La sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, en el expediente por la demanda que planteara en Contra del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, fue finalmente notificada el día miércoles 21 de octubre de 2009, al filo de las 15:30 horas. No es ésta la nota mediante la cual analizaremos el fallo, si es que vale la pena analizarlo a fondo; baste decir que la Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, razonó su voto en contra; que el magistrado Carlos Guerra Gallardo no firmó la sentencia aunque no razonó en contra, y que la misma indica, entre otras cosas, que la elección de Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto como Presidenta de la Junta Directiva, fue ilegal, lo cual confirma lo que he venido repitiéndole un año entero: sólo tiene categoría de Coordinadora de Debates.
Anteriormente había sido notificada, a los demandantes Camilo Brenes (Panamá) y Rodolfo Dougherty (Guatemala), la sentencia por la demanda interpuesta por ellos, en el mismo sentido. Esta demanda fue la que se inició antes de la elección del año pasado y en cuyo expediente se libró la medida cautelar ordenando que los Observadores de República Dominicana no debían aparecer en el padrón ni votar en la elección en que, desacatando la orden la la CCJ, sí lo hicieron. La sentencia, finalmente, señala que la elección fue ilegal.
Por último, después de habérseme notificado la sentencia de la manera indicada, se le notificó también al demandante Luis Adolfo García Esquivel (Nicaragua), la sentencia proferida en el expediente de la demanda que él también planteara en contra del PARLACEN. El fallo señala lo mismo: la elección fue ilegal.
La ahora confirmada y certificada Coordinadora de Debates, sabiendo lo que se le venía encima, tuvo esperando en la antesala del despacho que ha venido ocupando ilegítimamente, casi tres horas, al Secretario de la CCJ, doctor Orlando Guerrero, pero no tuvo más remedio que recibir, juntas, las notificaciones de las tres sentencias pronunciadas en su contra.
Al día siguiente, 22 de octubre, conforme al Tratado Constitutivo del PARLACEN, se llevó a cabo la elección de Junta Directiva para el período 2009-2010. Sobre la manipulación de la sesión de Asamblea Plenaria de ese día, llevada a cabo nuevamente por la terrible Coordinadora de Debates Oquelí de Macotto, elaboraré otra nota.
Baste decir de esta señora que ahora sale por la puerta trasera (aunque la CCJ, en una posición "gallo/gallina" convalida y le dá validez legal a todo lo actuado durante este año), que en todos los años que he servido a mis electores como diputado centroamericano, jamás ha salido un Presidente tan desgastado y desprestigiado pero, especialmente, jamás ha dejado alguien un escenario tan complicado en el PARLACEN ni le ha servido peor a los intereses de Centroamérica, que la Coordinadora de Debates.
"A superbia initium sumpsit omnis perditio", o lo que es lo mismo: "Toda perdición toma su principio de la soberbia".
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viernes, 23 de octubre de 2009
lunes, 12 de octubre de 2009
PARECE HABER SENTENCIA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, A NUESTRO FAVOR
El viernes 9 de octubre pasado salió, tanto en los medios digitales y escritos, tanto dominicanos como hondureños, la noticia de que la CCJ, finalmente, falló en la demanda que hace case un año interpusiéramos en contra de la a todas luces ilegal elección de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, en donde se favoreció con el voto de 22 obsevadores, que no tienen facultad para elegir ni para ser electos mientras tengan esa calidad, a la diputada hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto. Los lectores que deseen enterarse de primera mano pueden ver la nota de El Heraldo, de Honduras, aquí: http://www.elheraldo.hn/index.php/Ediciones/2009/10/09/Noticias/Gloria-Oqueli-fue-electa-ilegalmente-en-Parlacen ; y de La Tribuna, del mismo país, aquí: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=49957 . La nota de República Dominicana está aquí: http://www.diariodigital.com.do/articulo,45984,html
Lo que sabemos nosotros, los actores de la demanda, es decir, quienes promovimos la actuación de dicho Tribunal, y a quienes se nos debiera notificar de primero, se contrae, básicamente, a dos cosas:
La primera, que los abogados de la Cancillería nicaragüense están tristes, muy tristes, ya que de nada les sirvió el equipo que formaron para elaborar los memoriales en contra de nuestra demanda, la cual perdieron en su más obscura pretensión, que era la de mantener el status quo y, así, lograr mantener votando a los 22 observadores para que, con su aplanadora ilegal, lograran meter a la Presidencia del PARLACEN a su candidato, el Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
La segunda, que la objetada Presidenta de la CCJ, la magistrada Silvia Rosales, quien llegó a ese cargo sin más mérito que ser hermana del todopoderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales, se enfermó "oportunamente" durante la sesión convocada para dictar sentencia en este caso, de tal manera que se escabulló precisamente en el momento de firmarla.
De todos modos, no suena lógico que todo el mundo, gracias a la prensa, sepa de este fallo histórico en República Dominicana y en Honduras, pero que quienes presentamos los argumentos legales para revertir las ilegalidades que iniciaron en la Asamblea Plenaria de julio de 2007, según cuentan, porque no integraba ese organismo en esa fecha, iniciativa liderada por el diputado guatemalteco Juan Francisco Reyes López, no se nos haya notificado y, por ende, no estemos enterados, oficialmente, de los términos en que nuestros planteamientos fueron resueltos.
Ofrecemos a nuestros seguidores continuar informándolos. En próxima entrega postearemos la demanda completa. Un poco larga pero, como ahora es un documento histórico, con gusto la compartiré con Uds. y, si es posible, la sentencia completa o, por lo menos, sus partes conducentes.
La política, sin sentido común, es un desastre. Sin legalidad, también. Abogados que creen entender de leyes y no captaron la esencia del Derecho, más perjudican a la sociedad a la que debieran servir. Luego, es necesario que quienes comprendemos y defendemos el Derecho, que también sabemos de leyes y reglamentos y, además, participamos políticamente, vayamos tomando mayor confianza para defender las cosas como debieran ser. La política debe ir de la mano del sentido común y de la legalidad.
Por nuestra parte, que en tres legislaturas diferentes en que hemos participado, jamás nos hemos olvidado que representamos a aquellos ciudadanos que confiaron en nosotros, que depositaron su voto de tal manera que nos dieron ese mandato que seguimos ejerciendo, podemos andar por la calle con la frente en alto porque hemos defendido, con todo cuanto tenemos, sus intereses, los cuales creemos interpretar a nuestra manera como los de cualquier padre o madre de familia, trabajadores en su empresa, su trabajo, su industria o su profesión, que todo lo que desean es que las cosas se hagan "como Dios manda". Así de sencillo.
