Los españoles llegaron a Centroamérica en 1524. Apenas unos 30 años después, con la publicación anónima del Lazarillo de Tormes, nacía el género de novela que, con el tiempo y la aparición de El Buscón, Guzmán de Alfarache, El Diablo Cojuelo y otras tantas novelas menos conocidas, dio en llamarse picaresco.
No eran tan sólo novelas costumbristas, es decir, que narraran el tipo de vida de la época; eran parodias de las realidades de la vida social en donde el protagonista siempre era un pícaro, proveniente, en términos generales, del bajo mundo, normalmente huérfano o descendiente de padres o familiares de dudosa hondarez que, en aquella época de aventuras de hidalgos y de caballería, hacía de una especie de héroe de lo ridículo, de lo mordaz, o de antihéroe, si se quiere, toda vez que la narración de sus peripecias tendía a resaltar la manera como solía salirse con la suya el protagonista mediante argucias y métodos no sólo poco ortodoxos sino reñidos con los altos principios morales y éticos.
Jugarle la vuelta al ciego para robarle el sustento diario era totalmente permisible, como lo era saltarse una tapia y disfrutar de las mejores delicias que una dama de alta alcurnia podría brindar a un amante, sólo que resultaba no ser el amado amante sino el vulgar y sucio protagonista, usurpando calidades aprovechando la obscuridad de la noche y el descuido de guardias y criados.
Este género literario nació espontáneamente dentro de la sociedad española, y como una real maldición ha traspasado los limitados márgenes de la comunicación escrita para incrustarse en nuestra vida política nacional. Pensando que fue una manera de manifestarse quienes en el siglo XVI tenían vocación de escritores, ha logrado traspasar los umbrales del tiempo y resucitar, en carne y hueso, en las actitudes de políticos de actualidad, cuyas agendas parecieran ser, más que salidas de uno de esos viejos libros, algo así como el reafianzamiento de las bajezas humanas que los artistas de la pluma advirtieron y de las cuales quisieron burlarse, divirtiendo, a su vez, a varias generaciones de lectores.
El género literario picaresco, debemos advertir, es propio del idioma español, del idioma que la sociedad española de ese siglo XVI trajo a América y, con él, pareciera que las características humanas de las cuales hace burla.
Sí. Porque voltea uno a ver por cualquier lado y, ¿qué encuentra uno? Pícaros. Y pícaras. Pero eso no es todo. En esta novela picaresca posmoderna que llamamos realidad política nacional, en la mayoría de países hispanoamericanos, está ahora nutrida desde muchas partes, pero la más peligrosa es la que hace de modernos lectores, los conciudadanos, que en nuestra idiosincracia tendemos a premiar precisamente al pícaro, al que la hace.
La tendencia popular no es a aborrecer al funcionario ladrón, sino a alentarlos a que roben pero que hagan algo. Igualmente podemos decir del apoyo popular para quienes, flagrante y reiteradamente, violan la ley, roban, esconden información, son poco transparentes en la utilización de los recursos, etcétera, pues es inverosímil ver a las grandes masas apoyando a este tipo de personajes, premiando el hecho de que no los puedan agarrar en lo que todos sabemos que están haciendo.
España, afortunadamente, logró superar en gran medida a los pícaros vanagloriados en el pasado a través de siglos de publicaciones populares, y hoy tiene políticos que se equivocan pero que no podemos, en general, tildar de pícaros. Pero lastimosamente no es lo mismo lo que podemos pensar y decir de la generalidad de políticos de nuestra querida América Latina, por más que haya unos cuantos gobernantes que, por el momento, se libren de tal calificativo.
Necesitamos que los niveles de educación de la población se eleven muy por encima de donde hoy se encuentran para que la gente común y corriente deje de sentirse heredera de las hazañas de los pícaros de la actualidad que, como dije, son algunos políticos, no todos, y mucha ciudadanía que les permite y los acompaña.
Esa sintomatología del espíritu nacional de nuestros países merece una mejor perspectiva.
martes, 23 de febrero de 2010
viernes, 19 de febrero de 2010
EN DESACUERDO CON UN CONCEPTO DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET. DE LAS ECONOMÍAS AISLADAS A LA GLOBALIZACIÓN.
Me gusta mucho leer, pero darle lectura a cuestiones históricas o a pensadores de antes tiene un sabor especial para mí. El hábito de leer es, probablemente, de las mejores herencias que haya recibido de mi padre y de mi madre, que a su vez vieron leer a sus padres.
Las generaciones que hoy convivimos en este planeta somos, seguramente, las que más controvertidamente vemos el tema de la lectura. Quienes más hemos leído en la historia somos, quizás, mi generación y las dos o tres que nos antecedieron. Por otro lado, las generaciones más jóvenes de la actualidad son, probablemente, de las que menos han leído en siglos de desarrollo de la cultura, y lo peor es que no saben de lo que se pierden.
En estos días, leyendo una crítica que el gran pensador José Ortega y Gasset hace de la literatura de otro portento de la intelectualidad, el escritor Pío Baroja (con quien, dicho sea de paso, mi abuela, la escritora Elisa Hall, se carteaba cuando apenas tenía 12 años), en un escrito de hace 100 años exactos, encontré, cosa rara, un concepto con el cual no estoy de acuerdo.
El mismo dice: "Una economía de reducidas proporciones modela una sociedad muy poco diferenciada. Así, en los pueblos primitivos el individuo puede elegir entre ser sacerdote, o guerrero, o forjador, u ollero, o pastor.".
Él decía que en la España de 1910 había dos docenas de maneras de vivir y nada más. Que el individuo, "...al llegar a la mocedad, es forzado a aceptar una de ellas, y, quiera o no, tiene que verificar la ablación o la compresión de aquellos miembros espirituales que no coinciden con el volumen del molde...", componiéndose el puebo de "...gentes esterilizadas por su oficio, que no coincide con su genialidad personal, con sus facultades e inclinaciones..."
Si eso es lo que se pensaba de España, recién desmantelados los últimos resabios de un imperio en donde no se ponía el sol y del cual se nutrió durante siglos, ¿qué podría pensarse de Guatemala o de cualquiera de nuestros países, en Centroamérica o en el Caribe, con unas economías tan pequeñas todavía y que, encima, tienen un siglo y tanto de luchar, no ya por su desarrollo, sino en contra de la argolla de la ignorancia, del lastre del hambre, del paradigma de la pobreza, de la carga que significa la desigualdad, de las carencias en todo sentido, especialmente de oportunidades.
Consecuente con el pensamiento orteguiano expresado, si de acuerdo a la economía española de hace 100 años no se disponía de más de dos docenas de posibilidades de desenvolverse en la vida, económicamente hablando, en nuestros países, hoy, no habría más de tres o cuatro maneras de hacerlo.
Debemos aceptar que el mundo, desde entonces, ha evolucionado. Es más fácil entender que esas dos docenas de maneras de enfrentar la vida han de haber correspondido, por igual, a España y a toda la América Latina en los albores del siglo XX, y que los pensamientos de Ortega y Gasset provenían de comparar con amargura, más bien, el incipiente desarrollo de los países anglosajones de esa época, que sin el reciente descalabro imperial del país mediterráneo, han de haber tenido mejores condiciones para que sus habitantes se desarrollaran y desenvolvieran.
Nuestras economías, hoy, no permiten que las sociedades que conformamos sean tan desarrolladas, pero existen otro tipo de mecanismos, que antes no había, para que una persona sin muchos recursos pero gran corazón y entendimiento, pueda encauzar su esfuerzo hacia metas hoy impensables.
Conocidísimo el caso de aquel joven que, por carecer de recursos, salía todas las noches a leer sus libros de medicina al amparo del poste de alumbrado público de la esquina del barrio, y con su perseverancia y gran capacidad, hoy vive retirado, al frente de una Fundación, ayudando a que niños de escasos recursos puedan tener, en nuestro país, la mejor cirugía de corazón del mundo, no sin antes dejar una huella de tal magnitud que se habla de la cirugía pediátrica cardiovascular de antes y de después de dicho médico.
Ese logro personal, que hoy compartimos con orgullo como si fuese un logro nuestro, se hizo en una época en que no era común el financiamiento estudiantil. Hoy existen, para los estudiantes dedicados, becas en muchísimos ámbitos que les pueden permitir desarrollarse en el campo que se les ocurra y, prácticamente, en el país que deseen.
Ortega y Gassett vivió en un tiempo en donde todo era limitado. Hasta la economía. Cien años después, la tecnología y la ciencia no sólo han desarrollado las economías de los países que en ellas invierten sino que han ampliado, exponencialmente, los campos de estudio y de desarrollo profesional o laboral de la población en general.
Por otro lado, la tecnología y la ciencia han disparado, por su parte, el segmento laboral de los servicios, en donde hoy las personas pueden encontrar más maneras de desarrollarse que las dos docenas que el respetado pensador veía como las únicas para los españoles de hace 100 años.
