en nuevos proyectos en el país.  Pero no la tienen, ni el Procurador de los Derechos Humanos que nos ha mandado al primer año de la carrera de Derecho, cuando, a pesar de representar a mucha gente, no representan a las grandes mayorías, o cuando le dan prioridad a un derecho humano sobre otro (ya veremos cómo falla la Corte de Constitucionalidad).

     Nosotros queremos pensar que se avecina un gobernante fuerte, visionario y que inspire la confianza para que se comiencen a cambiar algunas estructuras y a articular una nueva política que integre a todas las Guatemalas; que no se gobierne ni para los campesinos ni para la gente que vive en las ciudades, sino para todos, y que al generar el clima de confianza éste se constituya en el elemento catalizador de nuevas inversiones, de nuevos proyectos que permitan crear miles de nuevas plazas de trabajo y que, al constituirse por lo menos la mayoría en sujetos de un salario mínimo, podamos hablar de medidas que beneficien a la mayor parte de la población.

     No se trata de conocer o no los Derechos Humanos o de estar en contra, por oponerse, del salario mínimo; es pensar en todos, es ver a la parte mayoritaria que no se queja y que sufre en silencio; es cuestión de humanidad.

     "Los sin voz" tendrán, siempre, en nosotros, a alguien que entienda sus circunstancias, que sienta sus penas, que exprese sus anhelos y que exija sus derechos.

EL GOBERNANTE QUE GUATEMALA NECESITA

     La publicación del último Índice de Desarrollo Democrático de la fundación Konrad Adenauer, al compararnos con los demás países del hemisferio, nos retrata de cuerpo entero: los políticos que nos han gobernado lo han hecho mal y, lo que es peor, nuestro sistema democrático no funciona.

    Ha habido experimentos involucrando a la Academia, a la Comunidad Internacional, creando Superintendencias y muchas clases de entidades autónomas, pero todo ha sido producto de nuestra costumbre de “apagar incendios”; los modelos intentados están fallando y las rajaduras en el tejido social y en el ambiente productivo, que redundan en nuestros resultados económicos, cada día se acentúan.

     Los contrapesos que en un sistema republicano debieran funcionar, equilibrando el funcionamiento de los organismos del Estado, aquí son motivo de negociaciones que van detrás del enriquecimiento ilícito, de la cooptación de las instituciones, de la prolongación del ejercicio del poder.

     Nunca antes Guatemala había estado tan desabastecida en su red de salud, tanto hospitalaria como de los pequeños centros de atención del interior del país.  El descaro en las compras y contrataciones en casi todos los Ministerios ha curtido a una opinión pública que casi claudica y se resigna a aguardar que se vayan los actuales gobernantes para ver quién vendrá a seguir despedazando la piñata.

     ¡Esto tiene que cambiar!

   Si hacemos un ejercicio proyectando a futuro la dinámica perversa en la que venimos, llegará un momento en que la deuda pública será tan grande que ya nadie nos prestará y la finanzas del Estado colapsarán; en el Ministerio de Educación podríamos llegar a tener un ciento por ciento del presupuesto ocupado en salarios; el costo por kilómetro de construcción de nuestras carreteras probablemente llegaría a los US$.10 millones.  ¡Estamos metidos en una vorágine que nos está consumiendo!

     Mientras tanto, la eterna división entre lo urbano con algún tipo de oportunidades, y la gente que vive asfixiada en lo rural porque no hay progreso ni se ve salida, puede llegar a límites peligrosos para nuestra pervivencia como sociedad, como nación.  ¡La gente ya no aguanta tanta estupidez y tanto saqueo!

    Por eso, ahora que estamos en año electoral, proponemos que, como grupo social integrado, tratemos de visualizar cuál es el tipo de gobernante que queremos, pues es urgente evitar el colapso total de nuestras ya débiles instituciones.

    Es fundamental, por ejemplo, que quien haya de gobernarnos tenga la más amplia experiencia demostrada, pero no sólo de hacer currículum, sino como hacedor(a).  Cualquiera que cumpla con ser guatemalteco y tener la edad debida y demás requisitos constitucionales nos puede gobernar, pero hay que tener cuidado: ¡los gobiernos nos han estado llevando al hoyo! Por eso es vital fijarse en qué tipo de experiencia tiene cada uno de los candidatos, pues cada gobierno es fiel reflejo de la persona que lo ejerce.

    El tema de los principios y valores que manejen los pretendientes a gobernarnos también es primordial.  No nos quejemos después si ponemos como presidente a alguien que como candidato no respeta la ley, ni la convocatoria a elecciones que está ligada, también, al respeto al ciudadano.  Si en su mentalidad está pintar todo el país y no sólo las piedras, los puentes, los postes y los árboles sino hasta los símbolos nacionales, después no nos quejemos que, otorgándole poder, le pase encima a todo lo que debiera proteger y cuidar.