Lo que sabemos nosotros, los actores de la demanda, es decir, quienes promovimos la actuación de dicho Tribunal, y a quienes se nos debiera notificar de primero, se contrae, básicamente, a dos cosas:
La primera, que los abogados de la Cancillería nicaragüense están tristes, muy tristes, ya que de nada les sirvió el equipo que formaron para elaborar los memoriales en contra de nuestra demanda, la cual perdieron en su más obscura pretensión, que era la de mantener el status quo y, así, lograr mantener votando a los 22 observadores para que, con su aplanadora ilegal, lograran meter a la Presidencia del PARLACEN a su candidato, el Secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN.
La segunda, que la objetada Presidenta de la CCJ, la magistrada Silvia Rosales, quien llegó a ese cargo sin más mérito que ser hermana del todopoderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales, se enfermó "oportunamente" durante la sesión convocada para dictar sentencia en este caso, de tal manera que se escabulló precisamente en el momento de firmarla.
De todos modos, no suena lógico que todo el mundo, gracias a la prensa, sepa de este fallo histórico en República Dominicana y en Honduras, pero que quienes presentamos los argumentos legales para revertir las ilegalidades que iniciaron en la Asamblea Plenaria de julio de 2007, según cuentan, porque no integraba ese organismo en esa fecha, iniciativa liderada por el diputado guatemalteco Juan Francisco Reyes López, no se nos haya notificado y, por ende, no estemos enterados, oficialmente, de los términos en que nuestros planteamientos fueron resueltos.
Ofrecemos a nuestros seguidores continuar informándolos. En próxima entrega postearemos la demanda completa. Un poco larga pero, como ahora es un documento histórico, con gusto la compartiré con Uds. y, si es posible, la sentencia completa o, por lo menos, sus partes conducentes.
La política, sin sentido común, es un desastre. Sin legalidad, también. Abogados que creen entender de leyes y no captaron la esencia del Derecho, más perjudican a la sociedad a la que debieran servir. Luego, es necesario que quienes comprendemos y defendemos el Derecho, que también sabemos de leyes y reglamentos y, además, participamos políticamente, vayamos tomando mayor confianza para defender las cosas como debieran ser. La política debe ir de la mano del sentido común y de la legalidad.
Por nuestra parte, que en tres legislaturas diferentes en que hemos participado, jamás nos hemos olvidado que representamos a aquellos ciudadanos que confiaron en nosotros, que depositaron su voto de tal manera que nos dieron ese mandato que seguimos ejerciendo, podemos andar por la calle con la frente en alto porque hemos defendido, con todo cuanto tenemos, sus intereses, los cuales creemos interpretar a nuestra manera como los de cualquier padre o madre de familia, trabajadores en su empresa, su trabajo, su industria o su profesión, que todo lo que desean es que las cosas se hagan "como Dios manda". Así de sencillo.
viernes, 9 de octubre de 2009
LA NEFASTA COSTUMBRE DE VIOLAR LOS TRATADOS Y LAS LEYES. EL CASO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
Cuando los Presidentes de Centroamérica se reunieron el 10 de diciembre de 1992, en el marco de la XIII Reunión de Presidentes, en la ciudad de Panamá, haciéndose acompañar de los Presidentes de las Cortes Supremas de los países de Centroamérica, quiero pensar que privaba la buena fe, el sentido de justicia y la responsabilidad por hacer las cosas del mejor modo posible, cuando le dieron vida al órgano jusrisdiccional de la región, estableciendo el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ.
En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).
Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.
Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).
La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).
El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.
¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?
Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.
Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.
Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!
Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.
En ese Estatuto se establece que los Magistrados que la integren "...deberán ser personas que gocen de alta consideración moral...", y que serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, CSJ, (artículos 9 y 10 del mencionado Estatuto).
Para que la Justicia, con mayúscula, sea bien servida, lo anterior implica dos cuestiones: 1. que quienes integren la CCJ sean personas que gocen de alta consideración moral; 2. que quienes integran las CSJ, al momento de elegir a los Magistrados de la CCJ, también sean personas que gocen de alta consideración moral, lo cual seguramente está contemplado, ya en las Constituciones de los Estados, ya en la Ley Ordinaria interna de cada uno.
Ahora bien, 17 años después de esa histórica reunión, es obvio que el Estatuto de la CCJ ha sido totalmente violentado, especialmente por el Estado de Nicaragua. En entrega anterior señalaba que el Consejo Judicial Centroamericano, CJC, ha fallado en este sentido, pero revisando bien el Estatuto de la CCJ, es realmente la CSJ de Nicaragua la que ha fallado al haber electo para fungir como Magistrados titular y suplente, respectivamente, a personas que no gozan de esa alta consideración moral. El CJC sólo reciben la declaración solemne y bajo juramenteo, de las personas electas para dichos cargos, de que "ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia" (artículo 10, segundo párrafo, del Estatuto de la CCJ).
La delegación nicaragüense que conforma, con su Magistrado Titular y su Suplente, la CCJ, electos por la CSJ de Nicaragua, es patética. No es moral que la actual Presidenta de la CCJ, Silvia Rosales, haya llegado a ese cargo únicamente por su militancia política en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; por su fidelidad incondicional a los dictados de Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua; y por nepotismo, ya que su gran mérito, porque no los tiene ni en el plano profesional ni puede demostrar una larga y sustentada carrera judicial, es ser hermana del poderoso Presidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales Argüello, quien en una nota pública de fecha 27 de marzo de 2007, dirigida al Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, molesto porque los mismos sandinistas descubrieron que se había subido el sueldo a 12,000.00 dólares, confiesa una militancia de más de 35 años, lo cual nos remonta a 1972, la época de la insurgencia armada en contra de Anastasio Somoza (http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/03/28/nacionales/44969).
El segundo, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, ya lo dijimos en otras entregas de este blog, siendo Magistrado de la CSJ de Nicaragua, se vio envuelto en un escándalo de acoso sexual (http://www.laprensa.com.ni/archivo/2004/febrero/26/nacionales/nacionales-20040226-12.html). Él venía de las filas del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el partido político que llevó a Arnoldo Alemán a la Presidencia de Nicaragua, en donde no fue un simple militante; llegó a ser Secretario de la Asamblea Nacional de su país, de donde pasó a ser Magistrado de la CSJ y, de ahí, ante su desgaste por el caso mencionado y siendo procesado penalmente ante los Tribunales de Justicia de Nicaragua, controlados por el FSLN, sus opositores, de repente resultó con su caso sobreseído en dichos tribunales, con un nombramiento como Magistrado en la CCJ y con un "enorme agradecimiento al apoyo recibido" para quitarse una persecución penal y, de paso, obtener un nombramiento por diez años en una Institución que le paga, a sus magistrados, 10,000.00 dólares estadounidenses en forma mensual.
