NOTAS SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. ¡ALERTAS FRENTE AL POSIBLE SAQUEO!

Cuando uno sale de una institución llevándose puesta la camiseta de la misma, es decir, habiendo demostrado con su trabajo el amor por el país y por aquélla, dejándole, con la partida, un evidente valor agregado, uno suele mantenerse recibiendo información acerca del curso en que se continúan desarrollando las actividades.

Con relación al Registro General de la Propiedad, institución en la cual laboré de febrero de 2004 a mayo de 2008, coadyuvando a rescatarla del caos en que se encontraba a partir de un colapso informático acaecido en mayo de 2003 y que después de su transformación, desde hace un par de años el Banco Mundial lo ha catalogado como el mejor Registro de Propiedad de América Latina y el Caribe, me han llegado, últimamente, tres noticias que vale la pena compartir con quienes suelen leer nuestros ensayos.

La primera tiene que ver con la condena, unos dicen de 24 años, otros de 20, otros de 12 años de prisión, de uno de los operadores del Registro, es decir, de las personas que, físicamente, llevan a cabo la operación de registro de las inscripciones que contienen los documentos públicos que le son presentados.

Explicar en este espacio el caso sería sumamente largo y complicado. Baste decir que, en resúmen, se utilizó el número que genera un documento legítimo debidamente presentado para hacer operaciones, creando fincas falsas, sin respaldo legal, sobre áreas de reserva de la Nación en Petén, en donde, ¡oh casualidad!, fueron trasladadas poblaciones enteras de otros lugares y es conocido, públicamente, que es territorio de narcotraficantes, con nombres y apellidos.

Todo esto se dio en la época en que se trataba de recuperar un sistema informático colapsado, aprovechándose, además, de procedimientos poco meditados frente a las posibilidades que el crimen organizado tratara de infiltrarse, producto, quizás, de la buena fe con que todo esto se trabajaba décadas atrás y en esa poca visión que permitió volver electrónicas aquellas partes del proceso de registro que antes se hacía manualmente, lo cual nos abrió los ojos, como autoridades, y procedimos a ver ese proceso de registro con ojos de maldad, como si fuésemos abogados del diablo, y a cerrar todas las posibilidades que encontramos para que se siguieran comentiendo este tipo de hechos ilícitos que atentan en contra de la seguridad jurídica, en contra de las áreas verdes del país y en contra de la sociedad entera.

Sin embargo, hay varias consideraciones alrededor de este caso que vale la pena resaltar: la primordial, quizás, es que tenemos varios años de venir propugnando por que el Organismo Judicial cree la Jurisdicción Privativa de las Cuestiones de la Tierra y sus Registros, para especializar a los jueces en este tema tan complejo, pero no se ha logrado, y el fallo pronunciado prácticamente avala nuestra posición al respecto.

Estas ideas nacieron de la necesidad que, por experiencia, veíamos durante nuestra gestión, con jueces que han de ser muy duchos en cualquier otra cosa, pero a quienes se les dificulta hasta saber leer e interpretar una certificación extendida por alguno de los Registros de Propiedad.

La sentencia, según sabemos, mandó certificar lo conducente en contra de otras personas que laboraban o todavía lo hacen en el Registro, algunas de las cuales hacían un trabajo eminentemente técnico y no tenían oportunidad de crear fincas falsas, y las otras, además, fueron bastión de nuestra administración en esa transformación, para bien, del Registro que hoy disfrutan, con su celeridad y absoluta transparencia, los ciudadanos, de modo que, si bien es cierto se obtiene algo de justicia al condenar a quien creó las fincas falsas, carece de justicia totalmente el otro aspecto.

Otra noticia interesante es que el Secretario General del Sindicato de Operadores del Registro General de la Propiedad, quien ya tenía una licenciatura en psicología, entendemos, ahora se ha graduado de abogado y notario también, lo cual es positivo no sólo por su labor de operador en donde el conocimiento sólido de los aspectos legales y jurídicos es indispensable, sino porque denota un espíritu de superación que debe ser imitado por todos los trabajadores del Registro y por todos los sindicalistas del país.

La última noticia que nos ha llegado sí es preocupante, y consiste en la renuncia del actual Registrador General de la Propiedad, el licenciado Sergio Romano, un abogado y notario jóven que tuvo la capacidad de entender, en su globalidad, el proyecto de transformación del Registro que estaba en marcha, y la humildad para montarse en el proyecto, lo cual ha redundado en la consecución de una mejor institución cada día, contrario a lo que, ante los ojos de todos y sin capacidad de que podamos hacer algo, sucede en tantas otras instituciones que, con "ocurrencias", las llegan a burocratizar y a entorpecer su funcionamiento.

En este momento no tenemos seguro si ha renunciado, si le han aceptado la renuncia o si ya se sabe quién llega a dicha Institución.

Lo que es importante que conozca la ciudadanía es que, en mayo de 2008, cuando le renuncié al Presidente de la República, Álvaro Colom, habíamos dejado en caja, para apoyar la transformación que faltaba, especialmente en el interior del país, unos Q.110 millones que, al ritmo de crecimiento, hoy debieran ser, quizás, unos Q.170 millones.

Si unos meses antes de que comience la campaña electoral, el Registrador de la Propiedad, que ha demostrado ser una persona honrada, está renunciando, todo esto huele a que está atado a la cantidad de dinero a la cual le podrían echar mano, desde Casa Presidencial, los tentáculos de ya saben quién que, en su sed de dinero, pueda estar moviendo sus piezas para caerle a través de muchas posibilidades que tienen a mano, desde contrataciones de plazas fantasmas, o de consultorías multimillonarias para descubrir el sexo de los ángeles, hasta las consabidas transferencias hacia otros programas en donde, una mancha más al tigre, ni se notaría.

Sería lamentable que, encima que no han logrado construir algo palpable para la posteridad, destruyan, por su conocida avaricia, una institución pública, la única quizás, que es capaz de producir admiración en el resto de América.