La izquierda centroamericana nos volvió a sorprender, en la Asamblea Plenaria pasada del Parlamento Centroamericano, al llevar, consensuada entre ellos, una iniciativa para defender carniceros de su misma ideología, en la cual se pintan solos, en la que solicitan se busque una salida negociada a la crisis libia, en una clara intención de hacerle ganar tiempo al dictador de Trípoli.
Por supuesto que nosotros apoyamos, pero proponiendo dos cambios, uno de ellos, que el ya avejentado coronel Muhamar Gadafi abandone el poder después de prácticamente 42 años de ejercerlo con mano de hierro. La propuesta, por supuesto, no pasó, pero fueron grandes los aplausos y tremenda la algarabía (para utilizar un término árabe, en su tercera acepción) cuando la iniciativa sí fue aprobada, como si el contexto de la opinión pública internacional vaya a mover un dedo por buscar una salida negociada a tan complejo conflicto armado interno, sólo porque el PARLACÉN lo declaró.
Toda esta defensa oficiosa (ex nihilo nihil fit, "nada surge de la nada"), era poco entendible como no fuera originada por el aspecto puramente ideológico que es muy fuerte entre marxistas, según hemos podido comprobar, pero cada vez es más comprensible en la medida que hay más información y ésta, a su vez, permite que el proceso de razonamiento vaya concatenando causas y efectos de las actuaciones de los voceros de la izquierda radical de Centroamérica y sus ad latere.
Por ejemplo, la reciente vinculación que se hace de Mohamed Mahamed Lasthar (que en algunos cables de prensa aparece como Lashtar), pues ahora resulta que, a través de uno de los miles de cables filtrados a través de wikileaks, por parte de embajadores de Estados Unidos de América, se sabe que este personaje, suplente del diputado por Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, Jacinto Suárez Espinoza (página 33), es, además de Secretario Privado de Daniel Ortega, el Presidente de la República, sobrino del coronel Muhamar Gadafi, quien viene gobernando Libia, con mano de hierro, desde hace más de 4 décadas.
Según el cable, toda esta información también era compartida por el gobierno del Reino de España.
Las notas de prensa de este caso son interesantes de leer, pues este obscuro personaje, de quien casi nadie sabe nada, no sólo dirige las inversiones libias de Gadafi en Nicaragua (el cable habla de las de la región de Tisma y las de San Francisco Libre, una agropecuaria, etc), de las cuales la más reciente es la concesión del canal 49 de la televisión nicaragüense, sino tiene otras actividades que comentaremos más adelante.
Todo comenzó cuando llegó a Nicaragua, alrededor del año 1980, pero durante los años de oposición de Ortega, de 1990 a 2006, según dice el cable, sirvió para canalizar el dinero libio, de Gadafi, para las campañas de Ortega, hasta que logró su reelección.
Pero investigando un poco más nos encontramos con cables noticiosos de otros tiempos, como el de 2007, en donde se le vincula con la indoctrinación islámica de Venezuela y Chiapas, especialmente, pero también en Nicaragua, y de otros datos interesantes, como que ha formado su propia red de inteligencia y que ha sido el vínculo entre los intentos de Irán, Venezuela, Argentina, Cuba, México y Nicaragua, especialmente, de formar la "Federación Latinoamericana de Trabajadores Nucleares", en donde se sabe, por correos electrónicos que han salido a luz, que están vinculados polacos, suecos y franceses, además de Al Qaeda, a través de familiares de Osama bin Laden.
Llama la atención, también, que este libio nacionalizado nicaragüense, quien opera desde su oficina en las instalaciones de la Cancillería de este país, ha permitido el ingreso a Nicaragua, sin visa, de 3 libios y 21 iraníes provenientes de Caracas. ¿ligados al plan de armar artefactos atómicos que la prensa viene denunciando desde principios de 2005? ¡quién sabe! pero todo esto es muy sospechoso. ¿Cuál es la fuente de poder de un extranjero en este país, por mucho que se haya nacionalizado?
Por último, al final de esta otra nota de prensa, hay tres apartados que merecen leerse con detenimiento: "El misterioso Lashtar", "Se nacionalizó hace mucho", y "El préstamo de Gaddafi" (sic), en donde, resumidamente, por información recuperada de Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes" (amigo personal de Jacinto Suárez, según se indica), comandante de las FARC muerto en un bombardeo de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano, se sabe que Reyes le escribió a Daniel Ortega para que interpusiera sus buenos oficios para que Gaddafi (sic) le prestara 100 millones de dólares para comprar armamento antiaéreo, ante la presión de la fuerza aérea gubernamental.
¿Qué hace de Daniel Ortega un intermediario válido a la vista de conocidos comandantes guerrilleros para interceder ante la inmensa fortuna amasada por Muhamar Gadafi en Libia? ¿Qué está sucediendo, realmente, en Nicaragua, con el dinero a manos llenas que le ha llegado a Daniel Ortega de parte de Gadafi y de Hugo Chávez?
¿Estamos ante una interferencia directa y monetaria en los asuntos internos de los Estados de la región, y por eso la izquierda centroamericana se une graníticamente a defender lo que a las luces de la inteligencia, de la razón y del sentido común es indefendible?