¿Existe calidad moral para juzgar a los demás? ¿Existe independencia de parte de estos magistrados, como juraron ante el CJC? ¿Pueden ser imparciales unos magistrados que, más que jurisconsultos, son militantes de partidos políticos? ¿Se puede esperar Justicia, con mayúscula, de personajes que no gozan de alta consideración moral, que no son independientes y que respectivas militancias políticas los hacen totalmente parciales? ¿Es en manos de personajes no idóneos que están siendo sometidos, a decisión, los más importantes asuntos de los Estados?
Con un presupuesto anual de US$.800.0 mil por país, se hace necesario, además, que el grado de honorabilidad y ese goce de alta consideración moral no sean letra muerta en el Estatuto de la CCJ.
Se hace necesario que la Reunión de Presidentes retome este tema para su análisis, discusión e impostergable reforma por el bien del futuro de dicha instancia jurisdiccional. Por el presente de la Institución, sería deseable que personajes con este tipo de antecedentes renunciaran voluntariamente a esos puestos.
Si a eso sumamos el retardo malicioso que, por la conveniencia del FSLN, a quien le toca la siguiente Presidencia del PARLACEN, vienen haciendo de la demanda que presentáramos desde noviembre de 2008 y que no ha sido resuelta, cuando estamos a pocos días de que, nuevamente (el 22 de octubre), se favorezca al candidato sandinista con el voto de 22 observadores dominicanos que no tienen derecho a voto, el deseo expresado en el párrafo anterior se viene convirtiendo en una exigencia. ¡Es la prueba irrefutable que no se deben a la justicia ni al Derecho, sino están para manipular las leyes en favor de intereses partidarios y sectarios!
Magistrados así, no merecen tener la Justicia de Centroamérica en sus manos. Eso se llama corrupción.
domingo, 4 de octubre de 2009
LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA LE PONE MUESTRA A LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
Las maestras que enseñan a los niños a leer y escribir suelen poner muestra en los cuadernos de ejercicio, es decir, señalan al principio de cada página en blanco cómo debe irse conformando cada una de las letras, luego palabras, para comenzar el proceso intelectual de la escritura. Es algo por lo cual tuvieron que pasar Neruda, Borges, Cervantes, Shakespeare, Nietzsche, Freud.
Hoy podemos hacer una comparación parecida entre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, CCG, y la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ; la primera como maestra abnegada, la segunda como pupila caprichosa.
Quienes han seguido mi blog saben que desde el año pasado hubo una elección a todas luces ilegal en el seno del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, ilegalidades que fueron objeto de una demanda interpuesta por nuestra parte, desde hace casi 11 meses, ante la CCJ, sin que ésta haya puesto orden en el Parlamento.
Por otro lado, en Guatemala estamos en el proceso de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y de las Cortes de Apelaciones, CA, mediante un procedimiento nuevo y novedoso por el cual ha venido peleando incansablemente la diputada Nineth Montenegro, cuyo proyecto de ley había sido ya engavetado cuando asesinaron cobardemente al abogado Rodrigo Rosemberg Marzano, famoso en el mundo por el video que dejó grabado denunciando a quienes, según él, lo mandaron a matar. Rosemberg, en su alocución post mortem hace un llamado para que la sociedad guatemalteca ya no se deje y cambie las cosas, lo cual le dio un nuevo impulso al empolvado y "ninguneado" proyecto de ley, el cual se convirtió en ley ordinaria, propiciando un proceso de elección en donde su publicidad, que es lo más novedoso, permite la ingerencia de la sociedad civil con el peso de su opinión, con la presentación de denuncias públicas, con el análisis más cuidadoso de los candidatos, a quienes la constitución guatemalteca manda que deben ser personas sin tacha.
Durante la evaluación de currículos por parte de las Comisiones Postuladoras, surgieron los nombres de varios profesionales a quienes se les ha descubierto las más diversas "tachas". Además, el Congreso de la República, a quien corresponde finalmente elegir de la lista de aspirantes que la correspondiente Comisión Postuladora le envía, no discutió públicamente ni procedió a elegir a cada aspirante a Magistrado de la CSJ, sino procedió a elegir a los magistrados de la Corte, titulares y suplentes, mediante la elección de una planilla, presumiblemente "negociada" desde antes.
La sociedad civil, muy activa en el tema, considerado crucial en el futuro del país, presentó inmediatamente, a través de tres connotados abogados, un recurso de amparo ante la CC, al cual se han pretendido adherir innumerables personas; y aquí es donde puedo afirmar que la CC le está poniendo muestra a la CCJ: lejos de dejar dormir el expediente, la CC resolvió, en cuestión de horas, enmendarle la plana al "Honorable" Congreso Nacional, obligándolo a recibir las denuncias acerca de tachas de los aspirantes y, especialmente, a sustituir a los elegidos con tacha por otros que no la tengan, resolución que ahora el Congreso de la República tiene obligación de cumplir, dando al traste con las componendas que tienen meses de venir fraguando, como ha trascendido.
Por el contrario, la CCJ sigue dormida en sus laureles, esperando, quizás, que la elección de nueva Junta Directiva de este mes, programada para el 22 de octubre, pase desaprecibida, y así como los 22 votos de simples observadores favorecieron a la diputada hondureña Gloria Oquelí de Macoto, ahora vengan a favorecer al nicaragüense a quien le toque la Presidencia, presumiblemente un sandinista, seguidor de Daniel Ortega, el Presidente de ese país que controla la administración de justicia de su país y pretende controlar, a través de sus seguidores, por fidelidad o por compromiso adquirido a cambio de su impunidad, la administración centroamericana de justicia.
Bien haría la CCJ en voltear a ver cómo se hacen las cosas en la CC de Guatemala. Algunos ejercicios en su cuaderno no le vendían mal. Recuerden todos la premisa: justicia retardada o manipulada, no es justicia.
Hoy podemos hacer una comparación parecida entre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, CCG, y la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ; la primera como maestra abnegada, la segunda como pupila caprichosa.
Quienes han seguido mi blog saben que desde el año pasado hubo una elección a todas luces ilegal en el seno del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, ilegalidades que fueron objeto de una demanda interpuesta por nuestra parte, desde hace casi 11 meses, ante la CCJ, sin que ésta haya puesto orden en el Parlamento.
