LA FUNCIÓN CONTRALORA DEBE CORRESPONDER AL CIUDADANO. IDEAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE FONDOS

     Varias veces hemos expresado que, antes de poner más impuestos, hay que arreglar el tema de las compras y contrataciones del Estado.  En ese orden de ideas debemos reiterar que, si seguimos haciendo las cosas de la manera tradicional, los resultados siempre serán los mismos.

     Una Contraloría General de Cuentas que permite todo lo que los ciudadanos ya conocemos debería haber desaparecido hace tiempo.  Por el contrario, como un cambio de esta naturaleza corresponde a quienes tienen el control político, que son precisamente quienes tienen el control sobre los fondos públicos, este cambio no se dará sino hasta que haya alguien con los atributos y la claridad de ideas necesarias para implementarlo.  ¿Que se necesita reformar la Constitución? ¡Exacto! Por nosotros no habría problema.

     Para comenzar, el nombramiento del Contralor no debería de estar a cargo de los políticos sino de los contribuyentes (nos negamos a utilizar el término "tributario", el cual no terminamos de comprender).  Nuestra propuesta es simple.  Para el Estado es fácil establecer quiénes son las personas jurídicas y físicas que más contribuyen con sus impuestos, y con esta información debería sacarse un listado con los 2,000 mayores contribuyentes.

     Con este listado se procedería a formar varios grupos: el primero, de los 100 mayores contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 7 años; el segundo, de los siguientes 150 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 6 años; el tercero, de los siguientes 200 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 5 años; el cuarto, de los siguientes 250 contribuyentes que, entre ellos, elegirían una persona que los represente por 4 años; y el quinto, de los siguientes 300 contribuyentes que, entre ellos, elegirían su representante cada 3 años.

     Al final, tendremos un Consejo de la Contraloría de cinco miembros que se irían renovando de diferente manera y le aportarían ideas renovadas y estabilidad, al mismo tiempo.  Este Consejo sería el encargado de nombrar, fiscalizar y, en su caso, destituir al Contralor General de Cuentas de la Nación.  Es decir, si alguien debe fiscalizar las cuentas del Estado, que dependa y esté fiscalizado por un grupo de personas conformado por quienes más contribuyen a las arcas del mismo, y no de quienes está a cargo el manejo de las cuentas y del gasto público.

     Este Consejo de la Contraloría debería tener no sólo iniciativa de ley con respecto a aspectos de transparencia y de procedimientos administrativos, sino total independencia de cualquier instancia de gobierno y de los demás órganos del Estado y, sin capacidad alguna de sugerir o de nombrar personal dentro de la misma, sí tener la potestad de regular su política interna, de fiscalizar las actuaciones y de transmitir sus hallazgos a la ciudadanía.

     Por su parte, el Contralor General de Cuentas tendría responsabilidad total de nombrar o de remover a su personal y, específicamente, de su gestión.  No se le puede exigir a alguien que cumpla si se le nombra gente extraña.  Debe trabajar con personal de su confianza y brindar resultados, o hacerse a un lado.  No debería ser, por fuerza, un profesional de la Auditoría sino la persona idónea que el Consejo estime en condiciones de brindar los resultados que se esperan.

     Finalmente, la gestión administrativa de comprar o de contratar obra o servicios debe ser auditada antes de que se hagan los pagos y no después, como sucede actualmente.  Si se establecen los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos tanto para darle la publicidad debida y oportuna a cada cosa como en el manejo de los fondos en las cuentas bancarias, con los controles cruzados que sean necesarios, el funcionario podría solicitar tal o cual compra o contratación, la ciudadanía en general se enteraría de todo lo que se pretende comprar o negociar, habría un tiempo mínimo de publicidad para que cualquier ciudadano, a través de mensajes de texto, electrónicos y hasta fotografías, dé alguna señal de alarma o se oponga, y si no hay argumentos válidos para oponerse, si los precios y las calidades están dentro de los rangos permitidos, y si existen los fondos en la partida para hacer pago contra entrega o conforme sean las bases de la licitación de que se trate, entonces la Contraloría aprobaría, electrónicamente, las negociaciones.

     Las lealtades, hoy, están invertidas; los tiempos también, pues de nada sirve, está demostrado, que después del trueno los contralores griten: ¡Jesús, María!  Son inmensas fortunas las que funcionarios corruptos se llevan, cual ratas, gobierno tras gobierno, y las cosas verdaderamente tienen qué cambiar para bien del país.

     En una nación donde los niños se mueren en el campo, los médicos no tienen cómo atender pacientes en los hospitales y centros de salud y la educación está por los suelos para una niñez y juventud mayoritaria, cada centavo cuenta.

     Estamos seguros que con una Contraloría dependiente de quienes más contribuyen y los sistemas administrativos apropiados, el dinero alcanzaría mejor para tanto que falta hacer, atender y construir en nuestro país.  Si no cambiamos esta parte de la historia será sumamente difícil salir de la pobreza, eliminar el hambre y combatir la ignorancia, tres jinetes apocalípticos a quienes hay que doblegar, y seguimos teniendo confianza en que, más que los políticos de turno, somos los ciudadanos quienes, enfocados como uno solo, tenemos muchos qué decir al respecto.