No cabe duda que Gadafi y Chávez, teniendo la plata que le roban a sus respectivos pueblos y que trasladan a nuestras latitudes, tienen ya no influencia sino gran poder de decisión en nuestros pequeños países, al grado que es obvio que están ejerciendo su ius primae noctis, y los corifeos de la izquierda que anidan en el Parlamento Centroamericano no tienen más remedio que gozarla con la ilusión que algo de esa riqueza malhabida les ha de tocar, seguramente.
Vana ilusión, si los que siempre están dispuestos a "sacrificarse" para reelegirse, aunque la Constitución no se los permita, son los Gadafis, los Ortegas y los Chávez, no los niños y niñas del coro parlamentario centroamericano. ¡No cabe duda que el que es buey hasta la coyunda lame!
Así y todo, podrá haber amistad e intereses, pero esa sangre inocente derramada por mantener en el poder a un tirano les habrá de salpicar para siempre.
Yo hice mi parte: ¡que caiga Gadafi y cualquier otro tiranuelo con aires de redentor que tanto pululan ahora en el trópico de América!
Y lo vuelvo a hacer ahora: repito, como dije hace más de un año en este espacio, que Daniel Ortega está llevando a Nicaragua a una guerra civil, y ahora, a la luz de estos datos, agrego: el delicado equilibrio en Centroamérica podría perderse si Daniel Ortega, ya reelecto, hace con el resto de Centroamérica lo que Gadafi y Chávez vienen haciendo con él, financiarlo.
Si Daniel Ortega se convierte en fuente de distribución del dinero mal habido en Libia y en Venezuela, (porque es poco creíble que lo haga con dinero nicaragüense) con poco puede alterar completamente el espectro político de uno de nuestros países que, aunque con imperfecciones, todavía son muchísimo más democráticos que el que él dirige.
A ver cuándo el mundo voltea a ver lo que este Presidente, electo democráticamente pero a punto de convertirse en dictador, viene haciendo desde que su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, rompió con todas las normas legales y fracturó el sistema democrático al hacerse, por la mala, con las elecciones municipales de noviembre de 2008.
Recordemos todos que los vasos comunicantes en Centroamérica son fuertes, y que lo que pase allá afectará a todos, unos más que a otros, pero al conjunto.
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miércoles, 27 de abril de 2011
viernes, 17 de septiembre de 2010
LA JURAMENTACIÓN DE MANUEL ZELAYA EN EL PARLACÉN
Referirse a la juramentación de Manuel, "Mel" Zelaya, el ex Presidente hondureño, como diputado del Parlamento Centroamericano, es evocar otros tiempo y otros golpistas.
Jorge Serrano, el ex Presidente guatemalteco que dio un Golpe de Estado en mayo de 1993, jamás se incorporó a este foro regional; por el contrario, siendo fieles al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a la Constitución Política de la República de Guatemala, quien se juramentó como ex Presidente, al concluir su mandato, fue Ramiro de León Carpio.
El caso de Manuel Zelaya no debiera ser diferente, pues violó la Constitución, fue, a su vez, depuesto por otro Golpe de Estado y, conforme a la constitución hondureña, llegó a ocupar el cargo, electo por el Congreso Nacional de ese país de acuerdo al procedimiento constitucional, Roberto Micheletti, de manera que habiendo sido destituido formalmente por el otro Organismo del Estado, de acuerdo a normas de la mayor jerarquía vigentes con anterioridad, no hay mucho en dónde sustentar la llegada de Zelaya al Parlamento Centroamericano, como no sea la gana de continuar revolviendo las instituciones por donde pasa.
Fue público que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, nombró a Manuel Zelaya, cuando el tiempo que no perdona pasó y no pudo éste volver a ocupar el poder, le otorgó un puesto en una organización de la integración de América del Sur sufragada con fondos provenientes del petróleo de Venezuela, por lo cual la lealtad de Zelaya está en Caracas, o en los pozos petroleros de Maracaibo, pero no en Centroamérica.
¿Qué le llega a aportar al PARLACÉN? A mí me ha tocado trabajar, codo a codo, con varios ex Presidentes hondureños: José Simón Azcona del Hoyo, Rafael Leonardo Callejas Romero, Carlos Roberto Reina Idiáquez, fueron mis compañeros de trabajo, de pensamiento, en este foro regional. Todos ellos tenían experiencia acreditada construyendo democracia, forjando las instituciones de su país, para bien o para mal. Sin embargo, lo que conocemos de Zelaya es únicamente la manifestación personalísima de perpetuarse en el poder, y una carencia de escrúpulos para pasarle encima a las normas jurídicas más elevadas de su país, tratando de vernos (me incluyo) la cara de tontos al pretender hacer creer que era una "encuesta" lo que quería hacer, forzando la ilegal colocación de una cuarta urna no contemplada en la ley y, además, prohibida por sus leyes (que no es lo mismo), de modo que no podemos prever su llegada para aportar.
