El artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas establece que dicha Institución se integra, entre otros, con "Los presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, al concluir su mandato.".
Dentro de la institucionalidad hondureña, el mandato del ex-presidente Manuel Zelaya, finalizó por un acto contemplado constitucionalmente, emanado del Congreso Nacional de ese país. Posteriormente, a raíz del Acuerdo Tegucigalpa-San José-Guaymuras, al cual me he referido anteriormente en este espacio, se planteó la posibilidad de retrotraer las cosas a como estaban antes de los sucesos del 28 de junio de 2,009, pero el Congreso Nacional de Honduras ratificó que el mandato de Manuel Zelaya había terminado desde finales de junio de ese mismo año.
Por otro lado, el mismo Congreso Nacional de Honduras, constituído por representantes legítimos de dicho pueblo, aplicando los artículos constitucionales pertinentes, nombró para suceder en el cargo de Presidente de la República, en sustitución de Manuel Zelaya Rosales, a Roberto Micheletti, quien continuó ejerciendo dicho cargo hasta que tomó posesión su sucesor, don Porfirio Lobo.
Por ende, si hubiese un Presidente que, al concluir su mandato estuviese en posición de integrar el Parlamento Centroamericano, ése es Roberto Micheletti, no Manuel Zelaya.
Podría haber dos corrientes de pensamiento: En sentido estricto, la primera diría que Manuel Zelaya pudo incorporarse a la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano al finalizar su mandato y hasta que no finalizara la gestión de su sucesor, de modo que pudo haber sido integrante de dicha institución regional desde julio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, pero no ahora que, el presidente que ha concluido un mandato, es Roberto Micheletti, quien puede incorporarse en cualquier momento y hasta que concluya, sin establecerse causa alguna, el mandato presidencial de Porfirio Lobo.
Lo que señalo en el párrafo anterior acarrea, estoy consciente, el inconveniente que, si hubiese un ex-presidente fungiendo en calidad de diputado, éste sería desplazado por el nuevo ex-presidente que lo coloca en esta calidad una decisión tomada, en ley, por el Congreso Nacional de su país, pero sin finalizar el períodoc constitucional, al cual no hace referencia el Tratado Constitutivo.
La otra corriente de pensamiento iría orientada a respetar el período constitucional del ex-presidente que ya está incorporado en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, y al finalizar dicho período darle pase o cabida a quien entregó el cargo de último.
Este último caso tiene precedentes y es el que se ha utilizado cuando, en el pasado, ha habido un Golpe de Estado. Fue el que se utilizó cuando Jorge Serrano Elías, ex-presidente de Guatemala, también violó la Constitución de su país (el mío también, por cierto), en su lugar fue electo, por el Congreso Nacional de Guatemala, el nuevo Presidente Constitucional Ramiro De León Carpio (a quien nadie denominó "de Facto") y, al finalizar el mandato para el cual Serrano Elías había sido constitucionalmente electo, De León Carpio asumió como diputado del Parlamento Centroamericano.
El caso del Golpe de Estado de Jorge Serrano y su sucesión presidencial, y el del Manuel Zelaya y su sucesión presidencial, son sumamente similares en cuanto a que, en ambos casos, fue el Congreso Nacional, en cada país, quien nombró a un sustituto, es decir, a quien habría de finalizar el período que cada Constitución, en estos dos países, Guatemala y Honduras, respectivamente, establece.
El tratamiento que el Parlamento Centroamericano le tiene que dar al segundo caso debería ser similar al que se le dio al primer caso. Hablar de otra cosa es poner en riesgo la legalidad y el sentido común de las actuaciones políticas de la dirigencia.
Todo esto, lo que me pone a pensar, es que Daniel Ortega, el Presidente de Nicaragua del Frente Sandinista de Liberanción Nacional, FSLN, quien no ha reconocido al gobierno de Porfirio Lobo, está esperando que su fiel seguidor, el actual Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano y también Secretario de Relaciones Internacionales del mencionado FSLN, instale a Zelaya para reconocer lo que el pueblo hondureño, abrumadoramente, ya le hizo ver desde finales de noviembre de 2009.
Pienso todo esto porque, tanto Ortega Saavedra, como Manuel Zelaya, Jacinto Suárez, Hugo Chávez, Evo Morales y demás etcéteras, son personas más inclinadas a la ideologización que los ata que a las razones valederas, que a la legalidad de los actos, que a la institucionalidad.
No me extrañaría ver, en la Asamblea Plenaria del PARLACÉN, a toda esta pléyade de personajes defendiendo, según ellos, la legalidad y la institucionalidad, cuando son los mismos que le pasaron encima a todos los principios democráticos y jurídicos y finalizaron eligiendo, con el voto de simples observadores, a una también ideologizada coordinadora de debates que vino a manchar la Institución con sus atropellos, no sólo al Tratado Constitutivo y al Reglamento Interno, sino al manejo de los debates que "coordinó".
Lo mejor para la institucionalidad regional es que ninguno de los dos, ni Zelaya ni Micheletti (quien, entiendo, ya se manifestó al respecto de que no lo hará) se incorporen al Parlamento Centroamericano.
No tiene sentido que en una institución en donde se buscan los puntos de encuentro para integrar una región, lleguen personas que, por su pasado, disociarán y entorpecerán el normal funcionamiento de la misma. ¿No les acaban, a ambos, de otorgan amnistía?
Podrán hacer lo que quieran, especialmente los aliados incondicionales de Zelaya en el Parlamento, pero desde este espacio, parafraseando a Miguel de Cervantes, nos atreveremos a decir que nuestras verdades andarán sobre sus mentiras como el aceite sobre el agua.
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