La diferenciación de las actividades en nuestras economías, por otro lado, es un proceso dinámico que, estamos seguros, tendrá un enorme desarrollo en los años por venir.
Pero hay que estar alertas. La globalización, proceso en que estamos cada día más vinculados, se está acentuando cada día. Es un proceso imparable a menos que suceda algo como la predicción de Nostradamus y el mundo entre en una crisis generalizada.
En la medida que esa globalización avance, habrá menos limitaciones para el movimiento de capitales, que son vitales para el desarrollo de las oportunidades, de modo que los países ya han entrado en una especia de competencia por atraer esas inversiones y aprovechar esas oportunidades. China, por ejemplo, está por convertirse en el país del mundo donde más personas hablan inglés, porque ha entendido lo importante de aprenderlo para incorporarse al mundo globalizado de los negocios y de los servicios. Hoy tiene más de 300 millones de niños aprendiendo inglés como segunda lengua.
Es vital, entonces, comprender que no es el tamaño de la economía sino la calidad y el enfoque en la educación, lo que permitirá que nuestra actual niñez y juventud compita por las mejores oportunidades, y no contra sus propios compañeros de clase, ni siquiera con los del otro instituto o los que se graduaron en Quetzaltenango o en Jutiapa. La pelea por esas oportunidades, independientemente del tamaño de las economías de los países, está globalizada, y pueden ser los vietnamitas, los polacos, los letonios, los pakistaníes, quienes mejor se preparen, hoy, para recibir las inversiones del mañana y crear más y mejores oportunidades en su gallinero, por decirlo de alguna manera.
Por eso es importante darle un enfoque diferente a la manera como estamos educando a nuestros niños. Por eso, también, es importante entender el mal o el bien que un maestro puede ocasionarle no sólo a los niños a su cargo, sino al país en general, a toda una generación.
No quiero juzgar, hoy, sobre la buena o mala valoración del movimiento magisterial a través de sus sindicatos, sino hacer hincapié acerca de las verdaderas fuerzas que mueven el campo de las oportunidades y cómo éstas pueden incidir en el tamaño de las economías, y no al revés.
Un político formado no puede escaparse del análisis de este tipo de influencias y de la manera como una cosa incide en el funcionamiento o desarrollo de otra.
Por eso es bueno cuestionarse las ideas y desbrozarlas a la luz de otros conceptos, así provengan de uno de los mejores pensadores de la historia, del cual tenemos la ventaja de poder leer sin necesidad de traducción alguna.
Las generaciones que hoy convivimos en este planeta somos, seguramente, las que más controvertidamente vemos el tema de la lectura. Quienes más hemos leído en la historia somos, quizás, mi generación y las dos o tres que nos antecedieron. Por otro lado, las generaciones más jóvenes de la actualidad son, probablemente, de las que menos han leído en siglos de desarrollo de la cultura, y lo peor es que no saben de lo que se pierden.
En estos días, leyendo una crítica que el gran pensador José Ortega y Gasset hace de la literatura de otro portento de la intelectualidad, el escritor Pío Baroja (con quien, dicho sea de paso, mi abuela, la escritora Elisa Hall, se carteaba cuando apenas tenía 12 años), en un escrito de hace 100 años exactos, encontré, cosa rara, un concepto con el cual no estoy de acuerdo.
El mismo dice: "Una economía de reducidas proporciones modela una sociedad muy poco diferenciada. Así, en los pueblos primitivos el individuo puede elegir entre ser sacerdote, o guerrero, o forjador, u ollero, o pastor.".
Él decía que en la España de 1910 había dos docenas de maneras de vivir y nada más. Que el individuo, "...al llegar a la mocedad, es forzado a aceptar una de ellas, y, quiera o no, tiene que verificar la ablación o la compresión de aquellos miembros espirituales que no coinciden con el volumen del molde...", componiéndose el puebo de "...gentes esterilizadas por su oficio, que no coincide con su genialidad personal, con sus facultades e inclinaciones..."
Si eso es lo que se pensaba de España, recién desmantelados los últimos resabios de un imperio en donde no se ponía el sol y del cual se nutrió durante siglos, ¿qué podría pensarse de Guatemala o de cualquiera de nuestros países, en Centroamérica o en el Caribe, con unas economías tan pequeñas todavía y que, encima, tienen un siglo y tanto de luchar, no ya por su desarrollo, sino en contra de la argolla de la ignorancia, del lastre del hambre, del paradigma de la pobreza, de la carga que significa la desigualdad, de las carencias en todo sentido, especialmente de oportunidades.
Consecuente con el pensamiento orteguiano expresado, si de acuerdo a la economía española de hace 100 años no se disponía de más de dos docenas de posibilidades de desenvolverse en la vida, económicamente hablando, en nuestros países, hoy, no habría más de tres o cuatro maneras de hacerlo.
Debemos aceptar que el mundo, desde entonces, ha evolucionado. Es más fácil entender que esas dos docenas de maneras de enfrentar la vida han de haber correspondido, por igual, a España y a toda la América Latina en los albores del siglo XX, y que los pensamientos de Ortega y Gasset provenían de comparar con amargura, más bien, el incipiente desarrollo de los países anglosajones de esa época, que sin el reciente descalabro imperial del país mediterráneo, han de haber tenido mejores condiciones para que sus habitantes se desarrollaran y desenvolvieran.
Nuestras economías, hoy, no permiten que las sociedades que conformamos sean tan desarrolladas, pero existen otro tipo de mecanismos, que antes no había, para que una persona sin muchos recursos pero gran corazón y entendimiento, pueda encauzar su esfuerzo hacia metas hoy impensables.
Conocidísimo el caso de aquel joven que, por carecer de recursos, salía todas las noches a leer sus libros de medicina al amparo del poste de alumbrado público de la esquina del barrio, y con su perseverancia y gran capacidad, hoy vive retirado, al frente de una Fundación, ayudando a que niños de escasos recursos puedan tener, en nuestro país, la mejor cirugía de corazón del mundo, no sin antes dejar una huella de tal magnitud que se habla de la cirugía pediátrica cardiovascular de antes y de después de dicho médico.
Ese logro personal, que hoy compartimos con orgullo como si fuese un logro nuestro, se hizo en una época en que no era común el financiamiento estudiantil. Hoy existen, para los estudiantes dedicados, becas en muchísimos ámbitos que les pueden permitir desarrollarse en el campo que se les ocurra y, prácticamente, en el país que deseen.
Ortega y Gassett vivió en un tiempo en donde todo era limitado. Hasta la economía. Cien años después, la tecnología y la ciencia no sólo han desarrollado las economías de los países que en ellas invierten sino que han ampliado, exponencialmente, los campos de estudio y de desarrollo profesional o laboral de la población en general.
Por otro lado, la tecnología y la ciencia han disparado, por su parte, el segmento laboral de los servicios, en donde hoy las personas pueden encontrar más maneras de desarrollarse que las dos docenas que el respetado pensador veía como las únicas para los españoles de hace 100 años.
La diferenciación de las actividades en nuestras economías, por otro lado, es un proceso dinámico que, estamos seguros, tendrá un enorme desarrollo en los años por venir.
Pero hay que estar alertas. La globalización, proceso en que estamos cada día más vinculados, se está acentuando cada día. Es un proceso imparable a menos que suceda algo como la predicción de Nostradamus y el mundo entre en una crisis generalizada.
En la medida que esa globalización avance, habrá menos limitaciones para el movimiento de capitales, que son vitales para el desarrollo de las oportunidades, de modo que los países ya han entrado en una especia de competencia por atraer esas inversiones y aprovechar esas oportunidades. China, por ejemplo, está por convertirse en el país del mundo donde más personas hablan inglés, porque ha entendido lo importante de aprenderlo para incorporarse al mundo globalizado de los negocios y de los servicios. Hoy tiene más de 300 millones de niños aprendiendo inglés como segunda lengua.
Es vital, entonces, comprender que no es el tamaño de la economía sino la calidad y el enfoque en la educación, lo que permitirá que nuestra actual niñez y juventud compita por las mejores oportunidades, y no contra sus propios compañeros de clase, ni siquiera con los del otro instituto o los que se graduaron en Quetzaltenango o en Jutiapa. La pelea por esas oportunidades, independientemente del tamaño de las economías de los países, está globalizada, y pueden ser los vietnamitas, los polacos, los letonios, los pakistaníes, quienes mejor se preparen, hoy, para recibir las inversiones del mañana y crear más y mejores oportunidades en su gallinero, por decirlo de alguna manera.
Por eso es importante darle un enfoque diferente a la manera como estamos educando a nuestros niños. Por eso, también, es importante entender el mal o el bien que un maestro puede ocasionarle no sólo a los niños a su cargo, sino al país en general, a toda una generación.
