Hoy salieron publicadas cuatro notas de prensa, en Prensa Libre, que tienen que ver con el mismo tema: La primera, en página 3, cuyo título es "TSE empuja reforma antes de elecciones"; la segunda, en página 4, que se titula "El PNUD propondrá evitar transfuguismo"; la tercera, también en la página 4, bajo el acápite de "Hay una compra anticipada de contratos"; y la última, en la sección internacional, en la página 60, titulada "Fluye dinero para comicios de EE.UU.; más para republicanos"; todas ellas relacionadas, como veremos.
El primer comentario que debemos hacer es que el Tribunal Supremo Electoral, TSE, con su iniciativa de ley, llega totalmente tarde. Luego, el tono que utiliza la autora de la nota, Karen Cardona, como que el TSE está retando al Congreso, es equivocada y no abona a que la opinión pública entienda bien el papel que cada institución tiene en el proceso de formación y sanción de una reforma de esta naturaleza.
Aquí no hay retos ni pleitos, sino propuestas que se aceptan o no convencen. Se trata del ejercicio del derecho que el TSE electoral tiene de proponer reformas a la ley que lo rige, y el Congreso de la República que está, también, en su derecho de reformar, o no, dicha ley.
Son varias, siete según la nota indicada, las propuestas de modificación: la primera y más obvia, dado a lo mal que ha quedado el TSE al imponer multas ridículas, es precisamente que se incremente el monto de las mismas. Esta propuesta nos parece sensata pero es una pena que llegue con más de dos décadas de retraso.
Otra propuesta de modificación es la pretensión de obligar a los partidos políticos a entregar el financiamiento público, en porcentajes, a los comités departamentales y municipales de las organizaciones políticas. Desconocemos cuál es el interés del TSE en promover una reforma legal que no le quita ni le pone en su función, y que debiera ser prerrogativa de la dirección de los partidos políticos tomar ese tipo de decisiones.
Aclaramos que, por el momento, ni siquiera pertenecemos a partido político alguno, pero nuestra experiencia dentro de ellos nos dice que muchas cuentas generales de los partidos se suelen pagar, después de la campaña, con estos recursos, y en absolutamente nada va a mejorar el desempeño del TSE una reforma de esta naturaleza. Por otro lado, si el Comité Ejecutivo Nacional de un partido político descuida a sus bases en el interior del país, la tendencia será a que dicho partido político desaparezca. La relación entre la dirigencia nacional y la dirigencia local, aunque el TSE no meta mano en el asunto, tiene que ser fluida y enfocada hacia las mismas metas y proyectos, pero por convicción, no por mandato de la ley.
La reforma que propone el TSE, relativa a controlar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos nos parece buena, a excepción del papel que se pretende dar a la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, quien no debiera inmiscuirse en este tipo de asuntos. La participación de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, IVE, y la Contraloría General de Cuentas son dos entidades que, no sólo son suficientes para la tarea, sino que pueden hacer un papel más equilibrado e idóneo en el asunto.
Nos manifestamos en contra de que a la SAT se le dé participación en estos temas porque su papel es de ente recaudador de impuestos, y el papel que viene jugando, sobrepasándose en sus funciones muchas veces, como bloquear la posibilidad de que alguien pueda emitir nuevas factuas porque no ha pagado el impuesto de circulación de algún vehículo, o de hacer caso omiso de las leyes ordinarias, demandando a los contribuyentes, como sucede con el caso de los dividendos pagados con cupones de las acciones de las sociedades mercantiles, o como hacer caso omiso, también, ya no de la simple ley ordinaria, sino de los Tratados de Libre Comercio, obligando a los importadores a pagar impuestos que no corresponden porque fueron negociados y rebajados o eliminados, y tenerlos peleando para que se los devuelvan al cabo de meses o años, son sólo algunos ejemplos de lo peligroso que resulta, con una entidad que cree tener su propia esfera de Derecho, husmeando en el proceso electoral, especialmente en un país en donde las Superintendencias se crearon para que fuesen independientes del poder casi omnímodo que tenía la Presidencia de la República, pero los resabios de esa tremenda influencia todavía se hacen sentir, y esta institución puede ser utilizada como medio de coartar la participación legítima de buenos ciudadanos a través del denominado "terrorismo fiscal".
Sabemos, por la nota de prensa aludida, que se redefinen más claramente los conceptos de proselitismo, de propaganda y de campaña electoral, pero no conocemos la propuesta del TSE como para comentarlos.