Por el contrario, la llegada de Zelaya al Parlamento Centroamericano sólo la podemos apreciar como un tremendo miedo a quedar sin protección jurídica por los supuestos delitos que cometió en su país, y al juramentarse, pretenderá, quizás, que lo cubra un manto de impunidad que no corresponde a la realidad del Parlamento, ya que la misma puede ser levantada por decisión de su Asamblea Plenaria.
Sin embargo, el atrevimiento del Presidente Jacinto Suárez, de juramentarlo "por sus pistolas", sólo retrata, con ampliación, la situación de prepotencia a la cual está acostumbrado en su natal Nicaragua, en donde es normal, como he denunciado en este espacio, que le pasen encima a la oposición política y que se limpien espacios sucios con los textos legales, propiciando negociaciones vergonzosas, acuerdos bochornosos y, lo más delicado, orillando el país a una crítica situación que no es hoy el objeto, pero que ha quedado documentada también en este espacio.
Juramentar un ex Presidente por la puerta de atrás, casi con nocturnidad y despoblado, dice mucho. Hasta para ellos, acostumbrados a todo, es algo así como una vergüenza hacerlo, pero constituye una necesidad.
En fin, Hugo Chavez, Daniel Ortega, Manuel Zelaya, Jorge Serrano, ¿qué diferencia hay?
Veremos qué explicaciones dará el Presidente Jacinto Suarez en la próxima reunión de Asamblea Plenaria, en la cual vaticino que habrá reclamos fuertes y se reavivará el debate que, por Centroamérica, por todos nuestros países, debió haber finalizado con la llegada de Porfirio Lobo a la Presidencia de Honduras, pero que ni la Organización de Estados Americanos, OEA, ni los ideologizados Presidentes de la ALBA, han permitido, en detrimento de los respetables ciudadanos hondureños y en perjuicio de las más básicas ideas de respeto a los demás, de libertad de elección y de acatamiento a la voluntad de las mayorías.
Jorge Serrano, el ex Presidente guatemalteco que dio un Golpe de Estado en mayo de 1993, jamás se incorporó a este foro regional; por el contrario, siendo fieles al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a la Constitución Política de la República de Guatemala, quien se juramentó como ex Presidente, al concluir su mandato, fue Ramiro de León Carpio.
El caso de Manuel Zelaya no debiera ser diferente, pues violó la Constitución, fue, a su vez, depuesto por otro Golpe de Estado y, conforme a la constitución hondureña, llegó a ocupar el cargo, electo por el Congreso Nacional de ese país de acuerdo al procedimiento constitucional, Roberto Micheletti, de manera que habiendo sido destituido formalmente por el otro Organismo del Estado, de acuerdo a normas de la mayor jerarquía vigentes con anterioridad, no hay mucho en dónde sustentar la llegada de Zelaya al Parlamento Centroamericano, como no sea la gana de continuar revolviendo las instituciones por donde pasa.
Fue público que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, nombró a Manuel Zelaya, cuando el tiempo que no perdona pasó y no pudo éste volver a ocupar el poder, le otorgó un puesto en una organización de la integración de América del Sur sufragada con fondos provenientes del petróleo de Venezuela, por lo cual la lealtad de Zelaya está en Caracas, o en los pozos petroleros de Maracaibo, pero no en Centroamérica.
¿Qué le llega a aportar al PARLACÉN? A mí me ha tocado trabajar, codo a codo, con varios ex Presidentes hondureños: José Simón Azcona del Hoyo, Rafael Leonardo Callejas Romero, Carlos Roberto Reina Idiáquez, fueron mis compañeros de trabajo, de pensamiento, en este foro regional. Todos ellos tenían experiencia acreditada construyendo democracia, forjando las instituciones de su país, para bien o para mal. Sin embargo, lo que conocemos de Zelaya es únicamente la manifestación personalísima de perpetuarse en el poder, y una carencia de escrúpulos para pasarle encima a las normas jurídicas más elevadas de su país, tratando de vernos (me incluyo) la cara de tontos al pretender hacer creer que era una "encuesta" lo que quería hacer, forzando la ilegal colocación de una cuarta urna no contemplada en la ley y, además, prohibida por sus leyes (que no es lo mismo), de modo que no podemos prever su llegada para aportar.
Por el contrario, la llegada de Zelaya al Parlamento Centroamericano sólo la podemos apreciar como un tremendo miedo a quedar sin protección jurídica por los supuestos delitos que cometió en su país, y al juramentarse, pretenderá, quizás, que lo cubra un manto de impunidad que no corresponde a la realidad del Parlamento, ya que la misma puede ser levantada por decisión de su Asamblea Plenaria.
Sin embargo, el atrevimiento del Presidente Jacinto Suárez, de juramentarlo "por sus pistolas", sólo retrata, con ampliación, la situación de prepotencia a la cual está acostumbrado en su natal Nicaragua, en donde es normal, como he denunciado en este espacio, que le pasen encima a la oposición política y que se limpien espacios sucios con los textos legales, propiciando negociaciones vergonzosas, acuerdos bochornosos y, lo más delicado, orillando el país a una crítica situación que no es hoy el objeto, pero que ha quedado documentada también en este espacio.
Juramentar un ex Presidente por la puerta de atrás, casi con nocturnidad y despoblado, dice mucho. Hasta para ellos, acostumbrados a todo, es algo así como una vergüenza hacerlo, pero constituye una necesidad.
