LA PENA DE MUERTE. ELUCUBRACIONES DE UN CIUDADANO.

Ahora que el Congreso Nacional, en una de sus variadas mesas de discusión, la de Seguridad, retoma el tema de la pena de muerte, parece propicio hacer algunas reflexiones sobre el tema.



Guatemala ha sido, tradicionalmente, un país donde se ha aplicado la pena de muerte. Antes era por fusilamiento, pero alguna corriente "humanitaria", después que en alguna oportunidad la prensa volviera un circo la aplicación de una pena de éstas, consiguió modificar la ley e instalar un módulo letal para provocar la muerte por inyección. Personalmente creo que debiéramos volver al fusilamiento. No hay nada de humanitario en terminar con la vida de una persona, sea del modo que sea.



La pena de muerte, en Guatemala, no se aplicaba con frecuencia pero sí funcionaba. Sin embargo, en alguna oportunidad, hace alrededor de diez años, algunos "brillantes" legisladores pretendieron quitarle al Presidente de la República la responsabilidad de decidir los recursos de gracia, ese último recurso que un condenado a muerte tiene para impedir que se le aplique la pena después que ha sido condenado en primera, en segunda instancia y, finalmente, en casación (y últimamente, hasta en la Corte de Constitucionalidad). Es un perdón de la vida y, a la vez, una conmutación de esta pena irreversible por una de prisión.



Al quitarle a dicho funcionario público la potestad de decidir sobre esta circunstancia, los legisladores "olvidaron" atribuir dicha responsabilidad a alguien más, de modo que, al existir un vacío legal, es decir, al existir en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de la cual es parte Guatemala, la posibilidad de plantear dicho recurso, pero sin que exista autoridad que lo resuelva, ahora nos encontramos con las cárceles llenas de condenados a muerte esperando, ad aeternum, que alguien diga si se les concede o no dicha concesión (para aquellas personas acuciosas, es el inciso 6to. del artículo 4to. de dicha Convención, la cual para su facilidad pueden encontrar aquí: http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html).

El recurso de gracia es un resabio del sistema monárquico, y proviene de aquellas sociedades que, en su evolución, no le quitaron totalmente la autoridad al rey, a quien se le concedía la gracia de perdonar delincuentes condenados a morir por sus fechorías. De ahí fue que pasó al sistema republicano, atribuyéndosele al jefe del Organismo Ejecutivo la facultad que tenían los reyes en otras latitudes del mundo y otras épocas y circunstancias.

La pena de muerte, en Guatemala, no está estipulada más que para delitos que, al cometerse, denotan de quien los comete un alto grado de violencia, de desprecio por sus semejantes y por la vida humana, y el Estado está en su derecho de prever la eliminación física de esta calaña de delincuentes.

Por otro lado, ninguno de los cientos de condenados a muerte que ha habido en este país, de los cuales hay, hoy, más de cincuenta pendientes de su ejecución, han sido juzgados a la ligera por los tribunales de justicia. Todos han gozado del derecho a defenderse, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la utilización de cuanto recurso ha estado a su alcance para evitar la condena, y si los tribunales los han condenado a perder la vida es porque, efectivamente, en la fase probatoria ha sido comprobada su participación en los diversos hechos delictivos que contemplan este tipo de pena.

Se puede sostener que en Guatemala no hay justicia porque muchos hechos antijurídicos quedan sin ligar a un responsable de los mismos, o porque algún personaje poderoso ha recurrido al arsenarl de recursos de los mejores abogados penalistas, pero al Estado de Guatemala jamás se le puede o ha podido juzgar porque se haya manipulado un juicio con el afán de condenar a un inocente a la pena máxima. Los juicios de carácter penal en donde un reo es condenado a muerte son totalmente serios y respetables.


Luego, resulta un ridículo la situación en que estos "brillantes" legisladores a quienes sin mencionarlos por su nombre, me he referido, han dejado al Estado de Guatemala. Una muestra más del principio de causalidad legal y de la importancia de que los diputados no sean tan ignorantes, por un lado, o tan arrogantes de creer que todo lo saben, como ha de haber sido en el presente caso, por el otro.

Recuerdo perfectamente uno de los últimos casos sonados de condena a muerte cuando todavía había posibilidad de ejecutar la pena. Fue el del tristemente famoso cabo del ejército, Nicolás Gutiérrez Cruz, quien en estado de ebriedad (que no es excusa sino agravante, según la ley), masacró con el fusil reglamentario a una familia, de la cual había logrado escapar, desppués de ver la muerte de su propia familia, un niño de unos 12 años, el cual gritaba, huyendo por la calle, implorando el perdón del delincuente, quien en total desprecio hasta por la vida de un infante, también lo ejecutó de varios balazos por la espalda, todo relatado por los vecinos que se constituyeron en testigos.

Después de un largo proceso judicial dentro del cual pudimos observar el "renacimiento" del asesino a la vida cristiana, fue finalmente condenado a morir, pero el entonces Presidente de la República a quien desde antes denominaban "huevos tibios", después de recibir la solicitud de gracia del criminal condenado, hizo la pantomima de meterse a una iglesia en la Sexta Avenida de la zona uno, a rezar, según dijo, y salió diciendo que se le conmutaba la pena por la de prisión.