Parece increíble, pero en las reformas propuestas el TSE busca asegurar los fondos para celebrar las elecciones, lo cual, ante la calidad de las actuales autoridades de gobierno, que todo lo transfieren y lo están entregando sin transparencia alguna, seguramente en la campaña anticipada, descarada e ilegal de la señora Torres Casanova de Colom, y con la actitud irresponsable de la mayoría de diputados del Congreso de la República, es entendible. Aunque hemos de dejar establecido que en un país civilizado ni debiera existir discusión acerca de la asignación de fondos, por parte del Congreso de la República, en cada oportunidad que haya un evento electoral. ¿Qué harían los partidos políticos si el TSE se entrampa y no puede llevar a cabo los actos preparatorios de un evento? ¿Cómo se reelegirían los diputados sin cumplir con los requisitos que la Constitución establece? Estas parecen interrogantes perogrulladas.
Pide el TSE, dice la nota de prensa, una cuota de 50 por ciento para la participación de mujeres en los partidos, de la cual el 10 por ciento deberá ser para jóvenes, propuesta que tampoco viene a abonar, en absolutamente nada, al funcionamiento del mismo, a su agilidad, a su transparencia. Imagino que hasta habrá un debate para definir esa peligrosa línea que, dentro de las féminas, defina el término "juventud". Así es nuestra sociedad y así es el género femenino.
La Ley de Cuotas que pretenden apoyar, sólo porque Guatemala no la tiene como otros países, es denigrante para la mujer, que por un lado exige igualdad de derechos y por el otro una cuota legal, un privilegio, como si no tuvieran capacidad para involucrarse en la política nacional por sí mismas.
A nosotros, acostumbrados como estamos a trabajar, en la esfera política, con excelentes damas funcionarias, asesoras, técnicas o diputadas, y habiendo conocido excelentes alcaldesas también, preferiríamos que se fuese perfilando una opinión pública en favor de apoyar a los partidos políticos que privilegien, sin obligación alguna, la participación femenina y de la juventud, aspecto este último sobre el cual ya nos hemos expresado en este espacio, y no tenemos inconveniente alguno en darles el lugar que se han ganado y para el cual están perfectamente capacitadas.
Es más, por si nuestros lectores guatemaltecos no se han fijado (y para nuestros lectores extranjeros, para que nos comprendan mejor), gran parte de la carga laboral que representa la investigación policial, la persecución penal, la defensoría pública y la administración de justicia, están en manos de mujeres, y todo ello se ha dado de manera natural, se lo han ganado a pulso, con su propio empeño, porque "no necesitan tecomates para flotar", de modo que nosotros vemos, en este proyecto, un paternalismo que en nada abona al perfil de la mujer en política.
Además, para que observen los problemas que esto genera, investiguen quienes no están de acuerdo con mis argumentos cómo funciona una ley de este tipo en El Salvador, y se darán cuenta de los enormes problemas que tienen los partidos políticos, cuyos diputados aprobaron la norma, para llenar esos espacios, lo que no sólo los obliga a participar con listados incompletos de candidatas sino pone en evidencia que la participación política se da por voluntad propia, no por privilegios ni por obligación.
Ojalá tengamos la oportunidad, en el futuro, de participar en algún partido político en donde podamos convocar a todas las mujeres del país que estén dispuestas a entregarse a una carrera por su comunidad, por su municipio, por su país, que buena falta le hace el corazón generalmente sano de la mujer (que las excepciones también las hay) en el proceso de cohesionar, dirigir y administrar la cosa pública, así podremos sacar a relucir, de viva voz, cómo nuestra abuela materna, la escritora Elisa Hall, fue una de las pioneras en Guatemala, desde finales de los años 1930's, que salieron a la calle y se organizaron para buscar el voto femenino, que no lo tenían en esa época.
Por último, también se propone legalizar el instituto de formación cívica, política y electoral, que en nada abona a que se mejore la función del TSE.
Resumiendo: las únicas reformas legales propuestas que realmente llevan a mejorar el funcionamiento del TSE, son el aumento de las multas que podrá imponer y la posibilidad de verificar el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos. Todas las demás son de relleno, como las que pretenden redefinir conceptos, o en nada abonan a su mejor funcionamiento, como la de obligar a descentralizar el financiamiento público, la de cuotas para mujeres y jóvenes y la legalización de un instituto para promover la educación de las organizaciones políticas y los ciudadanos.
También pretende el TSE reformar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad (la nota viene equivocada y da a entender como que se desea modificar dos cuerpos legales, la Ley de Amparo y la de Exhibición Peronal, cuando es una sola), buscando que los partidos políticos no utilicen a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, como una primera instancia a la hora de impugnar algún fallo del TSE, el cual luego es recurrido, además, en la Corte de Constitucionalidad, CC. Con la reforma propuesta, entendemos, cualquier revisión posterior quedaría sólo en manos de la CC, dejando por fuera a la CSJ y abreviando el proceso, lo cual nos parece adecuado aunque, repetimos, algo tarde.
