EL ESTADO DE BIENESTAR Y EL CONSUMO DE DROGAS

Se tiene la noción generalizada de que el Estado de Bienestar, como hoy se conoce, inició con las políticas sociales de Otto von Bismarck, en Alemania, a finales del siglo XIX, aunque ya los romanos, durante el perídodo del emperador Trajano (53-117), según consta de relatos de Plinio del Jóven, tuvieron programas exitosos de ayuda a los más necesitados.

La ayuda a los más pobres fue uno de los cinco pilares del Islám desde el sigo VII, en forma de caridad, e incluía a los huérfanos, viudas e incapacitados, además de los ancianos.

Los chinos, durante la dinastía Song en el siglo XI, establecieron servicios esenciales para que la población tuviese una vida decente, con inclusión de préstamos agrícolas, regulación de salarios y planificación de pensiones para los enfermos y los ancianos, regulaciones que fueron conocidas como "Leyes Nuevas", aunque fuesen promulgadas prácticamente hace mil años.

También hay otros claros antecedentes históricos, como la "Ley de Pobres" inglesa, de 1601, las "Leyes de Ayuda a los Pobres" sueca, de 1847, todas desde una visión de apoyo del Estado, o la creación de sociedades privadas, en Francia, España y tantos otros países, fundadas con la finalidad de combatir la pobreza a través de la caridad de las personas.

Es decir, en la medida que las sociedades han ido evolucionando y los gobernantes se han sentido económicamente cómodos, han ido considerando la promulgación de leyes que beneficien a los más necesitados, a aquellas personas que por su edad, por su condición de falta de salud o por la simple falta de dinero o de oportunidades, son susceptibles de recibir algún tipo de ayuda de parte del Estado, con los recursos que, a través de los impuestos, todos los súbditos o ciudadanos contribuyen.

Estados Unidos de América, como se ve, es de los últimos países en llegar al Estado Bienestar, el "Wellfare" para todos sus ciudadanos, y comienza en 1930, precisamente en la parte más profunda de la grave crisis económica que ocasionó la prácticamente quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en octubre de 1929, pues llamarle sólo caída sería un eufemismo.

Estados Unidos es un país reconocido por su potencial, por su riqueza y por sus enormes proyectos privados de caridad, y encima por unos programas sociales tan grandes que proveen a sus ciudadanos de unas prerrogativas de protección social impresionantes.

Todo esto está bien en la medida que los programas son acequibles sólo para quien los necesita y si partimos de la premisa de que los ciudadanos que no los necesitan no se van a aprovechar de los mismos, pero la historia, y en esta parte nos referimos a lo que sucede en todo el mundo, no es precisamente así.

Las economías de las potencias industriales europeas están en crisis, precisamente porque sus políticos han abusado de los ofrecimientos y la puesta en marcha de proyectos populistas que buscan atraer votantes pero hacen que todo el aparato crezca y se haga excesivamente caro para quienes pagan impuestos, lo que en los útimos años los ha venido obligando a aprobar presupuestos totalmente deficitarios con el ánimo de continuar con esta especie de fiesta en la que, por otro lado, demasiados ciudadanos están montados para obtener beneficios que, en la mayoría de los casos, no necesitan.

Sólo los dos temas que mencionamos en el párrafo anterior merecen un ensayo específico.

Sin embargo, el tema sobre el cual deseamos llamar la atención, hoy, es sobre la ley que hace casi un año (el 31 de mayo de 2011) promulgara el gobernador del Estado de la Florida, en Estados Unidos, el republicano Rick Scott, que manda hacer examen de orina para establecer que no consume drogas, a todas las personas que deseen hacer uso de los recursos de ayuda.

A nosotros nos parece que, en lugar de ser leyes antiinmigrantes las que contaminen los Estados de la Unión Americana, son leyes de esta naturaleza las que debieran estar contagiando, beneficiosamente, al mundo entero.

Por supuesto, no han faltado ciudadanos e instituciones que se hayan opuesto a tal medida, argumentando especialmente que los exámenes se tratan de una intromisión en la vida privada de las personas. ¿Y no establece el Principio del Derecho que prevalece el interés social sobre el interés particular? ¿Y no es de interés social que los recursos económicos, que son de todos, sean empleados en los programas de ayudas únicamente en las personas que los necesitan? ¿Si una persona tiene dinero para consumir drogas, está en posición para exigir que se le ayude económicamente por cualquier otra razón?

El Presidente de Guatemala, quien no tiene un pelo de tonto, recientemente propuso la legalización de las drogas como una medida de quitarle recursos al narcotráfico, y muchos mandatarios, unos por decisión propia, como el de Estados Unidos, y otros por mandato imperial, como otros que no vale la pena mencionar, descartaron la medida a priori, manifestando su real temor por discutir un problema que nos afecta a todos.

Ahora bien, retirarle los recursos de ayuda a tanto drogadicto que prefiere no trabajar y salir a asaltar o a robar y hasta matar con tal de conseguir dinero para la siguiente dosis, ¿no es una política que contiene todo el sentido común que podría desear una norma legal de aplicación pública?

Casi nadie le ha puesto atención a la medida que se ha tratado de implementar en el Estado de la Florida (con la oposición, por cierto, de los políticos del Partido Demócrata, que son opositores), pero desde este humilde sitio le damos el respaldo y pedimos que se implemente en todos los países del mundo, especialmente en aquellos que, por más recortes que vengan haciendo, como Grecia, Italia, Portugal y España, no logran estabilizar sus presupuestos.

Luego, sería interesante conocer estadísticas y establecer cuántos de los narcoenfermos del mundo están ayudando a ser intoxicados con recursos públicos de un Estado que todavía llaman Bienestar.