Desde mi más tierna infancia he recorrido con regularidad la antigua carretera a Morán, población después denominada Villa Canales, la cual fuera finalmente rehecha el año pasado, después de que su asfalto nos dio alrededor de 50 años de servicio. De buen servicio.
Eso lo puedo afirmar porque un siempre que la transité estaba pendiente del sonido que, al rodar las llantas del vehículo, hacían sobre las marcas que, para siempre, dejó alguna vez un tractor de oruga, al final de una pequeña recta que hoy queda justo frente a la gasolinera que está a un costado de la entrada a la populosa colonia Ribera del Río, las cuales sirvieron para que, durante décadas, nos diéramos cuenta que se trataba del mismo asfalto.
Contrasta lo anterior con la remodelación de la carretera que, de la autopista hacia El Salvador, parte hacia Santa Elena Barillas, la cual también fue efectuada el año pasado, se dieron el lujo de pintarla con franjas blancas y amarillas y hasta de ponerle ojos de buey, pero los signos actuales de deterioro son tales, que seguramente las lluvias que se avecinan acabaran con ella y, de paso, con el dinero invertido.
¿Qué hace que un asfalto dure 50 años y que otro dure, a lo sumo, un año?
Como un profesional del Derecho no tengo las respuestas. Lo poco que aprendí de carreteras fue a través de la lectura de expedientes en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, ya que me tocó finalizar el proyecto de la Autopista Palín-Escuintla y ver todo el proceso de varias importantes carreteras, como la segunda pista de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la carretera a El Petén, la de la frontera de El Florido, la de Cobán-Chisec, según recuerdo, y algunas otras.
Esa experiencia no me capacita para responder con propiedad, pero el sentido común me hace ver y advertir que hay una enorme diferencia de calidad entre las carreteras que antes se producían y las que hoy nos tratan de vender, porque como parte de la población, no las compramos, las vemos como verdaderas estafas que sólo sirven para que unos pocos allegados al gobierno de turno se armen de millones de quetzales a los ojos de todos.
Dice el dicho: “Piensa mal y acertarás”. Si sumamos el regalo de dinero dentro de la política populista, a la exclusiva cartera de clientes electorales del gobierno, olvidándose muchas veces de los corredores secos, por el menor número de votantes, a las enormes cantidades de dinero que a alguien o a algunos allegados les queda con estos negocios-estafas, en donde sólo Prensa Libre, en su edición de hoy, señala el despilfarro de más de 132 millones de quetzales en carreteras deterioradas en El Petén, nos daremos cuenta de la magnitud del hoyo que tenemos y del paquete de dinero que meterán ilegalmente en la campaña política que se avecina.
¿Y es éste el gobierno que puja por conseguir un aumento a los impuestos? ¿Para qué? ¿Para hacer estafas-negocios más grandes?
No estoy en contra en el fondo de revisar el sistema fiscal y tributario de Guatemala, aunque me inclino más por brindar estabilidad a los inversionistas en este momento en que lo que la población más vulnerable necesita fuentes de trabajo, pero no creo, de manera alguna, que la manera de convencer a todos que hay que subir impuestos es despilfarrando y haciendo negocios turbios.
Algún día vendrá un gobierno que demuestre cómo se gasta eficientemente cada centavo, con transparencia, con honradez, y entonces podrá hablar con propiedad, con todos, de qué esquema impositivo le conviene al país para seguir creciendo. Pero no funciona al revés.
La “coqueta” carretera a Santa Elena Barillas, remodelada quizás porque por ahí vive algún funcionario del actual gobierno, no engaña a nadie, como no lo hacen las carreteras de El Petén ni ninguna otra que, ante los ojos de la gente, se desarma.
Si las carreteras de antes justificaban la inversión, hoy igualmente deben hacerlo. El siglo XXI permite establecer niveles de calidad mínimos para toda obra pública que se emprenda. Hacer las cosas de la manera que actualmente se hacen merecen el repudio de todos, la revisión de la normativa relativa a fianzas, responsabilidades civiles conexas, responsabilidades penales y administrativas, y un veto total para que el o la profesional involucrados en lo que denomino una obra-estafa, permitan que jamás vuelvan a participar en proyecto público alguno, privilegiando cada vez más a los profesionales que sí cumplen con la calidad esperada.
El hecho que una carretera sea de todos no es razón para que todos, sus dueños, no protestemos cuando las cosas se hacen mal. Por eso alzo la voz en nombre de todos: ¡este latrocinio debe terminar!
Es urgente que termine cuando vemos que sólo la deuda flotante del Fondo de Conservación Vial, COVIAL, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por concepto de reparación de carreteras, es de varios cientos de millones de quetzales; que en enero de 2009 dicho Fondo Vial autorizó 23 adjudicaciones de este tipo, en 5 minutos, por valor de 1,053 millones de quetzales.
¡Todas ésas son señales de que ahí existe una gran piñata!
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