    Si de la experiencia conocida de los ahora candidatos se detecta que, por encima de la buena fe en una gestión, está la ambición por el dinero o por el poder, esa debiera ser suficiente señal para irlos descartando, sobre todo cuando el enriquecimiento ilícito es evidente.  Nuestro voto, en este caso y en el anterior, no sólo debe ir a otra persona sino debe enviar una señal muy clara de castigo.  ¡Es el ciudadano unido en el acto de votar quien tiene que marginar para siempre este tipo de conductas en política!

  Guatemala ha producido muy pocos o ningún estadista y muchos gobernantes poco preparados, pero eso no implica que la ciudadanía no se ponga de acuerdo para identificar a quien mejor lo puede hacer por sobre los que más dinero gastan o salen de primero a alborotar nuestra tranquilidad.  Eso de que ahora le toca a quien quedó de segundo la vez pasada es de las cosas que más daño le han hecho al país.  ¡Estamos a tiempo de meditar el voto!

  Quien pretenda gobernarnos debe tener ideas bien claras cimentadas sobre una amplia visión de futuro del país, un conocimiento profundo de las “guatemalas” que conviven en nuestro suelo y una vocación por servirle a todos y a todas.  Por eso hay que reflexionar, también, sobre las lealtades de los candidatos: a quién se deben, a quién le deben, cuánto le deben...  

     Cuando escuchamos de vínculos con el narcotráfico, con grupos extranjeros de sicarios o de la simple “venta” de plazas para diputados dentro de sus partidos, debiéramos reflexionar sobre la conveniencia de otorgar por ahí nuestro voto.  ¡No seamos ingenuos!  ¡Toda deuda de un candidato de algún modo la paga el país, no el candidato!

    Si vemos nacer candidaturas que ya vienen atadas a un sector específico, tengamos por seguro que al llegar a ser gobierno, si no cae en el sectarismo, por lo menos le será difícil hasta ver a quienes no lo han acompañado desde un principio.  ¡Inclinémonos por candidatos enterados, visionarios, de experiencia, con valores morales e independientes de grupos de poder o de delincuentes!

     Guatemala está lista para acoger a un candidato que reúna todas estas cualidades y que comience a gobernar para todos; uno que le ponga freno a la corrupción pero no con palabras, sino encabezando una reforma estructural en un sistema de compras y contrataciones que fuera diseñado por políticos para ser aplicados por políticos, al cual urge dar por terminado para que surja uno nuevo, apoyado en la agilidad y asepsia de la tecnología y con los tiempos de fiscalización invertidos, es decir, con la debida publicidad previa para que los ciudadanos puedan detener un desembolso, y no después, cuando ese dinero ya desapareció.

     Guatemala está lista para no sólo dejar de endeudarse sino para dejar de ser esclava del Fondo Monetario Internacional, del BID o del Banco Mundial, y todo ese dinero que hoy se va en intereses ir poco a poco invirtiéndolo en la gente.

     En resumen, Guatemala necesita un gobernante lo más parecido a un estadista, que vea más allá del país, en el contexto internacional, y del ahora, para guiarnos con su más capacitada visión por las profundidades del siglo XXI y hasta del XXII.  Uno con los pantalones bien puestos para tomar decisiones, incluyendo las que tienen que ver con el corrupto sistema político, para cambiarlo.  Uno cuya lealtad esté con el ciudadano de a pie y no con las cúpulas ni con las organizaciones criminales.  Uno que sea lo suficientemente antisistema para comenzar una revolución pacífica que termine con esos experimentos políticos que no sólo no han llevado a nada sino nos han enredado más como nación.

     Guatemala, con los miles de niños y jóvenes que migran anualmente exponiéndose a la esclavitud, a la mutilación y hasta a la muerte, está raspando el fondo y urge un cambio más profundo en todo sentido; uno que propicie que las instituciones funcionen, que las inversiones vengan al país, que se multipliquen las oportunidades para quienes menos tienen o no tienen nada.

     Nos urge un gobernante con la fuerza e inteligencia suficientes para romper estructuras y construir otras bases sobre las cuales Guatemala renazca. libre y fecunda, ¡como nuestro árbol nacional, la ceiba!

LA FUNCIÓN CONTRALORA DEBE CORRESPONDER AL CIUDADANO. IDEAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS

     Varias veces hemos expresado que, antes de poner más impuestos, hay que arreglar el tema de las compras y contrataciones del Estado.  En ese orden de ideas debemos reiterar que, si seguimos haciendo las cosas de la manera tradicional, los resultados siempre serán los mismos.