En fin, Hugo Chavez, Daniel Ortega, Manuel Zelaya, Jorge Serrano, ¿qué diferencia hay?
Veremos qué explicaciones dará el Presidente Jacinto Suarez en la próxima reunión de Asamblea Plenaria, en la cual vaticino que habrá reclamos fuertes y se reavivará el debate que, por Centroamérica, por todos nuestros países, debió haber finalizado con la llegada de Porfirio Lobo a la Presidencia de Honduras, pero que ni la Organización de Estados Americanos, OEA, ni los ideologizados Presidentes de la ALBA, han permitido, en detrimento de los respetables ciudadanos hondureños y en perjuicio de las más básicas ideas de respeto a los demás, de libertad de elección y de acatamiento a la voluntad de las mayorías.
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jueves, 15 de octubre de 2009
LA TRISTE CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA EN LAS FAUCES DEL LOBO
Antes de que finalizara la primera quincena de noviembre de 2008 fue presentada a la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, con sede en Managua, Nicaragua, la demanda que contiene varias acciones de nulidad, una consulta y una acción de incumplimiento, incoada en contra del Parlamento Centroamericano, especialmente por la sucia elección de la Junta Directiva que encabeza la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto, la ya famosa "Coordinadora de Debates" porque no le puedo otorgar el rango de Presidenta, que con tal de llegar a este puesto de relativo poder, que por cierto le sirvió de plataforma para encabezar el listado de candidatos a diputado del Partido Liberal de Honduras, recurrió al voto ilegal e ilegítimo de los Observadores de República Dominicana, que son 22, violando y violentando, a pesar de decir que es abogada, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Todo lo anterior, a pesar de haber recibido el PARLACEN, y de haberse leído en la Asamblea Plenaria anterior a la elección que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2008, una orden cautelar de la misma CCJ, en donde ordenaba expresamente excluir del padrón electoral a los Observadores.
El tiempo ha transcurrido y la CCJ, maliciosamente, influida en gran medida por los cuestionados Magistrados de Nicaragua, una militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN y hermana del poderoso exguerrillero y ahora Presidente del Banco Central de Nicaragua; el otro, proveniente de la oposición, pero "casualmente" absuelto de los tribunales ordinarios de Nicaragua, en manos de los sandinistas, por cargos de acoso sexual en contra de la ex jueza Juana Mariela Vargas Rocha, quien siendo la parte débil, fue obligada a renunciar; decimos "casualmente" absuelto porque fue casualidad que, de acusado de un delito de género, pasó, con el voto de los sandinistas, a ocupar el cargo de Magistrado de la CCJ. ¡Vaya bandeja de plata! La pregunta es: ¿gratis? ¿a quién sirve, hoy, este cuestionado magistrado? (la minúscula es a propósito).
Ahora bien, el 22 de octubre, dentro de 6 días, se llevará a cabo una nueva elección de Junta Directiva del PARLACEN, sólo que esta vez no le toca la Presidencia a Honduras, sino a Nicaragua, debido al orden alfabético que el Tratado Constitutivo contempla. El candidato del partido de gobierno de Nicaragua, el FSLN de Daniel Ortega (por si quieren saber de acoso sexual, sólo pongan en el buscador de Internet: Ortega y Zoilamérica), deviene, naturalmente, el Secretario de Relaciones Internacionales y diputado centroamericano, Jacinto Suárez, de modo que el partido de gobierno de Nicaragua tiene especial interés en que este proceso electoral que se avecina esté asegurado. ¡Y lo aseguran 22 votos totalmente ilegales que sólo vienen a seguir ensuciando al PARLACEN, a la Junta Directiva y a toda la clase política regional!
De ahí la ingerencia, todo este año, dentro del proceso de demanda que entablamos oportunamente, de los testaferros de Ortega Saavedra y del FSLN en la CCJ.
Ahora que la prensa independiente, tanto de Honduras como de República Dominicana, ha dado a conocer que existe un fallo que ordena limitar el voto a los diputados, señalando que los Observadores tienen derechos restringidos mientras tengan ese rango, por lo cual no deben votar ni ser electos en elecciones internas, resulta que la CCJ se niega a notificar a las partes dicha sentencia.
¿A quién creer? ¿Es la prensa independiente mentirosa? ¿Es el Secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, quien falta a la verdad? Porque el miércoles 14 de octubre, en horas de la tarde, se apersonó el abogado y patriota nicaragüense, Adolfo García Esquivel, en calidad de abogado de quien escribe, a solicitar que se le notificara, y la respuesta del doctor Guerrero fue que no han firmado la sentencia.
La lectura que tenemos de lo que sucede es que los sandinistas ejercen demasiada presión sobre la CCJ. No extrañaría que, en lugar de fallar jurídicamente, es decir, conforme a Derecho, hayan pactado políticamente, asegurando la sucesión de un nuevo "Coordinador de Debates" afin a Daniel Ortega, y hayan recubierto de relativa legalidad el acuerdo político, dándole una apariencia de fallo correcto, pero que llega después de que se llevó a cabo la elección programada para el próximo 22 de octubre, permitiendo que ésta se realice con un procedimiento que, según se sabe del texto de la sentencia, establecieron que es ilegal.