Por otro lado, en Guatemala estamos en el proceso de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y de las Cortes de Apelaciones, CA, mediante un procedimiento nuevo y novedoso por el cual ha venido peleando incansablemente la diputada Nineth Montenegro, cuyo proyecto de ley había sido ya engavetado cuando asesinaron cobardemente al abogado Rodrigo Rosemberg Marzano, famoso en el mundo por el video que dejó grabado denunciando a quienes, según él, lo mandaron a matar. Rosemberg, en su alocución post mortem hace un llamado para que la sociedad guatemalteca ya no se deje y cambie las cosas, lo cual le dio un nuevo impulso al empolvado y "ninguneado" proyecto de ley, el cual se convirtió en ley ordinaria, propiciando un proceso de elección en donde su publicidad, que es lo más novedoso, permite la ingerencia de la sociedad civil con el peso de su opinión, con la presentación de denuncias públicas, con el análisis más cuidadoso de los candidatos, a quienes la constitución guatemalteca manda que deben ser personas sin tacha.
Durante la evaluación de currículos por parte de las Comisiones Postuladoras, surgieron los nombres de varios profesionales a quienes se les ha descubierto las más diversas "tachas". Además, el Congreso de la República, a quien corresponde finalmente elegir de la lista de aspirantes que la correspondiente Comisión Postuladora le envía, no discutió públicamente ni procedió a elegir a cada aspirante a Magistrado de la CSJ, sino procedió a elegir a los magistrados de la Corte, titulares y suplentes, mediante la elección de una planilla, presumiblemente "negociada" desde antes.
La sociedad civil, muy activa en el tema, considerado crucial en el futuro del país, presentó inmediatamente, a través de tres connotados abogados, un recurso de amparo ante la CC, al cual se han pretendido adherir innumerables personas; y aquí es donde puedo afirmar que la CC le está poniendo muestra a la CCJ: lejos de dejar dormir el expediente, la CC resolvió, en cuestión de horas, enmendarle la plana al "Honorable" Congreso Nacional, obligándolo a recibir las denuncias acerca de tachas de los aspirantes y, especialmente, a sustituir a los elegidos con tacha por otros que no la tengan, resolución que ahora el Congreso de la República tiene obligación de cumplir, dando al traste con las componendas que tienen meses de venir fraguando, como ha trascendido.
Por el contrario, la CCJ sigue dormida en sus laureles, esperando, quizás, que la elección de nueva Junta Directiva de este mes, programada para el 22 de octubre, pase desaprecibida, y así como los 22 votos de simples observadores favorecieron a la diputada hondureña Gloria Oquelí de Macoto, ahora vengan a favorecer al nicaragüense a quien le toque la Presidencia, presumiblemente un sandinista, seguidor de Daniel Ortega, el Presidente de ese país que controla la administración de justicia de su país y pretende controlar, a través de sus seguidores, por fidelidad o por compromiso adquirido a cambio de su impunidad, la administración centroamericana de justicia.
Bien haría la CCJ en voltear a ver cómo se hacen las cosas en la CC de Guatemala. Algunos ejercicios en su cuaderno no le vendían mal. Recuerden todos la premisa: justicia retardada o manipulada, no es justicia.
sábado, 19 de septiembre de 2009
¡¡¡ME GANÉ UNA AMONESTACIÓN!!!
Hace poco más de dos meses me gané una amonestación que no he compartido con mis lectores por darle prioridad a la crisis que desató Manuel Zelaya en Honduras, pero hoy me encuentro de excelente buen humor como para transcribirla y que todos la conozcan porque, viniendo de donde viene, es algo así como un galardón.
Tiene que ver, para quienes no están enterados, con el artículo que publicara el 7 de julio de 2009, en este blog, denominado EL SANDINISMO COPA LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, en donde transcribo el memorial que presentara ante esa "Honorable" Corte.
Ahora aprovecho para transcribirles la parte resolutiva de la resolución que, acerca del memorial al cual me refiero, emitiera dicho tribunal: "...RESUELVE: I.- Téngase por no presentado el escrito del Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias, por ser irrespetuoso para este Tribunal. II.- Amonéstese severamente a la parte actora Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias y ordénesele que se abstenga en sus escritos proferir insultos o aseveraciones irrespetuosas, tanto a los Magistrados que integran La Corte como a este Tribunal. III.- En caso que el Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias insista en sus faltas de respeto, líbrese atento oficio a la Honorable Corte Suprema de Justicia de Guatemala solicitándole que inicie informativo sobre la conducta de dicho profesional, a fin de aplicar las sanciones que sean procedentes... V.- Notifíquese. (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) J R Hernández A (f) Alejandro Gómez V (f) OGM".
Cualquier lector acucioso podrá darse cuenta que decir las cosas por su nombre y tener lo que se necesita para ponerlas por escrito, no es irrespetuoso ni es proferir insultos. La red es una herramienta increíble para investigar y para darse cuenta que todo, absolutamente todo lo que les puse por escrito, no es invención mía sino son hechos que han quedado debidamente documentados por la prensa, especialmente la nicaragüense. Aunque esa parte de su pasado, al recordárselo, lo sientan como un insulto o como una falta de respeto, lo cual no es culpa mía.
Ahora bien, los juicios de valor que emito y que hoy sostengo, son propios. Los vengo a reiterar porque esa "Honorable" Corte Centroamericana de Justicia tiene desde principios de noviembre de 2008 para haber arreglado, por llamarle de alguna manera, los entuertos que, con mañas perversas, violando no sólo el Tratado Constitutivo del PARLACEN sino una orden expresa de la misma Corte Centroamericana de Justicia, llevó a ocupar una presidencia (sí, con minúscula) espuria a la diputada hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto, convertida ahora en bochinchera de las calles de Tegucigalpa pero encabezando el listado de candidatos a diputado del Partido Liberal de Honduras para reelegirse como diputada centroamericana, en noviembre del presente año, en un proceso electoral que ella misma anda por el mundo viendo que no se reconozca por ilegítimo, pero eso es harina de otro costal.
Lo que importa, y que lo sepan bien los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, es que no necesitan esperar más para pedir mis antecedentes a donde ellos quieran. Pídanlos a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Investiguen todo mi pasado como funcionario público. Se los voy a facilitar: Municipalidad de Guatemala 1987-1988; Parlamento Centroamericano 1991-1996, 2000-2001, 2008 a la fecha; Banco Centroamericano de Integración Económica 1996-2000; Registro General de la Propiedad de Guatemala 2004-2008; Registro de Información Catastral de Guatemala 2005-2008.