Lamentamos, eso sí, que en la reforma legal propuesta se hayan olvidado, nuevamente, de los guatemaltecos que viven en el extranjero, que con esta propuesta vuelven a recibir, de su país, un golpe bajo con dolor de olvido, ya que sólo son recordados cuando baja el nivel de remesas que envían o cuando algunos de ellos son asesinados en alguna ruta migratoria. No pueden alegar ignorancia los proponentes de ley, ya que desde hace unos dieciocho o veinte años, cuando fungí como Fiscal del Partido de Avanzada Nacional, PAN, ante dicho Tribunal, propugné por que se previeran los cambios legales necesarios para que los guatemaltecos en el extranjero tuviesen un canal de expresión con respecto a sus autoridades, pero fuimos ignorados con el argumento que no hay presupuesto para ello, lo cual fue y sigue siendo una completa falacia.
La participación ciudadana, con cambios legales que permitan el voto de guatemaltecos en el extranjero, sí habría abonado a una mejor participación ciudadana, sin necesidad de cuotas, y habría permitido la representación de los migrantes en el escenario político cotidiano, con representantes legítimos en el Congreso de la República, aunque fuesen pocos, enriqueciendo el debate o, quizás, haciendo que el mismo pusiese los pies sobre la tierra.
Lástima que la propuesta proveniente del TSE no contempla esta posibilidad. Ojalá el Congreso de la República pierda el temor a la expresión legítima, pluralista y democrática de tanto guatemalteco que no ha perdido sus derechos ciudadanos ni políticos por el hecho de haber enfrentado la vida en otros países.
La segunda nota se refiere a una propuesta que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, efecutará en su próximo informe de desarrollo humano sobre Guatemala, en el sentido que se legisle para evitar el transfuguismo y limitar la reelección en el Congreso de la República. Primero que todo, no entendemos por qué el PNUD, en lugar de ver cómo traemos a nuestras latitudes las experiencias en desarrollo que han tenido en Colombia, en Chile o en Brasil, fomentando la transparencia en la utilización de los recursos, por ejemplo, se involucre en temas de esta naturaleza y, encima, fomente políticas paternalistas que, lejos de provocar el desarrollo político, que es parte del desarrollo humano, lo lisian, lo castran, procurando que la ley tome la decisión por el elector.
Parece que el consultor contratado para efectuar el estudio fue el prestigioso investigador guatemalteco, de origen nicaragüense, Edelberto Torres Rivas, con quien estamos de acuerdo en que el transfuguismo se da por causa de que no hay una democracia madura y porque los partidos políticos carecen de ideologías, pero sentimos disentir del remedio que propone, aunque debemos reconocer a ciencia cierta qué es exactamente lo que el informe dirá.
Nos atrevemos a disentir de la fórmula propuesta, anticipadamente, porque la madurez democrática de nuestro pueblo no llegará cercándole el camino por donde deba transitar, paternalistamente, sino con el ejercicio de sus derechos ciudadanos, con educación de la masa votante, con la posibilidad de que cada ciudadano escoja por qué camino desea encausar su ruta.
Si tenemos pseudo líderes tránsfugas es porque tenemos partidos políticos que los aceptan, y tenemos partidos políticos que aceptan este tipo de componendas porque el electorado lo permite y no castiga el transfuguismo, por mucho que le parezca deleznable o que simplemente no esté de acuerdo con él.
En el corto plazo debemos lidiar con los detestables casos de cambio de camiseta como si fuera ropa interior, pero todo eso es preferible, para el largo plazo, que vedar la posibilidad, ahora, de que el electorado madure, aprenda a no apoyar candidatos tránsfugas ni partidos políticos dirigidos por personajes que son capaces de transar cualquier cosa por llegar a hacerse del control del poder, sin pensar en el país.
Así como preferimos un PNUD dedicado a su agenda de desarrollo, preferimos un Congreso de la República que no interfiera en la libertad que los electores tengan de elegir, y que, aunque no vivimos una situación ideal, ahora, tengamos la oportunidad, en el porvenir, de ver un pueblo educado, consciente, que distingue para votar entre los personajes que se presentan a optar por los diferentes cargos de elección popular.
Preferimos ver hoy un pueblo confundido en donde se cuelen algunos listos, pero con posibilidades de evolucionar para bien, que ver un pueblo truncado que no demuestre interés en mejorar con vistas al futuro.