No quiero juzgar, hoy, sobre la buena o mala valoración del movimiento magisterial a través de sus sindicatos, sino hacer hincapié acerca de las verdaderas fuerzas que mueven el campo de las oportunidades y cómo éstas pueden incidir en el tamaño de las economías, y no al revés.
Un político formado no puede escaparse del análisis de este tipo de influencias y de la manera como una cosa incide en el funcionamiento o desarrollo de otra.
Por eso es bueno cuestionarse las ideas y desbrozarlas a la luz de otros conceptos, así provengan de uno de los mejores pensadores de la historia, del cual tenemos la ventaja de poder leer sin necesidad de traducción alguna.
jueves, 18 de febrero de 2010
MANUEL ZELAYA IGUAL A JORGE SERRANO: NO DEBE INCORPORARSE AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
El artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas establece que dicha Institución se integra, entre otros, con "Los presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, al concluir su mandato.".
Dentro de la institucionalidad hondureña, el mandato del ex-presidente Manuel Zelaya, finalizó por un acto contemplado constitucionalmente, emanado del Congreso Nacional de ese país. Posteriormente, a raíz del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Guaymuras, al cual me he referido anteriormente en este espacio, se planteó la posibilidad de retrotraer las cosas a como estaban antes de los sucesos del 28 de junio de 2,009, pero el Congreso Nacional de Honduras ratificó que el mandato de Manuel Zelaya había terminado desde finales de junio de ese mismo año.
Por otro lado, el mismo Congreso Nacional de Honduras, constituído por representantes legítimos de dicho pueblo, aplicando los artículos constitucionales pertinentes, nombró para suceder en el cargo de Presidente de la República, en sustitución de Manuel Zelaya Rosales, a Roberto Micheletti, quien continuó ejerciendo dicho cargo hasta que tomó posesión su sucesor, don Porfirio Lobo.
Por ende, si hubiese un Presidente que, al concluir su mandato estuviese en posición de integrar el Parlamento Centroamericano, ése es Roberto Micheletti, no Manuel Zelaya.
Podría haber dos corrientes de pensamiento: En sentido estricto, la primera diría que Manuel Zelaya pudo incorporarse a la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano al finalizar su mandato y hasta que no finalizara la gestión de su sucesor, de modo que pudo haber sido integrante de dicha institución regional desde julio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, pero no ahora que, el presidente que ha concluido un mandato, es Roberto Micheletti, quien puede incorporarse en cualquier momento y hasta que concluya, sin establecerse causa alguna, el mandato presidencial de Porfirio Lobo.
Lo que señalo en el párrafo anterior acarrea, estoy consciente, el inconveniente que, si hubiese un ex-presidente fungiendo en calidad de diputado, éste sería desplazado por el nuevo ex-presidente que lo coloca en esta calidad una decisión tomada, en ley, por el Congreso Nacional de su país, pero sin finalizar el períodoc constitucional, al cual no hace referencia el Tratado Constitutivo.
La otra corriente de pensamiento iría orientada a respetar el período constitucional del ex-presidente que ya está incorporado en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, y al finalizar dicho período darle pase o cabida a quien entregó el cargo de último.
Este último caso tiene precedentes y es el que se ha utilizado cuando, en el pasado, ha habido un Golpe de Estado. Fue el que se utilizó cuando Jorge Serrano Elías, ex-presidente de Guatemala, también violó la Constitución de su país (el mío también, por cierto), en su lugar fue electo, por el Congreso Nacional de Guatemala, el nuevo Presidente Constitucional Ramiro De León Carpio (a quien nadie denominó "de Facto") y, al finalizar el mandato para el cual Serrano Elías había sido constitucionalmente electo, De León Carpio asumió como diputado del Parlamento Centroamericano.
El caso del Golpe de Estado de Jorge Serrano y su sucesión presidencial, y el del Manuel Zelaya y su sucesión presidencial, son sumamente similares en cuanto a que, en ambos casos, fue el Congreso Nacional, en cada país, quien nombró a un sustituto, es decir, a quien habría de finalizar el período que cada Constitución, en estos dos países, Guatemala y Honduras, respectivamente, establece.
El tratamiento que el Parlamento Centroamericano le tiene que dar al segundo caso debería ser similar al que se le dio al primer caso. Hablar de otra cosa es poner en riesgo la legalidad y el sentido común de las actuaciones políticas de la dirigencia.
Todo esto, lo que me pone a pensar, es que Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua del Frente Sandinista de Liberanción Nacional, FSLN, quien no ha reconocido al gobierno de Porfirio Lobo, está esperando que su fiel seguidor, el actual Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano y también Secretario de Relaciones Internacionales del mencionado FSLN, instale a Zelaya para reconocer lo que el pueblo hondureño, abrumadoramente, ya le hizo ver desde finales de noviembre de 2009.
Pienso todo esto porque, tanto Ortega Saavedra, como Manuel Zelaya, Jacinto Suárez, Hugo Chávez, Evo Morales y demás etcéteras, son personas más inclinadas a la ideologización que los ata que a las razones valederas, que a la legalidad de los actos, que a la institucionalidad.
No me extrañaría ver, en la Asamblea Plenaria del PARLACÉN, a toda esta pléyade de personajes defendiendo, según ellos, la legalidad y la institucionalidad, cuando son los mismos que le pasaron encima a todos los principios democráticos y jurídicos y finalizaron eligiendo, con el voto de simples observadores, a una también ideologizada coordinadora de debates que vino a manchar la Institución con sus atropellos, no sólo al Tratado Constitutivo y al Reglamento Interno, sino al manejo de los debates que "coordinó".
Lo mejor para la institucionalidad regional es que ninguno de los dos, ni Zelaya ni Micheletti (quien, entiendo, ya se manifestó al respecto de que no lo hará) se incorporen al Parlamento Centroamericano.
No tiene sentido que en una institución en donde se buscan los puntos de encuentro para integrar una región, lleguen personas que, por su pasado, disociarán y entorpecerán el normal funcionamiento de la misma. ¿No les acaban, a ambos, de otorgan amnistía?
Podrán hacer lo que quieran, especialmente los aliados incondicionales de Zelaya en el Parlamento, pero desde este espacio, parafraseando a Miguel de Cervantes, nos atreveremos a decir que nuestras verdades andarán sobre sus mentiras como el aceite sobre el agua.
Dentro de la institucionalidad hondureña, el mandato del ex-presidente Manuel Zelaya, finalizó por un acto contemplado constitucionalmente, emanado del Congreso Nacional de ese país. Posteriormente, a raíz del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Guaymuras, al cual me he referido anteriormente en este espacio, se planteó la posibilidad de retrotraer las cosas a como estaban antes de los sucesos del 28 de junio de 2,009, pero el Congreso Nacional de Honduras ratificó que el mandato de Manuel Zelaya había terminado desde finales de junio de ese mismo año.
Por otro lado, el mismo Congreso Nacional de Honduras, constituído por representantes legítimos de dicho pueblo, aplicando los artículos constitucionales pertinentes, nombró para suceder en el cargo de Presidente de la República, en sustitución de Manuel Zelaya Rosales, a Roberto Micheletti, quien continuó ejerciendo dicho cargo hasta que tomó posesión su sucesor, don Porfirio Lobo.
Por ende, si hubiese un Presidente que, al concluir su mandato estuviese en posición de integrar el Parlamento Centroamericano, ése es Roberto Micheletti, no Manuel Zelaya.
Podría haber dos corrientes de pensamiento: En sentido estricto, la primera diría que Manuel Zelaya pudo incorporarse a la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano al finalizar su mandato y hasta que no finalizara la gestión de su sucesor, de modo que pudo haber sido integrante de dicha institución regional desde julio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, pero no ahora que, el presidente que ha concluido un mandato, es Roberto Micheletti, quien puede incorporarse en cualquier momento y hasta que concluya, sin establecerse causa alguna, el mandato presidencial de Porfirio Lobo.
Lo que señalo en el párrafo anterior acarrea, estoy consciente, el inconveniente que, si hubiese un ex-presidente fungiendo en calidad de diputado, éste sería desplazado por el nuevo ex-presidente que lo coloca en esta calidad una decisión tomada, en ley, por el Congreso Nacional de su país, pero sin finalizar el períodoc constitucional, al cual no hace referencia el Tratado Constitutivo.
La otra corriente de pensamiento iría orientada a respetar el período constitucional del ex-presidente que ya está incorporado en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, y al finalizar dicho período darle pase o cabida a quien entregó el cargo de último.