¡Ése fue un error político garrafal! Es prácticamente, desde entonces, que en la sociedad guatemalteca se impregnó aquella sensación de que, haga lo que haga un criminal, "aquí no pasa nada". Posteriormente fue que la situación legal del recurso de gracia quedó en el limbo jurídico y esa situación de que en este país se puede hacer cualquier cosa sin recibir castigo, sólo ha ido impregnándose cada vez más en el subconsciente colectivo.

Durante años, especialmente en la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano y en comentarios a artículos de prensa, he sido defensor del derecho del Estado a aplicar la pena de muerte. Por supuesto que también creo que se debe invertir en programas sociales para revertir las posibilidades de que la juventud caiga en hechos delictivos, y generar mejores oportunidades para quienes, hoy, no alcanzan a ver más alternativa que la vida fuera de la ley, pero es innegable que la inmensa mayoría de delincuentes condenados a dicha pena ya no tienen manera de rehabilitarse, y tampoco es justo que, habiendo sido acreedores a dicha pena por la violencia comprobada de sus crímenes, el Estado tenga que cargar con su manutención para el resto de sus días.

Siempre he creído y sigo creyendo que las sociedades tienen el derecho de encontrar su propia solución para los problemas que le afligen, y si Guatemala tiene contemplado eliminar un miembro canceroso, que le hace daño al resto del tejido social, que mata, secuestra, viola sin escrúpulo alguno, como es el caso de un probado delincuente, está en su total derecho de hacerlo valer.

Corrientes favorables a la abolición de la pena de muerte sostienen que es inhumana, que es anticuada, que no está demostrado que ayude a bajar los índices de delincuencia, etcétera. Por el contrario, pienso que un castigo ejemplar establecido en la ley no tiene nada de inhumano; es hasta que alguien infringe la ley, con características peculiares que no ameritan una multa, ni una pena de prisión, sino que son actos tan graves que, por una ley anterior, se ha establecido que ésa es la manera de pagarle a la sociedad, son ellos mismos, los infractores, quienes se colocan en una situación que esta corriente puede denominar inhumana, no la sociedad en su conjunto que ha previsto no convivir con este tipo de delincuentes.

En cuanto a que es anticuada, todo lo relativo a modas, usos y costumbres es relativo. Anticuado se podría ver alguien utilizando uno de los primeros teléfonos celulares, o viendo una televisión en blanco y negro, pero para mí, formado académicamente en el ámbito del Derecho, no veo algo pasado de moda sino parte del entramado jurídico y de la historia de mi país que, especialmente bajo las actuales circunstancias, debe preservarse fortalecerse.

Los diputados del Congreso de la República están en la posición, me parece, de legislar de manera que Guatemala deje de hacer el ridículo condenando a muerte decenas de personas sin posibilidad legal, por el momento, de ejecutar las penas.

Sin embargo, también me parece inoportuno hacerlo durante el mandato de un Presidente de la República que no manda, que da muestras de faltarle los atributos necesarios para denegar 50 o 60 recursos de gracia y poner a funcionar el módulo letal las 24 horas del día hasta que el Estado de Guatemala se ponga al día con la tarea pendiente de hacer justicia en el país, tal como lo demanda la inmensa mayoría de la población.

Tampoco digo, sin estudiarlo a fondo, que Guatemala debiera denunciar el Pacto de San José, pero sí afirmo que se hace necesario que se revisen los delitos por los cuales se aplica actualmente la pena de muerte y los delitos que dicha Convención Interamericana de Derechos Humanos impide que se amplíe, aunque los tiempos señalan lo contrario. ¿O no es cierto que la mayoría de la violencia, en el país, es debido a fenómenos sociales y organizaciones criminales posteriores a 1969, fecha en que se aprobó dicha Convención?

Siempre he sido un defensor de los Derechos Humanos. Las primeras Comisiones a las cuales me integré a trabajar, por afinidad con los temas, cuando se fundó el Parlamento Centroamericano, fueron, en su orden, la de Derechos Humanos y la de Relaciones Internacionales. Creo en un Derecho Natural, pero me inclino por proteger, en primer lugar, los derechos humanos de las personas honradas, y con el paso de los años me he dado cuenta que mucha de la parafernalia creada para proteger esos derechos, ante realidades de otros tiempos, que justificaban esas medidas, han venido a atentar en contra de los derechos fundamentales de la población que no le hace daño a nadie, que está indefensa ante el embate de los delincuentes, quienes en el ejercicio de su libre albedrío se han colocado en una posición jurídica, moral y ética en donde ya no se puede hablar de sus derechos humanos sino de la consecuencia, frente a la sociedad, de la espontaneidad de sus actos malvados.

Me parece, insisto, que Guatemala debe darse la oportunidad de retomar el camino de las sanciones que sus leyes establecen, desbrozar de dicho camino los abrojos de tecnicismos que impiden el avance de la gente de bien y el desarrollo integral de las personas libres y honradas del país, a quienes bien les vendría que alguien comenzara a privilegiarlos por encima del trato de hotel de cinco estrellas que se les da a los convictos.