Centroamérica es una parcela más bien pequeña como para que no se sepa bien quién es quién dentro de sus instituciones. Yo sé bien lo que dije y por qué lo dije. Por eso se los puse por escrito. Por eso lo comparto con Ud. y el mundo. No se puede tapar el sol con un dedo.
Las elecciones de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano se llevan a cabo en octubre de cada año. Estamos a un mes de la siguiente, y la ideologizada Corte Centroamericana de Justicia, cuyo lema, por cierto, es "Unidad y Justicia" (¡já!), no ha resuelto un caso que, a juicio nuestro, no requiere mayor prueba porque son cuestiones de puro Derecho, especialmente porque también fue violentado directamente un mandato expreso de dicha Corte, lo cual implica un conocimiento anterior de la situación. Si no es ideologización por parte de los magistrados sandinistas de esa Corte, ha de ser simplemente porque estudiaron leyes pero no aprendieron Derecho alguno.
Tiene que ver, para quienes no están enterados, con el artículo que publicara el 7 de julio de 2009, en este blog, denominado EL SANDINISMO COPA LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, en donde transcribo el memorial que presentara ante esa "Honorable" Corte.
Ahora aprovecho para transcribirles la parte resolutiva de la resolución que, acerca del memorial al cual me refiero, emitiera dicho tribunal: "...RESUELVE: I.- Téngase por no presentado el escrito del Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias, por ser irrespetuoso para este Tribunal. II.- Amonéstese severamente a la parte actora Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias y ordénesele que se abstenga en sus escritos proferir insultos o aseveraciones irrespetuosas, tanto a los Magistrados que integran La Corte como a este Tribunal. III.- En caso que el Abogado (sic.) Ricardo Alfredo Flores Asturias insista en sus faltas de respeto, líbrese atento oficio a la Honorable Corte Suprema de Justicia de Guatemala solicitándole que inicie informativo sobre la conducta de dicho profesional, a fin de aplicar las sanciones que sean procedentes... V.- Notifíquese. (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) J R Hernández A (f) Alejandro Gómez V (f) OGM".
Cualquier lector acucioso podrá darse cuenta que decir las cosas por su nombre y tener lo que se necesita para ponerlas por escrito, no es irrespetuoso ni es proferir insultos. La red es una herramienta increíble para investigar y para darse cuenta que todo, absolutamente todo lo que les puse por escrito, no es invención mía sino son hechos que han quedado debidamente documentados por la prensa, especialmente la nicaragüense. Aunque esa parte de su pasado, al recordárselo, lo sientan como un insulto o como una falta de respeto, lo cual no es culpa mía.
Ahora bien, los juicios de valor que emito y que hoy sostengo, son propios. Los vengo a reiterar porque esa "Honorable" Corte Centroamericana de Justicia tiene desde principios de noviembre de 2008 para haber arreglado, por llamarle de alguna manera, los entuertos que, con mañas perversas, violando no sólo el Tratado Constitutivo del PARLACEN sino una orden expresa de la misma Corte Centroamericana de Justicia, llevó a ocupar una presidencia (sí, con minúscula) espuria a la diputada hondureña Gloria Guadalupe Oquelí de Macotto, convertida ahora en bochinchera de las calles de Tegucigalpa pero encabezando el listado de candidatos a diputado del Partido Liberal de Honduras para reelegirse como diputada centroamericana, en noviembre del presente año, en un proceso electoral que ella misma anda por el mundo viendo que no se reconozca por ilegítimo, pero eso es harina de otro costal.
Lo que importa, y que lo sepan bien los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, es que no necesitan esperar más para pedir mis antecedentes a donde ellos quieran. Pídanlos a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Investiguen todo mi pasado como funcionario público. Se los voy a facilitar: Municipalidad de Guatemala 1987-1988; Parlamento Centroamericano 1991-1996, 2000-2001, 2008 a la fecha; Banco Centroamericano de Integración Económica 1996-2000; Registro General de la Propiedad de Guatemala 2004-2008; Registro de Información Catastral de Guatemala 2005-2008.
Centroamérica es una parcela más bien pequeña como para que no se sepa bien quién es quién dentro de sus instituciones. Yo sé bien lo que dije y por qué lo dije. Por eso se los puse por escrito. Por eso lo comparto con Ud. y el mundo. No se puede tapar el sol con un dedo.
Las elecciones de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano se llevan a cabo en octubre de cada año. Estamos a un mes de la siguiente, y la ideologizada Corte Centroamericana de Justicia, cuyo lema, por cierto, es "Unidad y Justicia" (¡já!), no ha resuelto un caso que, a juicio nuestro, no requiere mayor prueba porque son cuestiones de puro Derecho, especialmente porque también fue violentado directamente un mandato expreso de dicha Corte, lo cual implica un conocimiento anterior de la situación. Si no es ideologización por parte de los magistrados sandinistas de esa Corte, ha de ser simplemente porque estudiaron leyes pero no aprendieron Derecho alguno.
martes, 7 de julio de 2009
EL SANDINISMO COPA LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA
En la primera quincena de noviembre de 2008 demandé al Parlamento Centroamericano por segunda vez.
La primera fue hace años, porque algunos diputados, la mayoría, se pusieron de acuerdo para recetarse una indemnización de 5,000 dólares estadounidenses por período, nos pasaron encima con una resolución que estuvimos deteniendo más de año y medio y no quedó más que demandar, solicitando las medidas cautelares que garantizaran la inamovilidad de los recursos mientras venía una nueva legislatura que, al no estar de acuerdo, revocara lo resuelto, como efectivamente sucedió.
Esta segunda demanda la planteé por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a su Reglamento Interno, por varias razones, pero especialmente porque se permitió que, en la elección de Junta Directiva, votaran los Observadores Permanentes de República Dominicana, sin ser diputados electos y, por consiguiente, por carecer de la calidad necesaria para elegir y para ser electo para dichos cargos. Además, el mencionado Tratado Constitutivo permite la acreditación de 20 observadores y República Dominicana tiene 22.
Toda esta trama fue fraguada, en su oportunidad, por Juan Francisco Reyes López y algunos otros diputados centroamericanos, especialmente del grupo político de izquierda, y usufructuada por un grupo de directivos espurios encabezados por la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macotto, abogada a la que no doy más que un trato de Coordinadora de Debates que, o no entiende la ley o la interpreta siguiendo las enseñanzas del depuesto presidente de su mismo partido, Manuel Zelaya, con la misma prepotencia y autoritarismo que a ambos les caracterizan.