Este último caso tiene precedentes y es el que se ha utilizado cuando, en el pasado, ha habido un Golpe de Estado. Fue el que se utilizó cuando Jorge Serrano Elías, ex-presidente de Guatemala, también violó la Constitución de su país (el mío también, por cierto), en su lugar fue electo, por el Congreso Nacional de Guatemala, el nuevo Presidente Constitucional Ramiro De León Carpio (a quien nadie denominó "de Facto") y, al finalizar el mandato para el cual Serrano Elías había sido constitucionalmente electo, De León Carpio asumió como diputado del Parlamento Centroamericano.
El caso del Golpe de Estado de Jorge Serrano y su sucesión presidencial, y el del Manuel Zelaya y su sucesión presidencial, son sumamente similares en cuanto a que, en ambos casos, fue el Congreso Nacional, en cada país, quien nombró a un sustituto, es decir, a quien habría de finalizar el período que cada Constitución, en estos dos países, Guatemala y Honduras, respectivamente, establece.
El tratamiento que el Parlamento Centroamericano le tiene que dar al segundo caso debería ser similar al que se le dio al primer caso. Hablar de otra cosa es poner en riesgo la legalidad y el sentido común de las actuaciones políticas de la dirigencia.
Todo esto, lo que me pone a pensar, es que Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua del Frente Sandinista de Liberanción Nacional, FSLN, quien no ha reconocido al gobierno de Porfirio Lobo, está esperando que su fiel seguidor, el actual Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano y también Secretario de Relaciones Internacionales del mencionado FSLN, instale a Zelaya para reconocer lo que el pueblo hondureño, abrumadoramente, ya le hizo ver desde finales de noviembre de 2009.
Pienso todo esto porque, tanto Ortega Saavedra, como Manuel Zelaya, Jacinto Suárez, Hugo Chávez, Evo Morales y demás etcéteras, son personas más inclinadas a la ideologización que los ata que a las razones valederas, que a la legalidad de los actos, que a la institucionalidad.
No me extrañaría ver, en la Asamblea Plenaria del PARLACÉN, a toda esta pléyade de personajes defendiendo, según ellos, la legalidad y la institucionalidad, cuando son los mismos que le pasaron encima a todos los principios democráticos y jurídicos y finalizaron eligiendo, con el voto de simples observadores, a una también ideologizada coordinadora de debates que vino a manchar la Institución con sus atropellos, no sólo al Tratado Constitutivo y al Reglamento Interno, sino al manejo de los debates que "coordinó".
Lo mejor para la institucionalidad regional es que ninguno de los dos, ni Zelaya ni Micheletti (quien, entiendo, ya se manifestó al respecto de que no lo hará) se incorporen al Parlamento Centroamericano.
No tiene sentido que en una institución en donde se buscan los puntos de encuentro para integrar una región, lleguen personas que, por su pasado, disociarán y entorpecerán el normal funcionamiento de la misma. ¿No les acaban, a ambos, de otorgan amnistía?
Podrán hacer lo que quieran, especialmente los aliados incondicionales de Zelaya en el Parlamento, pero desde este espacio, parafraseando a Miguel de Cervantes, nos atreveremos a decir que nuestras verdades andarán sobre sus mentiras como el aceite sobre el agua.
LOS VIAJES Y LOS VIÁTICOS EN EL PARLACEN: ¿INFORMACIÓN RESTRINGIDA?
A continuación transcribo la carta que enviara, hoy, al Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, relativa a información que he venido solicitando y que simplemente se vienen negando a entregar, a pesar de que represento electores que, seguramente, están deseosos de contar con la misma, que viene a demostrar si la utilización de los recursos públicos es eficiente o no.
"Ciudad de Guatemala, 18 de febrero de 2,010.
Señor Diputado
Jacinto Suárez
Presidente de Junta Directiva
Parlamento Centroamericano
Edificio
Señor Presidente:
Tenemos a bien dirigirnos a Ud., en primer lugar, para oficializar una solicitud sencilla y verbal que, desde el mes de octubre del año 2009, hiciéramos al señor Auditor Interno, licenciado Edgar Gómez, relativa a un informe que, como diputado, tenemos derecho a pedir y obtener, relacionado con las personas, diputados, observadores, funcionarios y empleados que han viajado con fondos del Parlamento Centroamericano, durante los últimos cinco años, con explicación de las misiones encomendadas, montos gastados en pasajes y viáticos, días que duró cada misión y resultados obtenidos.
Manifiesto que venimos, en primer lugar, a oficializar esta sencilla solicitud, porque el señor Auditor Interno, verbalmente también, nos ha manifestado que se entrevistó con varios funcionarios, incluyendo su persona, y que nadie quiere entregarle información al respecto.
Cualquier tipo de información relativa al Parlamento Centroamericano, los diputados electos tenemos el derecho de solicitarla, y Ud., como representante de todos, cumpliendo una función temporal que no ha de perder de vista, tiene la obligación de entregarla.
En segundo lugar, por si quedara alguna duda con relación a la obligación de rendir informe relativo a los viajes, y considerando que esta información debe proporcionársela a todos los diputados, por este medio me permito recordarle que, por Resolución 4-CXXIII-2000 de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de fecha 4 de diciembre de 2000, la Junta Directiva está en obligación de presentar, mes a mes, el informe que se viene pidiendo y que no se ha cumplido la obligación de rendirlo, como está establecido.
Esperando poder contar la semana entrante en que se lleva a cabo la siguiente Asamblea Plenaria con todos los informes que la Junta Directiva tiene obligación de rendir y que, a la fecha, no ha rendido, razón por la cual estamos enviando copia de la presente comunicación a la Junta Directiva Ampliada, encargada de aprobar la agenda de la sesión, así como a los Presidentes de los diferentes Grupos Políticos Parlamentarios.
Deseamos que tome en consideración que, después de diciembre de 2000, no hemos encontrado que la Junta Directiva haya cumplido, una sola vez, con la mencionada obligación, de modo que ahora no son cinco años de información que solicita un diputado, sino poco más de diez años de información que la Junta Directiva debe entregar, conforme la resolución indicada, a la Asamblea Plenaria.
Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarlo y para suscribirnos,
Atentamente,
Ricardo Alfredo Flores Asturias
Diputado Centroamericano"
Me encargaré que mis lectores tengan el apropiado seguimiento a esta solicitud que, por otro lado, está totalmente impregnada de legalidad y de sentido común.
"Ciudad de Guatemala, 18 de febrero de 2,010.
Señor Diputado
Jacinto Suárez
Presidente de Junta Directiva
Parlamento Centroamericano
Edificio
Señor Presidente:
Tenemos a bien dirigirnos a Ud., en primer lugar, para oficializar una solicitud sencilla y verbal que, desde el mes de octubre del año 2009, hiciéramos al señor Auditor Interno, licenciado Edgar Gómez, relativa a un informe que, como diputado, tenemos derecho a pedir y obtener, relacionado con las personas, diputados, observadores, funcionarios y empleados que han viajado con fondos del Parlamento Centroamericano, durante los últimos cinco años, con explicación de las misiones encomendadas, montos gastados en pasajes y viáticos, días que duró cada misión y resultados obtenidos.
Manifiesto que venimos, en primer lugar, a oficializar esta sencilla solicitud, porque el señor Auditor Interno, verbalmente también, nos ha manifestado que se entrevistó con varios funcionarios, incluyendo su persona, y que nadie quiere entregarle información al respecto.
Cualquier tipo de información relativa al Parlamento Centroamericano, los diputados electos tenemos el derecho de solicitarla, y Ud., como representante de todos, cumpliendo una función temporal que no ha de perder de vista, tiene la obligación de entregarla.
En segundo lugar, por si quedara alguna duda con relación a la obligación de rendir informe relativo a los viajes, y considerando que esta información debe proporcionársela a todos los diputados, por este medio me permito recordarle que, por Resolución 4-CXXIII-2000 de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de fecha 4 de diciembre de 2000, la Junta Directiva está en obligación de presentar, mes a mes, el informe que se viene pidiendo y que no se ha cumplido la obligación de rendirlo, como está establecido.
Esperando poder contar la semana entrante en que se lleva a cabo la siguiente Asamblea Plenaria con todos los informes que la Junta Directiva tiene obligación de rendir y que, a la fecha, no ha rendido, razón por la cual estamos enviando copia de la presente comunicación a la Junta Directiva Ampliada, encargada de aprobar la agenda de la sesión, así como a los Presidentes de los diferentes Grupos Políticos Parlamentarios.
Deseamos que tome en consideración que, después de diciembre de 2000, no hemos encontrado que la Junta Directiva haya cumplido, una sola vez, con la mencionada obligación, de modo que ahora no son cinco años de información que solicita un diputado, sino poco más de diez años de información que la Junta Directiva debe entregar, conforme la resolución indicada, a la Asamblea Plenaria.
Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarlo y para suscribirnos,
Atentamente,
Ricardo Alfredo Flores Asturias
Diputado Centroamericano"
Me encargaré que mis lectores tengan el apropiado seguimiento a esta solicitud que, por otro lado, está totalmente impregnada de legalidad y de sentido común.
domingo, 14 de febrero de 2010
AÑO NUEVO EN FEBRERO. REFLEXIONES SOBRE LA MULTICULTURALIDAD Y EL RACISMO.
Hoy, 14 de febrero, una tercera parte del mundo celebra el Día del Cariño o de la Amistad. Otra tercera parte está celebrando el advenimiento del Año del Tigre, ya que hoy es el Año Nuevo Lunar, ocasión en que se movilizan centenares de millones de personas para pasar unos días, en familia, celebrando.
La oportunidad es propicia para reflexionar sobre la múltiple culturalidad del mundo y, en especial, de nuestro país, en donde se suele decir que convivimos muchas etnias que hablamos, por lo menos, 23 idiomas vernáculos.
La verdad es otra. Es más amplia. En Guatemala existen, desde hace tiempo, varias comunidades provenientes de otras latitudes que trabajan, producen y conviven en paz y armonía con los demás habitantes. Una de las más antiguas y, probablemente, de las más difuminadas entre las demás, es la alemana, que tuvo un centro importante de desarrollo en las Verapaces, aunque hubo otros lugares del país en donde también se instalaron.
Existe, además, una comunidad china dedicada especialmente al comercio y al área de servicios de comida, con algunos profesionales destacados en varias ramas. También está la comunidad árabe, que se han especializado, más que todo, en el área comercial e industrial. Igual circunstancia sucede con la comunidad judía.
La que más ha llamado la atención en las últimas décadas, quizás, es la comunidad coreana, por su relativamente reciente arribo al país pero, especialmente, porque han estado dedicados casi por entero al negocio de la maquila de diferentes productos, de modo que han sido noticia cuando cierra una empresa o hay algún problema en el sector. Es, quizás, de las comunidades que menos se ha esforzado por ser parte del país, pero hay que tomar en cuenta que, ahora, ya hay toda una generación de guatemaltecos de origen coreano que tienden a ser excelentes estudiantes.
Finalmente, hay una enorme comunidad salvadoreña viviendo en Guatemala, la cual suele pasar desapercibida porque hablan nuestro mismo idioma y porque no tienen rasgos característicos que los diferencien de los demás, pero ahí están produciendo, trabajando, divirtiéndose, consumiendo como todos.
No hablo en específico del resto de nacionalidades que integran Guatemala, porque el objeto del presente ensayo es que el lector tenga una idea ampliada de lo que suele leerse en todos lados acerca de la multiculturalidad del país, la cual tiene una base más grande que la que suele darse por sentado normalmente.
Vivimos, entonces, los guatemaltecos y los extranjeros, en una sociedad cosmopolita en donde todos nos debemos respeto y admiración por lo que hacemos por nuestro bien y por el bien de Guatemala en un ambiente de libertad en donde no siempre funcionan las cosas como debieran ser.
Una de las lacras sociales que debemos ir rechazando es la del racismo, en donde hay que reconocer que ha habido avances muy grandes en las últimas dos décadas, pero donde todavía se hace necesario culturizar, trabajar y, a veces, adeministrar justicia debidamente.
El racismo se da en todas las esferas, hasta en las que provienen de las instituciones del Estado. Pongo un ejemplo: hace unos meses salí de viaje con un amigo guatemalteco, nacido en Guatemala, hijo de padres chinos; cuando ingresamos al país en un vuelo comercial, mientras esperábamos que las maletas salieran en las bandas colocadas para ese efecto, me dijo que, de seguro, lo iban a mandar "al cuartito", en referencia al lugar donde la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, lleva a las personas a registrarles el equipaje.
Yo el contesté, todavía creyendo que estaba bromeando, que a mí nunca me habían mandado al cuartito. Cuando llegamos, juntos, al punto donde uno debe entregar la Declaración de Aduana, al él, que iba delante mío, lo enviaron aparte para registrarle el equipaje. Entonces le dije al empleado de la SAT que eran unos racistas, que el señor que iba delante mío era tan guatemalteco como él o como yo. Como toda respuesta, me dijo: "si no le gusta que pase él solo, pase usted también", de manera que con gusto lo acompañé a que nos revisaran el equipaje.
Ahí, por conversación con la señorita que nos registro con un desgano total, nos comentó que tenían instrucciones de revisar porque los coreanos meten comida de contrabando al país.
Luego, aparte de racismo, me dije, hay una enorme confusión acerca de quién es quién en este país.
Las cosas tienen que cambiar. Así como no es justo que en Estados Unidos persigan a las personas y les pidan sus papeles "por su apariencia", tampoco lo es que a muchos guatemaltecos, que se ven de diferente apariencia, se les otorgue un tratamiento diferente.
Ojalá que, en el futuro cercano, podamos arribar a niveles de convivencia de otro nivel, en donde las culturas se desarrollen y se aprecien, en donde las etnias convivan con respeto y fraternidad, y en donde el racismo sea cosa del pasado.
Yo veo la multiculturalidad de nuestro país como un activo con un enorme potencial de desarrollo, pero para que eso suceda tiene que haber cambios en otros estratos de nuestra sociedad. La palabra clave: tolerancia.
La oportunidad es propicia para reflexionar sobre la múltiple culturalidad del mundo y, en especial, de nuestro país, en donde se suele decir que convivimos muchas etnias que hablamos, por lo menos, 23 idiomas vernáculos.
La verdad es otra. Es más amplia. En Guatemala existen, desde hace tiempo, varias comunidades provenientes de otras latitudes que trabajan, producen y conviven en paz y armonía con los demás habitantes. Una de las más antiguas y, probablemente, de las más difuminadas entre las demás, es la alemana, que tuvo un centro importante de desarrollo en las Verapaces, aunque hubo otros lugares del país en donde también se instalaron.
Existe, además, una comunidad china dedicada especialmente al comercio y al área de servicios de comida, con algunos profesionales destacados en varias ramas. También está la comunidad árabe, que se han especializado, más que todo, en el área comercial e industrial. Igual circunstancia sucede con la comunidad judía.
La que más ha llamado la atención en las últimas décadas, quizás, es la comunidad coreana, por su relativamente reciente arribo al país pero, especialmente, porque han estado dedicados casi por entero al negocio de la maquila de diferentes productos, de modo que han sido noticia cuando cierra una empresa o hay algún problema en el sector. Es, quizás, de las comunidades que menos se ha esforzado por ser parte del país, pero hay que tomar en cuenta que, ahora, ya hay toda una generación de guatemaltecos de origen coreano que tienden a ser excelentes estudiantes.
Finalmente, hay una enorme comunidad salvadoreña viviendo en Guatemala, la cual suele pasar desapercibida porque hablan nuestro mismo idioma y porque no tienen rasgos característicos que los diferencien de los demás, pero ahí están produciendo, trabajando, divirtiéndose, consumiendo como todos.
No hablo en específico del resto de nacionalidades que integran Guatemala, porque el objeto del presente ensayo es que el lector tenga una idea ampliada de lo que suele leerse en todos lados acerca de la multiculturalidad del país, la cual tiene una base más grande que la que suele darse por sentado normalmente.
Vivimos, entonces, los guatemaltecos y los extranjeros, en una sociedad cosmopolita en donde todos nos debemos respeto y admiración por lo que hacemos por nuestro bien y por el bien de Guatemala en un ambiente de libertad en donde no siempre funcionan las cosas como debieran ser.
Una de las lacras sociales que debemos ir rechazando es la del racismo, en donde hay que reconocer que ha habido avances muy grandes en las últimas dos décadas, pero donde todavía se hace necesario culturizar, trabajar y, a veces, adeministrar justicia debidamente.
El racismo se da en todas las esferas, hasta en las que provienen de las instituciones del Estado. Pongo un ejemplo: hace unos meses salí de viaje con un amigo guatemalteco, nacido en Guatemala, hijo de padres chinos; cuando ingresamos al país en un vuelo comercial, mientras esperábamos que las maletas salieran en las bandas colocadas para ese efecto, me dijo que, de seguro, lo iban a mandar "al cuartito", en referencia al lugar donde la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, lleva a las personas a registrarles el equipaje.
Yo el contesté, todavía creyendo que estaba bromeando, que a mí nunca me habían mandado al cuartito. Cuando llegamos, juntos, al punto donde uno debe entregar la Declaración de Aduana, al él, que iba delante mío, lo enviaron aparte para registrarle el equipaje. Entonces le dije al empleado de la SAT que eran unos racistas, que el señor que iba delante mío era tan guatemalteco como él o como yo. Como toda respuesta, me dijo: "si no le gusta que pase él solo, pase usted también", de manera que con gusto lo acompañé a que nos revisaran el equipaje.