El entorno territorial de una corte de esta naturaleza no debiera ser el de uno que es gobernado por personas cuestionadas, acostumbradas a violar las leyes, a comprar jueces, a pactar sobre todo lo que sea y después ver cómo se las arreglan con la Ley. Si a esto sumamos que la CCJ está, ahora, gracias a que el expresidente Manuel Zelaya enloqueció de poder y que los hondureños lo depusieron, en las fronteras territoriales del imperialismo chamo, ese que liderado por Hugo Chávez, invocando a Bolívar y con el apoyo de los petrodólares que paga Estados Unidos, disfraza de integración toda esa intervención en los asuntos internos de otros países de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, ya como maleta repleta de dólares, como en Argentina; ya como compra de libros, como en Uruguay, o venta subsidiada y apalancada de petróleo, como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero petróleo que no es otorgado a los Estados, sino a los líderes incondicionales en forma personal, quienes se dedican a limosnear y a agradecer al todopoderoso héroe de Oliver Stone, comparándolo con Jesucristo porque reparte la riqueza que pertenece a los venezolanos.
Sí, estos líderes incondicionales e ideologizados ahora tienen muchísimo poder, el que les da el dinero producto de la venta del petróleo que Hugo Chávez les está casi regalando, a costa del los venezolanos. Ese gran poder lo tiene Daniel Ortega, frente a una CCJ débil y condenada a seguir funcionando en Managua, su sede conforme al Estatuto que le dio vida. Tales situaciones lo ponen a uno, con los colmillos largos en política por los años de bregar en élla, a pensar. Y conste que fue un nicaragüense a quien le escuché, por vez primera, hace más de 12 años, el dicho aquél que dice: "Piensa mal y acertarás".
Ya que la llamada "Comunidad Internacional" está tan preocupada por el resguardo de la democracia en Centroamérica y de sus procesos democráticos, públicamente denuncio el nuevo fraude electoral que políticos mañosos como la "Coordinadora de Debates" y sus huestes quieren hacer. El Parlamento Centroamericano es el órgano político más importante del Sistema de la Integración de Centroamérica, al igual que la Corte Centroamericana de Justicia lo es en el ámbito de la Administración de Justicia, y los dos órganos están viciados por un tema que no debiera calentarles tanto la cabeza. ¿Presidir el Parlamento? ¿Quién se muere por presidir un Organismo a quien nadie voltea a ver, haga lo que haga?
Lo que se está dando en el PARLACEN es un Golpe de Estado Técnico, cantado de antemano por este servidor, con documentación que lo soporta, con personajes de carne y hueso y con nombres propios y apellidos que, con estas actitudes, traicionan, como Manuel Zelaya lo hizo, el voto de sus electores, ya que nadie ha sido electo para estos cargos con la finalidad de llegar a violar las leyes deliberadamente. Eso sucedió en Honduras y eso está sucediendo, actualmente, en el Parlamento Centroamericano. La Unión Europea que tanto ha apoyado el retorno a la democracia en nuestra región, tanto como al Parlamento Centroamericano; que tanto ha condenado a Honduras y le quiere seguir imponiendo condiciones. ¿Dónde está en estos momentos en que se está fraguando y llevando a cabo este fraude?
La pregunta final es la siguiente: ¿Qué papel está jugando, en todo esto, la Reunión de Presidentes, la que Oscar Arias calificó de inoperante?
Ya en el pasado señalé las ingerencias en este asunto, a principios de este año, del Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien sabemos se comunicó referente al problema en que estaban sus Observadores, con el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue, al final de cuentas, quien se encargó de hablar, a su vez, con algunos Magistrados de la CCJ y con el Presidente nicaragüense Daniel Ortega; todavía no sabemos más allá.
Ese antecedente, cuando ya ha sido publicado en República Dominicana el revés político y jurídico del Presidente Leonel Fernández, no sería de extrañar que las llamadas ahora fuesen directamente a Daniel Ortega y Álvaro Colom, y que fuesen ellos mismos, totalmente afines ideológicamente, quienes estuvieran detrás del silencio de la CCJ. El caso de El Salvador es diferente, ya que los diputados centroamericanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, están totalmente alineados con estas ilegalidades y con la causa de sus colegas hondureña y nicaragüense, así como con los Observadores, pero el Presidente de ese país, Mauricio Funes, todavía me inspira la confianza de ser un político limpio, franco, que podría no prestarse, a pesar de las presiones del partido que lo llevó al poder, a entrometerse en asuntos propios de la CCJ o del PARLACEN.
La pequeña porción de historia de nuestra región que aquí narro, se está escribiendo cada hora, cada minuto. No sabemos a ciencia cierta qué pasará. Seguimos atentos a los sucesos que nos atrevemos a compartir con Uds., nuestros electores, a quienes jamás dejamos de tener en mente porque tenemos un mandato, sobre el cual nos referiremos en próxima oportunidad.
