LAS DOS MANOS QUE FALTAN

Guatemala es un país con muchas carencias. Probablemente son miles de manos que faltan, especialmente las de buena voluntad, las firmes, las de movimientos seguros y expertos que tanta falta parece que le hacen a las actuales autoridades, cuyos pasos en falso y resbalones nos han convertido en el hazmerreír de otros países.

Escribir hoy lo que tengo en mente no es cosa fácil. Lo hago asqueado e impresionado por la brutalidad que ayer manifestaron los delincuentes organizados para dejar cuatro cabezas y dos cuerpos humanos, sin éllas, en diferentes puntos de la ciudad, con mensajes dirigidos a las autoridades de gobernación y de presidios pero, curiosamente, una de ellas frente a la puerta principal de acceso al Congreso de la República.

Hace años, cuando me convertí en padre de familia, alguien me dijo que un padre debe tener sus dos manos siempre para sus hijos, con una de ellas los debe acariciar, pero la otra debe estar dispuesta a darles una nalgada cuando haga falta. Es, según quien me lo dijo, la única manera de hacer que los hijos lleven un buen rumbo y aprendan a convivir en sociedad, amando pero respetando.

Por eso se me ocurre que la primera mano a la cual me refiero debe ser esa mano cariñosa, cercana, que debe procurar que los hijos de esta Guatemala, especialmente quienes están en situación más vulnerable, se sientan acogidos en esta sociedad.

Los programas lúdicos para la niñez y juventud deben fortalecerse e ir acompañados de programas de educación formal y no formal, especialmente para aquellos jóvenes que se han ido quedando, para capacitarlos en algunas habilidades que permitan que no caigan o, en algunos casos, para coadjuvar en su rescate de actividades delictivas en las que, poco a poco, han ido cayendo.

La manera como esa niñez y juventud desvalida viene creciendo en el país debe ser preocupación del Estado, quien debe brindar la mayor parte de la infraestructura, pero también de la ciudadanía tradicionalmente apática frente a este tipo de problemas sociales que, ahora, desbordados, ya han venido afectando a todos.

Es una espiral que, entre todos, con cariño, con amor, debemos estar dispuestos a revertir, a mejorar, a inculcar en nuestros propios hijos para transmitir sus bondades.

En ese orden de ideas debieran revisarse, inclusive, las leyes que regulan las posibilidades de que hogares de buenos guatemaltecos puedan acoger niños desvalidos y ayudar a su desarrollo, sin tanta burocracia y sin tanto riesgo de verse el benefactor involucrado en problemas legales.

El sistema que se ha creado para proteger a la niñez la ha dejado más desvalida que nunca, porque hoy día casi sólo las instituciones del Estado están para atender esas decenas de millares de niños abandonados, y no hay presupuesto ni voluntad colegiada para atenderlos y protegerlos. Para muestra, el desamparo en que quedaron millares de niños con la reforma de la Ley de Adopciones.

La frialdad de la atención de una institución no se puede comparar con el calor de una familia, aunque no sea la de uno y aunque en los hospicios y demás hogares del Estado haya gente de buena voluntad.

A la par, los programas de paternidad responsable deben revisarse, e incluirse en ellos el de la maternidad responsable. La otra cara de la moneda, la paternidad y la maternidad irresponsables, también deben tener un tratamiento distinto en Guatemala y, ¿por qué no? convertirlas en actividades punibles. No podemos seguir permitiendo que padres y madres irresponsables sigan llenando de niños abandonados el país, con el enorme riesgo, o con estadísticas que pueden comprobar acerca de la conversión de estos niños y jóvenes en riesgo, en gran mayoría, en los delincuentes de hoy y del mañana. Y digo que nos siguen llenando de niños y no de hijos porque muchos de esos padres borrachos o madres drogadicatas no los ven como hijos porque inmediatamente suelen abandonarlos.

En el tema de actividades lúdicas pueden ofrecer muchísimo, a la patria, los grupos de músicos, de artistas de la plástica, los actores de teatro, etcétera.

Los alcaldes y el gobierno central pueden apoyar con lugares para montar los programas y con algo de presupuesto.  Además, con tanta ONG, no dudamos que también habrá mucho apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Es decir, nuestra propia comunidad, gente común y corriente, iglesias, gobiernos locales, funcionarios del gobierno central, todos, debemos hacer labor de rescate, principalmente, ante ese enorme problema social.

Ahora bien, la otra mano está relacionada con el tema recurrente de este espacio cuando hablo del valor Justicia y de lo pronta y cumplida que debe ser.

Esa mano que corrige a los niños, llevada a este nivel, al nivel social, debe ser la mano de la justicia, la cual nos tiene como estamos por endeble, por debilucha, porque todos se pueden burlar de élla, y eso hay que cambiarlo.

Habrá de revisarse las leyes para facilitar la llevada a cabo de los procesos penales y, así, poder estar en condiciones de recabar la prueba, aportarla y llegar a obtener sentencias condenatorias, cuando así lo ameriten las circunstancias, en el menor tiempo posible.  Eso incluye el fortalecimiento de la fase de investigación.