Ahí, por conversación con la señorita que nos registro con un desgano total, nos comentó que tenían instrucciones de revisar porque los coreanos meten comida de contrabando al país.
Luego, aparte de racismo, me dije, hay una enorme confusión acerca de quién es quién en este país.
Las cosas tienen que cambiar. Así como no es justo que en Estados Unidos persigan a las personas y les pidan sus papeles "por su apariencia", tampoco lo es que a muchos guatemaltecos, que se ven de diferente apariencia, se les otorgue un tratamiento diferente.
Ojalá que, en el futuro cercano, podamos arribar a niveles de convivencia de otro nivel, en donde las culturas se desarrollen y se aprecien, en donde las etnias convivan con respeto y fraternidad, y en donde el racismo sea cosa del pasado.
Yo veo la multiculturalidad de nuestro país como un activo con un enorme potencial de desarrollo, pero para que eso suceda tiene que haber cambios en otros estratos de nuestra sociedad. La palabra clave: tolerancia.
martes, 9 de febrero de 2010
LA PENA DE MUERTE. ELUCUBRACIONES DE UN CIUDADANO.
Ahora que el Congreso Nacional, en una de sus variadas mesas de discusión, la de Seguridad, retoma el tema de la pena de muerte, parece propicio hacer algunas reflexiones sobre el tema.
Guatemala ha sido, tradicionalmente, un país donde se ha aplicado la pena de muerte. Antes era por fusilamiento, pero alguna corriente "humanitaria", después que en alguna oportunidad la prensa volviera un circo la aplicación de una pena de éstas, consiguió modificar la ley e instalar un módulo letal para provocar la muerte por inyección. Personalmente creo que debiéramos volver al fusilamiento. No hay nada de humanitario en terminar con la vida de una persona, sea del modo que sea.
La pena de muerte, en Guatemala, no se aplicaba con frecuencia pero sí funcionaba. Sin embargo, en alguna oportunidad, hace alrededor de diez años, algunos "brillantes" legisladores pretendieron quitarle al Presidente de la República la responsabilidad de decidir los recursos de gracia, ese último recurso que un condenado a muerte tiene para impedir que se le aplique la pena después que ha sido condenado en primera, en segunda instancia y, finalmente, en casación (y últimamente, hasta en la Corte de Constitucionalidad). Es un perdón de la vida y, a la vez, una conmutación de esta pena irreversible por una de prisión.
Al quitarle a dicho funcionario público la potestad de decidir sobre esta circunstancia, los legisladores "olvidaron" atribuir dicha responsabilidad a alguien más, de modo que, al existir un vacío legal, es decir, al existir en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de la cual es parte Guatemala, la posibilidad de plantear dicho recurso, pero sin que exista autoridad que lo resuelva, ahora nos encontramos con las cárceles llenas de condenados a muerte esperando, ad aeternum, que alguien diga si se les concede o no dicha concesión (para aquellas personas acuciosas, es el inciso 6to. del artículo 4to. de dicha Convención, la cual para su facilidad pueden encontrar aquí: http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html).
El recurso de gracia es un resabio del sistema monárquico, y proviene de aquellas sociedades que, en su evolución, no le quitaron totalmente la autoridad al rey, a quien se le concedía la gracia de perdonar delincuentes condenados a morir por sus fechorías. De ahí fue que pasó al sistema republicano, atribuyéndosele al jefe del Organismo Ejecutivo la facultad que tenían los reyes en otras latitudes del mundo y otras épocas y circunstancias.
La pena de muerte, en Guatemala, no está estipulada más que para delitos que, al cometerse, denotan de quien los comete un alto grado de violencia, de desprecio por sus semejantes y por la vida humana, y el Estado está en su derecho de prever la eliminación física de esta calaña de delincuentes.
Por otro lado, ninguno de los cientos de condenados a muerte que ha habido en este país, de los cuales hay, hoy, más de cincuenta pendientes de su ejecución, han sido juzgados a la ligera por los tribunales de justicia. Todos han gozado del derecho a defenderse, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la utilización de cuanto recurso ha estado a su alcance para evitar la condena, y si los tribunales los han condenado a perder la vida es porque, efectivamente, en la fase probatoria ha sido comprobada su participación en los diversos hechos delictivos que contemplan este tipo de pena.
Se puede sostener que en Guatemala no hay justicia porque muchos hechos antijurídicos quedan sin ligar a un responsable de los mismos, o porque algún personaje poderoso ha recurrido al arsenarl de recursos de los mejores abogados penalistas, pero al Estado de Guatemala jamás se le puede o ha podido juzgar porque se haya manipulado un juicio con el afán de condenar a un inocente a la pena máxima. Los juicios de carácter penal en donde un reo es condenado a muerte son totalmente serios y respetables.
Luego, resulta un ridículo la situación en que estos "brillantes" legisladores a quienes sin mencionarlos por su nombre, me he referido, han dejado al Estado de Guatemala. Una muestra más del principio de causalidad legal y de la importancia de que los diputados no sean tan ignorantes, por un lado, o tan arrogantes de creer que todo lo saben, como ha de haber sido en el presente caso, por el otro.
Recuerdo perfectamente uno de los últimos casos sonados de condena a muerte cuando todavía había posibilidad de ejecutar la pena. Fue el del tristemente famoso cabo del ejército, Nicolás Gutiérrez Cruz, quien en estado de ebriedad (que no es excusa sino agravante, según la ley), masacró con el fusil reglamentario a una familia, de la cual había logrado escapar, desppués de ver la muerte de su propia familia, un niño de unos 12 años, el cual gritaba, huyendo por la calle, implorando el perdón del delincuente, quien en total desprecio hasta por la vida de un infante, también lo ejecutó de varios balazos por la espalda, todo relatado por los vecinos que se constituyeron en testigos.
Después de un largo proceso judicial dentro del cual pudimos observar el "renacimiento" del asesino a la vida cristiana, fue finalmente condenado a morir, pero el entonces Presidente de la República a quien desde antes denominaban "huevos tibios", después de recibir la solicitud de gracia del criminal condenado, hizo la pantomima de meterse a una iglesia en la Sexta Avenida de la zona uno, a rezar, según dijo, y salió diciendo que se le conmutaba la pena por la de prisión.
¡Ése fue un error político garrafal! Es prácticamente, desde entonces, que en la sociedad guatemalteca se impregnó aquella sensación de que, haga lo que haga un criminal, "aquí no pasa nada". Posteriormente fue que la situación legal del recurso de gracia quedó en el limbo jurídico y esa situación de que en este país se puede hacer cualquier cosa sin recibir castigo, sólo ha ido impregnándose cada vez más en el subconsciente colectivo.
Durante años, especialmente en la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano y en comentarios a artículos de prensa, he sido defensor del derecho del Estado a aplicar la pena de muerte. Por supuesto que también creo que se debe invertir en programas sociales para revertir las posibilidades de que la juventud caiga en hechos delictivos, y generar mejores oportunidades para quienes, hoy, no alcanzan a ver más alternativa que la vida fuera de la ley, pero es innegable que la inmensa mayoría de delincuentes condenados a dicha pena ya no tienen manera de rehabilitarse, y tampoco es justo que, habiendo sido acreedores a dicha pena por la violencia comprobada de sus crímenes, el Estado tenga que cargar con su manutención para el resto de sus días.
Siempre he creído y sigo creyendo que las sociedades tienen el derecho de encontrar su propia solución para los problemas que le afligen, y si Guatemala tiene contemplado eliminar un miembro canceroso, que le hace daño al resto del tejido social, que mata, secuestra, viola sin escrúpulo alguno, como es el caso de un probado delincuente, está en su total derecho de hacerlo valer.
Corrientes favorables a la abolición de la pena de muerte sostienen que es inhumana, que es anticuada, que no está demostrado que ayude a bajar los índices de delincuencia, etcétera. Por el contrario, pienso que un castigo ejemplar establecido en la ley no tiene nada de inhumano; es hasta que alguien infringe la ley, con características peculiares que no ameritan una multa, ni una pena de prisión, sino que son actos tan graves que, por una ley anterior, se ha establecido que ésa es la manera de pagarle a la sociedad, son ellos mismos, los infractores, quienes se colocan en una situación que esta corriente puede denominar inhumana, no la sociedad en su conjunto que ha previsto no convivir con este tipo de delincuentes.
En cuanto a que es anticuada, todo lo relativo a modas, usos y costumbres es relativo. Anticuado se podría ver alguien utilizando uno de los primeros teléfonos celulares, o viendo una televisión en blanco y negro, pero para mí, formado académicamente en el ámbito del Derecho, no veo algo pasado de moda sino parte del entramado jurídico y de la historia de mi país que, especialmente bajo las actuales circunstancias, debe preservarse fortalecerse.
Los diputados del Congreso de la República están en la posición, me parece, de legislar de manera que Guatemala deje de hacer el ridículo condenando a muerte decenas de personas sin posibilidad legal, por el momento, de ejecutar las penas.