Desde que la demanda fue planteada, los corifeos de Daniel Ortega en la Corte Centroamericana de Justicia se dedicaron a entorpecer la misma, con descalificaciones, desde adentro, a su propio Presidente, un jurista hondureño denominado Darío Lobo, a quien no conozco, todo con el afán de mantener control sobre el curso de las trampas.
A estas alturas, mi experiencia y mi visión política me señalan que la farsa judicial la quieren mantener el suficiente tiempo como para que los irrespetuosos Observadores de República Dominicana, quienes votan todos obedeciendo instrucciones de quien los puede destituir, el presidente Leonel Fernández, vuelvan a votar en bloque (o en piara) y coloquen de Presidente del Parlamento Centroamericano a uno de los seguidores más cercanos de Daniel Ortega, con lo cual podemos asegurar que, si los tentáculos del poder de Managua, con el dinero que le brinda Petrocaribe, ya tienen control sobre el organismo que debe administrar la justicia, poco le falta para que lo mismo se pueda decir sobre el organismo deliberante y que recomienda, control que hasta el 29 de junio en que Zelaya fue depuesto, fue ejercido por éste, Daniel Ortega y Leonel Fernández y Álvaro Colom, quien puso, mediante estos acuerdos, a su correligionario Julio González Gamarra.
Al final encontrarán el escrito presentado este lunes 7 de julio de 2009 ante la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual debería servir de denuncia pública de lo que está sucediendo en las instituciones de la integración de la región, para que la prensa y el mundo no sean sorprendidos, después, por situaciones que debieran ser del interés de todos.
Si este grupo ideológico actuara dentro de las normas democráticas, sin trampas, probablemente sería yo uno de los que apoyaría sus candidaturas, pero es insoportable la actitud autoritaria, prepotente, violatoria de las normas que, en su desesperación por tener poder, irradian por todos lados. Más les valdría trabajar por la integración y no por destruir el andamiaje legal, la seguridad jurídica, los principios democráticos y lo que no me cansaré de repetir: el sentido común. Por favor, entérese y comparta.
La primera fue hace años, porque algunos diputados, la mayoría, se pusieron de acuerdo para recetarse una indemnización de 5,000 dólares estadounidenses por período, nos pasaron encima con una resolución que estuvimos deteniendo más de año y medio y no quedó más que demandar, solicitando las medidas cautelares que garantizaran la inamovilidad de los recursos mientras venía una nueva legislatura que, al no estar de acuerdo, revocara lo resuelto, como efectivamente sucedió.
Esta segunda demanda la planteé por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y a su Reglamento Interno, por varias razones, pero especialmente porque se permitió que, en la elección de Junta Directiva, votaran los Observadores Permanentes de República Dominicana, sin ser diputados electos y, por consiguiente, por carecer de la calidad necesaria para elegir y para ser electo para dichos cargos. Además, el mencionado Tratado Constitutivo permite la acreditación de 20 observadores y República Dominicana tiene 22.
Toda esta trama fue fraguada, en su oportunidad, por Juan Francisco Reyes López y algunos otros diputados centroamericanos, especialmente del grupo político de izquierda, y usufructuada por un grupo de directivos espurios encabezados por la hondureña Gloria Guadalupe Oquelí Solórzano de Macotto, abogada a la que no doy más que un trato de Coordinadora de Debates que, o no entiende la ley o la interpreta siguiendo las enseñanzas del depuesto presidente de su mismo partido, Manuel Zelaya, con la misma prepotencia y autoritarismo que a ambos les caracterizan.
Desde que la demanda fue planteada, los corifeos de Daniel Ortega en la Corte Centroamericana de Justicia se dedicaron a entorpecer la misma, con descalificaciones, desde adentro, a su propio Presidente, un jurista hondureño denominado Darío Lobo, a quien no conozco, todo con el afán de mantener control sobre el curso de las trampas.
A estas alturas, mi experiencia y mi visión política me señalan que la farsa judicial la quieren mantener el suficiente tiempo como para que los irrespetuosos Observadores de República Dominicana, quienes votan todos obedeciendo instrucciones de quien los puede destituir, el presidente Leonel Fernández, vuelvan a votar en bloque (o en piara) y coloquen de Presidente del Parlamento Centroamericano a uno de los seguidores más cercanos de Daniel Ortega, con lo cual podemos asegurar que, si los tentáculos del poder de Managua, con el dinero que le brinda Petrocaribe, ya tienen control sobre el organismo que debe administrar la justicia, poco le falta para que lo mismo se pueda decir sobre el organismo deliberante y que recomienda, control que hasta el 29 de junio en que Zelaya fue depuesto, fue ejercido por éste, Daniel Ortega y Leonel Fernández y Álvaro Colom, quien puso, mediante estos acuerdos, a su correligionario Julio González Gamarra.
Al final encontrarán el escrito presentado este lunes 7 de julio de 2009 ante la Secretaría de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual debería servir de denuncia pública de lo que está sucediendo en las instituciones de la integración de la región, para que la prensa y el mundo no sean sorprendidos, después, por situaciones que debieran ser del interés de todos.
Si este grupo ideológico actuara dentro de las normas democráticas, sin trampas, probablemente sería yo uno de los que apoyaría sus candidaturas, pero es insoportable la actitud autoritaria, prepotente, violatoria de las normas que, en su desesperación por tener poder, irradian por todos lados. Más les valdría trabajar por la integración y no por destruir el andamiaje legal, la seguridad jurídica, los principios democráticos y lo que no me cansaré de repetir: el sentido común. Por favor, entérese y comparta.
"Referencia: expediente 9-12-11-2008
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA:
RICARDO ALFREDO FLORES ASTURIAS, de generales y calidades conocidas en autos debido a que me presenté en un ya lejano escrito de fecha 10 de noviembre de 2008, comparezco a,
E X P O N E R :
Alexis de Tocqueville, ese joven abogado francés de 26 años que cruzara el Océano Atlántico, en 1831, con el pretexto de investigar el sistema penitenciario estadounidense, pudo observar, mejor que nadie de su época, quizás, no sólo las costumbres del naciente país sino el funcionamiento y hasta la creación de algunas de sus instituciones; entre ellas, las encargadas de la administración de justicia.
Hoy, en Centroamérica, se requeriría de un observador agudo, imparcial y objetivo, de la calidad de Tocqueville, para describir el entorno en que se desenvuelve la Administración de Justicia, la que en esa Corte Centroamericana se imparte.
No contamos con él, de tal manera que, aunque no tenga las cartas de total imparcialidad que puede tener un extranjero, ni las de objetividad, lo reconozco, porque me duele la impunidad que campea y la promoción que de élla se hace, ante lo cual no puedo permanecer inalterable, trataré de establecer algunas ideas generales al respecto.