El tiempo ha transcurrido y la CCJ, maliciosamente, influida en gran medida por los cuestionados Magistrados de Nicaragua, una militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN y hermana del poderoso exguerrillero y ahora Presidente del Banco Central de Nicaragua; el otro, proveniente de la oposición, pero "casualmente" absuelto de los tribunales ordinarios de Nicaragua, en manos de los sandinistas, por cargos de acoso sexual en contra de la ex jueza Juana Mariela Vargas Rocha, quien siendo la parte débil, fue obligada a renunciar; decimos "casualmente" absuelto porque fue casualidad que, de acusado de un delito de género, pasó, con el voto de los sandinistas, a ocupar el cargo de Magistrado de la CCJ. ¡Vaya bandeja de plata! La pregunta es: ¿gratis? ¿a quién sirve, hoy, este cuestionado magistrado? (la minúscula es a propósito).
Ahora bien, el 22 de octubre, dentro de 6 días, se llevará a cabo una nueva elección de Junta Directiva del PARLACEN, sólo que esta vez no le toca la Presidencia a Honduras, sino a Nicaragua, debido al orden alfabético que el Tratado Constitutivo contempla. El candidato del partido de gobierno de Nicaragua, el FSLN de Daniel Ortega (por si quieren saber de acoso sexual, sólo pongan en el buscador de Internet: Ortega y Zoilamérica), deviene, naturalmente, el Secretario de Relaciones Internacionales y diputado centroamericano, Jacinto Suárez, de modo que el partido de gobierno de Nicaragua tiene especial interés en que este proceso electoral que se avecina esté asegurado. ¡Y lo aseguran 22 votos totalmente ilegales que sólo vienen a seguir ensuciando al PARLACEN, a la Junta Directiva y a toda la clase política regional!
De ahí la ingerencia, todo este año, dentro del proceso de demanda que entablamos oportunamente, de los testaferros de Ortega Saavedra y del FSLN en la CCJ.
Ahora que la prensa independiente, tanto de Honduras como de República Dominicana, ha dado a conocer que existe un fallo que ordena limitar el voto a los diputados, señalando que los Observadores tienen derechos restringidos mientras tengan ese rango, por lo cual no deben votar ni ser electos en elecciones internas, resulta que la CCJ se niega a notificar a las partes dicha sentencia.
¿A quién creer? ¿Es la prensa independiente mentirosa? ¿Es el Secretario de la CCJ, Orlando Guerrero, quien falta a la verdad? Porque el miércoles 14 de octubre, en horas de la tarde, se apersonó el abogado y patriota nicaragüense, Adolfo García Esquivel, en calidad de abogado de quien escribe, a solicitar que se le notificara, y la respuesta del doctor Guerrero fue que no han firmado la sentencia.
La lectura que tenemos de lo que sucede es que los sandinistas ejercen demasiada presión sobre la CCJ. No extrañaría que, en lugar de fallar jurídicamente, es decir, conforme a Derecho, hayan pactado políticamente, asegurando la sucesión de un nuevo "Coordinador de Debates" afin a Daniel Ortega, y hayan recubierto de relativa legalidad el acuerdo político, dándole una apariencia de fallo correcto, pero que llega después de que se llevó a cabo la elección programada para el próximo 22 de octubre, permitiendo que ésta se realice con un procedimiento que, según se sabe del texto de la sentencia, establecieron que es ilegal.
El entorno territorial de una corte de esta naturaleza no debiera ser el de uno que es gobernado por personas cuestionadas, acostumbradas a violar las leyes, a comprar jueces, a pactar sobre todo lo que sea y después ver cómo se las arreglan con la Ley. Si a esto sumamos que la CCJ está, ahora, gracias a que el expresidente Manuel Zelaya enloqueció de poder y que los hondureños lo depusieron, en las fronteras territoriales del imperialismo chamo, ese que liderado por Hugo Chávez, invocando a Bolívar y con el apoyo de los petrodólares que paga Estados Unidos, disfraza de integración toda esa intervención en los asuntos internos de otros países de que hemos tenido noticia en los últimos tiempos, ya como maleta repleta de dólares, como en Argentina; ya como compra de libros, como en Uruguay, o venta subsidiada y apalancada de petróleo, como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, pero petróleo que no es otorgado a los Estados, sino a los líderes incondicionales en forma personal, quienes se dedican a limosnear y a agradecer al todopoderoso héroe de Oliver Stone, comparándolo con Jesucristo porque reparte la riqueza que pertenece a los venezolanos.
Sí, estos líderes incondicionales e ideologizados ahora tienen muchísimo poder, el que les da el dinero producto de la venta del petróleo que Hugo Chávez les está casi regalando, a costa del los venezolanos. Ese gran poder lo tiene Daniel Ortega, frente a una CCJ débil y condenada a seguir funcionando en Managua, su sede conforme al Estatuto que le dio vida. Tales situaciones lo ponen a uno, con los colmillos largos en política por los años de bregar en élla, a pensar. Y conste que fue un nicaragüense a quien le escuché, por vez primera, hace más de 12 años, el dicho aquél que dice: "Piensa mal y acertarás".