Sin embargo, también me parece inoportuno hacerlo durante el mandato de un Presidente de la República que no manda, que da muestras de faltarle los atributos necesarios para denegar 50 o 60 recursos de gracia y poner a funcionar el módulo letal las 24 horas del día hasta que el Estado de Guatemala se ponga al día con la tarea pendiente de hacer justicia en el país, tal como lo demanda la inmensa mayoría de la población.
Tampoco digo, sin estudiarlo a fondo, que Guatemala debiera denunciar el Pacto de San José, pero sí afirmo que se hace necesario que se revisen los delitos por los cuales se aplica actualmente la pena de muerte y los delitos que dicha Convención Interamericana de Derechos Humanos impide que se amplíe, aunque los tiempos señalan lo contrario. ¿O no es cierto que la mayoría de la violencia, en el país, es debido a fenómenos sociales y organizaciones criminales posteriores a 1969, fecha en que se aprobó dicha Convención?
Siempre he sido un defensor de los Derechos Humanos. Las primeras Comisiones a las cuales me integré a trabajar, por afinidad con los temas, cuando se fundó el Parlamento Centroamericano, fueron, en su orden, la de Derechos Humanos y la de Relaciones Internacionales. Creo en un Derecho Natural, pero me inclino por proteger, en primer lugar, los derechos humanos de las personas honradas, y con el paso de los años me he dado cuenta que mucha de la parafernalia creada para proteger esos derechos, ante realidades de otros tiempos, que justificaban esas medidas, han venido a atentar en contra de los derechos fundamentales de la población que no le hace daño a nadie, que está indefensa ante el embate de los delincuentes, quienes en el ejercicio de su libre albedrío se han colocado en una posición jurídica, moral y ética en donde ya no se puede hablar de sus derechos humanos sino de la consecuencia, frente a la sociedad, de la espontaneidad de sus actos malvados.
Me parece, insisto, que Guatemala debe darse la oportunidad de retomar el camino de las sanciones que sus leyes establecen, desbrozar de dicho camino los abrojos de tecnicismos que impiden el avance de la gente de bien y el desarrollo integral de las personas libres y honradas del país, a quienes bien les vendría que alguien comenzara a privilegiarlos por encima del trato de hotel de cinco estrellas que se les da a los convictos.
Guatemala ha sido, tradicionalmente, un país donde se ha aplicado la pena de muerte. Antes era por fusilamiento, pero alguna corriente "humanitaria", después que en alguna oportunidad la prensa volviera un circo la aplicación de una pena de éstas, consiguió modificar la ley e instalar un módulo letal para provocar la muerte por inyección. Personalmente creo que debiéramos volver al fusilamiento. No hay nada de humanitario en terminar con la vida de una persona, sea del modo que sea.
La pena de muerte, en Guatemala, no se aplicaba con frecuencia pero sí funcionaba. Sin embargo, en alguna oportunidad, hace alrededor de diez años, algunos "brillantes" legisladores pretendieron quitarle al Presidente de la República la responsabilidad de decidir los recursos de gracia, ese último recurso que un condenado a muerte tiene para impedir que se le aplique la pena después que ha sido condenado en primera, en segunda instancia y, finalmente, en casación (y últimamente, hasta en la Corte de Constitucionalidad). Es un perdón de la vida y, a la vez, una conmutación de esta pena irreversible por una de prisión.
Al quitarle a dicho funcionario público la potestad de decidir sobre esta circunstancia, los legisladores "olvidaron" atribuir dicha responsabilidad a alguien más, de modo que, al existir un vacío legal, es decir, al existir en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de la cual es parte Guatemala, la posibilidad de plantear dicho recurso, pero sin que exista autoridad que lo resuelva, ahora nos encontramos con las cárceles llenas de condenados a muerte esperando, ad aeternum, que alguien diga si se les concede o no dicha concesión (para aquellas personas acuciosas, es el inciso 6to. del artículo 4to. de dicha Convención, la cual para su facilidad pueden encontrar aquí: http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html).
El recurso de gracia es un resabio del sistema monárquico, y proviene de aquellas sociedades que, en su evolución, no le quitaron totalmente la autoridad al rey, a quien se le concedía la gracia de perdonar delincuentes condenados a morir por sus fechorías. De ahí fue que pasó al sistema republicano, atribuyéndosele al jefe del Organismo Ejecutivo la facultad que tenían los reyes en otras latitudes del mundo y otras épocas y circunstancias.
La pena de muerte, en Guatemala, no está estipulada más que para delitos que, al cometerse, denotan de quien los comete un alto grado de violencia, de desprecio por sus semejantes y por la vida humana, y el Estado está en su derecho de prever la eliminación física de esta calaña de delincuentes.
Por otro lado, ninguno de los cientos de condenados a muerte que ha habido en este país, de los cuales hay, hoy, más de cincuenta pendientes de su ejecución, han sido juzgados a la ligera por los tribunales de justicia. Todos han gozado del derecho a defenderse, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la utilización de cuanto recurso ha estado a su alcance para evitar la condena, y si los tribunales los han condenado a perder la vida es porque, efectivamente, en la fase probatoria ha sido comprobada su participación en los diversos hechos delictivos que contemplan este tipo de pena.
Se puede sostener que en Guatemala no hay justicia porque muchos hechos antijurídicos quedan sin ligar a un responsable de los mismos, o porque algún personaje poderoso ha recurrido al arsenarl de recursos de los mejores abogados penalistas, pero al Estado de Guatemala jamás se le puede o ha podido juzgar porque se haya manipulado un juicio con el afán de condenar a un inocente a la pena máxima. Los juicios de carácter penal en donde un reo es condenado a muerte son totalmente serios y respetables.
Luego, resulta un ridículo la situación en que estos "brillantes" legisladores a quienes sin mencionarlos por su nombre, me he referido, han dejado al Estado de Guatemala. Una muestra más del principio de causalidad legal y de la importancia de que los diputados no sean tan ignorantes, por un lado, o tan arrogantes de creer que todo lo saben, como ha de haber sido en el presente caso, por el otro.
Recuerdo perfectamente uno de los últimos casos sonados de condena a muerte cuando todavía había posibilidad de ejecutar la pena. Fue el del tristemente famoso cabo del ejército, Nicolás Gutiérrez Cruz, quien en estado de ebriedad (que no es excusa sino agravante, según la ley), masacró con el fusil reglamentario a una familia, de la cual había logrado escapar, desppués de ver la muerte de su propia familia, un niño de unos 12 años, el cual gritaba, huyendo por la calle, implorando el perdón del delincuente, quien en total desprecio hasta por la vida de un infante, también lo ejecutó de varios balazos por la espalda, todo relatado por los vecinos que se constituyeron en testigos.
Después de un largo proceso judicial dentro del cual pudimos observar el "renacimiento" del asesino a la vida cristiana, fue finalmente condenado a morir, pero el entonces Presidente de la República a quien desde antes denominaban "huevos tibios", después de recibir la solicitud de gracia del criminal condenado, hizo la pantomima de meterse a una iglesia en la Sexta Avenida de la zona uno, a rezar, según dijo, y salió diciendo que se le conmutaba la pena por la de prisión.
¡Ése fue un error político garrafal! Es prácticamente, desde entonces, que en la sociedad guatemalteca se impregnó aquella sensación de que, haga lo que haga un criminal, "aquí no pasa nada". Posteriormente fue que la situación legal del recurso de gracia quedó en el limbo jurídico y esa situación de que en este país se puede hacer cualquier cosa sin recibir castigo, sólo ha ido impregnándose cada vez más en el subconsciente colectivo.
Durante años, especialmente en la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano y en comentarios a artículos de prensa, he sido defensor del derecho del Estado a aplicar la pena de muerte. Por supuesto que también creo que se debe invertir en programas sociales para revertir las posibilidades de que la juventud caiga en hechos delictivos, y generar mejores oportunidades para quienes, hoy, no alcanzan a ver más alternativa que la vida fuera de la ley, pero es innegable que la inmensa mayoría de delincuentes condenados a dicha pena ya no tienen manera de rehabilitarse, y tampoco es justo que, habiendo sido acreedores a dicha pena por la violencia comprobada de sus crímenes, el Estado tenga que cargar con su manutención para el resto de sus días.
Siempre he creído y sigo creyendo que las sociedades tienen el derecho de encontrar su propia solución para los problemas que le afligen, y si Guatemala tiene contemplado eliminar un miembro canceroso, que le hace daño al resto del tejido social, que mata, secuestra, viola sin escrúpulo alguno, como es el caso de un probado delincuente, está en su total derecho de hacerlo valer.