Para comenzar (no digo en primer lugar porque todo lo que viene tiene tanta importancia como lo que se menciona de primero), la administración de justicia debe hacerse de manera pronta y cumplida; caso contrario, no se administra la justicia sino se le manipula.
La demanda dentro de este expediente fue presentada por haberse cometido irregularidades que un niño de escuela primaria entiende, mediante las cuales se pretendió y hasta el momento se ha logrado dirigir, aunque sea espuriamente, no sólo la gestión administrativa sino los debates del Parlamento Centroamericano.
Hoy, después de tantos meses de observar el comportamiento de esa Corte Centroamericana, no tengo más remedio que dejar constancia de mi inconformidad con su actuación, ya que sus integrantes insultan mi inteligencia si pretenden hacerme caer en el juego de quedarme defendiendo, ad aeternum, unos planteamientos que ya debieron ser resueltos, ya que lo que vemos venir es una Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano que elija, año tras año, mediante el mismo procedimiento viciado de poner a votar a los Observadores que no tienen la calidad para hacerlo, como se nos exige a quienes sí somos diputados titulares, y ni siquiera en el número límite de veinte, sino de veintidós, con el consentimiento tácito de esa Corte Centroamericana de Justicia.
El período de funcionamiento de una Junta Directiva, en el Parlamento Centroamericano, es de un año, y la manipulación que ha venido dándose desde el mismo seno de la Corte Centroamericana de Justicia, de este expediente, es tan obvia, que la rechazamos y venimos a dejar constancia histórica de élla, para que quede registro de la manera como suceden algunas situaciones y por qué, eventualmente, podría desintegrarse la misma, como sucedió hace más de un siglo con la Corte de Cartago.
Lo que ha venido sucediendo es que esa Corte Centroamericana ha venido siendo objeto de la estrategia de algunos gobiernos ideologizados, de coparla. Es evidente, hasta para quienes vivimos en un país diferente, que el gobierno sandinista que encabeza el presidente Daniel Ortega, ha copado la Corte Suprema de Justicia de su país, en un evidente atentado a la independencia de poderes que, en su análisis limitado de lo que es la democracia, no analiza ni la Organización de Estados Americanos ni la Organización de Naciones Unidas.
Lo mismo sucede con los magistrados nicaragüenses en la Corte Suprema de Justicia, que no están ahí para servir los intereses de la Justicia, con mayúscula, sino los del partido político que los llevó a esos puestos.
La magistrada Silvia Rosales, ahora Presidenta de esa Corte Centroamericana, no tiene una larga carrera judicial que respalde su llegada a esa Corte, más bien ha sido impulsada por su militancia en el partido de gobierno de Nicaragua, ya que junto con su hermano Atenor Rosales, Presidente del Banco Central, han sido fieles seguidores del sandinismo.
El magistrado Carlos Guerra Gallardo proviene de la Alianza Liberal de Nicaragua, pero cuando fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese país fue acusado de acoso sexual en contra de una subordinada y otros delitos, lo cual lo puso en una situación que, de todos es conocido y salió en los medios de comunicación de Nicaragua en su oportunidad, lo orilló a negociar su impunidad, cuestión que estaba en manos de los jueces de primera instancia y magistrados de apelaciones sandinistas, a cambio de los servicios que hoy presta al sandinismo en la Corte Centroamericana de Justicia.
Es decir, el Consejo Judicial Centroamericano, en la valoración de las hojas de vida y en las calidades morales de las personas que finaliza nombrando para la Corte Centroamericana de Justicia, ha venido fallando.
Los recientes sucesos del domingo 28 de junio de 2009, que se dieron en Tegucigalpa, Honduras, de donde resultaron dos presidentes de la República, uno supuestamente relevado del cargo y otro juramentado por el Congreso Nacional ese día, vino a destapar la ideologización que, de todo el actuar público, viene dándose, especialmente a nivel presidencial, pero no exclusivamente, en algunos países e instituciones de Centroamérica.
Conocemos de situaciones y de informaciones, y sabemos porque tenemos amistades en varios países, especialmente en Centroamérica, de las llamadas telefónicas del presidente Leonel Fernández, de República Dominicana, al presidente Manuel Zelaya, de Honduras, y de éste con el presidente Daniel Ortega, para ayudar a bloquear y diferir en el tiempo las acciones que interpuse en su oportunidad ante esa Corte Centroamericana, por violaciones al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, cometidas, especialmente, por los parlamentarios ideologizados del Partido Liberal de Honduras, el mismo del presidente Zelaya; del Partido Sandinista de Nicaragua, el mismo de Daniel Ortega; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, cuyo actual presidente Manuel Funes, no tiene tacha en el asunto; por los diputados del Partido de la Revolución Democrática de Panamá; por los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza de Guatemala, cuyo presidente Álvaro Colom no tengo conocimiento que esté participando personalmente en esta componenda como sí lo sé de los demás, y especialmente por todos los observadores que, recalco, no son diputados, de varios partidos políticos dominicanos, pero todos obedientes al mandato del presidente Leonel Fernandez, por su falta de independencia y su posibilidad de sustitución, por éste, en cualquier momento.
Esas llamadas, sabemos, no son para defender la ilegitimidad per se, sino para mantener en el puesto a Gloria Oquelí de Macotto, cabeza visible de esa alianza ideologizada, pero especialmente van encaminadas a prepararle el camino al siguiente candidato ideologizado, el diputado sandinista Jacinto Suárez, ya que en las elecciones de octubre del presente año deberá elegirse a un nicaragüense para el cargo de Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.
Aclaro que no tendría inconveniente en que el diputado Jacinto Suárez, marxista declarado y amigo personal, llegase legalmente a ocupar la Presidencia del Parlamento Centroamericano, pero no puedo consentir en que todo se haga a través de la manipulación de las leyes, del resto de diputados y, ahora, de la Corte Centroamericana de Justicia. Eso no es democrático.
He tenido muchos años de trabajar positivamente en el Parlamento Centroamericano, y nunca me ha importado si la presidencia la ocupa alguien de izquierda, de derecha, un ecologista o de la mentalidad que sea, siempre y cuando la elección sea ganada en buena lid.
Podrán argumentar, en mi contra, que estos no son elementos jurídicos, que son cuestiones que sólo están en la imaginación de quien se las escribe. No importa. Tengo demasiado tiempo en los asuntos políticos de Centroamérica como para no darme cuenta de las realidades que aquí les pongo, y más me interesa hacer constar el pobre papel que la Corte Centroamericana de Justicia viene jugando en estos escenarios que son reales. Me importa más el juicio de la historia, el cual los magistrados de esa Corte debieran tener en cuenta.