     Una Contraloría General de Cuentas que permite todo lo que los ciudadanos ya conocemos debería haber desaparecido hace tiempo.  Por el contrario, como un cambio de esta naturaleza corresponde a quienes tienen el control político, que son precisamente quienes tienen el control sobre los fondos públicos, este cambio no se dará sino hasta que haya alguien con los atributos y la claridad de ideas necesarias para implementarlo.  ¿Que se necesita reformar la Constitución? ¡Exacto! Por nosotros no habría problema.

     Para comenzar, el nombramiento del Contralor no debería de estar a cargo de los políticos sino de los contribuyentes (nos negamos a utilizar el término "tributario", el cual no terminamos de comprender).  Nuestra propuesta es simple.  Para el Estado es fácil establecer quiénes son las personas jurídicas y físicas que más contribuyen con sus impuestos, y con esta información debería sacarse un listado con los 2,000 mayores contribuyentes.

     Con este listado se procedería a formar varios grupos: el primero, de los 100 mayores contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 7 años; el segundo, de los siguientes 150 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 6 años; el tercero, de los siguientes 200 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 5 años; el cuarto, de los siguientes 250 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 4 años; y el quinto, de los siguientes 300 contribuyentes que, entre ellos, elegirían su representante cada 3 años.

     Al final, tendremos un Consejo de la Contraloría de cinco miembros que se irían renovando de diferente manera y le aportarían ideas renovadas y estabilidad, al mismo tiempo.  Este Consejo sería el encargado de nombrar, fiscalizar y, en su caso, destituir al Contralor General de Cuentas de la Nación.  Es decir, si alguien debe fiscalizar las cuentas del Estado, que dependa y esté fiscalizado por un grupo de personas conformado por quienes más contribuyen a las arcas del mismo, y no de quienes está a cargo el manejo de las cuentas y del gasto público.

     Este Consejo de la Contraloría debería tener no sólo iniciativa de ley con respecto a aspectos de transparencia y de procedimientos administrativos, sino total independencia de cualquier instancia de gobierno y de los demás órganos del Estado y, sin capacidad alguna de sugerir o de nombrar personal dentro de la misma, sí tener la potestad de regular su política interna, de fiscalizar las actuaciones y de transmitir sus hallazgos a la ciudadanía.

     Por su parte, el Contralor General de Cuentas tendría responsabilidad total de nombrar o de remover a su personal y, específicamente, de su gestión.  No se le puede exigir a alguien que cumpla si se le nombra gente extraña.  Debe trabajar con personal de su confianza y brindar resultados, o hacerse a un lado.  No debería ser, por fuerza, un profesional de la Auditoría sino la persona idónea que el Consejo estime en condiciones de brindar los resultados que se esperan.

     Finalmente, la gestión administrativa de comprar o de contratar obra o servicios debe ser auditada antes de que se hagan los pagos y no después, como sucede actualmente.  Si se establecen los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos tanto para darle la publicidad debida y oportuna a cada cosa como en el manejo de los fondos en las cuentas bancarias, con los controles cruzados que sean necesarios, el funcionario podría solicitar tal o cual compra o contratación, la ciudadanía en general se enteraría de todo lo que se pretende comprar o negociar, habría un tiempo mínimo de publicidad para que cualquier ciudadano, a través de mensajes de texto, electrónicos y hasta fotografías, dé alguna señal de alarma o se oponga, y si no hay argumentos válidos para oponerse, si los precios y las calidades están dentro de los rangos permitidos, y si existen los fondos en la partida para hacer pago contra entrega o conforme sean las bases de la licitación de que se trate, entonces la Contraloría aprobaría, electrónicamente, las negociaciones.

     Las lealtades, hoy, están invertidas; los tiempos también, pues de nada sirve, está demostrado, que después del trueno los contralores griten: ¡Jesús, María!  Son inmensas fortunas las que funcionarios corruptos se llevan, cual ratas, gobierno tras gobierno, y las cosas verdaderamente tienen qué cambiar para bien del país.

     En una nación donde los niños se mueren en el campo, los médicos no tienen cómo atender pacientes en los hospitales y centros de salud y la educación está por los suelos para una niñez y juventud mayoritaria, cada centavo cuenta.

     Estamos seguros que con una Contraloría dependiente de quienes más contribuyen y los sistemas administrativos apropiados, el dinero alcanzaría mejor para tanto que falta hacer, atender y construir en nuestro país.  Si no cambiamos esta parte de la historia será sumamente difícil salir de la pobreza, eliminar el hambre y combatir la ignorancia, tres jinetes apocalípticos a quienes hay que doblegar, y seguimos teniendo confianza en que, más que los políticos de turno, somos los ciudadanos quienes, enfocados como uno solo, tenemos muchos qué decir al respecto.