Corrientes favorables a la abolición de la pena de muerte sostienen que es inhumana, que es anticuada, que no está demostrado que ayude a bajar los índices de delincuencia, etcétera. Por el contrario, pienso que un castigo ejemplar establecido en la ley no tiene nada de inhumano; es hasta que alguien infringe la ley, con características peculiares que no ameritan una multa, ni una pena de prisión, sino que son actos tan graves que, por una ley anterior, se ha establecido que ésa es la manera de pagarle a la sociedad, son ellos mismos, los infractores, quienes se colocan en una situación que esta corriente puede denominar inhumana, no la sociedad en su conjunto que ha previsto no convivir con este tipo de delincuentes.
En cuanto a que es anticuada, todo lo relativo a modas, usos y costumbres es relativo. Anticuado se podría ver alguien utilizando uno de los primeros teléfonos celulares, o viendo una televisión en blanco y negro, pero para mí, formado académicamente en el ámbito del Derecho, no veo algo pasado de moda sino parte del entramado jurídico y de la historia de mi país que, especialmente bajo las actuales circunstancias, debe preservarse fortalecerse.
Los diputados del Congreso de la República están en la posición, me parece, de legislar de manera que Guatemala deje de hacer el ridículo condenando a muerte decenas de personas sin posibilidad legal, por el momento, de ejecutar las penas.
Sin embargo, también me parece inoportuno hacerlo durante el mandato de un Presidente de la República que no manda, que da muestras de faltarle los atributos necesarios para denegar 50 o 60 recursos de gracia y poner a funcionar el módulo letal las 24 horas del día hasta que el Estado de Guatemala se ponga al día con la tarea pendiente de hacer justicia en el país, tal como lo demanda la inmensa mayoría de la población.
Tampoco digo, sin estudiarlo a fondo, que Guatemala debiera denunciar el Pacto de San José, pero sí afirmo que se hace necesario que se revisen los delitos por los cuales se aplica actualmente la pena de muerte y los delitos que dicha Convención Interamericana de Derechos Humanos impide que se amplíe, aunque los tiempos señalan lo contrario. ¿O no es cierto que la mayoría de la violencia, en el país, es debido a fenómenos sociales y organizaciones criminales posteriores a 1969, fecha en que se aprobó dicha Convención?
Siempre he sido un defensor de los Derechos Humanos. Las primeras Comisiones a las cuales me integré a trabajar, por afinidad con los temas, cuando se fundó el Parlamento Centroamericano, fueron, en su orden, la de Derechos Humanos y la de Relaciones Internacionales. Creo en un Derecho Natural, pero me inclino por proteger, en primer lugar, los derechos humanos de las personas honradas, y con el paso de los años me he dado cuenta que mucha de la parafernalia creada para proteger esos derechos, ante realidades de otros tiempos, que justificaban esas medidas, han venido a atentar en contra de los derechos fundamentales de la población que no le hace daño a nadie, que está indefensa ante el embate de los delincuentes, quienes en el ejercicio de su libre albedrío se han colocado en una posición jurídica, moral y ética en donde ya no se puede hablar de sus derechos humanos sino de la consecuencia, frente a la sociedad, de la espontaneidad de sus actos malvados.
Me parece, insisto, que Guatemala debe darse la oportunidad de retomar el camino de las sanciones que sus leyes establecen, desbrozar de dicho camino los abrojos de tecnicismos que impiden el avance de la gente de bien y el desarrollo integral de las personas libres y honradas del país, a quienes bien les vendría que alguien comenzara a privilegiarlos por encima del trato de hotel de cinco estrellas que se les da a los convictos.
lunes, 8 de febrero de 2010
EL PROCESO POLÍTICO COSTARRICENSE
Ayer domingo, 7 de febrero de 2,010, se celebraron elecciones generales en Costa Rica con total normalidad, pero lo que no es normal es el proceso político de ese país.
Costa Rica fue, durante bastante tiempo, un país eminentemente bipartidista. El poder se turnaba entre el Partido Liberación Nacional, PLN, y el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, ambos de centro izquierda.
El desgaste de ambos partidos, frente a la población, comenzó dando signos externos con el florecimiento de otros líderes externos, especialmente el fenómeno Ottón Solís, quien planteaba una tercería más apegada al centro derecha, lo cual ya, en las dos elecciones pasadas, cambió la composición de la Asamblea Legislativa.
Fue el descubrimiento de actos de corrupción, que llevaron eventualmente a la condena del ex-presidente Rafael Angel Calderón Forunier, por peculado, el hecho que terminó de romper el prolongado equilibrio bipartidista costarricense, ya que su partido, el PUSC, aunque compitió, quedó en cuarto lugar y sacó tan solo poco menos del 4% de los votos para Presidente de la República, y 6 de los 57 diputados de la Asamblea, es decir, poco menos del 11%, bastante por debajo del Movimiento Libertario de Otto Guevara.
La ganadora indiscutible de la elección, la Presidenta Electa Laura Chinchilla de Rico, una consultora del BID, del PNUD y de la AID, entre otros, especializada en temas de reforma judicial y policial y seguridad pública, que hasta finales de 2008 fue la Vicepresidenta de la República haciendo mancuerna con el Presidente Oscar Arias.
La señora Chinchilla de Rico se convirtió en candidata del PLN, el partido oficial, al ganarle la elección interna a Johnny Araya, quien ha sido Regidor, Ejecutivo Municipal y Alcalde de San José, la capital de Costa Rica.
Lo cierto es que, de dos partidos preponderantes, la elección de ayer fue de 6 partido políticos, de modo que el proceso democrático costarricense está cambiando para diversificar la oferta.
Una cosa queda en claro. En Costa Rica existe sensibilidad frente a la corrupción, y el partido político del Presidente Calderón recién pagó en las urnas las consecuencias de actos reñidos con la honradez. ¡Un poco de eso quisiéramos en Guatemala!
Falta ver que la nueva Presidenta, que llega a ejercer su mandato con un fuerte sesgo en el tema que más preocupa a los costarricenses, la seguridad, tenga una mejor comprensión del proceso de integración de la región y sus beneficios, y que si no está de acuerdo con alguna o algunas de sus instituciones, que tenga la claridad de ideas para luchar por su reforma, proceso en el cual, estoy seguro, encontraría muchos aliados para hacerlas funcionar más eficiente y transparentemnte.
¡Felicidades, Presidenta Chinchilla!
Costa Rica fue, durante bastante tiempo, un país eminentemente bipartidista. El poder se turnaba entre el Partido Liberación Nacional, PLN, y el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, ambos de centro izquierda.
El desgaste de ambos partidos, frente a la población, comenzó dando signos externos con el florecimiento de otros líderes externos, especialmente el fenómeno Ottón Solís, quien planteaba una tercería más apegada al centro derecha, lo cual ya, en las dos elecciones pasadas, cambió la composición de la Asamblea Legislativa.
Fue el descubrimiento de actos de corrupción, que llevaron eventualmente a la condena del ex-presidente Rafael Angel Calderón Forunier, por peculado, el hecho que terminó de romper el prolongado equilibrio bipartidista costarricense, ya que su partido, el PUSC, aunque compitió, quedó en cuarto lugar y sacó tan solo poco menos del 4% de los votos para Presidente de la República, y 6 de los 57 diputados de la Asamblea, es decir, poco menos del 11%, bastante por debajo del Movimiento Libertario de Otto Guevara.
La ganadora indiscutible de la elección, la Presidenta Electa Laura Chinchilla de Rico, una consultora del BID, del PNUD y de la AID, entre otros, especializada en temas de reforma judicial y policial y seguridad pública, que hasta finales de 2008 fue la Vicepresidenta de la República haciendo mancuerna con el Presidente Oscar Arias.
La señora Chinchilla de Rico se convirtió en candidata del PLN, el partido oficial, al ganarle la elección interna a Johnny Araya, quien ha sido Regidor, Ejecutivo Municipal y Alcalde de San José, la capital de Costa Rica.
Lo cierto es que, de dos partidos preponderantes, la elección de ayer fue de 6 partido políticos, de modo que el proceso democrático costarricense está cambiando para diversificar la oferta.
Una cosa queda en claro. En Costa Rica existe sensibilidad frente a la corrupción, y el partido político del Presidente Calderón recién pagó en las urnas las consecuencias de actos reñidos con la honradez. ¡Un poco de eso quisiéramos en Guatemala!
Falta ver que la nueva Presidenta, que llega a ejercer su mandato con un fuerte sesgo en el tema que más preocupa a los costarricenses, la seguridad, tenga una mejor comprensión del proceso de integración de la región y sus beneficios, y que si no está de acuerdo con alguna o algunas de sus instituciones, que tenga la claridad de ideas para luchar por su reforma, proceso en el cual, estoy seguro, encontraría muchos aliados para hacerlas funcionar más eficiente y transparentemnte.
¡Felicidades, Presidenta Chinchilla!
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