La tercera nota de prensa a la cual nos referimos en el primer párrafo, es prácticamente una entrevista a la señora Delisa Ferreira, consultora en transparencia que participó en el taller de Fiscalización del financiamiento de los partidos políticos que se efectuó esta semana (sic.) (si hoy es lunes, es obvio que no fue esta semana), en donde expone la problemática que existe, propone que la información de montos y nombres de financistas esté disponible en internet y que también participen, además del control cruzado de los medios de comunicación, la IVE, ya mencionada, y organismos internacionalaes, que no define la nota, para cruzar información.
Con lo segundo podemos estar de acuerdo, pero con lo primero, aunque en principio lo estamos, también estamos conscientes que vivimos en un país en donde las redes sociales son utilizadas por delincuentes para cometer ilícitos, sean estos secuestros, extorsiones, etcétera, de modo que, por principio también, estamos en contra de esta medida, en primer lugar para proteger a los eslabones más débiles de la cadena, que suelen ser los hijos y los cónyuges, generalmente mujeres, de quienes financien, en segundo lugar, porque el financiamiento privado para hacer política es necesario, y con medidas de esta naturaleza, en un país como el nuestro, estaríamos condenando a los partidos políticos sanos a no conseguir dinero para promover candidatos no ligados a las bandas de delincuencia organizada que, con lo que sabemos, casi tenemos la certeza de que siempre encontrarán el medio para financiar candidatos y partidos políticos dispuestos a comprometerse.
Contrasta todo lo anterior, en donde vemos organizaciones multilaterales un poco fuera de su ámbito, desenfocadas de su quehacer ordinario, y consultores internacionales ligados a un TSE que propone reformas legales discutibles, con la última nota que comentaremos, que da cuenta que, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de América, de enero de 2010, se rompió la reglamentación que venía dándose desde hace casi setenta años en cuanto al límite de donaciones para campañas políticas en ese país.
Hoy, el ámbito de libertad de los poderosos partidos políticos estadounidenses ha crecido, y conforme a las nuevas reglas del juego (jurídicas, se entiende), los partidos políticos pueden ser financiados, sin límite de cantidad, por empresas, incluso extranjeras, grupos de interés o sindicatos.
Señala la nota que, según el Center for Responsive Politics, una organización que sigue el financiamiento de los partidos políticos, en la campaña anterior de elecciones de medio período, llevadas a cabo el 7 de noviembre de 2006, dichos partidos se gastaron US$.2,800 millones, y ahora llevan gastados US$.3,400 millones, es decir, US$.600 millones más, en época de crisis económica, y todavía falta que lleguemos al 2 de noviembre de 2010 en que se llevará a cabo el siguiente ejercicio electoral.
No vemos, acá, consultores internacionales ni organismos multilaterales sugiriéndole al poderoso país del norte qué deben hacer. Vemos, más bien, a un presidente estadounidense preocupado porque la mayoría de ese financiamiento se está yendo hacia la oposición política, el Partido Republicano, lo cual parece predecir que podríamos estar ante el advenimiento de nuevas mayorías en el Congreso y en el Senado de ese país, y verse obligado el Organismo Ejecutivo a trabajar de la mano con una nueva mayoría opositora.
No podemos negar que la apertura que ha permitido la CSJ de Estados Unidos puede dar lugar a otro tipo de problemas, pero lo que nos queda claro es que los magistrados que fallaron tienen una visión respetuosa del electorado estadounidense, que confían en sus instituciones, dentro de las cuales está una poderosa maquinaria de medios de comunicación que estará atenta de brindarle a la ciudadanía, interesada en sus asuntos públicos, la información de todo lo que suceda y, a su vez, los partidos políticos estarán muy atentos de no abusar de esa libertad, ya que un electorado informado sabe organizarse para cobrar ese tipo de facturas en las sociedades libres y educadas del mundo.
Corolario: Guatemala no necesita restringir las libertades de sus habitantes; necesita más educación en ciudadanía por parte del electorado, más cultura política para quienes pretendan liderar algún proyecto, para los diputados y magistrados del TSE; más participación de todos y todas, sin cuotas denigrantes y sin importar en qué país se vive por el momento, consultores internacionales que propongan recetas para todo el mundo, no sólo para los países subdesarrollados, y organismos multilaterales que no nos vean con desdén y se ocupen de desarrollar su agenda específica en desarrollo o en lo que estén, y no se inmiscuyan en nuestra manera de hacer política, aunque no les guste.
En Guatemala, quienes opinamos de política y de la manera de hacerla, somos los guatemaltecos.
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