Las primeras muestras que esa Corte Centroamericana dio con relación al manipuleo que iba a darse del presente caso, fue la manera irregular en que, prácticamente, se expulsó al magistrado Darío Lobo del conocimiento de este caso, iniciando los movimientos característicos de ir copando los espacios y asfixiando a quien puede no pensar igual.
Otra muestra evidente fue la declaración expresa que el magistrado Carlos Guerra Gallardo, quien viajó a Madrid, España, acompañando a la diputada Gloria Oquelí de Macotto y otros diputados, le manifestó a la también diputada Ena Ligia Madrid Lizardo, a quien en referencia concreta a la presente demanda le dijo, textualmente, en esa ciudad, el martes 7 de abril de 2009, con ocasión de la Asamblea Plenaria de EUROLAT, “que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente”, en clara emisión previa de opinión y en alusión de que, en su mente, está por encima el tema político, no el jurídico, que es precisamente el que se ha violado y, repito, se lo he explicado a niños de nivel primario y todos, sin excepción, lo han entendido.
Con relación a las pruebas, está en sus manos recabarlas, no en las mías. La Junta Directiva 2008-2009, totalmente espuria, no me ha pagado los días 22 y 23 de octubre de 2008 en que, por estar en contra de las reiteradas violaciones a la ley y a la moralidad, señalé que me iba a salir de la sesión de Asamblea Plenaria y, efectivamente, abandoné la misma en protesta, todo porque en su mente represiva me lo toman a falta de asistencia y simplemente no han querido reconocer que sí estuve presente. Además, siguen las represalias en mi contra, al grado que me he negado a recibir el pago que me tenían el mes de mayo de 2009, en que nuevamente se me descuenta un día, cuando jamás he faltado a mis obligaciones, y recibirlo bajo tales condiciones es aceptar que soy faltista, lo cual, repito e insisto, nunca he sido. Lo menciono para que quede constancia que, con las personas que ocupan actualmente los puestos de dirección, ilegalmente, en el Parlamento Centroamericano, a quienes no concedo más calidad que la de simples coordinadores, comenzando por la coordinadora general (con minúscula) Gloria Guadalupe Oquelí, no estamos en capacidad de aportar prueba que debería llegar certificada. Es por esa razón que, desde un inicio, pedimos que la misma fuera recabada directamente por esa Corte Centroamericana, quien está en capacidad y tiene facultades para hacerlo. Esas pruebas que se ha solicitado sean recabadas de oficio, hasta donde sabemos, no se ha efectuado gestión alguna al respecto.
En cuanto a que no agotamos la instancia administrativa, ¿cómo se puede presentar una impugnación ante una Comisión Electoral que, en primer lugar, y así consta en las grabaciones, no nos dejó hablar cuando solicitamos el uso de la palabra, y al finalizar el supuesto “proceso electoral” se disolvió de hecho y de derecho, es decir, ya no existía? Es decir, puede existir el procedimiento en la letra muerta de un reglamento, pero de nada sirve si la instancia ante quien podría presentarse cualquier queja, o no existe, o está integrada ilegalmente (es decir, con la inclusión de intrusos que, sin tener el respaldo de sus respectivas bancadas como manda el procedimiento legal, sólo llegan a pararse para juramentarse y resultan dirigiendo la misma), o cuando está funcionando, aunque sea de manera ilegal, no le conceden la palabra a quienes quieren manifestar hasta las faltas al orden y las ilegalidades. Luego, si no existe la instancia administrativa sino tan sólo la letra muerta, no hay razón para invocar este argumento, y es por esa y por las demás razones que constan en el libelo de demanda que se acudió a la Corte Centroamericana de Justicia.
Además, creo que es obligación de la Corte Centroamericana no sólo resolver en tiempo sino con la verdad, y sólo ella está en capacidad de recabar la información, de oficio, propuesta oportunamente, si es que tiene el interés de servir a Centroamérica y de estar bien en la conciencia de cada integrante de nuestra comunidad centroamericana.
Por nuestra parte, nos negamos a ser parte de ese “jueguito” de algunos magistrados de la Corte Centroamericana: en nombre de los ciudadanos y ciudadanas que representamos por el sufragio de nuestros pueblos, les exigimos que actúen con celeridad, que no permitan que se sigan violando las normas reiteradamente, que es lo que sucede con cada actuación de quien no tiene la representación legal, legalmente obtenida; y, especialmente, que no permitan que lleguemos a la elección de nueva Junta Directiva, en octubre del presente año, bajo las actuales circunstancias en que vota quien no tiene la representación popular para hacerlo, ni son diputados electos, distorsionando totalmente el padrón electoral y, por ende, cambiando el curso de la historia.
Nosotros nos encargaremos de que todo el mundo esté pendiente de la manera en que se efectuará la siguiente elección de Junta Directiva, y no deseamos que, una responsabilidad que hoy es tan sólo de unos malos diputados y observadores que le dan mayor valor a su visión ideologizada que a los ideales del pueblo que los llevó a ocupar esos cargos, que, siempre han defendido y defenderán la legalidad y el hacer las cosas como deben ser y que anteponen sus propios intereses a los de la legalidad y del sentido común, tengamos que hacer ver a los cuatro vientos que también es de esa Corte Centroamericana de ¿Justicia?.
Recuerden que la Federación de Centro América (sic.) se disolvió por actos de prepotencia y autoritarismo, especialmente de quien primero la presidió, Manuel José Arce, cuyos actos, hoy, todavía son objeto de esos reproches por parte de los estudiosos.
La agenda de la construcción de la nueva Centroa mérica la estamos construyendo con dificultad, tanto el Parlamento Centroamericano como otras instancias y órganos del Sistema de la Integración de Centroamérica, y todos esperamos que la Corte Centroamericana de Justicia cumpla a cabalidad con el papel que le corresponde en esa construcción. No esperamos que la misma se convierta no sólo en parte de los problemas sino en obstáculo de la integración.
Quien les escribe estas líneas pretende estar del lado de los constructores de esa integración y de los defensores de la democracia y de la legalidad, del Estado de Derecho.
Allá ustedes el papel que, individual o colectivamente, estén dispuestos a desempeñar.
Adjunto dos copias del presente memorial y acompaño una tercera para que me sea sellada en señal de haberse recibido.
Guatemala, 02 de julio de 2009; 07:32 horas."
Finalizo repitiendo, luego de que se ha enterado: comparta antes de que sea tarde.
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