Ya que la llamada "Comunidad Internacional" está tan preocupada por el resguardo de la democracia en Centroamérica y de sus procesos democráticos, públicamente denuncio el nuevo fraude electoral que políticos mañosos como la "Coordinadora de Debates" y sus huestes quieren hacer. El Parlamento Centroamericano es el órgano político más importante del Sistema de la Integración de Centroamérica, al igual que la Corte Centroamericana de Justicia lo es en el ámbito de la Administración de Justicia, y los dos órganos están viciados por un tema que no debiera calentarles tanto la cabeza. ¿Presidir el Parlamento? ¿Quién se muere por presidir un Organismo a quien nadie voltea a ver, haga lo que haga?
Lo que se está dando en el PARLACEN es un Golpe de Estado Técnico, cantado de antemano por este servidor, con documentación que lo soporta, con personajes de carne y hueso y con nombres propios y apellidos que, con estas actitudes, traicionan, como Manuel Zelaya lo hizo, el voto de sus electores, ya que nadie ha sido electo para estos cargos con la finalidad de llegar a violar las leyes deliberadamente. Eso sucedió en Honduras y eso está sucediendo, actualmente, en el Parlamento Centroamericano. La Unión Europea que tanto ha apoyado el retorno a la democracia en nuestra región, tanto como al Parlamento Centroamericano; que tanto ha condenado a Honduras y le quiere seguir imponiendo condiciones. ¿Dónde está en estos momentos en que se está fraguando y llevando a cabo este fraude?
La pregunta final es la siguiente: ¿Qué papel está jugando, en todo esto, la Reunión de Presidentes, la que Oscar Arias calificó de inoperante?
Ya en el pasado señalé las ingerencias en este asunto, a principios de este año, del Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien sabemos se comunicó referente al problema en que estaban sus Observadores, con el entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue, al final de cuentas, quien se encargó de hablar, a su vez, con algunos Magistrados de la CCJ y con el Presidente nicaragüense Daniel Ortega; todavía no sabemos más allá.
Ese antecedente, cuando ya ha sido publicado en República Dominicana el revés político y jurídico del Presidente Leonel Fernández, no sería de extrañar que las llamadas ahora fuesen directamente a Daniel Ortega y Álvaro Colom, y que fuesen ellos mismos, totalmente afines ideológicamente, quienes estuvieran detrás del silencio de la CCJ. El caso de El Salvador es diferente, ya que los diputados centroamericanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, están totalmente alineados con estas ilegalidades y con la causa de sus colegas hondureña y nicaragüense, así como con los Observadores, pero el Presidente de ese país, Mauricio Funes, todavía me inspira la confianza de ser un político limpio, franco, que podría no prestarse, a pesar de las presiones del partido que lo llevó al poder, a entrometerse en asuntos propios de la CCJ o del PARLACEN.
La pequeña porción de historia de nuestra región que aquí narro, se está escribiendo cada hora, cada minuto. No sabemos a ciencia cierta qué pasará. Seguimos atentos a los sucesos que nos atrevemos a compartir con Uds., nuestros electores, a quienes jamás dejamos de tener en mente porque tenemos un mandato, sobre el cual nos referiremos en próxima oportunidad.
martes, 7 de julio de 2009
EL SANDINISMO COPA LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
En la primera quincena de noviembre de 2008 demandé al Parlamento Centroamericano por segunda vez.
La primera fue hace años, porque algunos diputados, la mayoría, se pusieron de acuerdo para recetarse una indemnización de 5,000 dólares estadounidenses por período, nos pasaron encima con una resolución que estuvimos deteniendo más de año y medio y no quedó más que demandar, solicitando las medidas cautelares que garantizaran la inamovilidad de los recursos mientras venía una nueva legislatura que, al no estar de acuerdo, revocara lo resuelto, como efectivamente sucedió.
Esta segunda demanda la planteé por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a su Reglamento Interno, por varias razones, pero especialmente porque se permitió que, en la elección de Junta Directiva, votaran los Observadores Permanentes de República Dominicana, sin ser diputados electos y, por consiguiente, por carecer de la calidad necesaria para elegir y para ser electo para dichos cargos. Además, el mencionado Tratado Constitutivo permite la acreditación de 20 observadores y República Dominicana tiene 22.
Toda esta trama fue fraguada, en su oportunidad, por Juan Francisco Reyes López y algunos otros diputados centroamericanos, especialmente del grupo político de izquierda, y usufructuada por un grupo de directivos espurios encabezados por la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macotto, abogada a la que no doy más que un trato de Coordinadora de Debates que, o no entiende la ley o la interpreta siguiendo las enseñanzas del depuesto presidente de su mismo partido, Manuel Zelaya, con la misma prepotencia y autoritarismo que a ambos les caracterizan.
Desde que la demanda fue planteada, los corifeos de Daniel Ortega en la Corte Centroamericana de Justicia se dedicaron a entorpecer la misma, con descalificaciones, desde adentro, a su propio Presidente, un jurista hondureño denominado Darío Lobo, a quien no conozco, todo con el afán de mantener control sobre el curso de las trampas.