Un juicio que llega 7 u 8 años después que el delito se cometió no cumple con su cometido frente a la sociedad. El conglomerado social exige que, media vez se capture un delincuente, que se le juzgue y se le condene, pero eso rara vez está sucediendo y, cuando llega a pasar, es por actos antijurídicos que nadie recuerda; y lo peor, los que sí recuerda la población, como no entran a discutirse en un tiempo prudencial, la gente siente como si no pasara nada, como si el brazo de la justicia fuese incapaz de perseguir y atrapar a nadie, lo que ha venido convirtiéndose en fiesta para la delincuencia, que ahora se atreve a llevar a las puertas del mismo Congreso las pruebas macabras de lo que estoy explicando.

La inversión en cámaras de seguridad, comenzando en las zonas rojas de la delincuencia pero extendiéndose a todos los ámbitos, deberá ser un enorme disuasor, valga el término, fortaleciendo esa prueba que tanta falta hace. Y si son cámaras infrarrojas, mejor, así funcionarán cual celosos guardianes las 24 horas del día. Esto es vital no sólo para aportar pruebas sino como parte de la política de prevención que es urgente implementar.

Cuando hablamos de condenas de los delincuentes nos referimos a que los jueces sean lo suficientemente valientes y honrados para juzgar a los sujetos procesales por los delitos que verdaderamente son, y no nos vengan con ese jueguito odioso de ponerles otro tipo de delitos que implican menores penas, sustituírselos por faltas que devienen en penas pecuniarias, pero no de cárcel, o llegar al colmo de soltarlos por falta de mérito cuando han sido aprehendidos in fraganti.

¡Que no les tiemble la mano, además, para firmar sentencias de muerte! Está visto, con los actos brutales a los cuales me refiero, que hay delincuentes que jamás aceptarán redimirse, y que la sociedad tiene el derecho de extirpar esa enfermedad en lugar de seguir manteniendo, con exiguos recursos, a ese tumor purulento que, en cualquier momento, se nos puede volver a revertir.

Hay que aceptar dos hechos: que Guatemala es un país en donde, tradicionalmente, se ha aplicado la pena de muerte; y otro, que hay gentes tan malas, que simplemente no pueden estar en las calles ni vivir en sociedad, y que hasta adentro de los presidios siguen asesinando en cualquier oportunidad que les den.

Ya debía haber un equipo de juristas preparando la denuncia del Pacto de San José, si eso es lo que se requiere para que la pena de muerte funcione en Guatemala, en donde, dicho sea de paso, la tradición ha sido a través del fusilamiento, y no por inyección letal.

El Pacto de San José ya cumplió su cometido, pero a estas alturas es más bien una de las causas de que haya tanta conmoción social en este bello país con mayoría de gente honrada y trabajadora.

Paralelamente a la denuncia de dicho Pacto, Guatemala debiera estar en la capacidad de proponer otro tipo de Tratado en donde se deje establecido el irrestricto respeto a los derechos humanos, como ha sido la tradición de nuestras mayorías también, pero en donde se prioricen los derechos humanos de la gente honrada, no los de la delincuencia que mata, viola, secuestra, extorsiona, viola y asesina a esa gente buena y honrada sin que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga nada porque son particulares afectando a particulares y, por lo tanto, no se consideran violaciones a los derechos humanos, pero de hecho son miles los muertos, violados y secuestrados que, si pudieran opinar, me darían la razón (es más, invito a las víctimas que están vivas a que se manifiesten al respecto).

Se necesita un Pacto Hemisférico de Derechos Humanos de segunda generación, que le permita a nuestras golpeadas sociedades defenderse adecuadamente y conforme a la tradición histórica, de los embates de la delincuencia y de la delincuencia organizada, dado que las condiciones sociales de la América Hispana, cuarenta años después, son totalmente distintas a las de antes.

Paralelamente, es urgente que vayamos revisando la legislación que hace de los menores de edad seres inimputables. Ahí no inventaríamos el agua azucarada, ya que hay varios países, casi muchos, que ya se han adelantado modificando sus leyes para poder procesar y condenar, como adultos, a delincuentes juveniles; de la misma manera, han abierto la posibilidad de condenar, bajo otros parámetros, pero sí juzgarlos y condenarlos, a niños delincuentes, que los hay.

Está visto que las maras se han venido aprovechando de la circunstancia de inimputabilidad del menor para reclutar niños sicarios, niños asaltantes; y ya vemos que algunos jóvenes que no han llegado a la mayoría de edad, habiendo comenzado a delinquir de niños, ya tienen su propia "clica" y son jefes de bandas de asesinos y de extorsionadores, aunque no tengan todavía la edad de votar.

Todo tiene que cambiar si queremos que nuestra calidad de vida mejore.

Entonces, con esas dos manos, una acogiendo a la niñez y juventud vulnerable, pero la otra poniendo orden, podremos ir viendo cómo se va venciendo esta situación de delincuencia que ya no se aguanta.

Amas de casa que han quedado viudas de la noche a la mañana, familiares de pilotos de autobuses, de camiones de transporte de carga, ayudantes, empleados bancarios, taxistas, trabajadores que tienen que usar el transporte público, todos, en general, habremos de agradecer cuando aparezca alguien dispuesto a liderar este proceso, que tenga las ideas claras y los pantalones bien puestos para contener los embates, seguramente, de una comunidad internacional que, en un principio, podría adversar algunos cambios, especialmente la denuncia del mencionado Pacto de San José, pero que poco a poco habría de aceptar el hecho de que los guatemalecos, en nuestra gran mayoría, no somos violadores de derechos humanos, pero debemos defendernos y hacer algo por el bien nuestro y de nuestros hijos.