EL GRAN SECRETO DETRÁS DE UNAS SIMPLES PAPAS

     Dentro de las primeras decisiones que, como Director por Guatemala del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, tuvimos que tomar, estuvieron el apoyo económico a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, COMTELCA, para proporcionarle una fuerte estructura de fibra óptica a la región que sirviese de base para conectar a los países centroamericanos al mundo a través de Internet, al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, SIEPAC, para, como dice el nombre mismo, interconectar a la región en sus sistemas eléctricos, algo que hoy está comenzando a rendir dividendos al estabilizar la oferta eléctrica y los precios para todos.

     Otra decisión importante, de esa época (entre 1996 y 1997), fue la de apoyar económicamente el Proyecto de Competitividad de Centroamérica que, en Guatemala, se convirtió en el Proyecto Nacional de Competitividad, PRONACOM, una interesante iniciativa trabajada por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos de América.

     Este último proyecto es al que, hoy, deseamos referirnos, pues se trata de una "criatura" que vimos nacer desde sus inicios y a la cual le tenemos especial aprecio porque nació y comenzó a funcionar en las instalaciones del BCIE, en Guatemala, durante nuestra gestión en ese Banco Regional de Desarrollo.

     El gobierno de Guatemala no tenía presupuesto para alquilar un local para el programa pero sí estaba interesado en impulsarlo y tuvo la capacidad de convocar a un grupo destacado de empresarios y profesionales para comenzar a debatir sobre el mismo y darle impulso, de tal manera que, un par de años después, hasta le gestionó y consiguió un financiamiento con otro banco de desarrollo.

     Fue en esa época y dentro de este proyecto que se comenzó a hablar, en Guatemala, de "clusters" y de "benchmarking", y tuvimos la oportunidad de contar, varias veces, con el acompañamiento personal de Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los economistas más influyentes del mundo en términos de desarrollo sostenible.

     Recordamos las interesantes discusiones del grupo, dentro de las cuales se tomó la decisión de trabajar únicamente tres temas, de tantos que había sobre la mesa de trabajo.  Uno de ellos, el primero que asumimos, fue el "Cluster de la papa".

     Era una época en que los productores de papa sufrían por la inestabilidad de los precios producida, en parte, por la inconsistencia de la oferta.  Por otro lado, se sabía que las cadenas de comida rápida estaban importando casi toda la papa que, ya procesada y congelada, freían para el consumo, de modo que el país tenía que gastar dólares para comprar un producto que podíamos producir en el país y los productores producían variedades de papa que no le interesaban a la industria de procesamiento de alimentos.

     Este es uno de los casos exitosos en donde la autoridad electa y la iniciativa privada representada por los empresarios y profesionales que formaban parte del Consejo del PRONACOM pudieron ponerse de acuerdo para establecer qué era lo que más convenía para la competitividad y el beneficio del país y, especialmente, para la multitud de campesinos productores de papa que hoy, prácticamente, surten Centroamérica y el sureste mexicano.

     Hace años que dejamos la Dirección por Guatemala del BCIE y las reuniones del PRONACOM, pero hace unos días, en una de nuestras ocasionales visitas al mercado de La Terminal en la zona 4 de la capital guatemalteca, nos encontramos con una variedad de papas poco común.  Al preguntar, se nos indicó que es la variedad "ICTA" (que quiere decir Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola), de modo que entendemos que ha de ser una variedad desarrollada por una prestigiosa entidad de gobierno, diseñada para su industrialización para suplir a quienes venden palillos de papa frita, más conocidas como "papas a la francesa".

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Una pequeña muestra de papas ICTA producidas en el altiplano guatemalteco.  Compárese con el tamaño del celular.

     Nada cuesta imaginar que, en este "cluster" salen ganando los productores, pues producen una variedad de producto que pueden vender a los grandes consumidores; ganan quienes antes importaban la papa, pues es lógico pensar que la podrán adquirir a mejores precios, ya que no hay transporte de congelados de país a país, ni seguros de viaje ni impuestos de importación de por medio; ganan los consumidores al obtener un producto de igual calidad a un precio más accesible y ganan el gobierno y la paz social porque hay más oportunidades de trabajo e ingresos en las áreas rurales y, por ende, algún ingreso extra por impuestos al consumo.

     Si tan sólo los gobiernos repensaran todos los procesos en que se involucra a un usuario final que se llama ciudadano, o se impulsara en todos los ámbitos la competitividad del país, en lugar de ser un motivo de zozobra y de freno a las inversiones, todos viviríamos mejor.