A estas alturas, mi experiencia y mi visión política me señalan que la farsa judicial la quieren mantener el suficiente tiempo como para que los irrespetuosos Observadores de República Dominicana, quienes votan todos obedeciendo instrucciones de quien los puede destituir, el presidente Leonel Fernández, vuelvan a votar en bloque (o en piara) y coloquen de Presidente del Parlamento Centroamericano a uno de los seguidores más cercanos de Daniel Ortega, con lo cual podemos asegurar que, si los tentáculos del poder de Managua, con el dinero que le brinda Petrocaribe, ya tienen control sobre el organismo que debe administrar la justicia, poco le falta para que lo mismo se pueda decir sobre el organismo deliberante y que recomienda, control que hasta el 29 de junio en que Zelaya fue depuesto, fue ejercido por éste, Daniel Ortega y Leonel Fernández y Álvaro Colom, quien puso, mediante estos acuerdos, a su correligionario Julio González Gamarra.
Al final encontrarán el escrito presentado este lunes 7 de julio de 2009 ante la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual debería servir de denuncia pública de lo que está sucediendo en las instituciones de la integración de la región, para que la prensa y el mundo no sean sorprendidos, después, por situaciones que debieran ser del interés de todos.
Si este grupo ideológico actuara dentro de las normas democráticas, sin trampas, probablemente sería yo uno de los que apoyaría sus candidaturas, pero es insoportable la actitud autoritaria, prepotente, violatoria de las normas que, en su desesperación por tener poder, irradian por todos lados. Más les valdría trabajar por la integración y no por destruir el andamiaje legal, la seguridad jurídica, los principios democráticos y lo que no me cansaré de repetir: el sentido común. Por favor, entérese y comparta.
La primera fue hace años, porque algunos diputados, la mayoría, se pusieron de acuerdo para recetarse una indemnización de 5,000 dólares estadounidenses por período, nos pasaron encima con una resolución que estuvimos deteniendo más de año y medio y no quedó más que demandar, solicitando las medidas cautelares que garantizaran la inamovilidad de los recursos mientras venía una nueva legislatura que, al no estar de acuerdo, revocara lo resuelto, como efectivamente sucedió.
Esta segunda demanda la planteé por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a su Reglamento Interno, por varias razones, pero especialmente porque se permitió que, en la elección de Junta Directiva, votaran los Observadores Permanentes de República Dominicana, sin ser diputados electos y, por consiguiente, por carecer de la calidad necesaria para elegir y para ser electo para dichos cargos. Además, el mencionado Tratado Constitutivo permite la acreditación de 20 observadores y República Dominicana tiene 22.
Toda esta trama fue fraguada, en su oportunidad, por Juan Francisco Reyes López y algunos otros diputados centroamericanos, especialmente del grupo político de izquierda, y usufructuada por un grupo de directivos espurios encabezados por la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macotto, abogada a la que no doy más que un trato de Coordinadora de Debates que, o no entiende la ley o la interpreta siguiendo las enseñanzas del depuesto presidente de su mismo partido, Manuel Zelaya, con la misma prepotencia y autoritarismo que a ambos les caracterizan.
Desde que la demanda fue planteada, los corifeos de Daniel Ortega en la Corte Centroamericana de Justicia se dedicaron a entorpecer la misma, con descalificaciones, desde adentro, a su propio Presidente, un jurista hondureño denominado Darío Lobo, a quien no conozco, todo con el afán de mantener control sobre el curso de las trampas.
A estas alturas, mi experiencia y mi visión política me señalan que la farsa judicial la quieren mantener el suficiente tiempo como para que los irrespetuosos Observadores de República Dominicana, quienes votan todos obedeciendo instrucciones de quien los puede destituir, el presidente Leonel Fernández, vuelvan a votar en bloque (o en piara) y coloquen de Presidente del Parlamento Centroamericano a uno de los seguidores más cercanos de Daniel Ortega, con lo cual podemos asegurar que, si los tentáculos del poder de Managua, con el dinero que le brinda Petrocaribe, ya tienen control sobre el organismo que debe administrar la justicia, poco le falta para que lo mismo se pueda decir sobre el organismo deliberante y que recomienda, control que hasta el 29 de junio en que Zelaya fue depuesto, fue ejercido por éste, Daniel Ortega y Leonel Fernández y Álvaro Colom, quien puso, mediante estos acuerdos, a su correligionario Julio González Gamarra.
Al final encontrarán el escrito presentado este lunes 7 de julio de 2009 ante la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual debería servir de denuncia pública de lo que está sucediendo en las instituciones de la integración de la región, para que la prensa y el mundo no sean sorprendidos, después, por situaciones que debieran ser del interés de todos.
Si este grupo ideológico actuara dentro de las normas democráticas, sin trampas, probablemente sería yo uno de los que apoyaría sus candidaturas, pero es insoportable la actitud autoritaria, prepotente, violatoria de las normas que, en su desesperación por tener poder, irradian por todos lados. Más les valdría trabajar por la integración y no por destruir el andamiaje legal, la seguridad jurídica, los principios democráticos y lo que no me cansaré de repetir: el sentido común. Por favor, entérese y comparta.
"Referencia: expediente 9-12-11-2008
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
Finalizo repitiendo, luego de que se ha enterado: comparta antes de que sea tarde.
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